Santo Domingo, RD.-La participación de la empresa de la familia Macarrulla fue el resultado de un acuerdo entre«Jean Alain Rodriguez Sánchez y Lisandro José Macarulla Tavárez, lo cual constituye un detalle que involucra de manera directa en los supuestos actos de corrupción al renunciado ministro de la Presidencia del Gobierno de Luis Abinader, según lo ha revelado el Ministerio Público.Nacionales
El Ministerio Público dice que Macarrulla pactó soborno con Jean Alain por 20% de la obra.
Santo Domingo, RD.-La participación de la empresa de la familia Macarrulla fue el resultado de un acuerdo entre«Jean Alain Rodriguez Sánchez y Lisandro José Macarulla Tavárez, lo cual constituye un detalle que involucra de manera directa en los supuestos actos de corrupción al renunciado ministro de la Presidencia del Gobierno de Luis Abinader, según lo ha revelado el Ministerio Público.Este es un señalamiento contenido en la página 462 de la acusación del caso Medusa, presentada por la Procuraduría General de la República, y donde se acusa al ex procurador de dirigir una organización corrupta que defraudó al Estado con millones de pesos dominicanos.
El ministro en licencia Macarrulla Tavárez habría aprovechado la relación que “presumía” y el “trato preferencial” que tenía con Jean Alain para obtener de la obra el lote 5, la más costosa de todas las construcciones dentro del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario que fue anunciado en 2018, que tendría las oficinas administrativas del recinto, según indica la referida acusación.
La acusación dice que el exprocurador se acercó a Macarrulla Tavárez debido a que habían trabajado en otros proyectos (lo vinculan a la empresa cementera Domicen), y le ofreció la asignación de la obra, pero para eso el empresario debía darle un 20 por ciento de los directos de la misma. Durante el trato, Jean Alain le planteó al ministro de la Presidencia hacer la obra como si fuera de los dos.
Además, le prometió que si aceptaba le aseguraría una adenda para obtener “la mayor ganancia posible del proyecto”.
Y ya para el 15 de febrero de 2019, el Comité de Compras de la Procuraduría General de la República le adjudica el Lote 5 a la empresa MAC Construcciones con monto de más de mil millones de pesos, específicamente de 1,298,894.40 millones de pesos.
“La obra asignada por Jean Alain Rodríguez a MAC Construcciones,S.RL. es obtenida bajo el mismo esquema del 20% acordado, previo a la licitación, pero con la agravante que hemos referido”, indica el documento judicial.
Tres días después, el 18 de febrero, la Procuraduría y la empresa de Macarrulla firmaron el contrato bajo el nombre de “Construcción del Centro de corrección Rehabilitación (CCR) LA NUEVA VICTORIA” / REF. PROCURADURÍA-CCCLPN-2018-0013, LOTE 5 OFICINAS ADMINISTRATIVAS”.
En el contrato se establecía que la construcción sería en diez meses, pero ese acuerdo no fue cumplido.
“Una de las evidencias más palpables de que MAC Construcciones no era la constructora adecuada para la referida obra es que la mayor parte del proyecto fue desarrollada mediante subcontratas”, señala el documento.
El pasado miércoles en la noche Macarrulla pidió una licencia de sus funciones como ministro de la Presidencia.
“De conformidad con las facultades establecidas en la Ley de Función Pública, he solicitado al Presidente de la República una licencia de mi posición como Ministro de la Presidencia”, expresó el funcionario en su cuenta Twitter.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
Asimismo, manifestó que dará continuidad a las excelentes relaciones bilaterales con la República Dominicana y al fortalecimiento de los vínculos en el ámbito multilateral.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Por la República Dominicana estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y la embajadora María Amelia Marranzini Grullón, mientras que por Costa Rica participaron los designados futuros integrantes del gobierno, el próximo ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar Rivera; la próxima ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, y el próximo jefe de Despacho Presidencial, Alexander Estevez Astorga.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Sostuvo que el Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación profunda para determinar si ambos casos guardan relación con una misma estructura criminal internacional e identificar a otros posibles implicados para su posterior captura y sometimiento a la justicia.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
La intervención, considerada una de las más relevantes de las últimas semanas, se desplegó a varias millas náuticas al sur de Pedernales. El protocolo de vigilancia por aire, mar y tierra se activó tras detectar dos embarcaciones sospechosas dirigiéndose a aguas territoriales dominicanas.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
“La neutralización simultánea de ambas narcolanchas constituye otra demostración del elevado nivel de coordinación y compromiso de las fuerzas de seguridad dominicanas”, acotó Devers.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El tribunal se encuentra apoderado de un recurso de apelación que busca revocar el permiso laboral que le había sido otorgado por el juez de ejecución de la pena de esa jurisdicción.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
El tribunal señaló que cualquier inconformidad con los fallos debe ser canalizada a través de los recursos ordinarios que establece la ley.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
También cuestionaban el traslado del juez de ejecución de la pena que originalmente había favorecido al condenado con el permiso de trabajo.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Considerando que el rechazo de una demanda en declinatoria por seguridad pública o por sospecha legítima bajo el argumento de que no cumple con requisitos de forma y de fondo, es decir, en lo que respecta a la calidad para interponerla, o la insuficiencia de pruebas respecto al objeto invocado, constituye una apreciación errónea, carente de marco jurídico.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.