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Anormalidades en licitaciones INAPA y Plan Social
SANTO DOMINGO.- Vuelven a aparecer anormalidades en licitaciones en el Instituto Nacional de Alcantarillado y Aguas Potables (INAPA) y el Plan Social de la Presidencia, según un reportaje del programa Nuria Investigación Periodística.
El primero de octubre de 2021, el presidente Luis Abinader anunció el saneamiento de la cañada Arroyo Gurabo, cuya obra contempla una inversión estimada total de más de 1,204 millones de pesos, con una proyección de tiempo de ejecución de dos años e impactará la vida de unas 900 mil personas.
Dos semanas después, el 14 de octubre de 2021, INAPA convocó a los interesados en presentar propuestas en la obra “construcción sistema de saneamiento Arroyo Gurabo y su entorno, municipio Santiago” mediante una publicación en un periódico de circulación nacional, como establece la Ley.
Dos meses después, el 13 de diciembre de 2021, INAPA recibió las ofertas referentes a la adjudicación de la Licitación Pública Nacional número INAPA-CCC-LPN-2021-0044 para la obra, en la que participaron 13 oferentes y finalmente fueron seleccionados ocho empresas constructoras, incluyendo Rigarunville SRL, a la que le fueron adjudicados trabajos por más de 316 millones de pesos.
La empresa, cuyas actividades comerciales van desde servicios profesionales de ingeniería hasta banca e inversiones, fue creada el 15 de febrero de 2012 por Ignacio Manuel González Franco y Domingo Antonio Balbuena, con 999 cuotas y una cuota, respectivamente.
El nombre del socio minoritario, Domingo Antonio Balbuena Mena, predomina en un aviso de inactivación del Registro Nacional de Contribuyentes de empresas fantasmas o no localizadas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
De un total de 200 empresas, unas 44 tienen como representante a Domingo Antonio Balbuena Mena, lo que nos da a entender que es una compañía de carpeta que pareciera que estuvo desactivada hasta que en el 2021, donde en este registro mercantil ya ni Balbuena Mena ni González Franco están como socios sino Mario Rafael Sarkis Llaneza Kury, quien vende sus 900 cuotas por un valor de 90 mil pesos a Jeannette Isabelle Llaneza Luna, una joven estudiante de apenas 21 años de edad, quien también asumió como gerente.
El equipo de Nuria Investigación Periodística consultó a un experto para que dé su opinión ante estas situaciones que se presentan con mucha regularidad: la activación de compañías viejas o de carpetas para dar la apariencia de años de experiencia o recién creadas y la colocación como gerente de una joven inexperta.
En el pliego de condiciones se establece que deben tener cinco años de experiencia en la materia y la pregunta es cómo esta compañía que estuvo inactiva pudo tener más de 5 años de experiencia en el rubro en el que participó.
El ingeniero Teodoro Tejada, experto en compras públicas, señaló que un tipo de obra así debe estar sustentado por un principio de razonabilidad, que no la hay, porque obviamente una persona con 20 años no tiene calidad ni el tiempo ni la experiencia para poder licitar en ninguno de ese tipo de obra. Básicamente, no obstante de que se aplique la libre empresa, no debió participar de la propuesta.
No se explica cómo una empresa puede ganar una licitación cuando presenta por ejemplo que fue creada en Neyba en 2012, cambió su dirección al Distrito Nacional en 2014 y actualmente, está supuestamente en la avenida Rómulo Betancourt, pero presenta una certificación de la DGII de la oficina de Neyba.
“Por qué se fueron a Neyba? Eso había que verlo. Ahora yo estoy seguro. Yo estoy seguro que con una solicitud que hubiese hecho el comité de licitación era a la vez a la de a la DGII se hubiera eliminado. Por qué? Porque muchas veces en esas oficinas locales se tejen muchísimos problemas, muchísima componenda, que a veces hasta por un pago mínimo le dan una certificación”, dijo el ingeniero Tejada.
Otra demostración de la poca rigurosidad de los comités de compras y contrataciones es que no verifican que las certificaciones de experiencia que el pliego de condiciones exigen a las empresas para garantizar su expertis en dicha construcciones.
Por ejemplo, una certificación de experiencia dada por la constructora Harmaville, cuyo director general es Rafael Llaneza, curiosamente el mismo apellido de la actual gerente, Jeanette Isabelle Llaneza.
Otra certificación otorgada por la Constructora Rallak, cuyo titular es nada más y nada menos que Mario Llaneza, el antiguo dueño de Rigarunville, quien vendió la compañía a su hija, Jeanette Isabelle Llaneza. Además de que los familiares son los que están emitiendo las certificaciones, otra falta evidente es que no mostraron experiencia en obras similares a la licitada.
El Plan Social de la Presidencia, dirigido por Yadira Henríquez, es otra institución del gobierno que se salta los controles de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, al hacerse de la vista gorda con anomalías de los oferentes que ganan las licitaciones que convoca la entidad encargada de suplir la ayuda social del Gobierno.
Por ejemplo, la adquisición de alimentos crudos para ser donados número PASP-CCC-LPN-2021-0001, que inició en febrero de 2021, y el proceso número PASP-CCC-LPN-2021-003 de compra de electrodomésticos del 23 de abril de 2021, por más de 432 millones de pesos, en el que solicitan una carta de autorización del fabricante, la cual no está contemplada en la Ley.
El programa consultó a expertos en compras públicas, que han participado en varios procesos, para que den su opinión, incluyendo uno que prefirió ocultar su identidad y considera que esta carta del fabricante se presta a irregularidades y a una posible confabulación entre oferente-industrial e incluso hasta la misma institución.
“Cuando ese fabricante o esa industria dice bueno, yo se lo voy a dar a X persona, es porque ya tiene básicamente lo que podríamos llamar un arreglo previo con esa persona y no se lo da a nadie más”, dice uno de los expertos.
Mientras el ingeniero Teodoro Tejada, experto en compras públicas, explicó que es una carta violatoria al artículo 3 de la Ley 3 41 06, por un principio de contratación, viola el principio de equidad, viola el principio de transparencia y viola el requisito de igualdad.
Todos estos requerimientos del comité de compras han beneficiado a empresas ligadas a una persona en particular: Munir Manuel Kury Hazoury.
En la licitación de abanicos ganó su empresa Inversiones Qtek, porque La Innovación solo le dio la carta de autorización a ellos. La empresa Inversiones Qtek, registrada en mayo de 2011, propiedad de Munir Manuel Kury Hazoury y su padre Christian Kury Rosario, recibió la adjudicación de más de 42 millones de pesos por la compra de aceite, sardinas, pastas y agua embotellada y más de 192 millones de pesos por concepto de abanicos, neveras, licuadoras, estufas, entre otros enseres del hogar a ser donados por el Plan Social.
Otras empresas que ganaron también estuvieron ligadas a Munir Kury. Tal es el caso de Comerdom, que hasta el 17 de febrero de 2021, meses antes de la licitación era propiedad de él pero el Plan Social le adjudicó 82 millones de pesos en enseres del hogar y más de 29 millones en alimentos.
En la actualidad, según consta en su certificado de registro mercantil, Comerdom tiene como socios a José Oscar Báez Aquino y a Nicanor Peralta Brito. Este último se desempeña como gerente. Sin embargo, para nuestra sorpresa, al llamarlo dijo que se dedica a otra actividad.
“Es inaudito, no debió permitir eso, porque es que lo peor de condiciones, muchas veces lo que es ir a gente que el comité de compra y contrataciones que tiene que velar por los pliegos de condiciones establecidas en el artículo 36 del Reglamento de 43, que yéndose ese Comité de compra y contratación, es responsable de que nada de eso suceda ahora. Muchas veces ellos saben exactamente lo que está pasando y se hacen los locos”, dice el experto Tejada.
También, el Comité de Compras del Plan Social tampoco se dio cuenta de que otra de las empresas adjudicadas con más de 31 millones de pesos en electrodomésticos se encuentra cerrada.
Se trata del hipermercado La Canasta del Pueblo SRL, ubicada en la Zona Industrial de Herrera, creada en 2013 por su titular, José Luis Beato Casanova. Como pueden apreciar, actualmente, sus instalaciones están funcionando como un parqueo de camiones.
“Muchas veces ellos saben exactamente lo que está pasando y se hace lo loco. Muchas veces, porque no es verdad que ellos no se van a dar cuenta que su compañía tuvo inactiva o es empresa para vender. Por lo tanto. Entonces obviamente hay una violación de la ley que hay que investigar”, añadió Tejada.
Al igual que esta otra irregularidad. Según la Base de datos del Ministerio de Industria y Comercio, la empresa era Gran Contribuyente y la licitación estaba dirigida a mipymes. Uno de los expertos establece que aun con pleno conocimiento, el Plan Social realizó la adjudicación.
“Se le demuestra que no es mipyme. Entonces en el sobre a. Ellos certifican, bajo fe pública, que la empresa es mi pyme. Luego de demostrarle todo eso vía alguacil en el sobre, me dijeron que se confundieron, que la empresa no es mi pyme. Que se confundieron”.
Ante todas estas anomalías que detectamos en pocos minutos de análisis, la gran cuestionante es cómo estas empresas logran burlar los controles de transparencia.
“Mientras usted tenga un comité de licitación que lo dirija el titular, lo compone el administrativo, el corredor jurídico, el director de libre Acceso a la información pública y el de planificación. Todos son cautivos empleados del titular. Entonces es ese comité es culpable”, indicó el ingeniero Tejada.
Plantea que deben ser incluidos técnicos especialistas en el rubro. Incluso va más lejos y asegura que los pliegos de condiciones se han convertido en el principal vector de corrupción en las compras y contrataciones públicas.
Ángel Gabriel Capellán deberá cumplir tres meses en Najayo-Hombres, mientras un segundo imputado recibió garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida; la defensa anunció que recurrirá la decisión
SAN CRISTÓBAL, República Dominicana.– Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal impuso tres meses de prisión preventiva a Ángel Gabriel Capellán, conocido como “El Pastor”, investigado por presunta trata de personas con fines de explotación laboral y maltratos físicos y psicológicos contra 14 menores de edad.
El tribunal dispuso que Capellán cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, en San Cristóbal.
En el mismo proceso figura Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, a quien el magistrado impuso una garantía económica de RD$20,000, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del territorio nacional.
El juez acogió parcialmente la solicitud presentada por el Ministerio Público, que había solicitado tres meses de prisión preventiva contra los dos imputados.
Ministerio Público presentó 40 elementos de prueba
Para sustentar su petición, el órgano acusador presentó ante el tribunal 40 elementos de prueba que, según sostiene, relacionan a los investigados con hechos de trata de personas con fines de explotación laboral, trabajo forzoso y presuntos maltratos físicos y psicológicos.
Entre los elementos incorporados al expediente se encuentran declaraciones ofrecidas por menores que fueron rescatados de la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), localizada en Bajos de Haina.
Debido a la condición de menores de edad de las presuntas víctimas, sus testimonios fueron obtenidos mediante Cámara Gesell, mecanismo utilizado para reducir su exposición durante el proceso judicial y preservar sus declaraciones como anticipo de prueba.
Fundación habría operado sin autorización para recibir menores
Capellán dirigía la Fundación Restaurando Vida, entidad que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, no disponía de la autorización correspondiente para funcionar como hogar de acogida de niños y adolescentes.
El órgano persecutor sostiene que en las instalaciones convivían menores junto a otras personas en situación de vulnerabilidad.
Las autoridades investigan además las circunstancias en que la organización recibía niños y adolescentes, así como la captación de fondos y donaciones vinculadas con sus actividades.
Estos señalamientos forman parte de la investigación del Ministerio Público y deberán ser examinados durante el proceso judicial.
Denuncia de un menor originó la investigación
El caso comenzó a ser investigado después de que uno de los menores presuntamente escapara de las instalaciones y acudiera a un destacamento policial para denunciar las condiciones en que se encontraba.
La denuncia motivó actuaciones de las autoridades que posteriormente condujeron a allanamientos, al rescate de los menores que permanecían en la fundación y a las detenciones de Capellán y Muñoz Rodríguez.
Como parte de las diligencias, una de las presuntas víctimas fue sometida a una evaluación médico-legal.
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, el examen documentó lesiones en distintas partes del cuerpo y quemaduras de segundo grado en proceso de cicatrización en ambas manos.
Una evaluación psicológica forense también habría determinado que el menor no asistía a la escuela y que presuntamente realizaba trabajos de carpintería relacionados con la construcción de una vivienda.
El Ministerio Público sostiene además que el adolescente habría sido sometido reiteradamente a castigos físicos.
Defensa anuncia apelación
Tras concluir la audiencia, Manuel Soto, abogado de Ángel Gabriel Capellán, anunció que recurrirá la decisión que envió a su representado a prisión preventiva.
El jurista sostuvo que Capellán es inocente de las imputaciones formuladas y explicó que espera recibir formalmente la resolución judicial para presentar el recurso de apelación.
El proceso continuará ahora con las investigaciones del Ministerio Público mientras se cumplen las medidas de coerción impuestas.
La prisión preventiva constituye una medida cautelar y no una condena. La responsabilidad penal de los imputados deberá ser determinada posteriormente por los tribunales a partir de las pruebas y argumentos presentados por las partes.
Mientras avanza el expediente, las autoridades mantienen bajo protección a los menores involucrados, cuyas identidades deben permanecer reservadas conforme a las normas destinadas a proteger a niños, niñas y adolescentes.
Gustavo Mejía-Ricart Risk, de 23 años, continúa hospitalizado luego de ser sometido a una cirugía de emergencia por varias heridas de arma blanca; la Policía informó del arresto de un hombre señalado como presunto agresor
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El joven Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, muestra una evolución favorable luego de haber sido intervenido quirúrgicamente de emergencia tras resultar gravemente herido durante un intento de asalto ocurrido en el sector Serrallés, en el Distrito Nacional.
Mejía-Ricart Risk recibió varias heridas de arma blanca en el abdomen que comprometieron algunos órganos, situación que obligó al personal médico a practicarle una cirugía de emergencia.
Su madre, Katherine Risk, informó que, pese a la gravedad que inicialmente presentó, el joven ha respondido favorablemente al tratamiento y continúa bajo vigilancia médica mientras avanza su proceso de recuperación.
La familia ha recibido numerosas expresiones de solidaridad desde que se conoció públicamente el ataque, incluyendo mensajes de personas que no mantienen vínculos personales con el joven.
Risk agradeció las oraciones y muestras de apoyo recibidas y destacó la fortaleza mostrada por su hijo durante las horas posteriores a la intervención quirúrgica.
Ataque ocurrió próximo a la residencia del joven
El hecho se produjo cuando Mejía-Ricart Risk se dirigía hacia el lobby de la torre donde reside, después de estacionar su vehículo en las inmediaciones.
De acuerdo con las informaciones preliminares de las autoridades, el agresor presuntamente siguió al joven a bordo de una motocicleta y posteriormente intentó despojarlo de sus pertenencias.
Durante el incidente, la víctima habría ofrecido resistencia y recibió varias heridas de arma blanca.
El atacante posteriormente escapó del lugar sin lograr concretar el robo, según la versión ofrecida sobre el caso.
Policía arresta a un sospechoso
La Policía Nacional informó este martes que, mediante un operativo realizado conjuntamente con el Ministerio Público, fue detenido Johnny González, de 41 años, señalado por las autoridades como presunto responsable de la agresión.
Durante las actuaciones relacionadas con el arresto fueron ocupados un cuchillo, una motocicleta, prendas de vestir y otros objetos que las autoridades investigan para determinar su posible vinculación con el hecho.
González fue puesto a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes, mientras las investigaciones continúan.
Su arresto y señalamiento como sospechoso no constituyen una declaración de culpabilidad, responsabilidad que deberá ser determinada por los tribunales conforme a las pruebas que sean presentadas durante el proceso.
Estudiante de Derecho
Gustavo Mejía-Ricart Risk es estudiante de Derecho en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y también desarrolla actividades laborales junto a su familia.
Su madre consideró que el episodio sufrido por su hijo debe trascender el caso particular y servir para llamar la atención sobre la violencia y la inseguridad que pueden enfrentar los ciudadanos.
La familia expresó además su confianza en que las autoridades desarrollen las investigaciones correspondientes y que el proceso judicial permita esclarecer completamente las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades conforme a la ley.
Mientras avanzan las investigaciones, la principal atención de sus familiares permanece concentrada en la recuperación de Gustavo, quien continúa bajo cuidado médico y presenta una evolución favorable después de la cirugía de emergencia.
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Restablecen servicio de la Línea 2 del Metro y pasajeros viajarán gratis por el resto del día
La Empresa Metropolitana de Transporte informó que sus técnicos corrigieron la avería registrada en la Subestación de Tracción García Saleta y ofreció disculpas a los usuarios afectados
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Línea 2 del Metro de Santo Domingo retomó sus operaciones habituales la noche de este martes, luego de que los equipos técnicos solucionaran la falla eléctrica que había obligado a interrumpir temporalmente el servicio en varias estaciones.
La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) comunicó que la avería fue corregida en la Subestación de Tracción García Saleta, instalación donde se había producido el inconveniente que afectó el suministro de energía necesario para la circulación de los trenes.
Concluidos los trabajos técnicos y realizadas las verificaciones correspondientes, la institución autorizó la normalización de las operaciones en toda la Línea 2.
Servicio será gratuito por el resto de la jornada
Como compensación por los inconvenientes ocasionados a los pasajeros durante la interrupción, la EMT anunció que los usuarios podrán utilizar gratuitamente el Metro durante el resto de la jornada de este martes 15 de septiembre.
La medida fue presentada por la institución como un gesto de agradecimiento a los ciudadanos por la paciencia y comprensión mostradas mientras los técnicos trabajaban para solucionar la avería.
Falla había obligado a dividir las operaciones
El incidente se produjo alrededor de las 6:47 de la tarde, cuando una falla en la Subestación García Saleta provocó una pérdida de energía en la catenaria.
Por razones de seguridad, el servicio quedó temporalmente suspendido entre las estaciones Pedro Bonó y Ramón Cáceres.
Mientras se desarrollaban las labores de reparación, la Línea 2 operó mediante dos servicios parciales: uno entre Pablo Adón y Pedro Bonó, y otro desde Ramón Cáceres hasta Concepción Bona.
La situación afectó a pasajeros que utilizaban el sistema durante las primeras horas de la noche, coincidiendo con el desplazamiento de numerosos ciudadanos al concluir sus jornadas laborales.
EMT ofrece disculpas a los pasajeros
Tras solucionar la avería, la Empresa Metropolitana de Transporte ofreció disculpas por las dificultades generadas y agradeció la comprensión de los usuarios.
Con la recuperación del suministro eléctrico en la subestación afectada, los trenes volvieron a circular normalmente por toda la Línea 2, quedando sin efecto el esquema provisional que había sido implementado durante la emergencia.
La institución indicó que sus equipos técnicos completaron los trabajos necesarios para garantizar la operación segura del sistema.