Santo Domingo, RD.-El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez , realizó la contratación de personas para desempeñar “funciones ficticias o fantasmas” a cambio de la devolución del 85 % al 90 % de los salarios asignados para obtener de manera ilícita los fondos de pagar la estrategia comunicacional a través de cuentas falsas de ataque a periodistas, promoción y construcción de su imagen Presidencial.Nacionales
Ex procurador contrató personal para desempeñar funciones “ficticias” a cambio de devolución del 85 % al 90 % de sus salarios
De acuerdo a la acusación, parte de la estrategia comunicacional fue financiada con al menos RD$13,664,814.79, que salieron de la Procuraduría General bajo la modalidad de acción típica de coalición de funcionarios
Santo Domingo, RD.-El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez , realizó la contratación de personas para desempeñar “funciones ficticias o fantasmas” a cambio de la devolución del 85 % al 90 % de los salarios asignados para obtener de manera ilícita los fondos de pagar la estrategia comunicacional a través de cuentas falsas de ataque a periodistas, promoción y construcción de su imagen Presidencial.De acuerdo al Ministerio Público en la acusación, parte de la estrategia comunicacional fue financiada con al menos RD$13,664,814.79, que salieron de la Procuraduría General bajo la modalidad de acción típica de coalición de funcionarios con los acusados Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y los ciudadanos Rafael Stefano Canó Sacco y Patricia Nathalie Elmudesi García.
Aduce que los fondos fueron sustraídos mediante el nombramiento de personas para que realizaran labores ficticias o fantasmas, fue posible debido a Elmudesi García, por instrucciones del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, y Cano Sacco.
Señala que captó a Yamilka Betances Placeres, Giselle Karina Mordan Miqui, Massiel Yolanda Olivo de Oleo, Laura Lorena Medina Burgos, Pedro Burgos, Victoria Eugenia Richarson Castillo, Hamilton Manuel Burgos Moreno y Juan Carlos Almonte Martínez, quienes, para esos fines le prestaron sus nombres para figurar en las nóminas de la Procuraduría General.
Esto a cambio de apropiarse de una proporción de los fondos que les depositaban y retornar la proporción restante. Una modalidad de distracción de fondo público que también se ha encontrado en otras operaciones de la que el Ministerio Público ha desplegado en contra del crimen organizado, específicamente en algunas de las operaciones contra la corrupción que se encuentran en la etapa intermedia del proceso.
Alega que es preciso establecer que esa cantidad es mucho mayor porque habían sumas de dinero en efectivo que entregaba el acusado Rafael Mercedes a la hoy testigo Patricia Elmúdesi, para los fines antes establecidos.
Entre las personas que eran parte del esquema de distracción mediante nómina se encuentran Juan Carlos Almonte Martínez, quien fue designado en la posición de control de alimentos, con un salario mensual de 50 mil pesos.
Hamilton Manuel Burgos Moreno, fue contratado, para que realizara la función (ficticia) de analista de sistema de seguridad de la información, devengando un salario mensual de RD$166,450.00. De forma tal que, entre el mes de agosto del 2018 y el mes de diciembre del 2019, la Procuraduría le transfirió más de 2 millones de pesos.
Victoria Richardson Castillo, quien fue contratada para desempeñar la función (ficticia) de Soporte Administrativo III. Por esas funciones, mensualmente la institución les deposita el salario ascendente a RD$83,225.00.
En total, entre el mes de junio del año del año del año 2016 y el mes de diciembre del año 2020, la Procuraduría le transfirió la suma RD $2,129,172.92, por la labor de realizar labores fantasmas o ficticias.
Asimismo, Laura Lorena Medina Burgos ingresó a la institución con la función ficticia de arquitecta, a quien se le asignó el salario mensual de ciento cuatro RD $104,947.00.
Entre el mes de julio del año del 2018, hasta diciembre del año 2019, la Procuraduría, le transfirió a Laura Lorena Medina Burgos, la suma total RD$1,749,116.67.
De igual forma sucedió con Massiel Yolanda Olivo De Oleo, quien ingresó a la institución con la función ficticia de arquitecta, devengando un salario de RD $104,947.00, los cuales percibió hasta el mes de mayo del 2020.
En consecuencia, la Procuraduría le transfirió a Massiel Yolanda Olivo De Oleo la suma total de RD$2,728,622.00. Por otra parte, Giselle Karina Mordan Miqui fue contratada por la Procuraduría para realizar la función ficticia de redactora creativa, con un salario de RD$101,111.11.
En total la Procuraduría le transfirió a Giselle Karina Mordan Miqui, la suma total de RD $3, 067,037.01. Mientras que Yamilka Betances Placeres fue contratada por la Procuraduría para ejercer la función de manejadora de redes sociales, devengando el salario de RD $72,222.22.
Entre marzo del año dos mil dieciocho (2018) y diciembre del año dos mil diecinueve (2019), en total la Procuraduría le transfirió a Yamilka Betances Placeres la suma RD $1,408,33.29. De igual forma ocurrió con la contratación de Pedro Manuel Burgos Peralta, a quien contrataron, para desempeñar la función ficticia de gestor de procesos administrativos, devengando la suma de RD$104,238.00. Razón por lo que, la Procuraduría les depositó RD$2,667,420.50, por realizar labores fantasmas o ficticias.
La contratación de esas personas se produjo bajo la condición de que, luego de ser contratados y estar en nómina sin trabajar, debían entregar a Patricia Nathalie Elmudesi García y Michell Denise Sánchez Tavares, entre el 80% al 95 % del salario asignado.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.