Santiago, RD.-Por desconocer la cantidad y tipo de alimento que le correspondía mediante el proceso de licitación para el suministro semanal, la cárcel de Rafey fue víctima de la red de corrupción que encabezaba Jean Alain Rodríguez.Nacionales
Cárcel de Rafey en Santiago fue receptora de tentáculos de la red Medusa.
Santiago, RD.-Por desconocer la cantidad y tipo de alimento que le correspondía mediante el proceso de licitación para el suministro semanal, la cárcel de Rafey fue víctima de la red de corrupción que encabezaba Jean Alain Rodríguez.Así describe el Ministerio Público la supuesta conducta de los implicados en el caso Medusa, que tiene como principal acusado al exprocurador Jean Alain Rodríguez.
En el expediente acusatorio, de 12,273 páginas, el Ministerio Público muestra cómo el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, ubicado en Santiago, fue uno de los utilizados en el supuesto entramado corrupto.
El órgano acusador establece que “los imputados entregaban en los centros una cosa y facturaban otra; por supuesto, siempre a favor de los intereses económicos de la estructura”.
En el caso del CCR-Santiago-Rafey Hombres, la acusación establece que los choferes de los proveedores de alimentos le entregaban al encargado de recibirlos un conduce de entrega donde falsamente indicaban las cantidades que debía de entregar y recibir; sin embargo, para solicitar el pago, los acusados fabricaban un conduce distinto al entregado en el centro penitenciario, donde se adulteraban las cantidades del conduce original conforme a las cantidades contratadas en la licitación.
El expediente señala que para este centro la cantidad de pollo que se estaba supuesto a recibir era de unas setecientas libras y veintiocho sacos de arroz de ciento veinticinco libras cada uno, por mencionar algunos productos; y cuando no le llegaban en estas cantidades, supuestamente el director del centro tramitaba el informe de lugar a las acusadas Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio.
Como prueba de ello los fiscales que investigaron el caso presentaron el siguiente informe:
El 8 de abril de 2019, el entonces director del Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres, Desiderio Albar Galvas, escribió un informe sobre los alimentos recibidos en el que se hace constar que en solo semana no se enviaron las 300 libras de carne de res, y en el pollo hubo un faltante de 57 libras.
En el documento se hace constar que “al preguntarle al chofer del camión por el faltante este decía que la carne se descongela en el camino y pierde hasta 100 libras”, pero el director del centro estableció que recibían el pollo totalmente congelado; y que se está pagando al suplidor una compra con muchos faltantes.
El informe estaba dirigido a Ysmael Paniagua, excoordinador del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciara y a Mercedes Salcedo Disla y Carolina Pimentel, estas últimas imputadas en el caso Medusa.
Por ejemplo, la acusación indica que de las 700 libras o menos de pollo que recibía el CCR Santiago-Rafey Hombres pagaban facturas en base a conduces falsos que acreditaban la entrega de mil doscientas libras semanales. Igualmente, de los veintiocho sacos de arroz de ciento veinticinco libras que entendían los encargados del centro debían recibir los cuales ni siquiera llegaban con la cantidad de libras completas.
Productos como la cocoa y la sardina, casi nunca se enviaban por ser estos costosos en el mercado; no obstante, siempre eran facturados por figurar como entregados en los conduces que eran entregados en el Modelo de Gestión Penitenciario, de acuerdo a lo indicado por la instancia de acusación.
El Ministerio Publico dice que los acusados falsificaron documentos privados, en este caso el conduce de recepción de los alimentos en el centro penitenciario; que falsificaron y utilizaron sellos estatales pertenecientes a las diferentes cárceles públicas y Centros de Corrección y Rehabilitación de los privados de libertad a nivel nacional, uno de ellos era un sello gomígrafo falso de la “Procuraduría General de la República, Centro del Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, Subdirección Administrativa, Santiago, Rep. Dom.”.
ACUSACIÓN
Conduces falsificados
El Ministerio Público señala que los conduces falsos fueron fabricados en la oficina del entramado criminal ubicada en la calle Federico Geraldino No. 94, ensanche Piantini, en la capital dominicana.
La acusación indica que las imputadas Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio tenían acceso a los contratos de suministro de cada proveedor y que a pesar de recibir un informe de que los productos estaban siendo entregados por debajo del 50% de las cantidades que le facturaban al Modelo de Gestión Penitenciaria pagaban facturas en base a conduces falsificados que acreditaban las entregas.
De acuerdo con el expediente, en Rafey Hombres entre 2018 y 2020 se distrajeron 25 millones 881 mil 665 pesos por concepto de alimentos contratados.
Nacionales
JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Nacionales
Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
«Se agregó que al Indotel, actuar de forma imprudente y precipitada, independientemente de las consideraciones técnicas sobre la diferenciación entre frecuencias físicas y canales virtuales, vulnera los principios de seguridad jurídica y de respeto al debido proceso al anticiparse a una decisión jurisdiccional definitiva», concluye el documento.
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
Alfredo Pacheco y Amado Díaz, presidente de la Cámara Baja y vocero de los diputados perremeístas, respectivamente, propusieron que los peritos sean designados por el MP, mediante dictamen motivado, durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba. En la legislación aprobada en primera lectura, el Pleno había quitado esta facultad al Ministerio Público, y fue devuelta.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.