Santo Domingo, RD.-El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez , realizó la contratación de personas para desempeñar “funciones ficticias o fantasmas” a cambio de la devolución del 85 % al 90 % de los salarios asignados para obtener de manera ilícita los fondos de pagar la estrategia comunicacional a través de cuentas falsas de ataque a periodistas, promoción y construcción de su imagen Presidencial.Nacionales
Ex procurador contrató personal para desempeñar funciones “ficticias” a cambio de devolución del 85 % al 90 % de sus salarios
De acuerdo a la acusación, parte de la estrategia comunicacional fue financiada con al menos RD$13,664,814.79, que salieron de la Procuraduría General bajo la modalidad de acción típica de coalición de funcionarios
Santo Domingo, RD.-El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez , realizó la contratación de personas para desempeñar “funciones ficticias o fantasmas” a cambio de la devolución del 85 % al 90 % de los salarios asignados para obtener de manera ilícita los fondos de pagar la estrategia comunicacional a través de cuentas falsas de ataque a periodistas, promoción y construcción de su imagen Presidencial.De acuerdo al Ministerio Público en la acusación, parte de la estrategia comunicacional fue financiada con al menos RD$13,664,814.79, que salieron de la Procuraduría General bajo la modalidad de acción típica de coalición de funcionarios con los acusados Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y los ciudadanos Rafael Stefano Canó Sacco y Patricia Nathalie Elmudesi García.
Aduce que los fondos fueron sustraídos mediante el nombramiento de personas para que realizaran labores ficticias o fantasmas, fue posible debido a Elmudesi García, por instrucciones del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, y Cano Sacco.
Señala que captó a Yamilka Betances Placeres, Giselle Karina Mordan Miqui, Massiel Yolanda Olivo de Oleo, Laura Lorena Medina Burgos, Pedro Burgos, Victoria Eugenia Richarson Castillo, Hamilton Manuel Burgos Moreno y Juan Carlos Almonte Martínez, quienes, para esos fines le prestaron sus nombres para figurar en las nóminas de la Procuraduría General.
Esto a cambio de apropiarse de una proporción de los fondos que les depositaban y retornar la proporción restante. Una modalidad de distracción de fondo público que también se ha encontrado en otras operaciones de la que el Ministerio Público ha desplegado en contra del crimen organizado, específicamente en algunas de las operaciones contra la corrupción que se encuentran en la etapa intermedia del proceso.
Alega que es preciso establecer que esa cantidad es mucho mayor porque habían sumas de dinero en efectivo que entregaba el acusado Rafael Mercedes a la hoy testigo Patricia Elmúdesi, para los fines antes establecidos.
Entre las personas que eran parte del esquema de distracción mediante nómina se encuentran Juan Carlos Almonte Martínez, quien fue designado en la posición de control de alimentos, con un salario mensual de 50 mil pesos.
Hamilton Manuel Burgos Moreno, fue contratado, para que realizara la función (ficticia) de analista de sistema de seguridad de la información, devengando un salario mensual de RD$166,450.00. De forma tal que, entre el mes de agosto del 2018 y el mes de diciembre del 2019, la Procuraduría le transfirió más de 2 millones de pesos.
Victoria Richardson Castillo, quien fue contratada para desempeñar la función (ficticia) de Soporte Administrativo III. Por esas funciones, mensualmente la institución les deposita el salario ascendente a RD$83,225.00.
En total, entre el mes de junio del año del año del año 2016 y el mes de diciembre del año 2020, la Procuraduría le transfirió la suma RD $2,129,172.92, por la labor de realizar labores fantasmas o ficticias.
Asimismo, Laura Lorena Medina Burgos ingresó a la institución con la función ficticia de arquitecta, a quien se le asignó el salario mensual de ciento cuatro RD $104,947.00.
Entre el mes de julio del año del 2018, hasta diciembre del año 2019, la Procuraduría, le transfirió a Laura Lorena Medina Burgos, la suma total RD$1,749,116.67.
De igual forma sucedió con Massiel Yolanda Olivo De Oleo, quien ingresó a la institución con la función ficticia de arquitecta, devengando un salario de RD $104,947.00, los cuales percibió hasta el mes de mayo del 2020.
En consecuencia, la Procuraduría le transfirió a Massiel Yolanda Olivo De Oleo la suma total de RD$2,728,622.00. Por otra parte, Giselle Karina Mordan Miqui fue contratada por la Procuraduría para realizar la función ficticia de redactora creativa, con un salario de RD$101,111.11.
En total la Procuraduría le transfirió a Giselle Karina Mordan Miqui, la suma total de RD $3, 067,037.01. Mientras que Yamilka Betances Placeres fue contratada por la Procuraduría para ejercer la función de manejadora de redes sociales, devengando el salario de RD $72,222.22.
Entre marzo del año dos mil dieciocho (2018) y diciembre del año dos mil diecinueve (2019), en total la Procuraduría le transfirió a Yamilka Betances Placeres la suma RD $1,408,33.29. De igual forma ocurrió con la contratación de Pedro Manuel Burgos Peralta, a quien contrataron, para desempeñar la función ficticia de gestor de procesos administrativos, devengando la suma de RD$104,238.00. Razón por lo que, la Procuraduría les depositó RD$2,667,420.50, por realizar labores fantasmas o ficticias.
La contratación de esas personas se produjo bajo la condición de que, luego de ser contratados y estar en nómina sin trabajar, debían entregar a Patricia Nathalie Elmudesi García y Michell Denise Sánchez Tavares, entre el 80% al 95 % del salario asignado.
listindiario.com
Nacionales
Exprocurador sostiene que declaraciones de Wilson Camacho debilitan acusación en su contra
Santo Domingo.- Jean Alain Rodriguez, exprocurador general de la República, afirmó este miércoles que las recientes declaraciones del director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, respaldan los cuestionamientos que ha realizado sobre la investigación y la acusación presentada en su contra.
Durante un receso de la audiencia del proceso judicial que enfrenta, Rodríguez respondió a los señalamientos de Camacho sobre una supuesta estrategia de amedrentamiento contra los fiscales vinculados al caso.
Según explicó, al manifestar públicamente que se sintió amedrentado mientras él dirigía la Procuraduría General de la República, Camacho estaría reconociendo una situación que, a juicio del exfuncionario, le impedía participar en una investigación relacionada con su persona.
«Siendo así, él acaba por destruir la acusación, porque un fiscal que se siente amedrentado sencillamente está inhibido o inhabilitado”, sostuvo Rodríguez.
El exprocurador reiteró que desde hace años ha señalado que algunos miembros del Ministerio Público no debieron intervenir en el proceso debido a circunstancias que, según afirma, comprometían su imparcialidad.
- Asimismo, criticó que los fiscales respondieran con señalamientos personales, en lugar de abordar los argumentos planteados en una demanda impulsada por el abogado Carlos Balcácer.
Rodríguez concluyó asegurando que las declaraciones de Camacho constituyen una nueva evidencia de las presuntas irregularidades que, según sostiene, afectan el expediente judicial en su contra.
Santo Domingo, RD. – Wilkin Garcia Peguero< «Mantequilla», tendrá que afrontar qie el Ministerio Público solicitr en su contra prisión preventiva como medida de coerción al imputarlo de asociación de malhechores, tentativa de homicidio agravada, agresión física y estafa en perjuicio del joven Yeison Mata Albuey.
El imputado se encuentra bajo custodia en la Fiscalía de Monte Plata para ser interrogado, y luego ser sometido a la justicia por los hechos que se le atribuyen. García Peguero fue arrestado mediante una orden emitida por un juez de la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción de Monte Plata, mientras se desplazaba como pasajero en una motocicleta por el sector Arroyo Hondo Viejo, en el Distrito Nacional.
El órgano acusador trabaja en la instrumentación de la solicitud de medida de coerción contra García Peguero, la cual será depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Monte Plata dentro del plazo de 48 horas establecido por el Código Procesal Penal. Dicho plazo vence antes de las 10:00 de la noche de este jueves.
Ministerio Público arresta a «Mantequilla» por estafa y otros delitos
Tras su arresto, García Peguero (Mantequilla)imputado fue trasladado al Centro de Atención y Privación de Libertad de Ciudad Nueva.
La operación fue ejecutada por miembros de la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), bajo la dirección de la fiscal Andry De Los Santos, en coordinación con el Departamento Operativo II de la Unidad Central de Búsqueda y Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados de la Policía Nacional.
Cabe recordar que Wilkin García Peguero, conocido como “Mantequilla”, cumplió una condena de dos años de prisión luego de que los jueces del Tribunal Colegiado de Monte Plata lo declararan culpable de abuso de confianza en perjuicio de varias personas del municipio Sabana Grande de Boyá. La sentencia fue emitida el 22 de marzo de 2024.
En ese proceso, el Ministerio Público sometió a García Peguero a la justicia tras recibir más de 25 querellas por presunta estafa, además de diez denuncias que posteriormente fueron convertidas en querellas para integrarse al expediente judicial.
Según la acusación, García Peguero captó millones de pesos a través de una empresa no regulada denominada 3.14 Inversiones World Wide, que operaba desde un local comercial y una residencia ubicados en el municipio Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata.
El caso de “Mantequilla” ha generado gran atención pública debido a las múltiples denuncias relacionadas con presuntas estafas financieras y ahora por las nuevas acusaciones de intento de homicidio, agresión física y asociación de malhechores en perjuicio de joven Yeison Mata Albuey.
Santo Domigo, R.D.-La Ley 3-19 que crea el Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana incorrectamente tenia la existencia simultánea de tribunales disciplinarios nacionales y distritales, lo que en opinión del Tribunal Constitucional genera incertidumbre sobre cuál era el juez para procesar a los abogados acusados de cometer irregularidades,
Mediante la Sentencia TC/0331/26, la alta corte acogió parcialmente una acción directa de inconstitucionalidad presentada por el Movimiento para el Rescate del CARD (Moreca) y anuló los artículos 56 y 58 de la legislación, que creaban tribunales disciplinarios en los distintos distritos judiciales del país.
La decisión deja como único órgano disciplinario al Tribunal Disciplinario de Honor, con sede en el Distrito Nacional, y ordena al Congreso Nacional adecuar la legislación para corregir las deficiencias detectadas en el régimen disciplinario del gremio.
El TC determinó que la ley creó dos estructuras con competencias prácticamente idénticas para conocer denuncias disciplinarias contra abogados en primera instancia: el Tribunal Disciplinario de Honor y los tribunales disciplinarios distritales.
Según la sentencia, esa coexistencia impedía identificar con claridad cuál era el órgano competente para conocer cada caso, vulnerando principios constitucionales como la seguridad jurídica, el debido proceso y la garantía del juez natural.
Para llegar a esa conclusión, la alta corte aplicó el denominado «test de razonabilidad» y reconoció que el objetivo del legislador —acercar la justicia disciplinaria a los distintos territorios del país— era legítimo. Sin embargo, consideró que el mecanismo escogido resultó irrazonable y desproporcionado porque generó un sistema paralelo de tribunales con funciones superpuestas.
El tribunal advirtió que esa estructura también podía producir desigualdades procesales. Mientras un abogado sometido ante un tribunal distrital disponía de una vía recursiva adicional ante el Tribunal Disciplinario de Honor, quienes eran procesados directamente por este último no contaban con el mismo esquema de revisión, creando diferencias injustificadas entre profesionales sometidos a procedimientos similares.
La sentencia también rechazó uno de los principales argumentos de Moreca, que sostenía que los abogados no debían ser juzgados disciplinariamente por otros miembros del gremio.
Sobre ese punto, el TC concluyó que la existencia de una jurisdicción disciplinaria integrada por abogados no vulnera la Constitución siempre que esté previamente establecida por ley y sus integrantes sean seleccionados mediante procedimientos objetivos y previamente definidos.
En consecuencia, la alta corte validó la permanencia del Tribunal Disciplinario de Honor como órgano competente para ejercer el control ético y disciplinario de los profesionales del derecho.
Aunque la decisión elimina hacia el futuro los tribunales disciplinarios distritales, el TC dispuso que los expedientes que actualmente se encuentran en trámite ante esas instancias podrán continuar hasta su conclusión para evitar afectar procesos ya iniciados.