Opinión
En República Dominicana: Racismo antihaitiano en un mundo bajo la supremacía blanca
Por Narciso Isa Conde
Los grandes medios de comunicación no cesan de estigmatizar al país y al pueblo vecino, y los cuerpos armados en reprimirlos. Permanentemente cuelan la idea de que se trata de seres inferiores que nos invaden y constituyen la principal amenaza a nuestra soberanía, por demás secuestrada y negada por EEUU.
Aquí todo comenzó con la conquista y la colonización española, como en toda nuestra América. Un proceso plagado de una cruel dominación, incluida una cadena de masacres y genocidios.
En nuestra isla, denominada originalmente Babeque, Haití o Quisqueya –como en todas las islas del Caribe- la población originaria fue exterminada. En el resto de América, diezmada en unos 76 millones, víctimas de intensas matanzas y crueles maltratos.
Aquí y en todo el Caribe el déficit de mano esclava, a consecuencia de estos dramáticos resultados, fue suplida con esclavos negros traídos a la fuerza desde África.
Desde entonces se enraizó un profundo desprecio a los pueblos originarios y a la población negra de origen africano y afrodescendientes, basado en una supuesta superioridad de los dominadores blanco; ideología y comportamiento que se tornó dominante en los países centrales y periféricos durante las diversas modalidades del sistema imperante a nivel mundial y sus componentes locales.
Igual aconteció en Asia y Oceanía.
Los imperios, sus dependencias y los agentes de su dominación impusieron su cultura racista, luego también xenofóbica. La impusieron desde la conquista y durante toda la época colonial y neocolonial, a través de sus respectivos mecanismos productores de pensamiento, formación y comunicación (periódicos, libros, bibliotecas, intelectualidad dependiente, escuelas, universidades, centros de investigación, radio-tv, cadenas, redes, religiones, iglesias…
Durante la larga hegemonía del sistema imperialista occidental, el racismo -como todas las discriminaciones- ha sido un acompañante fundamental de la expansión de los capitales europeos y norteamericanos y de la sobre-explotación capitalista en general.
Mientras en esta fase de decadencia de la civilización burguesa occidental y de sus patrones de dominación, es notoria la intensificación del racismo, junto a una enorme carga de xenofobia, como recurso destinado a prolongar su agresiva y destructiva existencia, en tanto el empobrecimiento de la periferia “tercermundista” potencia los flujos migratorios y sirve de caldo de cultivo al desprecio de otras civilizaciones y fenotipos humanos fuera del patrón blanco-occidental.
En nuestra isla, en la colonia de la parte occidental dominada por Francia, se concentró al inicio de la colonización la mayor cantidad de esclavos negros y los más altos niveles de esclavitud; y allí se escenificó la primera independencia de Nuestra América y la primera revolución anti-esclavista del Continente.
La naciente República de Haití abolió la esclavitud y su dirección revolucionaria, pocos años después contribuyó a eliminar la esclavitud y a derrotar el colonialismo español en la parte oriental de la isla, hoy conocida como República Dominicana.
· ORIGEN DEL ODIO IMPERIAL CONTRA HAITÍ.
Tales epopeyas generaron en las entrañas de las potencias coloniales (luego potencias capitalistas-imperialistas) los más drásticos niveles de odio racista y voracidad imperialista contra el pueblo haitiano y su revolución; odio desde la arrogante supremacía blanca, permanentemente alimentado por la clase dominante-gobernante dominicana, aun después de conquistada la independencia formal en 1844 y de derrotada la posterior anexión a España en 1863 por la revolución restauradora de esa independencia.
El tirano Trujillo, en su régimen de 31 años (1930-1961), asumió- siendo mestizo y dictador de un pueblo predominantemente negro y mestizo- la cultura pro española con una enorme carga de odio racista contra el pueblo haitiano, al extremo de ordenar la masacre de la población emigrante haitiana que vivía en las provincias fronterizas, con un saldo de 20 mil muertos a cargo del ejercito dominicano; estimulada la barbarie por una intelectualidad cultivada en el racismo y la colonialidad.
Su heredero político, Joaquín Balaguer, que gobernó posteriormente durante 22 años (1966-78 y 1986.1996), le dio continuidad a esa obra perversa; contaminando nuevas generaciones de militares y policías, partidos políticos, instancias educativas, iglesias e intelectualidad.
Esa aberración ideológica perdura todavía, registrándose en los últimos años y sobre todo en el presente, altísimos niveles que anuncian tragedias impregnadas de intensos y destructivos niveles de violencia.
· UNA RUTA CON OLOR A TRAGEDIA QUE HAY QUE DETENER.
La policía nacional, las fuerzas armadas, el sistema educativo, las instancias culturales, las elites capitalistas y sus fábricas de producción han sido infectada en mayor escala por ese veneno, el cual se difunde profusa y sistemáticamente con el aval estatal y la mayor impunidad.
Los partidos electoralistas compiten a quien es más anti-haitiano y a quien auspicia la mayor crueldad en el trato a los-as emigrantes haitianos-as y sus descendientes.
Los grandes medios de comunicación no cesan de estigmatizar al país y al pueblo vecino, y los cuerpos armados en reprimirlos. Permanentemente cuelan la idea de que se trata de seres inferiores que nos invaden y constituyen la principal amenaza a nuestra soberanía, por demás secuestrada y negada por EEUU.
Sus dueños, las elites capitalistas y altos funcionarios del Estado ejercen una doble moral: discriminan con crueldad y hacen del tráfico de haitianos-as y de la sobre-explotación de mano de obra indocumentada un gran negocio.
Estado y gobierno han sido asaltados por esa manera de pensar y actuar, cuando no chantajeados por un seudo-nacionalismo fascistoide.
Una parte significativa de la sociedad ha sido alienada.
El presidente actual, Luis Abinader, conservador de tomo y lomo y pro-imperialista impenitente, exhibe una agresividad anti- haitiana y una sumisión a EEUU que rompe record.
Llama a intervenir militarmente a Haití y obvia las consecuencias funestas de las anteriores invasiones gringas.
Presenta al pueblo haitiano como invasor y silencia el rol imperialista de EEUU.
Hostiliza y reprime constantemente la migración haitiana y descendientes de familias haitianas
Y todo esto, junto al machismo patriarcal, nutre a su vez diversas corrientes neofascistas que ya se mueven con descaro y exhiben tonos paramilitares y evidente protección de sectores de poder.
Cada vez con más frecuencia se ejecutan asesinatos de migrantes haitianos, linchamientos y quemas de las casuchas donde habitan. Los “progroms”, o acciones de “limpiezas étnicas”, están en gestación.
Mientras… el clima mundial, cargado de violencia racista, gansterismo capitalista, neofascismo y guerras a cargo de la OTAN y de las élites del mundo supuestamente civilizado: EEUU, Canadá y la vieja y “culta” Europa Occidental… favorece la conformación de este peligroso ambiente en neo-colonias como República Dominicana.
Valen la alerta y los esfuerzos por cortar esta ruta trágica.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.