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Una Ley de Extinción de Dominio que está por verse si será otra pieza de museo en el sistema de justicia nacional.
Por Elba García
Esta ley tiene como propósito establecer un procedimiento para despojar de bienes ilícitos a todo aquel que no pueda demostrar el origen de sus propiedades o fortunas, la cual no impacta sólo al sector público, sino también al privado.
Esta legislación fue motivo de intensos debates en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, donde está más que demostrado que hay una serie de legisladores comprometidos con los intereses de los que precisamente serian perseguidos por tener bienes que no pueden justificar, principalmente aquellos casos vinculados con la corrupción administrativa y el bajo mundo.
El voto favorable a unanimidad explica la fuerte presión de algunos sectores nacionales, incluido el propio presidente Luis Abinader, quien es el receptor de las exigencias de los Estados Unidos y de la comunidad internacional para que en el país se creen mecanismos de persecución en contra de los que acumulan fortunas sobre la base de lo que no se debe hacer.
Ahora la nueva ley, que es una propuesta que proviene de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de los Estados Unidos, que ha asumido la defensa de las leyes de extinción de dominio que se han aprobado en una serie de países latinoamericanos y que en la República Dominicana no pasaba de ser una quimera, en virtud de los vínculos del sistema de partidos nacional con la corrupción, cuyos dirigentes ven la política como instrumento para la acumulación originaria y para asociarse con algunos sectores empresariales que buscan aumentar sus fortunas a la sombra del Estado.
La extinción de dominio fue aprobada con una abrumadora mayoría en un Senado de la República, el cual intentó sancionar la nueva pieza legislativa con una mayoría simple y como una ley ordinaria, cuando se entiende que la misma no tiene asidero si no es a partir de que sea orgánica por afectar un derecho fundamental como es el de propiedad.
Otro esfuerzo de los legisladores, sobre todo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), hoy en el poder, quienes tenían la tesis de que la ley de extinción dominio debía aprobarse a partir de lo que intentaron pasar como la retrospectividad en sustitución de la figura universal del derecho como es la no retroactividad de la ley, cuyo argumento sólo procuraba cambiar el término por otro de igual significado.
La comisión bicameral que estudiaba la pieza se reunió 29 veces para tratar de ponerse de acuerdo con puntos que su principal escollo consistía en que hay legisladores que querían proteger sus propios pellejos porque su principal meta cuando llegan al Congreso Nacional es diligenciar la consecución de dinero por la vía que sea, incluida la de defender los intereses del que proviene del bajo mundo y que paga muy bien, pero la Cámara Diputados, que le hizo al proyecto más de 36 modificaciones, le puso la tapa al pomo, porque ya era un tema muy recurrente y asfixiante para los que presionan para que convirtiera en ley.
Todavía la nueva ley no está exenta de modificaciones que la mutilen, ya que en la misma se ha consignado el llamado año sabático que otorga la posibilidad de que se inroduzcan cambios que puedan hacerla más eficiente o deficiente para inhabilitarla y evitar que cumpla con su rol.
La ley de “extinción de dominio” persigue despojar de cualquier propiedad, control, disposición o posesión sobre bienes que hayan sido adquiridos a través de actividades ilícitas o contrarias a las normas jurídicas.
Las actividades susceptibles a la extinción de dominio son el tráfico ilegal de drogas, sustancias controladas, humanos, personas, órganos y armas, así como infracciones relacionadas al terrorismo, la pornografía infantil, secuestro, extorsión, falsificación de monedas, entre otros.
Una de las modificaciones que se produjo bajo el nivel de la controversia en torno a la nueva ley, fue la eliminación de retrospectividad, un invento de los legisladores del PRM, para buscar evitar hablar de la conocida retroactividad de la ley, el cual es un principio universal del derecho, pero lo más grave del asunto es que quienes recurrían a esa sofisma eran precisamente abogados con muchos años de ejercicio profesional, como Pedro Catrain, sin importar que esa era un motivo para que la pieza muriera en el Tribunal Constitucional.
Otro elemento que fue modificado para aclarar el concepto de extinción de dominio, fue la sustitución del derecho de propiedad, ya que se habló mucho de las consecuencias que podría sufrir el tercero comprador de buena fe.
En el conocimiento del proyecto se insistió en que la misma se aprobara como una ley orgánica, no como ordinaria, cuyos elementos constituyeron un motivo suficiente para que los diferentes partidos se dieran banquete con la politiquería y la doble moral, algunos de los cuales decían una cosa aunque desearan lo contrario.
En el curso de las discusiones hubo algunos legisladores, sobre todo de la Fuerza del Pueblo, que pedían más tiempo para estudiar las modificaciones al proyecto, ya que si la ley se aplicara como fue aprobado sus garras podrían alcanzar a algunas personas de los que actúan bajo la sombrilla del aspirante presidencial Leonel Fernández.
Ahora la Ley de Extinción de Dominio debe ser promulgada a partir de cuando se inicia el segundo capítulo de esta novela de mala muerte en razón de que su aplicación depende de un sistema de judicial lleno de debilidades, cuyos jueces recurren a argumentos sin sentido para el rechazo de cualquier recurso o abusar de los procesos que se puedan derivar de esta nueva legislación.
Diariamente se ve que el sistema de justicia incurre en la violación de su propia legalidad, ya que los jueces no tienen como ser atacados, a menos que no venga de la voluntad de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, cuya cabeza es también el resultado de la politiquería que promueven los partidos en todos los estamentos de la sociedad.
De antemano, la embajada de los Estados Unidos en el país ha mostrado su satisfacción con la aprobación de la Ley de Extinción de dominio, pero la verdad es que los vientos democráticos que soplan en el mundo ya permiten colegir que los norteamericanos no constituyen una garantía de que esta norma jurídica tenga una cabal aplicación en el país.
Sólo falta ver quién tiene mayor fuerza para que la ley de extinción de dominio sea realmente aplicada, si los que están departe del bajo mundo y la ilegalidad o Estados Unidos, la comunidad internacional o los diputados, senadores, jueces y los que conforman el Poder Ejecutivo, que han mostrado interés en esta pieza o los amplios sectores de la vida nacional que son una especie de contrapeso en contra de los que se inclinan por lo mal hecho.
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R.D. parte de fenómeno que replica precaria formación académica y vulgar negocio universitario.
Por Elba García
En la República Dominicana hay universidades por doquier, son licencias que se otorgan, principalmente por razones políticas, como las franquicias a los partidos políticos, a las emisoras de radio y a las estaciones de televisión, es decir, que se trata de un problema integral o general.
Sin embargo, Pese a que en las naciones del tercer mundo se abusa con el otorgamiento de licencias para operar a universidades que se forman sin las calificaciones que dispone la ley, el Ministerio de Educación Superior, al menos en la República Dominicana, no toma en cuenta el problema, dado que pesa más la politiquería que la fiscalización y supervisión de los centros de estudios superiores que no se ajustan a una filosofia de buena enseñanza, que en algunos casos pone en peligro la salud pública, cuando se trata de carreras como la Medicina, el Derecho o la Ingeniería, lo que representa una verdadera amenaza en contra del desarrollo nacional.
Los dominicanos deben verse en el espejo de los brasileños que tras un examen de evaluación por parte del Ministerio de Educación para medir la formación de los futuros médicos dio como resultado que un tercio de las licenciaturas de Medicina analizadas no preparan a los alumnos para ejercer la profesión en condiciones mínimas aceptables, lo que motivó la suspensión de un 25 por ciento del alumnado.
Los resultados son alarmantes y causan aprensión entre la ciudadanía, además de un debate sobre dos cuestiones, la facilidad para implantar facultades universitarias y como lograr médicos aceptablemente formados para atender en Brasil a 212 millones de habitantes en un territorio con muchas regiones de difícil acceso y tan grande como Estados Unidos, cuyo sistema de salud es inmenso.
El fenómeno, que obedece a la crisis que vive la mayoría de las naciones del tercer mundo, donde la fiscalización del Estado es prácticamente nula, sobre todo en educación, es encontrado en muchos otros lugares como la República Dominicana, donde cursar una carrera universitaria se inscribe más que en otra cosa en satisfacer una exigencia social que convierte en muy buen negocio las universidades con la venta de una enseñanza deficiente y pobre.
La proliferación de universidades, no sólo impacta la calidad de la educación, sino también el comportamiento ético de los egresados, quienes sólo toman en cuenta el mercado donde van a ejercer una carrera para la que no se han preparado lo suficientemente bien, cuyos resultados ponen en peligro la salud de la gente.
La modalidad de crear universidades vistas más como negocio que como instrumento para crear los técnicos que necesita el país para fines de mejorar su desarrollo, propicia una verdadera desgracia nacional que no es tan fácil revertirla.
El problema, por ejemplo, de la República Dominicana es que el asunto de las universidades no sólo tiene que ver con la poca formación de los profesionales que egresan, sino de los docentes de esos centros de estudios que todavía están necesitados de recibir adiestramiento o educación para cumplir bien con su rol.
La formación a troche y moche de médicos, abogados, ingenieros y otros profesionales académicos plantea un problema más serio del que cualquiera puede pensar, porque si al cabo de los años el país cambiara o mejorara sus niveles de fiscalización, supervisión y de institucionalidad los profesionales que han egresado de la mayoría de las universidades serian desperdicios que no habría forma de enderezarlos, ya que ya están ajustados a una cultura de improvisación y de hacer lo que no se debe hacer.
Entonces, lo que ocurre en Brasil con el examen de evaluación a los futuros médicos y cuyas deficiencias salieron a la superficie, puede asegurarse que en la República Dominicana los resultados pueden ser peores, máxime que ese país sudamericano es una plaza para que el profesional de esta disciplina vaya de todos los demás países del hemisferio a hacer postgrados y en consecuencia se supone que las regulaciones tienen que ser mayores.
El primer examen de este tipo en Brasil evaluó a 350 cursos de medicina, impartidos por instituciones públicas y privadas, los cuales abarcan a 90 mil estudiantes que deben demostrar habilidades y capacidades de conocimientos básicos para ejercer como médicos, pero la realidad fue que el mismo conllevó la suspensión de aquellas universidades con menos del 40 por ciento de los alumnos que deben tomar el mismo.
Brasil en estos momentos está lleno de temor y preocupación causado con el hecho de que alrededor de 13 mil estudiantes del último semestre de Medicina suspendieron el examen oficial, a los fines de ejercer la carrera sin haber sido evaluados, mientras el Consejo Federal de Medicina busca cómo impedirlo, cuyas peores notas son de escuelas de niveles municipales, creadas por los ayuntamientos o dependencias de entidades privadas con fines de lucro.
La medida tomada en Brasil ante el fenómeno es sancionar las facultades de Medicina, aunque la misma no va a repercutir en los alumnos, ya que las universidades tienen prohibido ampliar su oferta de plazas, aunque podrán mantenerlas o tendrán que reducirlas en función de lo mala que sea su calificación.
La pregunta que se impone es que en un país como la República Dominicana, donde las universidades aparecen auspiciadas por instituciones sin fines de lucro, como patronatos y fundaciones, pero que operan con el criterio de cualquier negocio y que son el resultado de las políticas neoliberales que han entrado salvajemente al escenario nacional y que al momento de ser evaluadas pesan más como parte del libre mercado que de los beneficios que proporciona una buena educación al desarrollo nacional.
La educación superior es un negocio que se ha multiplicado al margen de los propósitos de la Ley 139-01 que les sirve de sustento y en consecuencia está en el marco de vender lo que no se tiene y procurar acogerse más a la politiquería que a una enseñanza de calidad para una mejor proyección del país en el campo del conocimiento científico y tecnológico.
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Empoderamiento de la derecha política en el hemisferio occidental con el patrocinio del presidente de los Estados Unidos.
En los últimos meses la derecha política camina a su empoderamiento en toda Latinoamérica como resultado del patrocinio del Donald Trump y también del fracaso de los gobiernos de izquierda que se han establecido en la denominada américa morena.
El fenómeno es mucho más fuerte en aquellos países en los que el mandatario de los Estados Unidos de América ha metido sus narices y que ha implicado aumentar sus niveles de dependencia de la potencia del norte, pero no se puede negar que la causa del mismo tiene que ver también con el fracaso de los gobiernos de izquierda.
Los ejemplos están a la vista de todo el que quiere ver, cuyos casos más emblemáticos son los de Venezuela, donde hay variantes que difieren del resto, como Honduras, Chile, Ecuador, Argentina, entre otros, donde los candidatos derechistas han tenido el apoyo, no sólo moral, sino también económico de Trump.
El apoyo ha trascendido la frontera de lo moral para convertirse en cuestiones que involucran hasta el indulto de personajes con un historial oscuro, como el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue condenado por narcotráfico en los Estados Unidos, cuyo candidato de su mismo partido se alzó con el triunfo en el país centroamericano con el apoyo abierto del mandatario de la potencia más grandes del mundo.
Pero lo propio ha ocurrido en otros países del continente, cuya coincidencia con Trump ha servido de base para que la derecha se empodere y desplace del poder a la izquierda, la cual ha tenido un gran fracaso por los errores cometidos por sus gobiernos.
El más reciente tiene que ver con la nueva elección hecha en Chile, donde un hombre de ultra derecha, José Antonio Kast, vinculado a la dictadura de Augusto Pinochet, triunfó en las recientes elecciones presidenciales con un margen significativo de votos en relación con la candidata de la izquierda, auspiciada por el saliente mandatario Gabriel Boric.
Los únicos países donde la izquierda parece que conservará el poder son Brasil, Uruguay y Colombia, donde el candidato a fin al actual presidente Gustavo Petro lleva la delantera en la carrera por colocarse en el poder.
Igual ocurre en México, donde Manuel López Obrador, supo producir una alternabilidad en el poder que fue a través del arma usada por partidos de derecha como el Revolucionario Institucional de la alternabilidad en el poder, el cual duró unos 70 años consecutivos en el Gobierno mediante el cambio del rostro del aspirante a controlar el Estado, aunque con los mismos propósitos y con un compromiso irrenunciable a la corrupción administrativa.
Falta ver si la derechización de la política en Latinoamérica se podrá mantener por mucho tiempo, dado que la izquierda no parece que pueda recuperarse tras lo ocurrido en Venezuela, Bolivia y Honduras, donde la corriente conservadora ha salido triunfadora en los procesos electorales de recientes celebración.
En la actualidad la derecha parece imbatible, aunque si el fenómeno está asociado a la política desarrollada por Trump, el éxito de ésta podría ser que no tenga una vida larga, ya que el presidente de los Estados Unidos de América baja aceleradamente de aceptación popular como resultado de que desarrolla un tipo de gestión que pone en entredicho los logros en términos de derechos en el campo internacional, así como interno, aparte del alto costo de la vida que golpea a la sociedad norteamericana.
Sin embargo, prever lo que puede ocurrir en el curso de los años no luce tan fácil, ya que mientras la derecha se empodera con el apoyo de Trump tiene como contraparte a una izquierda que cada día pierde apoyo popular en virtud de la erosión de su credibilidad.
La principal falencia de la izquierda consiste en que sus lideres que llegan a la Presidencia han querido perpetuarse en el poder, como los casos de Nicolás Maduro de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua, donde incluso su mujer funge de vicepresidenta de la nación, pero Bolivia no ha estado muy lejos de ese cuadro con las pretensiones de Evo Morales.
Hay otros lugares donde ni remotamente la izquierda sacará cabeza, como por ejemplo la Republica Dominicana, donde no existe ningún candidato de esa corriente que se pueda decir que tiene reales posibilidades de ascender al poder.
La patria de Duarte, Sánchez y Mella adolece de un problema de fondo, con un contenido profundamente cultural, ya que los problemas no sólo provienen de los gobernantes, sino también de los gobernados, que entran a la política partidaria con el fin de que se les dé alguna migaja, amén de que el clientelismo prácticamente tiene el control del escenario electoral.
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Una intensa lucha por convertirse en títere de una potencia que desprecia el respeto que impone la dignidad humana.
El chantaje de visas por dignidad y un control político, económico y social a ultranza define hoy día la fuerza y el poder de una nación, donde prevalece el criterio «conmigo o con nadie».
La administración del presidente Donald Trump sólo entiende de la fuerza, de las armas y de todo mecanismo de romper con relaciones armoniosas con los demás Estados.
En ese trance está sometida Venezuela y todos los demás países del llamado primer, segundo y tercer mundo, cuyas reglas del juego es el sometimiento a la voluntad de los Estados Unidos de América.
Sin embargo, donde la prenda preciosa de la dignidad humana parece esfumarse es en Venezuela, ya que gobierno y oposición rinden pleitesías a Trump para en la competencia de ver quién resulta más gracioso o más títere a favor de los planes de dominación de la potencia del norte.
Es impresionante ver como gobierno y oposición están dispuestos a dar alma y corazón a Trump para entregarse sin límites y servir sin condicionamiento a los intereses que mancillar su dignidad como si se tratara de cualquier mercancía
El escenario escogido es la Casa Blanca, donde acuden o por lo menos comunican su disposición de entregarse a cambio de lo que sea para rendirse ante los pies de quien se expresa con aires de emperador.
Ahora quien acudió al Reynaldo de Trump fue María Corina Machado, quien es Premio Nobel de La Paz, sin haber pacificado nada, pero que busca complacer al jefe de Estado norteamericano en su afán de ser favorecida con el referido reconocimiento
Es la lucha y el vencimiento de la irracionalidad sobre los principios que se suponen deben prevalecer en un mundo que hace siglos que pasó de la barbarie a la civilización.
Machado llegó a la Casa Blanca con el premio muy bien adornado para hacerlo extensivo a Trump en su lucha sin límites por ser títere.
El asunto no tiene fronteras y lo mismo ocurre en cualquiera de los continentes que conforman el mundo, cuyo sometimiento deja muy claro lo vulnerable del planeta.
La era Trump ha impuesto la regla del más fuerte dejando atrás el supuesto respeto del derecho internacional y constitucional.
La era Trump no sólo ha relegado a un segundo plano el derecho, sino también la razón y en consecuencia las reglas de una buena democracia.
Todo ser define la fuerza y el poder con que cuenta, mientras que el que no tiene los mismos sólo tiene la opción de plegarse y convertirse en un títere gracioso ante el imperio.
El Instituto Oslo advirtió a Machado que el premio es intransferible como forma de evitar que la política venezolana hiciera lo que hizo con Trump.