Opinión
En República Dominicana: Racismo antihaitiano en un mundo bajo la supremacía blanca
Por Narciso Isa Conde
Los grandes medios de comunicación no cesan de estigmatizar al país y al pueblo vecino, y los cuerpos armados en reprimirlos. Permanentemente cuelan la idea de que se trata de seres inferiores que nos invaden y constituyen la principal amenaza a nuestra soberanía, por demás secuestrada y negada por EEUU.
Aquí todo comenzó con la conquista y la colonización española, como en toda nuestra América. Un proceso plagado de una cruel dominación, incluida una cadena de masacres y genocidios.
En nuestra isla, denominada originalmente Babeque, Haití o Quisqueya –como en todas las islas del Caribe- la población originaria fue exterminada. En el resto de América, diezmada en unos 76 millones, víctimas de intensas matanzas y crueles maltratos.
Aquí y en todo el Caribe el déficit de mano esclava, a consecuencia de estos dramáticos resultados, fue suplida con esclavos negros traídos a la fuerza desde África.
Desde entonces se enraizó un profundo desprecio a los pueblos originarios y a la población negra de origen africano y afrodescendientes, basado en una supuesta superioridad de los dominadores blanco; ideología y comportamiento que se tornó dominante en los países centrales y periféricos durante las diversas modalidades del sistema imperante a nivel mundial y sus componentes locales.
Igual aconteció en Asia y Oceanía.
Los imperios, sus dependencias y los agentes de su dominación impusieron su cultura racista, luego también xenofóbica. La impusieron desde la conquista y durante toda la época colonial y neocolonial, a través de sus respectivos mecanismos productores de pensamiento, formación y comunicación (periódicos, libros, bibliotecas, intelectualidad dependiente, escuelas, universidades, centros de investigación, radio-tv, cadenas, redes, religiones, iglesias…
Durante la larga hegemonía del sistema imperialista occidental, el racismo -como todas las discriminaciones- ha sido un acompañante fundamental de la expansión de los capitales europeos y norteamericanos y de la sobre-explotación capitalista en general.
Mientras en esta fase de decadencia de la civilización burguesa occidental y de sus patrones de dominación, es notoria la intensificación del racismo, junto a una enorme carga de xenofobia, como recurso destinado a prolongar su agresiva y destructiva existencia, en tanto el empobrecimiento de la periferia “tercermundista” potencia los flujos migratorios y sirve de caldo de cultivo al desprecio de otras civilizaciones y fenotipos humanos fuera del patrón blanco-occidental.
En nuestra isla, en la colonia de la parte occidental dominada por Francia, se concentró al inicio de la colonización la mayor cantidad de esclavos negros y los más altos niveles de esclavitud; y allí se escenificó la primera independencia de Nuestra América y la primera revolución anti-esclavista del Continente.
La naciente República de Haití abolió la esclavitud y su dirección revolucionaria, pocos años después contribuyó a eliminar la esclavitud y a derrotar el colonialismo español en la parte oriental de la isla, hoy conocida como República Dominicana.
· ORIGEN DEL ODIO IMPERIAL CONTRA HAITÍ.
Tales epopeyas generaron en las entrañas de las potencias coloniales (luego potencias capitalistas-imperialistas) los más drásticos niveles de odio racista y voracidad imperialista contra el pueblo haitiano y su revolución; odio desde la arrogante supremacía blanca, permanentemente alimentado por la clase dominante-gobernante dominicana, aun después de conquistada la independencia formal en 1844 y de derrotada la posterior anexión a España en 1863 por la revolución restauradora de esa independencia.
El tirano Trujillo, en su régimen de 31 años (1930-1961), asumió- siendo mestizo y dictador de un pueblo predominantemente negro y mestizo- la cultura pro española con una enorme carga de odio racista contra el pueblo haitiano, al extremo de ordenar la masacre de la población emigrante haitiana que vivía en las provincias fronterizas, con un saldo de 20 mil muertos a cargo del ejercito dominicano; estimulada la barbarie por una intelectualidad cultivada en el racismo y la colonialidad.
Su heredero político, Joaquín Balaguer, que gobernó posteriormente durante 22 años (1966-78 y 1986.1996), le dio continuidad a esa obra perversa; contaminando nuevas generaciones de militares y policías, partidos políticos, instancias educativas, iglesias e intelectualidad.
Esa aberración ideológica perdura todavía, registrándose en los últimos años y sobre todo en el presente, altísimos niveles que anuncian tragedias impregnadas de intensos y destructivos niveles de violencia.
· UNA RUTA CON OLOR A TRAGEDIA QUE HAY QUE DETENER.
La policía nacional, las fuerzas armadas, el sistema educativo, las instancias culturales, las elites capitalistas y sus fábricas de producción han sido infectada en mayor escala por ese veneno, el cual se difunde profusa y sistemáticamente con el aval estatal y la mayor impunidad.
Los partidos electoralistas compiten a quien es más anti-haitiano y a quien auspicia la mayor crueldad en el trato a los-as emigrantes haitianos-as y sus descendientes.
Los grandes medios de comunicación no cesan de estigmatizar al país y al pueblo vecino, y los cuerpos armados en reprimirlos. Permanentemente cuelan la idea de que se trata de seres inferiores que nos invaden y constituyen la principal amenaza a nuestra soberanía, por demás secuestrada y negada por EEUU.
Sus dueños, las elites capitalistas y altos funcionarios del Estado ejercen una doble moral: discriminan con crueldad y hacen del tráfico de haitianos-as y de la sobre-explotación de mano de obra indocumentada un gran negocio.
Estado y gobierno han sido asaltados por esa manera de pensar y actuar, cuando no chantajeados por un seudo-nacionalismo fascistoide.
Una parte significativa de la sociedad ha sido alienada.
El presidente actual, Luis Abinader, conservador de tomo y lomo y pro-imperialista impenitente, exhibe una agresividad anti- haitiana y una sumisión a EEUU que rompe record.
Llama a intervenir militarmente a Haití y obvia las consecuencias funestas de las anteriores invasiones gringas.
Presenta al pueblo haitiano como invasor y silencia el rol imperialista de EEUU.
Hostiliza y reprime constantemente la migración haitiana y descendientes de familias haitianas
Y todo esto, junto al machismo patriarcal, nutre a su vez diversas corrientes neofascistas que ya se mueven con descaro y exhiben tonos paramilitares y evidente protección de sectores de poder.
Cada vez con más frecuencia se ejecutan asesinatos de migrantes haitianos, linchamientos y quemas de las casuchas donde habitan. Los “progroms”, o acciones de “limpiezas étnicas”, están en gestación.
Mientras… el clima mundial, cargado de violencia racista, gansterismo capitalista, neofascismo y guerras a cargo de la OTAN y de las élites del mundo supuestamente civilizado: EEUU, Canadá y la vieja y “culta” Europa Occidental… favorece la conformación de este peligroso ambiente en neo-colonias como República Dominicana.
Valen la alerta y los esfuerzos por cortar esta ruta trágica.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.