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Anormalidades en licitaciones INAPA y Plan Social
SANTO DOMINGO.- Vuelven a aparecer anormalidades en licitaciones en el Instituto Nacional de Alcantarillado y Aguas Potables (INAPA) y el Plan Social de la Presidencia, según un reportaje del programa Nuria Investigación Periodística.
El primero de octubre de 2021, el presidente Luis Abinader anunció el saneamiento de la cañada Arroyo Gurabo, cuya obra contempla una inversión estimada total de más de 1,204 millones de pesos, con una proyección de tiempo de ejecución de dos años e impactará la vida de unas 900 mil personas.
Dos semanas después, el 14 de octubre de 2021, INAPA convocó a los interesados en presentar propuestas en la obra “construcción sistema de saneamiento Arroyo Gurabo y su entorno, municipio Santiago” mediante una publicación en un periódico de circulación nacional, como establece la Ley.
Dos meses después, el 13 de diciembre de 2021, INAPA recibió las ofertas referentes a la adjudicación de la Licitación Pública Nacional número INAPA-CCC-LPN-2021-0044 para la obra, en la que participaron 13 oferentes y finalmente fueron seleccionados ocho empresas constructoras, incluyendo Rigarunville SRL, a la que le fueron adjudicados trabajos por más de 316 millones de pesos.
La empresa, cuyas actividades comerciales van desde servicios profesionales de ingeniería hasta banca e inversiones, fue creada el 15 de febrero de 2012 por Ignacio Manuel González Franco y Domingo Antonio Balbuena, con 999 cuotas y una cuota, respectivamente.
El nombre del socio minoritario, Domingo Antonio Balbuena Mena, predomina en un aviso de inactivación del Registro Nacional de Contribuyentes de empresas fantasmas o no localizadas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
De un total de 200 empresas, unas 44 tienen como representante a Domingo Antonio Balbuena Mena, lo que nos da a entender que es una compañía de carpeta que pareciera que estuvo desactivada hasta que en el 2021, donde en este registro mercantil ya ni Balbuena Mena ni González Franco están como socios sino Mario Rafael Sarkis Llaneza Kury, quien vende sus 900 cuotas por un valor de 90 mil pesos a Jeannette Isabelle Llaneza Luna, una joven estudiante de apenas 21 años de edad, quien también asumió como gerente.
El equipo de Nuria Investigación Periodística consultó a un experto para que dé su opinión ante estas situaciones que se presentan con mucha regularidad: la activación de compañías viejas o de carpetas para dar la apariencia de años de experiencia o recién creadas y la colocación como gerente de una joven inexperta.
En el pliego de condiciones se establece que deben tener cinco años de experiencia en la materia y la pregunta es cómo esta compañía que estuvo inactiva pudo tener más de 5 años de experiencia en el rubro en el que participó.
El ingeniero Teodoro Tejada, experto en compras públicas, señaló que un tipo de obra así debe estar sustentado por un principio de razonabilidad, que no la hay, porque obviamente una persona con 20 años no tiene calidad ni el tiempo ni la experiencia para poder licitar en ninguno de ese tipo de obra. Básicamente, no obstante de que se aplique la libre empresa, no debió participar de la propuesta.
No se explica cómo una empresa puede ganar una licitación cuando presenta por ejemplo que fue creada en Neyba en 2012, cambió su dirección al Distrito Nacional en 2014 y actualmente, está supuestamente en la avenida Rómulo Betancourt, pero presenta una certificación de la DGII de la oficina de Neyba.
“Por qué se fueron a Neyba? Eso había que verlo. Ahora yo estoy seguro. Yo estoy seguro que con una solicitud que hubiese hecho el comité de licitación era a la vez a la de a la DGII se hubiera eliminado. Por qué? Porque muchas veces en esas oficinas locales se tejen muchísimos problemas, muchísima componenda, que a veces hasta por un pago mínimo le dan una certificación”, dijo el ingeniero Tejada.
Otra demostración de la poca rigurosidad de los comités de compras y contrataciones es que no verifican que las certificaciones de experiencia que el pliego de condiciones exigen a las empresas para garantizar su expertis en dicha construcciones.
Por ejemplo, una certificación de experiencia dada por la constructora Harmaville, cuyo director general es Rafael Llaneza, curiosamente el mismo apellido de la actual gerente, Jeanette Isabelle Llaneza.
Otra certificación otorgada por la Constructora Rallak, cuyo titular es nada más y nada menos que Mario Llaneza, el antiguo dueño de Rigarunville, quien vendió la compañía a su hija, Jeanette Isabelle Llaneza. Además de que los familiares son los que están emitiendo las certificaciones, otra falta evidente es que no mostraron experiencia en obras similares a la licitada.
El Plan Social de la Presidencia, dirigido por Yadira Henríquez, es otra institución del gobierno que se salta los controles de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, al hacerse de la vista gorda con anomalías de los oferentes que ganan las licitaciones que convoca la entidad encargada de suplir la ayuda social del Gobierno.
Por ejemplo, la adquisición de alimentos crudos para ser donados número PASP-CCC-LPN-2021-0001, que inició en febrero de 2021, y el proceso número PASP-CCC-LPN-2021-003 de compra de electrodomésticos del 23 de abril de 2021, por más de 432 millones de pesos, en el que solicitan una carta de autorización del fabricante, la cual no está contemplada en la Ley.
El programa consultó a expertos en compras públicas, que han participado en varios procesos, para que den su opinión, incluyendo uno que prefirió ocultar su identidad y considera que esta carta del fabricante se presta a irregularidades y a una posible confabulación entre oferente-industrial e incluso hasta la misma institución.
“Cuando ese fabricante o esa industria dice bueno, yo se lo voy a dar a X persona, es porque ya tiene básicamente lo que podríamos llamar un arreglo previo con esa persona y no se lo da a nadie más”, dice uno de los expertos.
Mientras el ingeniero Teodoro Tejada, experto en compras públicas, explicó que es una carta violatoria al artículo 3 de la Ley 3 41 06, por un principio de contratación, viola el principio de equidad, viola el principio de transparencia y viola el requisito de igualdad.
Todos estos requerimientos del comité de compras han beneficiado a empresas ligadas a una persona en particular: Munir Manuel Kury Hazoury.
En la licitación de abanicos ganó su empresa Inversiones Qtek, porque La Innovación solo le dio la carta de autorización a ellos. La empresa Inversiones Qtek, registrada en mayo de 2011, propiedad de Munir Manuel Kury Hazoury y su padre Christian Kury Rosario, recibió la adjudicación de más de 42 millones de pesos por la compra de aceite, sardinas, pastas y agua embotellada y más de 192 millones de pesos por concepto de abanicos, neveras, licuadoras, estufas, entre otros enseres del hogar a ser donados por el Plan Social.
Otras empresas que ganaron también estuvieron ligadas a Munir Kury. Tal es el caso de Comerdom, que hasta el 17 de febrero de 2021, meses antes de la licitación era propiedad de él pero el Plan Social le adjudicó 82 millones de pesos en enseres del hogar y más de 29 millones en alimentos.
En la actualidad, según consta en su certificado de registro mercantil, Comerdom tiene como socios a José Oscar Báez Aquino y a Nicanor Peralta Brito. Este último se desempeña como gerente. Sin embargo, para nuestra sorpresa, al llamarlo dijo que se dedica a otra actividad.
“Es inaudito, no debió permitir eso, porque es que lo peor de condiciones, muchas veces lo que es ir a gente que el comité de compra y contrataciones que tiene que velar por los pliegos de condiciones establecidas en el artículo 36 del Reglamento de 43, que yéndose ese Comité de compra y contratación, es responsable de que nada de eso suceda ahora. Muchas veces ellos saben exactamente lo que está pasando y se hacen los locos”, dice el experto Tejada.
También, el Comité de Compras del Plan Social tampoco se dio cuenta de que otra de las empresas adjudicadas con más de 31 millones de pesos en electrodomésticos se encuentra cerrada.
Se trata del hipermercado La Canasta del Pueblo SRL, ubicada en la Zona Industrial de Herrera, creada en 2013 por su titular, José Luis Beato Casanova. Como pueden apreciar, actualmente, sus instalaciones están funcionando como un parqueo de camiones.
“Muchas veces ellos saben exactamente lo que está pasando y se hace lo loco. Muchas veces, porque no es verdad que ellos no se van a dar cuenta que su compañía tuvo inactiva o es empresa para vender. Por lo tanto. Entonces obviamente hay una violación de la ley que hay que investigar”, añadió Tejada.
Al igual que esta otra irregularidad. Según la Base de datos del Ministerio de Industria y Comercio, la empresa era Gran Contribuyente y la licitación estaba dirigida a mipymes. Uno de los expertos establece que aun con pleno conocimiento, el Plan Social realizó la adjudicación.
“Se le demuestra que no es mipyme. Entonces en el sobre a. Ellos certifican, bajo fe pública, que la empresa es mi pyme. Luego de demostrarle todo eso vía alguacil en el sobre, me dijeron que se confundieron, que la empresa no es mi pyme. Que se confundieron”.
Ante todas estas anomalías que detectamos en pocos minutos de análisis, la gran cuestionante es cómo estas empresas logran burlar los controles de transparencia.
“Mientras usted tenga un comité de licitación que lo dirija el titular, lo compone el administrativo, el corredor jurídico, el director de libre Acceso a la información pública y el de planificación. Todos son cautivos empleados del titular. Entonces es ese comité es culpable”, indicó el ingeniero Tejada.
Plantea que deben ser incluidos técnicos especialistas en el rubro. Incluso va más lejos y asegura que los pliegos de condiciones se han convertido en el principal vector de corrupción en las compras y contrataciones públicas.
Santo Domingo, R.D.-El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán, informó que durante el año 2025 los aeropuertos de la República Dominicana movilizaron un total de 19,676,193 pasajeros, entrando y saliendo, lo que representa un crecimiento significativo en comparación con el año 2024, cuando se registraron 19,078,752 viajeros.
De acuerdo con las cifras ofrecidas por el funcionario, el incremento interanual fue de 597,441 pasajeros adicionales, reflejando una tendencia sostenida de crecimiento en el tráfico aéreo del país y consolidando a la República Dominicana como uno de los principales hubs de conectividad aérea del Caribe.
Rodríguez Durán explicó que este aumento en la movilidad de pasajeros está directamente vinculado a la recuperación y expansión del sector turístico, así como al fortalecimiento de las rutas internacionales, la apertura de nuevos destinos y el aumento de frecuencias por parte de aerolíneas que operan en el territorio nacional.
En cuanto a las operaciones aéreas, el titular del IDAC precisó que durante el año 2025 se registraron 217,620 operaciones de vuelos, superando las 212,023 operaciones contabilizadas en 2024. Según Rodríguez Durán, este crecimiento evidencia una mayor actividad en los aeropuertos dominicanos, tanto en vuelos comerciales regulares como en operaciones chárter y de carga.
“El comportamiento positivo del sector aeronáutico es una muestra clara de la confianza de las aerolíneas y de los pasajeros en nuestro sistema de aviación civil. Este crecimiento contribuye de manera directa al dinamismo de la economía nacional, impactando sectores clave como el turismo, el comercio, el empleo y la inversión extranjera”, destacó Rodríguez Durán.
Asimismo, señaló que el IDAC continúa trabajando en el fortalecimiento de la seguridad operacional, la modernización de los servicios de navegación aérea y la capacitación del personal técnico, con el objetivo de garantizar operaciones seguras, eficientes y acordes con los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
El director del IDAC subrayó que estos resultados reafirman el papel estratégico de la aviación civil en el desarrollo económico del país y anticipó que, de mantenerse esta tendencia, el año en curso podría marcar nuevos récords en la historia del transporte aéreo dominicano.
Igualmente reiteró el compromiso de la institución de seguir impulsando políticas que promuevan la conectividad aérea, la competitividad del sistema aeroportuario y el crecimiento sostenible del sector, en beneficio de la economía y del posicionamiento internacional de la República Dominicana
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Abuelo de Brianna denuncia liberación de los acusados y exige mayor firmeza a las autoridades
Puerto Plata, RD.-Braulio González, abuelo materno de la niña desaparecida Brianna Genao, expresó su descontento tras afirmar que los dos familiares de la niña, principales sospechosos en el caso, fueron liberados la noche del pasado jueves 8 de enero, en medio de una investigación que, según afirma, no ha ofrecido respuestas claras a la familia.
González aseguró que al acudir a la central de la Policía en Puerto Plata la mañana del pasado viernes, fue informado de que los señalados ya no se encontraban detenidos.
“Desde anoche (jueves) están liberados. Ellos durmieron mejor que yo”, expresó.
Esta información fue confirmada a LISTÍN DIARIO por otro miembro de la familia materna, que asegura que ambos están libres y bajo vigilancia, así como una fuente ligada al caso.
Asimismo, cuestionó la actuación de las autoridades ya que, según la información que él maneja, los acusados habrían declarado su culpabilidad, además de que existirían evidencias recopiladas durante el proceso investigativo.
“Si tú dices ‘yo soy culpable’, ¿qué más prueba que esa?”, manifestó.
El abuelo de la menor también denunció que no se les ha ofrecido ninguna información nueva sobre el caso y que las autoridades se limitan a indicar que todo se encuentra bajo reserva.
En medio del dolor, González aseguró que la familia necesita, al menos, una señal que les permita mantener la esperanza de que la niña aparezca con vida.
“No estamos pidiendo nada fuera de lo justo. Denme, aunque sea una gotita de fe”, expresó, al tiempo que reiteró que aún confía en que su nieta regrese sana y salva.
No obstante, también pidió que, de no ser así, se les permita al menos cerrar el ciclo del dolor con la verdad.
“Si no está viva, ni que sea que aparezca el cuerpecito, yo quiero enterrarla”, dijo.
Santo Domingo, R.D.-La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), durante un operativo conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y bajo la supervisión del Ministerio Público, ocupó 105 paquetes de un polvo blanco, posiblemente cocaína, además de armas de fuego, municiones y dinero en efectivo.
El operativo fue ejecutado en distintos puntos del municipio Santo Domingo Este.
El resultado de la misión se produjo tras labores de inteligencia dirigidas contra una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, armas de fuego y otros delitos conectados.
Como parte de estas acciones, fue detenido en la avenida Venezuela, Jhonny Ramón Cuevas Peña, de 30 años, quien se desplazaba a bordo de un vehículo marca Daihatsu, modelo Mira, placa PP626449.
Durante la requisa del vehículo, realizada en presencia de un representante del Ministerio Público, se afirma que las autoridades ocuparon un bulto que contenía una pistola marca Glock, modelo 19, con su cargador y municiones calibre 9mm; cargadores adicionales de alta capacidad; un total de 64 cápsulas calibre 9mm; la suma de RD$295,000.00 en efectivo, y cinco paquetes con logotipo BMW, de presumiblemente cocaína.
Luego de esto, se realizaron dos allanamientos debidamente autorizados por órdenes judiciales en el sector Ensanche Ozama, donde se ocuparon, entre otras evidencias, dólares presumiblemente falsos, equipos electrónicos, dispositivos de vigilancia, cargadores para pistolas, miras láser, balanzas digitales y equipos utilizados para el conteo de dinero.
Además, en uno de los registros, fue localizado un vehículo en cuyo interior se ocuparon 100 paquetes adicionales de la referida sustancia narcótica, distribuidos en cajas plásticas, lo que refuerza las investigaciones que se mantienen en curso y que van en contra de la referida estructura criminal.
El detenido, junto a todas las evidencias ocupadas, está bajo custodia del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades mantienen activas las labores de localización de otros implicados identificados como “El Gordo” y “Cristian y/o Colombo”, para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.