Santo Domingo, RD.-Tres oficiales imputados en el caso Coral 5G recibieron la ratificación de la prisión preventiva en la Corte de Apelación del Distrito Nacional.Nacionales
Prisión preventiva es ratificada a tres oficiales del Caso Coral 5G
Santo Domingo, RD.-Tres oficiales imputados en el caso Coral 5G recibieron la ratificación de la prisión preventiva en la Corte de Apelación del Distrito Nacional.La Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió mantener la prisión preventiva al general Juan Carlos Torres Robiou (FARD), al mayor José Manuel Rosario Pirón (PN) y al coronel (FARD) Yeudy Blandeamil Guzmán Alcántara.
Los jueces Pedro Sánchez Rivera, presidente; Daniel Julio Nolasco y July Tamariz decidieron mantener la medida luego de rechazar la petición de las defensas de los encartados y acatar el pedimento del Ministerio Público.
El tribunal de alzada desestimó los recursos en virtud de que no han variado las circunstancias que dieron origen a la imposición de la prisión preventiva como medida de coerción, la que calificaron de idónea y proporcional en función de la complejidad de los hechos.
También consideraron la causa probable que han arrojado evidencias razonables sobre la eventual vinculación de las personas en proceso de investigación, así como la naturaleza de las imputaciones y el posible grado de lesividad a resarcir, tratándose de acciones que conciernen al interés general y al orden público.
El equipo que representó al Ministerio Público también estuvo integrado por Nancy Guerrero, María Melenciano, Miguel Collado y Emmanuel Ramírez.
El pasado 14 de febrero el tribunal acogió la solicitud que le hizo el Ministerio Público y dispuso la fusión de los expedientes para conocerlo en la misma audiencia, la cual fue aplazada para este lunes 28 de febrero, cuyo fallo fue dado a conocer pasadas las 9:30 de la noche.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso en diciembre pasado medidas de coerción a 13 vinculados por el Ministerio Público a la red de corrupción administrativa del caso Coral 5G y declaró el proceso de tramitación compleja.
La prisión preventiva por 18 meses les fue impuesta a los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y a Juan Carlos Torres Robiou (FARD), mientras que en otra audiencia recibió la misma medida el general Julio Camilo De los Santos Viola (FARD).
Por su vinculación al caso también cumple prisión preventiva el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD).
En tanto que arresto domiciliario al coronel Miguel Ventura Pichardo (FARD), Esmeralda Ortega Polanco, César Félix Ramos Ovalle, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, y al teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.
Al coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz y al teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) le fue impuesta presentación periódica e impedimento de salida del país.
El tribunal ordenó que la prisión preventiva sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
En el transcurso de las investigaciones contra los integrantes del entramado de corrupción el Ministerio Público ha logrado obtener diferentes documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y otros elementos probatorios.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público en el transcurso de las pesquisas.
El Ministerio Público ha aportado casi 100 testigos y ha presentado más de 15 mil páginas de evidencias irrefutables contra los involucrados en el caso.
A los oficiales de cuerpos castrenses se les ha ocupado durante las investigaciones unas 125 propiedades.
Camacho
“Nosotros construimos procesos con rigor científico; nosotros construimos procesos con los más altos estándares de calidad, y esos procesos son capaces de soportar cualquier embate de cualquiera de las defensas”, afirmó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) Wilson Camacho luego de la medida.
Sostuvo que en esta apelación la defensa de los imputados no presentó al tribunal ninguna razón para variar la prisión preventiva. “No se le presentó ningún motivo que fuera suficiente como para que el tribunal anulara la decisión que conoció esta medida de coerción”.
Enfatizó en que “fue una decisión, incluso, bastante amplia en la que la juzgadora detalló las razones individuales por la que se impusieron las medidas de coerción; una decisión correcta y en consecuencia en esa dirección decidió la corte y es una decisión que a nuestro juicio es apegada a derecho”.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.