Más Noticias
Anormalidades en licitaciones INAPA y Plan Social
SANTO DOMINGO.- Vuelven a aparecer anormalidades en licitaciones en el Instituto Nacional de Alcantarillado y Aguas Potables (INAPA) y el Plan Social de la Presidencia, según un reportaje del programa Nuria Investigación Periodística.
El primero de octubre de 2021, el presidente Luis Abinader anunció el saneamiento de la cañada Arroyo Gurabo, cuya obra contempla una inversión estimada total de más de 1,204 millones de pesos, con una proyección de tiempo de ejecución de dos años e impactará la vida de unas 900 mil personas.
Dos semanas después, el 14 de octubre de 2021, INAPA convocó a los interesados en presentar propuestas en la obra “construcción sistema de saneamiento Arroyo Gurabo y su entorno, municipio Santiago” mediante una publicación en un periódico de circulación nacional, como establece la Ley.
Dos meses después, el 13 de diciembre de 2021, INAPA recibió las ofertas referentes a la adjudicación de la Licitación Pública Nacional número INAPA-CCC-LPN-2021-0044 para la obra, en la que participaron 13 oferentes y finalmente fueron seleccionados ocho empresas constructoras, incluyendo Rigarunville SRL, a la que le fueron adjudicados trabajos por más de 316 millones de pesos.
La empresa, cuyas actividades comerciales van desde servicios profesionales de ingeniería hasta banca e inversiones, fue creada el 15 de febrero de 2012 por Ignacio Manuel González Franco y Domingo Antonio Balbuena, con 999 cuotas y una cuota, respectivamente.
El nombre del socio minoritario, Domingo Antonio Balbuena Mena, predomina en un aviso de inactivación del Registro Nacional de Contribuyentes de empresas fantasmas o no localizadas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
De un total de 200 empresas, unas 44 tienen como representante a Domingo Antonio Balbuena Mena, lo que nos da a entender que es una compañía de carpeta que pareciera que estuvo desactivada hasta que en el 2021, donde en este registro mercantil ya ni Balbuena Mena ni González Franco están como socios sino Mario Rafael Sarkis Llaneza Kury, quien vende sus 900 cuotas por un valor de 90 mil pesos a Jeannette Isabelle Llaneza Luna, una joven estudiante de apenas 21 años de edad, quien también asumió como gerente.
El equipo de Nuria Investigación Periodística consultó a un experto para que dé su opinión ante estas situaciones que se presentan con mucha regularidad: la activación de compañías viejas o de carpetas para dar la apariencia de años de experiencia o recién creadas y la colocación como gerente de una joven inexperta.
En el pliego de condiciones se establece que deben tener cinco años de experiencia en la materia y la pregunta es cómo esta compañía que estuvo inactiva pudo tener más de 5 años de experiencia en el rubro en el que participó.
El ingeniero Teodoro Tejada, experto en compras públicas, señaló que un tipo de obra así debe estar sustentado por un principio de razonabilidad, que no la hay, porque obviamente una persona con 20 años no tiene calidad ni el tiempo ni la experiencia para poder licitar en ninguno de ese tipo de obra. Básicamente, no obstante de que se aplique la libre empresa, no debió participar de la propuesta.
No se explica cómo una empresa puede ganar una licitación cuando presenta por ejemplo que fue creada en Neyba en 2012, cambió su dirección al Distrito Nacional en 2014 y actualmente, está supuestamente en la avenida Rómulo Betancourt, pero presenta una certificación de la DGII de la oficina de Neyba.
“Por qué se fueron a Neyba? Eso había que verlo. Ahora yo estoy seguro. Yo estoy seguro que con una solicitud que hubiese hecho el comité de licitación era a la vez a la de a la DGII se hubiera eliminado. Por qué? Porque muchas veces en esas oficinas locales se tejen muchísimos problemas, muchísima componenda, que a veces hasta por un pago mínimo le dan una certificación”, dijo el ingeniero Tejada.
Otra demostración de la poca rigurosidad de los comités de compras y contrataciones es que no verifican que las certificaciones de experiencia que el pliego de condiciones exigen a las empresas para garantizar su expertis en dicha construcciones.
Por ejemplo, una certificación de experiencia dada por la constructora Harmaville, cuyo director general es Rafael Llaneza, curiosamente el mismo apellido de la actual gerente, Jeanette Isabelle Llaneza.
Otra certificación otorgada por la Constructora Rallak, cuyo titular es nada más y nada menos que Mario Llaneza, el antiguo dueño de Rigarunville, quien vendió la compañía a su hija, Jeanette Isabelle Llaneza. Además de que los familiares son los que están emitiendo las certificaciones, otra falta evidente es que no mostraron experiencia en obras similares a la licitada.
El Plan Social de la Presidencia, dirigido por Yadira Henríquez, es otra institución del gobierno que se salta los controles de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, al hacerse de la vista gorda con anomalías de los oferentes que ganan las licitaciones que convoca la entidad encargada de suplir la ayuda social del Gobierno.
Por ejemplo, la adquisición de alimentos crudos para ser donados número PASP-CCC-LPN-2021-0001, que inició en febrero de 2021, y el proceso número PASP-CCC-LPN-2021-003 de compra de electrodomésticos del 23 de abril de 2021, por más de 432 millones de pesos, en el que solicitan una carta de autorización del fabricante, la cual no está contemplada en la Ley.
El programa consultó a expertos en compras públicas, que han participado en varios procesos, para que den su opinión, incluyendo uno que prefirió ocultar su identidad y considera que esta carta del fabricante se presta a irregularidades y a una posible confabulación entre oferente-industrial e incluso hasta la misma institución.
“Cuando ese fabricante o esa industria dice bueno, yo se lo voy a dar a X persona, es porque ya tiene básicamente lo que podríamos llamar un arreglo previo con esa persona y no se lo da a nadie más”, dice uno de los expertos.
Mientras el ingeniero Teodoro Tejada, experto en compras públicas, explicó que es una carta violatoria al artículo 3 de la Ley 3 41 06, por un principio de contratación, viola el principio de equidad, viola el principio de transparencia y viola el requisito de igualdad.
Todos estos requerimientos del comité de compras han beneficiado a empresas ligadas a una persona en particular: Munir Manuel Kury Hazoury.
En la licitación de abanicos ganó su empresa Inversiones Qtek, porque La Innovación solo le dio la carta de autorización a ellos. La empresa Inversiones Qtek, registrada en mayo de 2011, propiedad de Munir Manuel Kury Hazoury y su padre Christian Kury Rosario, recibió la adjudicación de más de 42 millones de pesos por la compra de aceite, sardinas, pastas y agua embotellada y más de 192 millones de pesos por concepto de abanicos, neveras, licuadoras, estufas, entre otros enseres del hogar a ser donados por el Plan Social.
Otras empresas que ganaron también estuvieron ligadas a Munir Kury. Tal es el caso de Comerdom, que hasta el 17 de febrero de 2021, meses antes de la licitación era propiedad de él pero el Plan Social le adjudicó 82 millones de pesos en enseres del hogar y más de 29 millones en alimentos.
En la actualidad, según consta en su certificado de registro mercantil, Comerdom tiene como socios a José Oscar Báez Aquino y a Nicanor Peralta Brito. Este último se desempeña como gerente. Sin embargo, para nuestra sorpresa, al llamarlo dijo que se dedica a otra actividad.
“Es inaudito, no debió permitir eso, porque es que lo peor de condiciones, muchas veces lo que es ir a gente que el comité de compra y contrataciones que tiene que velar por los pliegos de condiciones establecidas en el artículo 36 del Reglamento de 43, que yéndose ese Comité de compra y contratación, es responsable de que nada de eso suceda ahora. Muchas veces ellos saben exactamente lo que está pasando y se hacen los locos”, dice el experto Tejada.
También, el Comité de Compras del Plan Social tampoco se dio cuenta de que otra de las empresas adjudicadas con más de 31 millones de pesos en electrodomésticos se encuentra cerrada.
Se trata del hipermercado La Canasta del Pueblo SRL, ubicada en la Zona Industrial de Herrera, creada en 2013 por su titular, José Luis Beato Casanova. Como pueden apreciar, actualmente, sus instalaciones están funcionando como un parqueo de camiones.
“Muchas veces ellos saben exactamente lo que está pasando y se hace lo loco. Muchas veces, porque no es verdad que ellos no se van a dar cuenta que su compañía tuvo inactiva o es empresa para vender. Por lo tanto. Entonces obviamente hay una violación de la ley que hay que investigar”, añadió Tejada.
Al igual que esta otra irregularidad. Según la Base de datos del Ministerio de Industria y Comercio, la empresa era Gran Contribuyente y la licitación estaba dirigida a mipymes. Uno de los expertos establece que aun con pleno conocimiento, el Plan Social realizó la adjudicación.
“Se le demuestra que no es mipyme. Entonces en el sobre a. Ellos certifican, bajo fe pública, que la empresa es mi pyme. Luego de demostrarle todo eso vía alguacil en el sobre, me dijeron que se confundieron, que la empresa no es mi pyme. Que se confundieron”.
Ante todas estas anomalías que detectamos en pocos minutos de análisis, la gran cuestionante es cómo estas empresas logran burlar los controles de transparencia.
“Mientras usted tenga un comité de licitación que lo dirija el titular, lo compone el administrativo, el corredor jurídico, el director de libre Acceso a la información pública y el de planificación. Todos son cautivos empleados del titular. Entonces es ese comité es culpable”, indicó el ingeniero Tejada.
Plantea que deben ser incluidos técnicos especialistas en el rubro. Incluso va más lejos y asegura que los pliegos de condiciones se han convertido en el principal vector de corrupción en las compras y contrataciones públicas.
Más Noticias
Conocerán medida de coerción contra acusados de desviar fondos del Patronato Contra el Cáncer
Santo Domingo, R.D.-Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá este martes la solicitud de medida de coerción contra tres gerentes del Consejo de la Asociación Sin Fines de Lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, implicados en el caso Onco14, por la presunta sustracción de millones de pesos de la institución para beneficio personal.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. Entre los imputados figuran Héctor Antonio Lora Cruceta, presidente y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC); Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal acusado.
Según el órgano acusador, posee 155 elementos de prueba que sustentan las imputaciones contenidas en la solicitud de medida de coerción. Estas evidencias incluyen 32 elementos testimoniales, tres periciales, 42 documentales, 14 materiales y 37 procesales.
Ministerio Público detalla Principales irregularidades cometidas por imputados.
Entre las presuntas acciones ilícitas atribuidas a los imputados del caso Onco14, se encuentran: Utilizar recursos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) como objetivo principal para obtener fondos destinados a pacientes de escasos recursos afectados por cáncer, según solicitud de medida de coerción.
Estos crearon un departamento destinado a modificar indicaciones médicas y generar facturas fraudulentas en perjuicio de SeNaSa y sus afiliados.
En la instancia se indica que utilizaron los sellos médicos y talonarios pre sellados para emitir órdenes de estudios a nombre de especialistas que no habían evaluado a los pacientes.
Prohibieron la entrega gratuita de medicamentos donados a pacientes, bajo amenaza de despido al personal que incumpliera la disposición, con el objetivo de Comercializar esos medicamentos donados, incluyendo fármacos de alto costo utilizados en tratamientos de quimioterapia.
Realizar doble facturación de medicamentos suministrados a pacientes, cobrando dos veces por un mismo producto.
En el documentos se establece que el principal imputado ordeno administrar dosis incompletas de medicamentos oncológicos mientras se facturaban dosis completas a SeNaSa, y facturaron los medicamentos biológicos originales y entregar versiones genéricas de menor costo para obtener beneficios económicos indebidos.
En la solicitud de medida de coerción contra los imputados el caos Onco14, se establece que privatizaron las habitaciones destinadas a pacientes oncológicos, reduciendo la capacidad de atención del centro y destino espacios concebidos para pacientes con cáncer al uso de pacientes sometidos a cirugías estéticas. Y comercializaron los medicamentos con sustancias controladas al margen de las disposiciones legales vigentes.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público revelo que los imputados de caso Onco14, utilizaron la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida como mecanismo para desviar fondos del Patronato, mediante la importación masiva de equipos, papelería e insumos utilizando exoneraciones fiscales destinadas exclusivamente al Patronato, con fines comerciales particulares.
En la instancia se indica que los imputados del caso Onco14, cobraban presuntas comisiones ilícitas a proveedores de la institución.
En el documento el Ministerio Público especifica que los imputados del caso Onco14, eliminaron registros digitales y provocar el colapso del sistema informático para dificultar la trazabilidad de las operaciones, así también intentó sustraer documentación de la oficina de la presidencia del Patronato.
Desmantelaron controles internos para facilitar el desvío de recursos sin dejar rastros fiscales.
El principal imputado del caso Onco14, se autoasignarse gastos de representación sin justificación institucional, y realizo reembolsos presuntamente fraudulentos por viajes, hoteles, restaurantes y otras actividades sin documentación de respaldo, según el expediente del caso Onco14.
La investigación del Ministerio Público revelo que todas esas irregularidades cometidas por los imputados del caso Onco14, perjudico directamente al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, a SeNaSa y a pacientes oncológicos de las 14 provincias del Cibao. Y los imputado del caso Onco14, incorporaron al sistema financiero recursos presuntamente sustraídos mediante operaciones que podrían constituir lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que las acciones atribuidas a los imputados provocaron graves daños económicos a la institución, afectaron recursos destinados a pacientes con cáncer y comprometieron fondos públicos administrados a través de SeNaSa.
Santo Domingo, R.D.-La Armada de República Dominicana realizó el pasado sábado el acto oficial de despedida del Crucero Internacional para Guardiamarinas “Hermandad de los Mares Verano 2026”, una travesía de instrucción que recorrerá diversos puertos de Estados Unidos a bordo del Buque Escuela “Almirante Juan Bautista Cambiaso”, BE-01 ARD.
La actividad, celebrada en el Apostadero Naval de Sans Souci, fue encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, junto al comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, quienes despidieron a los guardiamarinas que integran esta misión académica y de representación internacional.
Durante las palabras centrales del acto, el vicealmirante Crisóstomo Martínez agradeció al presidente Luis Abinader, por su apoyo constante a las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento institucional.
Asimismo, exhortó a los guardiamarinas a desempeñar la misión con honor y profesionalismo, recordándoles que tendrán la responsabilidad de representar dignamente a República Dominicana y a la Armada en cada puerto que visiten.
“Naveguen con el orgullo de quienes saben que llevan sobre sus hombros la representación de la Armada y de toda la nación”, indicó Crisóstomo Martínez.
La travesía reviste especial importancia, ya que la República Dominicana participará en las actividades conmemorativas del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y en el prestigioso evento internacional “Sail250”, considerado uno de los mayores encuentros mundiales de grandes veleros y buques militares.
Como parte del acto, las autoridades invitadas abordaron el Buque Escuela “Almirante Juan Bautista Cambiaso” para despedir formalmente a la dotación y a los guardiamarinas.
Un comunicado de prensa refiere que, al concluir el recorrido protocolar, se realizó el desatraque de la embarcación mientras la Banda de Música de la Armada interpretaba la tradicional pieza naval “Leven Anclas”, marcando el inicio de la travesía.
La ceremonia contó con la asistencia de altos mandos militares y policiales, funcionarios gubernamentales, autoridades civiles y representantes de instituciones nacionales.
Entre los presentes figuraron los viceministros Miguel Ángel Rubio Báez, Agustín Morillo Rodríguez y Carlos Febrillet Rodríguez; el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración.
Además, asistieron otras personalidades del ámbito militar, gubernamental, diplomático y civil, como Lucrecia Santana Leyba, gobernadora de Santo Domingo Este, así como Dickson Rivas Báez, Mauro Caslini y Giacome Moriconi.
Con esta misión, la Armada de República Dominicana reafirma su compromiso con la excelencia académica, el fortalecimiento de las capacidades operacionales de sus futuros oficiales y la promoción de la cooperación internacional, consolidando al Crucero Internacional para Guardiamarinas “Hermandad de los Mares Verano 2026” como símbolo de formación, integración y hermandad entre las naciones a través de los mares.
Más Noticias
Hombre entra a la Emergencia del Darío Contreras, le quita la vida a una mujer y hiere a otra
Santo Domingo, R.D.-Un hombre, que aún no ha sido identificado, entró la madrugada de este lunes al área de Emergencia del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras y segó la vida de una mujer e hirió a otra con un arma de fuego.
La fallecida fue identificada como Nancy Sánchez Gálvez, mientras que la herida responde al nombre de Marilenny Cuello, de 45 años.
La información fue compartida por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueria, quien expresó que investigan las cámaras de seguridad para determinar quién era la persona que entró al lugar.
Al hablar en el Palacio de la Policía Nacional, explicó que cuando se tengan mayores detalles, serán dados a los medios de comunicación.