Santiago, RD.-Por desconocer la cantidad y tipo de alimento que le correspondía mediante el proceso de licitación para el suministro semanal, la cárcel de Rafey fue víctima de la red de corrupción que encabezaba Jean Alain Rodríguez.Nacionales
Cárcel de Rafey en Santiago fue receptora de tentáculos de la red Medusa.
Santiago, RD.-Por desconocer la cantidad y tipo de alimento que le correspondía mediante el proceso de licitación para el suministro semanal, la cárcel de Rafey fue víctima de la red de corrupción que encabezaba Jean Alain Rodríguez.Así describe el Ministerio Público la supuesta conducta de los implicados en el caso Medusa, que tiene como principal acusado al exprocurador Jean Alain Rodríguez.
En el expediente acusatorio, de 12,273 páginas, el Ministerio Público muestra cómo el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, ubicado en Santiago, fue uno de los utilizados en el supuesto entramado corrupto.
El órgano acusador establece que “los imputados entregaban en los centros una cosa y facturaban otra; por supuesto, siempre a favor de los intereses económicos de la estructura”.
En el caso del CCR-Santiago-Rafey Hombres, la acusación establece que los choferes de los proveedores de alimentos le entregaban al encargado de recibirlos un conduce de entrega donde falsamente indicaban las cantidades que debía de entregar y recibir; sin embargo, para solicitar el pago, los acusados fabricaban un conduce distinto al entregado en el centro penitenciario, donde se adulteraban las cantidades del conduce original conforme a las cantidades contratadas en la licitación.
El expediente señala que para este centro la cantidad de pollo que se estaba supuesto a recibir era de unas setecientas libras y veintiocho sacos de arroz de ciento veinticinco libras cada uno, por mencionar algunos productos; y cuando no le llegaban en estas cantidades, supuestamente el director del centro tramitaba el informe de lugar a las acusadas Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio.
Como prueba de ello los fiscales que investigaron el caso presentaron el siguiente informe:
El 8 de abril de 2019, el entonces director del Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres, Desiderio Albar Galvas, escribió un informe sobre los alimentos recibidos en el que se hace constar que en solo semana no se enviaron las 300 libras de carne de res, y en el pollo hubo un faltante de 57 libras.
En el documento se hace constar que “al preguntarle al chofer del camión por el faltante este decía que la carne se descongela en el camino y pierde hasta 100 libras”, pero el director del centro estableció que recibían el pollo totalmente congelado; y que se está pagando al suplidor una compra con muchos faltantes.
El informe estaba dirigido a Ysmael Paniagua, excoordinador del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciara y a Mercedes Salcedo Disla y Carolina Pimentel, estas últimas imputadas en el caso Medusa.
Por ejemplo, la acusación indica que de las 700 libras o menos de pollo que recibía el CCR Santiago-Rafey Hombres pagaban facturas en base a conduces falsos que acreditaban la entrega de mil doscientas libras semanales. Igualmente, de los veintiocho sacos de arroz de ciento veinticinco libras que entendían los encargados del centro debían recibir los cuales ni siquiera llegaban con la cantidad de libras completas.
Productos como la cocoa y la sardina, casi nunca se enviaban por ser estos costosos en el mercado; no obstante, siempre eran facturados por figurar como entregados en los conduces que eran entregados en el Modelo de Gestión Penitenciario, de acuerdo a lo indicado por la instancia de acusación.
El Ministerio Publico dice que los acusados falsificaron documentos privados, en este caso el conduce de recepción de los alimentos en el centro penitenciario; que falsificaron y utilizaron sellos estatales pertenecientes a las diferentes cárceles públicas y Centros de Corrección y Rehabilitación de los privados de libertad a nivel nacional, uno de ellos era un sello gomígrafo falso de la “Procuraduría General de la República, Centro del Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, Subdirección Administrativa, Santiago, Rep. Dom.”.
ACUSACIÓN
Conduces falsificados
El Ministerio Público señala que los conduces falsos fueron fabricados en la oficina del entramado criminal ubicada en la calle Federico Geraldino No. 94, ensanche Piantini, en la capital dominicana.
La acusación indica que las imputadas Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio tenían acceso a los contratos de suministro de cada proveedor y que a pesar de recibir un informe de que los productos estaban siendo entregados por debajo del 50% de las cantidades que le facturaban al Modelo de Gestión Penitenciaria pagaban facturas en base a conduces falsificados que acreditaban las entregas.
De acuerdo con el expediente, en Rafey Hombres entre 2018 y 2020 se distrajeron 25 millones 881 mil 665 pesos por concepto de alimentos contratados.
Nacionales
Defensa de sargento enviada a prisión por muerte de su hija llama a abordar la salud mental con empatía
Santo Domingo, R.D.-El 20 por ciento de la poblacion en la República Dominicana padece algún tipo de trastorno emocional o psiquiátrico, cuyo ejemplo al respecto es el caso de la sargento mayor de la Policía Nacional, Glenny Tellería Alberto, quien desde el año 2022 padece de depresión y otros padecimientos psiquiátricos.
Así lo manifestó el jurista Jean Carlos Martínez, abogado de la sargento mayor enviada a prisión al pabellón psiquiátrico del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
El abogado indicó que su representada se encontraba en tratamiento bajo el cuidado permanente y la supervisión de su familia. Sin embargo, desafortunadamente ocurrió la tragedia en la que resultó muerta la menor de 10 años de edad.
“En el caso de nuestra representada, estaba bajo cuidado médico y en el seno de su familia. Con este lamentable hecho que ha ocurrido, lo que queremos es que el tema se enfoque de una manera humana, sin morbo. Lo que hay es un dolor grande en una familia y en el seno de la sociedad”, afirmó el togado.
Medida de coerción a la sargento de la Policía
El hecho ocurrió en el sector Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.
La magistrada ordenó que la imputada cumpla la medida en el pabellón de psiquiatría de Najayo Mujeres, luego de que el Ministerio Público le imputara el delito de homicidio voluntario.
La decisión se sustentó, entre otros elementos, en un examen médico que establece que la imputada padece esquizofrenia. Además, familiares de la imputada manifestaron que fue diagnosticada con esa enfermedad hace aproximadamente dos años, según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano persecutor.
En la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, establece que el pasado 18 de julio, alrededor de la 1:30 de la tarde, la imputada, quien ostenta el rango de sargento mayor de la Policía Nacional, tomó una pulidora eléctrica de mano dentro de la habitación donde se encontraba su hija de 10 años. Posteriormente, conectó la herramienta, se colocó sobre la menor y presuntamente le ocasionó una herida cortante en el cuello.
En ese momento, el hermano de la imputada, Glenny Telleria Alberto, al escuchar los gritos de la niña, entró a la habitación y encontró a su hermana presuntamente hiriendo a la menor con la pulidora eléctrica. De inmediato, la apartó, cargó a la niña en sus brazos y le reclamó: «¡Glenny, por qué hiciste eso!».
Acto seguido, trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia, donde llegó sin signos vitales. De acuerdo con el acta de levantamiento del cadáver, la causa de la muerte fue una herida cortante en el cuello compatible con una lesión ocasionada por una pulidora eléctrica.
Tras el hecho, la imputada fue trasladada bajo custodia policial al Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, donde permaneció ingresada hasta este martes. Luego de recibir el alta médica, fue conducida al tribunal, alrededor de las 2:27 de la tarde de este martes, para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
La niña falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esa jurisdicción.
SANTO DOMINGO.– Un incremento su produjo este martes en los precios internacionales del petróleo como consecuencia de las persistentes tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los riesgos para el suministro mundial de crudo, un escenario que mantiene bajo presión a economías altamente dependientes de las importaciones energéticas, como la República Dominicana.
En la jornada, el barril de West Texas Intermediate (WTI) se cotizó en torno a US$84.34, mientras que el Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, alcanzó US$91.01 por barril, su nivel más alto en varias semanas.
El comportamiento del mercado responde a la incertidumbre generada por la situación en el Mar Rojo y Oriente Medio, donde los riesgos para las rutas de transporte de hidrocarburos han incrementado la volatilidad de los precios. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que una prolongación de estas tensiones podría afectar el suministro global y provocar nuevas alzas del crudo.
Para la República Dominicana, que importa la totalidad del petróleo que consume, el encarecimiento del crudo representa un desafío para la estabilidad de los precios internos de los combustibles, el costo del transporte, la generación eléctrica y la inflación.
En los últimos meses, el Gobierno ha recurrido a subsidios y ajustes focalizados para mitigar el impacto de las variaciones internacionales sobre los consumidores, una política que también incrementa la presión sobre las finanzas públicas cuando los precios del petróleo permanecen elevados.
Analistas consideran que, si el barril de petróleo continúa por encima de los 90 dólares durante un período prolongado, podrían aumentar los costos de producción y distribución de bienes y servicios, afectando el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los hogares.
Las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento permanente de la evolución del mercado energético internacional para evaluar su impacto sobre la economía nacional y definir las medidas necesarias para reducir los efectos de la volatilidad en los precios de los combustibles.
of-am
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva impuso el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste contra la sargento mayor Glenny Tellería Alberto, acusada de causarle la muerte a su hija de 10 años con una pulidora eléctrica, en un hecho ocurrido el pasado sábado 18 de julio en el sector Batey Bienvenido, Manoguayabo.
La jueza Cecilia Toribio dispuso que la imputada cumpla la medida en el área de psiquiatría del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, con el fin de que reciba atención médica especializada.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal acogiera la solicitud de los fiscales de la Unidad de Procesamiento de Casos y de Delitos contra las Personas de Santo Domingo Oeste, quienes pidieron prisión preventiva como medida de coerción.
El abogado de la defensa, Yan Carlos Martínez, informó que su representada recibía tratamiento psiquiátrico y supervisión familiar desde 2022, y que se encontraba bajo medicación al momento del hecho.
El defensor pidió comprensión ante lo que calificó como una tragedia familiar y social, y llamó a la ciudadanía a prestar mayor atención a la salud mental.
Valoró además que el tribunal haya dispuesto que la mujer permanezca en un centro con atención médica especializada durante el proceso.
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, el hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde en la vivienda familiar de la calle Deni Moreta, cuando la imputada atacó a la menor dentro de su habitación con el equipo, causándole una herida en el cuello que le provocó la muerte.
El hermano de la acusada, Tony Alexander Eusebio Rodríguez Alberto, quien presenció parte de los hechos, relató que al escuchar gritos entró a la habitación y encontró a la mujer sobre la cama agrediendo a la niña, por lo que intervino y trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia de Manoguayabo, donde fue recibida sin signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional arrestaron posteriormente a la mujer en flagrancia, mientras que el Ministerio Público calificó provisionalmente el hecho como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.
Entre las pruebas recolectadas por la Policía Científica figuran la pulidora eléctrica utilizada, el acta de levantamiento de cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y testimonios de familiares y agentes actuantes.