Opinión
En República Dominicana: Racismo antihaitiano en un mundo bajo la supremacía blanca
Por Narciso Isa Conde
Los grandes medios de comunicación no cesan de estigmatizar al país y al pueblo vecino, y los cuerpos armados en reprimirlos. Permanentemente cuelan la idea de que se trata de seres inferiores que nos invaden y constituyen la principal amenaza a nuestra soberanía, por demás secuestrada y negada por EEUU.
Aquí todo comenzó con la conquista y la colonización española, como en toda nuestra América. Un proceso plagado de una cruel dominación, incluida una cadena de masacres y genocidios.
En nuestra isla, denominada originalmente Babeque, Haití o Quisqueya –como en todas las islas del Caribe- la población originaria fue exterminada. En el resto de América, diezmada en unos 76 millones, víctimas de intensas matanzas y crueles maltratos.
Aquí y en todo el Caribe el déficit de mano esclava, a consecuencia de estos dramáticos resultados, fue suplida con esclavos negros traídos a la fuerza desde África.
Desde entonces se enraizó un profundo desprecio a los pueblos originarios y a la población negra de origen africano y afrodescendientes, basado en una supuesta superioridad de los dominadores blanco; ideología y comportamiento que se tornó dominante en los países centrales y periféricos durante las diversas modalidades del sistema imperante a nivel mundial y sus componentes locales.
Igual aconteció en Asia y Oceanía.
Los imperios, sus dependencias y los agentes de su dominación impusieron su cultura racista, luego también xenofóbica. La impusieron desde la conquista y durante toda la época colonial y neocolonial, a través de sus respectivos mecanismos productores de pensamiento, formación y comunicación (periódicos, libros, bibliotecas, intelectualidad dependiente, escuelas, universidades, centros de investigación, radio-tv, cadenas, redes, religiones, iglesias…
Durante la larga hegemonía del sistema imperialista occidental, el racismo -como todas las discriminaciones- ha sido un acompañante fundamental de la expansión de los capitales europeos y norteamericanos y de la sobre-explotación capitalista en general.
Mientras en esta fase de decadencia de la civilización burguesa occidental y de sus patrones de dominación, es notoria la intensificación del racismo, junto a una enorme carga de xenofobia, como recurso destinado a prolongar su agresiva y destructiva existencia, en tanto el empobrecimiento de la periferia “tercermundista” potencia los flujos migratorios y sirve de caldo de cultivo al desprecio de otras civilizaciones y fenotipos humanos fuera del patrón blanco-occidental.
En nuestra isla, en la colonia de la parte occidental dominada por Francia, se concentró al inicio de la colonización la mayor cantidad de esclavos negros y los más altos niveles de esclavitud; y allí se escenificó la primera independencia de Nuestra América y la primera revolución anti-esclavista del Continente.
La naciente República de Haití abolió la esclavitud y su dirección revolucionaria, pocos años después contribuyó a eliminar la esclavitud y a derrotar el colonialismo español en la parte oriental de la isla, hoy conocida como República Dominicana.
· ORIGEN DEL ODIO IMPERIAL CONTRA HAITÍ.
Tales epopeyas generaron en las entrañas de las potencias coloniales (luego potencias capitalistas-imperialistas) los más drásticos niveles de odio racista y voracidad imperialista contra el pueblo haitiano y su revolución; odio desde la arrogante supremacía blanca, permanentemente alimentado por la clase dominante-gobernante dominicana, aun después de conquistada la independencia formal en 1844 y de derrotada la posterior anexión a España en 1863 por la revolución restauradora de esa independencia.
El tirano Trujillo, en su régimen de 31 años (1930-1961), asumió- siendo mestizo y dictador de un pueblo predominantemente negro y mestizo- la cultura pro española con una enorme carga de odio racista contra el pueblo haitiano, al extremo de ordenar la masacre de la población emigrante haitiana que vivía en las provincias fronterizas, con un saldo de 20 mil muertos a cargo del ejercito dominicano; estimulada la barbarie por una intelectualidad cultivada en el racismo y la colonialidad.
Su heredero político, Joaquín Balaguer, que gobernó posteriormente durante 22 años (1966-78 y 1986.1996), le dio continuidad a esa obra perversa; contaminando nuevas generaciones de militares y policías, partidos políticos, instancias educativas, iglesias e intelectualidad.
Esa aberración ideológica perdura todavía, registrándose en los últimos años y sobre todo en el presente, altísimos niveles que anuncian tragedias impregnadas de intensos y destructivos niveles de violencia.
· UNA RUTA CON OLOR A TRAGEDIA QUE HAY QUE DETENER.
La policía nacional, las fuerzas armadas, el sistema educativo, las instancias culturales, las elites capitalistas y sus fábricas de producción han sido infectada en mayor escala por ese veneno, el cual se difunde profusa y sistemáticamente con el aval estatal y la mayor impunidad.
Los partidos electoralistas compiten a quien es más anti-haitiano y a quien auspicia la mayor crueldad en el trato a los-as emigrantes haitianos-as y sus descendientes.
Los grandes medios de comunicación no cesan de estigmatizar al país y al pueblo vecino, y los cuerpos armados en reprimirlos. Permanentemente cuelan la idea de que se trata de seres inferiores que nos invaden y constituyen la principal amenaza a nuestra soberanía, por demás secuestrada y negada por EEUU.
Sus dueños, las elites capitalistas y altos funcionarios del Estado ejercen una doble moral: discriminan con crueldad y hacen del tráfico de haitianos-as y de la sobre-explotación de mano de obra indocumentada un gran negocio.
Estado y gobierno han sido asaltados por esa manera de pensar y actuar, cuando no chantajeados por un seudo-nacionalismo fascistoide.
Una parte significativa de la sociedad ha sido alienada.
El presidente actual, Luis Abinader, conservador de tomo y lomo y pro-imperialista impenitente, exhibe una agresividad anti- haitiana y una sumisión a EEUU que rompe record.
Llama a intervenir militarmente a Haití y obvia las consecuencias funestas de las anteriores invasiones gringas.
Presenta al pueblo haitiano como invasor y silencia el rol imperialista de EEUU.
Hostiliza y reprime constantemente la migración haitiana y descendientes de familias haitianas
Y todo esto, junto al machismo patriarcal, nutre a su vez diversas corrientes neofascistas que ya se mueven con descaro y exhiben tonos paramilitares y evidente protección de sectores de poder.
Cada vez con más frecuencia se ejecutan asesinatos de migrantes haitianos, linchamientos y quemas de las casuchas donde habitan. Los “progroms”, o acciones de “limpiezas étnicas”, están en gestación.
Mientras… el clima mundial, cargado de violencia racista, gansterismo capitalista, neofascismo y guerras a cargo de la OTAN y de las élites del mundo supuestamente civilizado: EEUU, Canadá y la vieja y “culta” Europa Occidental… favorece la conformación de este peligroso ambiente en neo-colonias como República Dominicana.
Valen la alerta y los esfuerzos por cortar esta ruta trágica.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?