Nacionales
Esperan nombramientos en Educación más de 29 mil docentes.
De un total de 73,569 que postularon para trabajar como docente en el Ministerio de Educación 29,567 aprobaron el concurso de oposición, mientras que 41,503 fueron reprobados.
El porcentaje total de aprobados fue de 41.37 % y 56.67 % para los reprobados.
Los datos están contenidos en el informe final del Concurso Docente elaborado por la Comisión Nacional que organizó y llevó a cabo el proceso realizado por el Ministerio de Educación.
Al inicio, el Minerd informó que buscaba seleccionar a 19,181 docentes, de acuerdo a un levantamiento realizado por el Sistema de Información para la Gestión Escolar de la República Dominicana (Sigerd).
Explica el informe que la cantidad de plazas se determinó con “un estudio pormenorizado en cada centro educativo, organizado por Distritos y Regionales, con el apoyo técnico del Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal de la Dirección de Gestión Humana”.
Luego se incorporaron otras 673 vacantes de maestros de Educación Artística, Formación Humana y Religiosa e Informática.
Los resultados de la entrevista dan cuenta de que de 29,683 docentes evaluados, aprobaron 26,567, para un 96.62 % de aprobados y un 0.38 % de reprobados en esta etapa.
Anuncian protesta
Ante la falta de información del Ministerio de Educación, decenas de maestros que ganaron una plaza en el concurso anunciaron una protesta en la Plaza de la Bandera, alegando que han agotado todas las vías y no han recibido informaciones de sus casos.
Tienen el temor de quedarse fuera luego de haber agotado y aprobado el concurso y se quejan de que ninguna instancia del Minerd da una explicación del estatus de los casos.
Hasta la fecha se sabe que el Minerd ha gestionado los nombramientos del nivel Inicial.
Señalan que el Estatuto Docente establece que si los maestros que aprobaron el concurso no son nombrados por el Minerd en un plazo de un año, tendrán que volver a concursar por una plaza, lo que afirman es injusto.
No cita inconvenientes, ni renuncia observadores
El informe, elaborado por la Comisión Nacional del Concurso no se refiere a los problemas provocados por el fallo en la plataforma en la primera etapa del concurso.
Tampoco toca la renuncia de la comisión de observadores que invitó el Minerd para garantizar la transparencia del proceso y que entregó un informe citando los inconvenientes que le impidieron hacer la veeduría.
Señalaron que las autoridades deberían asegurar la planificación, el orden, la eficiencia y la transparencia del Concurso Docente, como una garantía a la sociedad dominicana, dado el valor que tiene seleccionar los mejores docentes para el sistema, como factor determinante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y el costo que implica la contratación de los nuevos docentes para el sistema educativo.
Las instituciones renunciantes fueron la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (Ainep); la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); el Centro Cultural Poveda; el Centro Juan XXIII; CIED-Humano – Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucmm; la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso); el Foro Socio Educativo; Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC) y el Instituto Tecnológico (Intec).
También dimitieron de la comisión de observación la entidad Repensar la Educación (RED); Sector Escuela Salesiana; la Universidad Iberoamericana (Unibe), la Universidad Pedro Henríquez Ureña (Unphu); World Vision y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.