Santo Domingo, RD.-La participación de la empresa de la familia Macarrulla fue el resultado de un acuerdo entre«Jean Alain Rodriguez Sánchez y Lisandro José Macarulla Tavárez, lo cual constituye un detalle que involucra de manera directa en los supuestos actos de corrupción al renunciado ministro de la Presidencia del Gobierno de Luis Abinader, según lo ha revelado el Ministerio Público.Nacionales
El Ministerio Público dice que Macarrulla pactó soborno con Jean Alain por 20% de la obra.
Santo Domingo, RD.-La participación de la empresa de la familia Macarrulla fue el resultado de un acuerdo entre«Jean Alain Rodriguez Sánchez y Lisandro José Macarulla Tavárez, lo cual constituye un detalle que involucra de manera directa en los supuestos actos de corrupción al renunciado ministro de la Presidencia del Gobierno de Luis Abinader, según lo ha revelado el Ministerio Público.Este es un señalamiento contenido en la página 462 de la acusación del caso Medusa, presentada por la Procuraduría General de la República, y donde se acusa al ex procurador de dirigir una organización corrupta que defraudó al Estado con millones de pesos dominicanos.
El ministro en licencia Macarrulla Tavárez habría aprovechado la relación que “presumía” y el “trato preferencial” que tenía con Jean Alain para obtener de la obra el lote 5, la más costosa de todas las construcciones dentro del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario que fue anunciado en 2018, que tendría las oficinas administrativas del recinto, según indica la referida acusación.
La acusación dice que el exprocurador se acercó a Macarrulla Tavárez debido a que habían trabajado en otros proyectos (lo vinculan a la empresa cementera Domicen), y le ofreció la asignación de la obra, pero para eso el empresario debía darle un 20 por ciento de los directos de la misma. Durante el trato, Jean Alain le planteó al ministro de la Presidencia hacer la obra como si fuera de los dos.
Además, le prometió que si aceptaba le aseguraría una adenda para obtener “la mayor ganancia posible del proyecto”.
Y ya para el 15 de febrero de 2019, el Comité de Compras de la Procuraduría General de la República le adjudica el Lote 5 a la empresa MAC Construcciones con monto de más de mil millones de pesos, específicamente de 1,298,894.40 millones de pesos.
“La obra asignada por Jean Alain Rodríguez a MAC Construcciones,S.RL. es obtenida bajo el mismo esquema del 20% acordado, previo a la licitación, pero con la agravante que hemos referido”, indica el documento judicial.
Tres días después, el 18 de febrero, la Procuraduría y la empresa de Macarrulla firmaron el contrato bajo el nombre de “Construcción del Centro de corrección Rehabilitación (CCR) LA NUEVA VICTORIA” / REF. PROCURADURÍA-CCCLPN-2018-0013, LOTE 5 OFICINAS ADMINISTRATIVAS”.
En el contrato se establecía que la construcción sería en diez meses, pero ese acuerdo no fue cumplido.
“Una de las evidencias más palpables de que MAC Construcciones no era la constructora adecuada para la referida obra es que la mayor parte del proyecto fue desarrollada mediante subcontratas”, señala el documento.
El pasado miércoles en la noche Macarrulla pidió una licencia de sus funciones como ministro de la Presidencia.
“De conformidad con las facultades establecidas en la Ley de Función Pública, he solicitado al Presidente de la República una licencia de mi posición como Ministro de la Presidencia”, expresó el funcionario en su cuenta Twitter.
Nacionales
Exprocurador sostiene que declaraciones de Wilson Camacho debilitan acusación en su contra
Santo Domingo.- Jean Alain Rodriguez, exprocurador general de la República, afirmó este miércoles que las recientes declaraciones del director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, respaldan los cuestionamientos que ha realizado sobre la investigación y la acusación presentada en su contra.
Durante un receso de la audiencia del proceso judicial que enfrenta, Rodríguez respondió a los señalamientos de Camacho sobre una supuesta estrategia de amedrentamiento contra los fiscales vinculados al caso.
Según explicó, al manifestar públicamente que se sintió amedrentado mientras él dirigía la Procuraduría General de la República, Camacho estaría reconociendo una situación que, a juicio del exfuncionario, le impedía participar en una investigación relacionada con su persona.
«Siendo así, él acaba por destruir la acusación, porque un fiscal que se siente amedrentado sencillamente está inhibido o inhabilitado”, sostuvo Rodríguez.
El exprocurador reiteró que desde hace años ha señalado que algunos miembros del Ministerio Público no debieron intervenir en el proceso debido a circunstancias que, según afirma, comprometían su imparcialidad.
- Asimismo, criticó que los fiscales respondieran con señalamientos personales, en lugar de abordar los argumentos planteados en una demanda impulsada por el abogado Carlos Balcácer.
Rodríguez concluyó asegurando que las declaraciones de Camacho constituyen una nueva evidencia de las presuntas irregularidades que, según sostiene, afectan el expediente judicial en su contra.
Santo Domingo, RD. – Wilkin Garcia Peguero< «Mantequilla», tendrá que afrontar qie el Ministerio Público solicitr en su contra prisión preventiva como medida de coerción al imputarlo de asociación de malhechores, tentativa de homicidio agravada, agresión física y estafa en perjuicio del joven Yeison Mata Albuey.
El imputado se encuentra bajo custodia en la Fiscalía de Monte Plata para ser interrogado, y luego ser sometido a la justicia por los hechos que se le atribuyen. García Peguero fue arrestado mediante una orden emitida por un juez de la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción de Monte Plata, mientras se desplazaba como pasajero en una motocicleta por el sector Arroyo Hondo Viejo, en el Distrito Nacional.
El órgano acusador trabaja en la instrumentación de la solicitud de medida de coerción contra García Peguero, la cual será depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Monte Plata dentro del plazo de 48 horas establecido por el Código Procesal Penal. Dicho plazo vence antes de las 10:00 de la noche de este jueves.
Ministerio Público arresta a «Mantequilla» por estafa y otros delitos
Tras su arresto, García Peguero (Mantequilla)imputado fue trasladado al Centro de Atención y Privación de Libertad de Ciudad Nueva.
La operación fue ejecutada por miembros de la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), bajo la dirección de la fiscal Andry De Los Santos, en coordinación con el Departamento Operativo II de la Unidad Central de Búsqueda y Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados de la Policía Nacional.
Cabe recordar que Wilkin García Peguero, conocido como “Mantequilla”, cumplió una condena de dos años de prisión luego de que los jueces del Tribunal Colegiado de Monte Plata lo declararan culpable de abuso de confianza en perjuicio de varias personas del municipio Sabana Grande de Boyá. La sentencia fue emitida el 22 de marzo de 2024.
En ese proceso, el Ministerio Público sometió a García Peguero a la justicia tras recibir más de 25 querellas por presunta estafa, además de diez denuncias que posteriormente fueron convertidas en querellas para integrarse al expediente judicial.
Según la acusación, García Peguero captó millones de pesos a través de una empresa no regulada denominada 3.14 Inversiones World Wide, que operaba desde un local comercial y una residencia ubicados en el municipio Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata.
El caso de “Mantequilla” ha generado gran atención pública debido a las múltiples denuncias relacionadas con presuntas estafas financieras y ahora por las nuevas acusaciones de intento de homicidio, agresión física y asociación de malhechores en perjuicio de joven Yeison Mata Albuey.
Santo Domigo, R.D.-La Ley 3-19 que crea el Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana incorrectamente tenia la existencia simultánea de tribunales disciplinarios nacionales y distritales, lo que en opinión del Tribunal Constitucional genera incertidumbre sobre cuál era el juez para procesar a los abogados acusados de cometer irregularidades,
Mediante la Sentencia TC/0331/26, la alta corte acogió parcialmente una acción directa de inconstitucionalidad presentada por el Movimiento para el Rescate del CARD (Moreca) y anuló los artículos 56 y 58 de la legislación, que creaban tribunales disciplinarios en los distintos distritos judiciales del país.
La decisión deja como único órgano disciplinario al Tribunal Disciplinario de Honor, con sede en el Distrito Nacional, y ordena al Congreso Nacional adecuar la legislación para corregir las deficiencias detectadas en el régimen disciplinario del gremio.
El TC determinó que la ley creó dos estructuras con competencias prácticamente idénticas para conocer denuncias disciplinarias contra abogados en primera instancia: el Tribunal Disciplinario de Honor y los tribunales disciplinarios distritales.
Según la sentencia, esa coexistencia impedía identificar con claridad cuál era el órgano competente para conocer cada caso, vulnerando principios constitucionales como la seguridad jurídica, el debido proceso y la garantía del juez natural.
Para llegar a esa conclusión, la alta corte aplicó el denominado «test de razonabilidad» y reconoció que el objetivo del legislador —acercar la justicia disciplinaria a los distintos territorios del país— era legítimo. Sin embargo, consideró que el mecanismo escogido resultó irrazonable y desproporcionado porque generó un sistema paralelo de tribunales con funciones superpuestas.
El tribunal advirtió que esa estructura también podía producir desigualdades procesales. Mientras un abogado sometido ante un tribunal distrital disponía de una vía recursiva adicional ante el Tribunal Disciplinario de Honor, quienes eran procesados directamente por este último no contaban con el mismo esquema de revisión, creando diferencias injustificadas entre profesionales sometidos a procedimientos similares.
La sentencia también rechazó uno de los principales argumentos de Moreca, que sostenía que los abogados no debían ser juzgados disciplinariamente por otros miembros del gremio.
Sobre ese punto, el TC concluyó que la existencia de una jurisdicción disciplinaria integrada por abogados no vulnera la Constitución siempre que esté previamente establecida por ley y sus integrantes sean seleccionados mediante procedimientos objetivos y previamente definidos.
En consecuencia, la alta corte validó la permanencia del Tribunal Disciplinario de Honor como órgano competente para ejercer el control ético y disciplinario de los profesionales del derecho.
Aunque la decisión elimina hacia el futuro los tribunales disciplinarios distritales, el TC dispuso que los expedientes que actualmente se encuentran en trámite ante esas instancias podrán continuar hasta su conclusión para evitar afectar procesos ya iniciados.