Santiago, RD.-Por desconocer la cantidad y tipo de alimento que le correspondía mediante el proceso de licitación para el suministro semanal, la cárcel de Rafey fue víctima de la red de corrupción que encabezaba Jean Alain Rodríguez.Nacionales
Cárcel de Rafey en Santiago fue receptora de tentáculos de la red Medusa.
Santiago, RD.-Por desconocer la cantidad y tipo de alimento que le correspondía mediante el proceso de licitación para el suministro semanal, la cárcel de Rafey fue víctima de la red de corrupción que encabezaba Jean Alain Rodríguez.Así describe el Ministerio Público la supuesta conducta de los implicados en el caso Medusa, que tiene como principal acusado al exprocurador Jean Alain Rodríguez.
En el expediente acusatorio, de 12,273 páginas, el Ministerio Público muestra cómo el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, ubicado en Santiago, fue uno de los utilizados en el supuesto entramado corrupto.
El órgano acusador establece que “los imputados entregaban en los centros una cosa y facturaban otra; por supuesto, siempre a favor de los intereses económicos de la estructura”.
En el caso del CCR-Santiago-Rafey Hombres, la acusación establece que los choferes de los proveedores de alimentos le entregaban al encargado de recibirlos un conduce de entrega donde falsamente indicaban las cantidades que debía de entregar y recibir; sin embargo, para solicitar el pago, los acusados fabricaban un conduce distinto al entregado en el centro penitenciario, donde se adulteraban las cantidades del conduce original conforme a las cantidades contratadas en la licitación.
El expediente señala que para este centro la cantidad de pollo que se estaba supuesto a recibir era de unas setecientas libras y veintiocho sacos de arroz de ciento veinticinco libras cada uno, por mencionar algunos productos; y cuando no le llegaban en estas cantidades, supuestamente el director del centro tramitaba el informe de lugar a las acusadas Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio.
Como prueba de ello los fiscales que investigaron el caso presentaron el siguiente informe:
El 8 de abril de 2019, el entonces director del Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres, Desiderio Albar Galvas, escribió un informe sobre los alimentos recibidos en el que se hace constar que en solo semana no se enviaron las 300 libras de carne de res, y en el pollo hubo un faltante de 57 libras.
En el documento se hace constar que “al preguntarle al chofer del camión por el faltante este decía que la carne se descongela en el camino y pierde hasta 100 libras”, pero el director del centro estableció que recibían el pollo totalmente congelado; y que se está pagando al suplidor una compra con muchos faltantes.
El informe estaba dirigido a Ysmael Paniagua, excoordinador del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciara y a Mercedes Salcedo Disla y Carolina Pimentel, estas últimas imputadas en el caso Medusa.
Por ejemplo, la acusación indica que de las 700 libras o menos de pollo que recibía el CCR Santiago-Rafey Hombres pagaban facturas en base a conduces falsos que acreditaban la entrega de mil doscientas libras semanales. Igualmente, de los veintiocho sacos de arroz de ciento veinticinco libras que entendían los encargados del centro debían recibir los cuales ni siquiera llegaban con la cantidad de libras completas.
Productos como la cocoa y la sardina, casi nunca se enviaban por ser estos costosos en el mercado; no obstante, siempre eran facturados por figurar como entregados en los conduces que eran entregados en el Modelo de Gestión Penitenciario, de acuerdo a lo indicado por la instancia de acusación.
El Ministerio Publico dice que los acusados falsificaron documentos privados, en este caso el conduce de recepción de los alimentos en el centro penitenciario; que falsificaron y utilizaron sellos estatales pertenecientes a las diferentes cárceles públicas y Centros de Corrección y Rehabilitación de los privados de libertad a nivel nacional, uno de ellos era un sello gomígrafo falso de la “Procuraduría General de la República, Centro del Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, Subdirección Administrativa, Santiago, Rep. Dom.”.
ACUSACIÓN
Conduces falsificados
El Ministerio Público señala que los conduces falsos fueron fabricados en la oficina del entramado criminal ubicada en la calle Federico Geraldino No. 94, ensanche Piantini, en la capital dominicana.
La acusación indica que las imputadas Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio tenían acceso a los contratos de suministro de cada proveedor y que a pesar de recibir un informe de que los productos estaban siendo entregados por debajo del 50% de las cantidades que le facturaban al Modelo de Gestión Penitenciaria pagaban facturas en base a conduces falsificados que acreditaban las entregas.
De acuerdo con el expediente, en Rafey Hombres entre 2018 y 2020 se distrajeron 25 millones 881 mil 665 pesos por concepto de alimentos contratados.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
Asimismo, manifestó que dará continuidad a las excelentes relaciones bilaterales con la República Dominicana y al fortalecimiento de los vínculos en el ámbito multilateral.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Por la República Dominicana estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y la embajadora María Amelia Marranzini Grullón, mientras que por Costa Rica participaron los designados futuros integrantes del gobierno, el próximo ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar Rivera; la próxima ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, y el próximo jefe de Despacho Presidencial, Alexander Estevez Astorga.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Sostuvo que el Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación profunda para determinar si ambos casos guardan relación con una misma estructura criminal internacional e identificar a otros posibles implicados para su posterior captura y sometimiento a la justicia.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
La intervención, considerada una de las más relevantes de las últimas semanas, se desplegó a varias millas náuticas al sur de Pedernales. El protocolo de vigilancia por aire, mar y tierra se activó tras detectar dos embarcaciones sospechosas dirigiéndose a aguas territoriales dominicanas.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
“La neutralización simultánea de ambas narcolanchas constituye otra demostración del elevado nivel de coordinación y compromiso de las fuerzas de seguridad dominicanas”, acotó Devers.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El tribunal se encuentra apoderado de un recurso de apelación que busca revocar el permiso laboral que le había sido otorgado por el juez de ejecución de la pena de esa jurisdicción.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
El tribunal señaló que cualquier inconformidad con los fallos debe ser canalizada a través de los recursos ordinarios que establece la ley.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
También cuestionaban el traslado del juez de ejecución de la pena que originalmente había favorecido al condenado con el permiso de trabajo.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Considerando que el rechazo de una demanda en declinatoria por seguridad pública o por sospecha legítima bajo el argumento de que no cumple con requisitos de forma y de fondo, es decir, en lo que respecta a la calidad para interponerla, o la insuficiencia de pruebas respecto al objeto invocado, constituye una apreciación errónea, carente de marco jurídico.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.