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Anormalidades en licitaciones INAPA y Plan Social
SANTO DOMINGO.- Vuelven a aparecer anormalidades en licitaciones en el Instituto Nacional de Alcantarillado y Aguas Potables (INAPA) y el Plan Social de la Presidencia, según un reportaje del programa Nuria Investigación Periodística.
El primero de octubre de 2021, el presidente Luis Abinader anunció el saneamiento de la cañada Arroyo Gurabo, cuya obra contempla una inversión estimada total de más de 1,204 millones de pesos, con una proyección de tiempo de ejecución de dos años e impactará la vida de unas 900 mil personas.
Dos semanas después, el 14 de octubre de 2021, INAPA convocó a los interesados en presentar propuestas en la obra “construcción sistema de saneamiento Arroyo Gurabo y su entorno, municipio Santiago” mediante una publicación en un periódico de circulación nacional, como establece la Ley.
Dos meses después, el 13 de diciembre de 2021, INAPA recibió las ofertas referentes a la adjudicación de la Licitación Pública Nacional número INAPA-CCC-LPN-2021-0044 para la obra, en la que participaron 13 oferentes y finalmente fueron seleccionados ocho empresas constructoras, incluyendo Rigarunville SRL, a la que le fueron adjudicados trabajos por más de 316 millones de pesos.
La empresa, cuyas actividades comerciales van desde servicios profesionales de ingeniería hasta banca e inversiones, fue creada el 15 de febrero de 2012 por Ignacio Manuel González Franco y Domingo Antonio Balbuena, con 999 cuotas y una cuota, respectivamente.
El nombre del socio minoritario, Domingo Antonio Balbuena Mena, predomina en un aviso de inactivación del Registro Nacional de Contribuyentes de empresas fantasmas o no localizadas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
De un total de 200 empresas, unas 44 tienen como representante a Domingo Antonio Balbuena Mena, lo que nos da a entender que es una compañía de carpeta que pareciera que estuvo desactivada hasta que en el 2021, donde en este registro mercantil ya ni Balbuena Mena ni González Franco están como socios sino Mario Rafael Sarkis Llaneza Kury, quien vende sus 900 cuotas por un valor de 90 mil pesos a Jeannette Isabelle Llaneza Luna, una joven estudiante de apenas 21 años de edad, quien también asumió como gerente.
El equipo de Nuria Investigación Periodística consultó a un experto para que dé su opinión ante estas situaciones que se presentan con mucha regularidad: la activación de compañías viejas o de carpetas para dar la apariencia de años de experiencia o recién creadas y la colocación como gerente de una joven inexperta.
En el pliego de condiciones se establece que deben tener cinco años de experiencia en la materia y la pregunta es cómo esta compañía que estuvo inactiva pudo tener más de 5 años de experiencia en el rubro en el que participó.
El ingeniero Teodoro Tejada, experto en compras públicas, señaló que un tipo de obra así debe estar sustentado por un principio de razonabilidad, que no la hay, porque obviamente una persona con 20 años no tiene calidad ni el tiempo ni la experiencia para poder licitar en ninguno de ese tipo de obra. Básicamente, no obstante de que se aplique la libre empresa, no debió participar de la propuesta.
No se explica cómo una empresa puede ganar una licitación cuando presenta por ejemplo que fue creada en Neyba en 2012, cambió su dirección al Distrito Nacional en 2014 y actualmente, está supuestamente en la avenida Rómulo Betancourt, pero presenta una certificación de la DGII de la oficina de Neyba.
“Por qué se fueron a Neyba? Eso había que verlo. Ahora yo estoy seguro. Yo estoy seguro que con una solicitud que hubiese hecho el comité de licitación era a la vez a la de a la DGII se hubiera eliminado. Por qué? Porque muchas veces en esas oficinas locales se tejen muchísimos problemas, muchísima componenda, que a veces hasta por un pago mínimo le dan una certificación”, dijo el ingeniero Tejada.
Otra demostración de la poca rigurosidad de los comités de compras y contrataciones es que no verifican que las certificaciones de experiencia que el pliego de condiciones exigen a las empresas para garantizar su expertis en dicha construcciones.
Por ejemplo, una certificación de experiencia dada por la constructora Harmaville, cuyo director general es Rafael Llaneza, curiosamente el mismo apellido de la actual gerente, Jeanette Isabelle Llaneza.
Otra certificación otorgada por la Constructora Rallak, cuyo titular es nada más y nada menos que Mario Llaneza, el antiguo dueño de Rigarunville, quien vendió la compañía a su hija, Jeanette Isabelle Llaneza. Además de que los familiares son los que están emitiendo las certificaciones, otra falta evidente es que no mostraron experiencia en obras similares a la licitada.
El Plan Social de la Presidencia, dirigido por Yadira Henríquez, es otra institución del gobierno que se salta los controles de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, al hacerse de la vista gorda con anomalías de los oferentes que ganan las licitaciones que convoca la entidad encargada de suplir la ayuda social del Gobierno.
Por ejemplo, la adquisición de alimentos crudos para ser donados número PASP-CCC-LPN-2021-0001, que inició en febrero de 2021, y el proceso número PASP-CCC-LPN-2021-003 de compra de electrodomésticos del 23 de abril de 2021, por más de 432 millones de pesos, en el que solicitan una carta de autorización del fabricante, la cual no está contemplada en la Ley.
El programa consultó a expertos en compras públicas, que han participado en varios procesos, para que den su opinión, incluyendo uno que prefirió ocultar su identidad y considera que esta carta del fabricante se presta a irregularidades y a una posible confabulación entre oferente-industrial e incluso hasta la misma institución.
“Cuando ese fabricante o esa industria dice bueno, yo se lo voy a dar a X persona, es porque ya tiene básicamente lo que podríamos llamar un arreglo previo con esa persona y no se lo da a nadie más”, dice uno de los expertos.
Mientras el ingeniero Teodoro Tejada, experto en compras públicas, explicó que es una carta violatoria al artículo 3 de la Ley 3 41 06, por un principio de contratación, viola el principio de equidad, viola el principio de transparencia y viola el requisito de igualdad.
Todos estos requerimientos del comité de compras han beneficiado a empresas ligadas a una persona en particular: Munir Manuel Kury Hazoury.
En la licitación de abanicos ganó su empresa Inversiones Qtek, porque La Innovación solo le dio la carta de autorización a ellos. La empresa Inversiones Qtek, registrada en mayo de 2011, propiedad de Munir Manuel Kury Hazoury y su padre Christian Kury Rosario, recibió la adjudicación de más de 42 millones de pesos por la compra de aceite, sardinas, pastas y agua embotellada y más de 192 millones de pesos por concepto de abanicos, neveras, licuadoras, estufas, entre otros enseres del hogar a ser donados por el Plan Social.
Otras empresas que ganaron también estuvieron ligadas a Munir Kury. Tal es el caso de Comerdom, que hasta el 17 de febrero de 2021, meses antes de la licitación era propiedad de él pero el Plan Social le adjudicó 82 millones de pesos en enseres del hogar y más de 29 millones en alimentos.
En la actualidad, según consta en su certificado de registro mercantil, Comerdom tiene como socios a José Oscar Báez Aquino y a Nicanor Peralta Brito. Este último se desempeña como gerente. Sin embargo, para nuestra sorpresa, al llamarlo dijo que se dedica a otra actividad.
“Es inaudito, no debió permitir eso, porque es que lo peor de condiciones, muchas veces lo que es ir a gente que el comité de compra y contrataciones que tiene que velar por los pliegos de condiciones establecidas en el artículo 36 del Reglamento de 43, que yéndose ese Comité de compra y contratación, es responsable de que nada de eso suceda ahora. Muchas veces ellos saben exactamente lo que está pasando y se hacen los locos”, dice el experto Tejada.
También, el Comité de Compras del Plan Social tampoco se dio cuenta de que otra de las empresas adjudicadas con más de 31 millones de pesos en electrodomésticos se encuentra cerrada.
Se trata del hipermercado La Canasta del Pueblo SRL, ubicada en la Zona Industrial de Herrera, creada en 2013 por su titular, José Luis Beato Casanova. Como pueden apreciar, actualmente, sus instalaciones están funcionando como un parqueo de camiones.
“Muchas veces ellos saben exactamente lo que está pasando y se hace lo loco. Muchas veces, porque no es verdad que ellos no se van a dar cuenta que su compañía tuvo inactiva o es empresa para vender. Por lo tanto. Entonces obviamente hay una violación de la ley que hay que investigar”, añadió Tejada.
Al igual que esta otra irregularidad. Según la Base de datos del Ministerio de Industria y Comercio, la empresa era Gran Contribuyente y la licitación estaba dirigida a mipymes. Uno de los expertos establece que aun con pleno conocimiento, el Plan Social realizó la adjudicación.
“Se le demuestra que no es mipyme. Entonces en el sobre a. Ellos certifican, bajo fe pública, que la empresa es mi pyme. Luego de demostrarle todo eso vía alguacil en el sobre, me dijeron que se confundieron, que la empresa no es mi pyme. Que se confundieron”.
Ante todas estas anomalías que detectamos en pocos minutos de análisis, la gran cuestionante es cómo estas empresas logran burlar los controles de transparencia.
“Mientras usted tenga un comité de licitación que lo dirija el titular, lo compone el administrativo, el corredor jurídico, el director de libre Acceso a la información pública y el de planificación. Todos son cautivos empleados del titular. Entonces es ese comité es culpable”, indicó el ingeniero Tejada.
Plantea que deben ser incluidos técnicos especialistas en el rubro. Incluso va más lejos y asegura que los pliegos de condiciones se han convertido en el principal vector de corrupción en las compras y contrataciones públicas.
Por EFE
El despliegue de la fuerza multinacional para restaurar la seguridad de Haití, liderada por Kenia, comenzará el próximo 26 de mayo, según anunció el ministro de Asuntos Exteriores de Bahamas, Fred Mitchell.
Bahamas se ha comprometido a enviar 150 oficiales de las Fuerzas de Defensa para ayudar a la seguridad marítima en el marco de esta fuerza multinacional que busca estabilizar Haití.
Mitchell también dio la bienvenida a la elección el martes pasado de Fritz Bélizaire, extitular de Deportes, como nuevo primer ministro de Haití.
«Este es un proceso liderado por Haití, y Caricom (Comunidad del Caribe) ha hecho todo lo posible para llevarlo a este punto», dijo el jefe de la diplomacia de Bahamas, que forma parte junto a otros 14 países de la mencionada organización caribeña, que ha mediado entre las partes haitianas.
En su opinión, el nuevo primer ministro «cuenta con la más amplia aceptación en este momento por parte de las élites de Haití y la comunidad internacional acepta que esta es la dirección correcta a seguir», según las declaraciones publicadas por los medios bahameños.
Tardanza ante todo por problemas financieros
Sobre la fuerza multinacional, autorizada por el Consejo de Seguridad y que debe dar apoyo a la Policía Nacional Haitiana, la ONU reconoció la semana pasada que esta tarda en ver la luz por problemas ante todo financieros.
El portavoz Stéphane Dujarric informó que no hay novedades sobre el número de países dispuestos a participar en esa fuerza -principalmente Kenia, Burkina Faso y varios países del Caribe-, y que la financiación de esa fuerza no ha superado el 10,6 % del presupuesto requerido.
La inseguridad sigue siendo la nota dominante en la zona metropolitana de la capital haitiana desde que, a finales de febrero pasado, se registrara una escalada de la violencia a manos de las bandas armadas que controlan gran parte de Puerto Príncipe.
Santo Domingo, R.D.-Fueron elevadas a alerta amarilla por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) las provincias El Seibo y La Altagracia, que estaban en verde.
Con la inclusión de estas provincias, se incrementa a 13 las localidades en ese nivel de alerta, mientras otras 12 se mantienen en verde.
La decisión fue tomada, en virtud del último informe de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) que estableció que «la vaguada ha continuado provocando un ambiente húmedo e inestable sobre gran parte del país, generando las ocurrencias de lluvias de diferentes intensidades y frecuencias, así como, aisladas tronadas y ráfagas de viento, para esta tarde y horas de la noche».
La Onamet prevé un incremento de la nubosidad más significativo acompañado de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país.
En amarilla también se encuentran: el Distrito Nacional, Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Santiago, Samaná y Hato Mayor.
Mientras que en verde permanecen: Hermanas Mirabal, San Cristóbal, La Romana, Santiago Rodríguez, San Juan, Espaillat, Dajabón, Montecristi, Elías Piña, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa y Valverde.
El COE recuerda que emite los niveles de alerta ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.
Acumulados de lluvias podrían llegar a 180 milímetros
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) prevé un incremento de las lluvias a partir de este jueves y cuyos acumulados de agua podrían oscilar entre 150 y 180 milímetros durante las próximas 24 a 72 horas en el territorio nacional.
Heriberto Fabián, predictor de la Onamet, informó este jueves a Diario Libre que según los modelos de pronósticos, los acumulados máximos podrían estar entre 150 y 180 milímetros durante 24 a 72 horas, pudiendo incluso ser superiores en puntos aislados.
Se recuerda que una pulgada de agua equivale a 25.4 milímetros, por lo que esos 150 y 180 milímetros representan entre cinco y siete pulgadas.
El predictor destacó que esa cantidad de acumulados representa mucha lluvia, la cual es generada producto de una vaguada que afecta al país.
Santo Domingo, R.D.-Vanessa Acosta Peralta, jueza de la Suprema Corte de Justicia, consideró que al darse prioridad a la privación de libertad de personas infractoras relacionadas con el uso problemático de las drogas, se obvian cuestiones importantes como la salud mental y la participación de la víctima en este proceso de recuperación.
En ese sentido, la jueza de la primera sala del alto tribunal judicial del país favoreció un cambio de paradigma y un abordaje distinto a la represión para personas infractoras relacionadas con el uso problemático de las drogas, a fin de encontrar alternativas que les permitan reivindicarse en la sociedad y la familia.
Sostuvo que la cultura de penalización ha sido un gran obstáculo para ese fin de reinserción y recuperación de la persona que infringe la ley penal, pues se ha considerado la sanción privativa de libertad como la respuesta a la criminalidad.
La jueza insistió en que las personas privadas de libertad merecen tener la oportunidad de reinventarse y dar un salto cualitativo a su vida, al tiempo de señalar que existen alternativas al encarcelamiento por delitos de drogas que algunos países están implementando.
Agrega la magistrada que esto con el objetivo de reducir las tasas de reincidencia, descomprimir los sistemas penitenciarios y ofrecer oportunidad de rehabilitación más efectiva, tomando en cuenta al ser humano.
Expuso que implementar estas alternativas requiere un cambio significativo en la legislación, una mejora en la colaboración interinstitucional y un fuerte compromiso con los derechos humanos y la igualdad de género.
“El objetivo siempre debe ser tratar la raíz del problema y proporcionar soluciones sostenibles que beneficien la persona y la sociedad en su conjunto”, concluyó la magistrada en la actividad realizada con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, a través de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y la Comisión Interamericana de Mujeres (OEA/CICAD/CIM) y Canadá.