Más Noticias
Anormalidades en licitaciones INAPA y Plan Social
SANTO DOMINGO.- Vuelven a aparecer anormalidades en licitaciones en el Instituto Nacional de Alcantarillado y Aguas Potables (INAPA) y el Plan Social de la Presidencia, según un reportaje del programa Nuria Investigación Periodística.
El primero de octubre de 2021, el presidente Luis Abinader anunció el saneamiento de la cañada Arroyo Gurabo, cuya obra contempla una inversión estimada total de más de 1,204 millones de pesos, con una proyección de tiempo de ejecución de dos años e impactará la vida de unas 900 mil personas.
Dos semanas después, el 14 de octubre de 2021, INAPA convocó a los interesados en presentar propuestas en la obra “construcción sistema de saneamiento Arroyo Gurabo y su entorno, municipio Santiago” mediante una publicación en un periódico de circulación nacional, como establece la Ley.
Dos meses después, el 13 de diciembre de 2021, INAPA recibió las ofertas referentes a la adjudicación de la Licitación Pública Nacional número INAPA-CCC-LPN-2021-0044 para la obra, en la que participaron 13 oferentes y finalmente fueron seleccionados ocho empresas constructoras, incluyendo Rigarunville SRL, a la que le fueron adjudicados trabajos por más de 316 millones de pesos.
La empresa, cuyas actividades comerciales van desde servicios profesionales de ingeniería hasta banca e inversiones, fue creada el 15 de febrero de 2012 por Ignacio Manuel González Franco y Domingo Antonio Balbuena, con 999 cuotas y una cuota, respectivamente.
El nombre del socio minoritario, Domingo Antonio Balbuena Mena, predomina en un aviso de inactivación del Registro Nacional de Contribuyentes de empresas fantasmas o no localizadas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
De un total de 200 empresas, unas 44 tienen como representante a Domingo Antonio Balbuena Mena, lo que nos da a entender que es una compañía de carpeta que pareciera que estuvo desactivada hasta que en el 2021, donde en este registro mercantil ya ni Balbuena Mena ni González Franco están como socios sino Mario Rafael Sarkis Llaneza Kury, quien vende sus 900 cuotas por un valor de 90 mil pesos a Jeannette Isabelle Llaneza Luna, una joven estudiante de apenas 21 años de edad, quien también asumió como gerente.
El equipo de Nuria Investigación Periodística consultó a un experto para que dé su opinión ante estas situaciones que se presentan con mucha regularidad: la activación de compañías viejas o de carpetas para dar la apariencia de años de experiencia o recién creadas y la colocación como gerente de una joven inexperta.
En el pliego de condiciones se establece que deben tener cinco años de experiencia en la materia y la pregunta es cómo esta compañía que estuvo inactiva pudo tener más de 5 años de experiencia en el rubro en el que participó.
El ingeniero Teodoro Tejada, experto en compras públicas, señaló que un tipo de obra así debe estar sustentado por un principio de razonabilidad, que no la hay, porque obviamente una persona con 20 años no tiene calidad ni el tiempo ni la experiencia para poder licitar en ninguno de ese tipo de obra. Básicamente, no obstante de que se aplique la libre empresa, no debió participar de la propuesta.
No se explica cómo una empresa puede ganar una licitación cuando presenta por ejemplo que fue creada en Neyba en 2012, cambió su dirección al Distrito Nacional en 2014 y actualmente, está supuestamente en la avenida Rómulo Betancourt, pero presenta una certificación de la DGII de la oficina de Neyba.
“Por qué se fueron a Neyba? Eso había que verlo. Ahora yo estoy seguro. Yo estoy seguro que con una solicitud que hubiese hecho el comité de licitación era a la vez a la de a la DGII se hubiera eliminado. Por qué? Porque muchas veces en esas oficinas locales se tejen muchísimos problemas, muchísima componenda, que a veces hasta por un pago mínimo le dan una certificación”, dijo el ingeniero Tejada.
Otra demostración de la poca rigurosidad de los comités de compras y contrataciones es que no verifican que las certificaciones de experiencia que el pliego de condiciones exigen a las empresas para garantizar su expertis en dicha construcciones.
Por ejemplo, una certificación de experiencia dada por la constructora Harmaville, cuyo director general es Rafael Llaneza, curiosamente el mismo apellido de la actual gerente, Jeanette Isabelle Llaneza.
Otra certificación otorgada por la Constructora Rallak, cuyo titular es nada más y nada menos que Mario Llaneza, el antiguo dueño de Rigarunville, quien vendió la compañía a su hija, Jeanette Isabelle Llaneza. Además de que los familiares son los que están emitiendo las certificaciones, otra falta evidente es que no mostraron experiencia en obras similares a la licitada.
El Plan Social de la Presidencia, dirigido por Yadira Henríquez, es otra institución del gobierno que se salta los controles de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, al hacerse de la vista gorda con anomalías de los oferentes que ganan las licitaciones que convoca la entidad encargada de suplir la ayuda social del Gobierno.
Por ejemplo, la adquisición de alimentos crudos para ser donados número PASP-CCC-LPN-2021-0001, que inició en febrero de 2021, y el proceso número PASP-CCC-LPN-2021-003 de compra de electrodomésticos del 23 de abril de 2021, por más de 432 millones de pesos, en el que solicitan una carta de autorización del fabricante, la cual no está contemplada en la Ley.
El programa consultó a expertos en compras públicas, que han participado en varios procesos, para que den su opinión, incluyendo uno que prefirió ocultar su identidad y considera que esta carta del fabricante se presta a irregularidades y a una posible confabulación entre oferente-industrial e incluso hasta la misma institución.
“Cuando ese fabricante o esa industria dice bueno, yo se lo voy a dar a X persona, es porque ya tiene básicamente lo que podríamos llamar un arreglo previo con esa persona y no se lo da a nadie más”, dice uno de los expertos.
Mientras el ingeniero Teodoro Tejada, experto en compras públicas, explicó que es una carta violatoria al artículo 3 de la Ley 3 41 06, por un principio de contratación, viola el principio de equidad, viola el principio de transparencia y viola el requisito de igualdad.
Todos estos requerimientos del comité de compras han beneficiado a empresas ligadas a una persona en particular: Munir Manuel Kury Hazoury.
En la licitación de abanicos ganó su empresa Inversiones Qtek, porque La Innovación solo le dio la carta de autorización a ellos. La empresa Inversiones Qtek, registrada en mayo de 2011, propiedad de Munir Manuel Kury Hazoury y su padre Christian Kury Rosario, recibió la adjudicación de más de 42 millones de pesos por la compra de aceite, sardinas, pastas y agua embotellada y más de 192 millones de pesos por concepto de abanicos, neveras, licuadoras, estufas, entre otros enseres del hogar a ser donados por el Plan Social.
Otras empresas que ganaron también estuvieron ligadas a Munir Kury. Tal es el caso de Comerdom, que hasta el 17 de febrero de 2021, meses antes de la licitación era propiedad de él pero el Plan Social le adjudicó 82 millones de pesos en enseres del hogar y más de 29 millones en alimentos.
En la actualidad, según consta en su certificado de registro mercantil, Comerdom tiene como socios a José Oscar Báez Aquino y a Nicanor Peralta Brito. Este último se desempeña como gerente. Sin embargo, para nuestra sorpresa, al llamarlo dijo que se dedica a otra actividad.
“Es inaudito, no debió permitir eso, porque es que lo peor de condiciones, muchas veces lo que es ir a gente que el comité de compra y contrataciones que tiene que velar por los pliegos de condiciones establecidas en el artículo 36 del Reglamento de 43, que yéndose ese Comité de compra y contratación, es responsable de que nada de eso suceda ahora. Muchas veces ellos saben exactamente lo que está pasando y se hacen los locos”, dice el experto Tejada.
También, el Comité de Compras del Plan Social tampoco se dio cuenta de que otra de las empresas adjudicadas con más de 31 millones de pesos en electrodomésticos se encuentra cerrada.
Se trata del hipermercado La Canasta del Pueblo SRL, ubicada en la Zona Industrial de Herrera, creada en 2013 por su titular, José Luis Beato Casanova. Como pueden apreciar, actualmente, sus instalaciones están funcionando como un parqueo de camiones.
“Muchas veces ellos saben exactamente lo que está pasando y se hace lo loco. Muchas veces, porque no es verdad que ellos no se van a dar cuenta que su compañía tuvo inactiva o es empresa para vender. Por lo tanto. Entonces obviamente hay una violación de la ley que hay que investigar”, añadió Tejada.
Al igual que esta otra irregularidad. Según la Base de datos del Ministerio de Industria y Comercio, la empresa era Gran Contribuyente y la licitación estaba dirigida a mipymes. Uno de los expertos establece que aun con pleno conocimiento, el Plan Social realizó la adjudicación.
“Se le demuestra que no es mipyme. Entonces en el sobre a. Ellos certifican, bajo fe pública, que la empresa es mi pyme. Luego de demostrarle todo eso vía alguacil en el sobre, me dijeron que se confundieron, que la empresa no es mi pyme. Que se confundieron”.
Ante todas estas anomalías que detectamos en pocos minutos de análisis, la gran cuestionante es cómo estas empresas logran burlar los controles de transparencia.
“Mientras usted tenga un comité de licitación que lo dirija el titular, lo compone el administrativo, el corredor jurídico, el director de libre Acceso a la información pública y el de planificación. Todos son cautivos empleados del titular. Entonces es ese comité es culpable”, indicó el ingeniero Tejada.
Plantea que deben ser incluidos técnicos especialistas en el rubro. Incluso va más lejos y asegura que los pliegos de condiciones se han convertido en el principal vector de corrupción en las compras y contrataciones públicas.
Santo Domingo, R.D.-David Collado, segun el diputado Aníbal Díaz, respalda la propuesta de consenso para la renovación de la dirección nacional del Partido Revolucionario Moderno en una plancha encabezada por el presidente Luis Abinader en la presidencia; Deligne Ascención como primer vicepresidente; Juan Garrigó en la secretaría general y Gloria Reyes en la secretaría de organización.
Las declaraciones del congresista coinciden totalmente con una publicación de El Día, que informó que la plancha de consenso para elegir las autoridades del PRM para el período 2026-2028 estaría integrada por Abinader, Ascención, Garrigó y Reyes.
Dijo que Collado respaldó la propuesta del expresidente Hipólito Mejía para que Juan Garrigó sea postulado como secretario general, dentro de una plancha de consenso que sería aprobada en la asamblea de delegados convocada para el próximo domingo, reveló el diputado Aníbal Díaz.
El PRM escogerá el próximo domingo a sus autoridades nacionales, entre ellas el presidente, el secretario general, el secretario de organización, tres vicepresidencias y tres subsecretarías generales, mediante un acuerdo entre los principales liderazgos del partido, encabezados por Abinader, Mejía y Collado.
Díaz, uno de los colaboradores más cercanos del proyecto presidencial de Collado, afirmó que el ministro de Turismo y el expresidente Mejía mantienen una relación de colaboración y respeto mutuo, conscientes de la responsabilidad que tienen de preservar el equilibrio y la unidad de la organización política.
Según explicó, la secretaría de organización correspondería a la alianza entre David Collado y Eduardo Sanz Lovatón, quienes acordaron apoyar a Gloria Reyes para esa posición.
«David Collado le ha manifestado a Hipólito Mejía que, si ese es su deseo, él respalda la posición que tenga Hipólito Mejía, en el marco del manejo prudente y coherente que ambos han mantenido durante los últimos casi tres años, con una relación fluida, cordial y de respeto mutuo», afirmó Díaz.
Más Noticias
» Nuevo Código Penal responde a nuevas realidades delictivas», sostiene presidente del Senado.
Santo Domingo. – Ricardo de los Santos, presidente del Senado, valoró de manera positiva la entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano, al considerar que éste responde a la necesidad de actualizar y desfasar y hacer menos distantes de las nuevas modalidades delictivas.
De los Santos rechazó, además, las críticas que buscaban impedir la entrada en vigencia de la normativa, al asegurar que lo que se plantea es proteger la dignidad, la vida privada y las familias frente a ataques injustificados.
“La República Dominicana continúa siendo un país democrático y de derecho. Las críticas y expresiones públicas están permitidas dentro de los límites establecidos por la prudencia y el respeto a los demás”, aseguró el presidente del Senado.
Dijo que “el antiguo Código Penal fue creado hace más de un siglo y ya no respondía a los avances tecnológicos y sociales actuales”. En ese sentido, valoró que la nueva ley incorpora disposiciones y herramientas adaptadas a la realidad moderna, al contemplar nuevos tipos penales y adecuar las penas a las exigencias del presente.
Ricardo de los Santos reafirmó el compromiso del Congreso Nacional de permanecer abierto a introducir las modificaciones que la sociedad entienda necesarias.
“La aprobación del Código Penal fue una decisión política que se tomó con responsabilidad, debido al prolongado tiempo que la pieza permaneció en discusión en el Congreso”, dijo De los Santos.
El presidente del Senado se refirió también al proceso de evaluación para la selección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, destacando la transparencia con que se desarrolla el proceso, que incluye evaluaciones públicas, y ratificó su compromiso con la escogencia de candidatos independientes, con trayectoria y reconocimiento social.
SANTO DOMINGO.– El socio fundador del Grupo Ramos y un referente de la vida empresarial dominicana, Román Ramos Uria, ha fallecido, según lo informaron sus familiares, cuyo deceso se produjo este 5 de agosto del 2026.
Ramos Uría dedicó más de seis décadas al desarrollo de una empresa que se convirtió en una de las principales compañías comerciales de la República Dominicana, país que escogió como hogar, donde formó su familia y consolidó un proyecto empresarial basado en el compromiso, el trabajo y la responsabilidad social.
La familia destacó que su trayectoria estuvo marcada por el respeto a las personas, la valoración del trabajo bien hecho y el cumplimiento de la palabra empeñada, principios que se reflejaron en la relación de la empresa con clientes, colaboradores y las comunidades donde opera.
En 2025, recibió la nacionalidad dominicana mediante naturalización privilegiada, un reconocimiento oficial a sus aportes al país y a una vida de más de seis décadas de integración a la sociedad dominicana.
“Don Román era dominicano de corazón”, expresó la familia al resaltar que su legado permanece en la cultura empresarial de Grupo Ramos y en las generaciones que continúan impulsando la organización.
Román Ramos Uría nació el 18 de octubre de 1941 en Pola de Allande, Asturias, España. Llegó a Santo Domingo el 15 de octubre de 1959, con 17 años, y comenzó a trabajar al día siguiente de su llegada.
En 1963 asumió la administración de La Sirena, una pequeña tienda ubicada en la avenida Mella, y dos años más tarde adquirió el negocio, iniciando el camino que posteriormente daría origen a Grupo Ramos y transformaría el comercio al detalle en la República Dominicana.
Durante su trayectoria recibió importantes reconocimientos. En 2016, España le otorgó la Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda, por sus aportes y vínculos con ese país, mientras que en 2025 la República Dominicana le concedió la nacionalidad privilegiada como reconocimiento a su contribución al desarrollo nacional.
Como socio fundador y presidente emérito del Consejo de Directores de Grupo Ramos, dejó una profunda huella en la empresa, que actualmente cuenta con más de 8,600 colaboradores y opera 94 establecimientos comerciales bajo las marcas Sirena, Sirena Market, Aprezio y Multiplaza.
of-am