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Diferentes factores disparan las multas de tránsito en los últimos dos años.
Santo Domingo, RD.-El departamento de procesamiento de infracciones de la Dirección General de Seguridad de Transito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informo que entre 2017 y junio de 2022, se registraron 5,920,860 multas, de las cuales 2,520,996 se aplicaron en los últimos 18 meses.
Estos datos revelan que al menos el 43% de las infracciones fiscalizadas se produjeron entre enero de 2021 y junio de 2022, y el restante 57% se reparte entre 2017, 2018, 2019 y 2020, las cuales obedecen a las violaciones cometidas por el conductor y además por la necesidad de cumplir con una asignación a cada uno de los agentes de tránsito, la cual deben cumplir al pie de las letras.
De igual modo, las estadísticas permiten identificar como el número de transgresiones registradas y sancionadas aumenta con el paso de los años, solo exceptuado el 2020, el popularmente denominado “año de la pandemia” del Covid-19, y en el que República Dominicana, al igual que otros países, se restringió la movilidad de los ciudadanos.
De acuerdo con los datos de la Digesett, obtenidos a través de, Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), en los seis meses concluidos de este año se impusieron 995,539 multas, en 2021 1,525,457 y 626,606 para 2020.
En tanto, para el 2019 y 2018 se fiscalizaron a 1,070,758 y 985,668 violaciones de tránsito, respectivamente, y otras 716,832 en 2017.
Estas cifras sostienen que del 2017 al 2020 se multaban entre 1,700 y casi 3,000 personas por día y los años siguientes aumentó a 4,000 y 5,500 diarias.
Las más frecuentes
De las 5,920,860 multas aplicadas, en el citado periodo, 1,524,566 corresponde a la omisión en el uso del casco al conducir, 523,821 por irrespeto a las señales del semáforo, 485,678 por no portar la licencia o que esté vencida, otras 422,651 ante la ausencia del seguro o tenerlo expirado y 404,258 por ignorar el uso del cinturón de seguridad.
De igual modo también se tiene registro de 269,158 por estacionarse en un lugar prohibido, 247,084 por conducir en sentido opuesto, 235,864 por distracciones al conducir, 227,603 ante giros prohibidos y 171,514 por obstaculizar el tránsito.
Asimismo, se aplicaron un total de 113,568 y 101,917 por exceder el límite máximo de velocidad y no tener matrícula, respectivamente.
Zonas
Las zonas que concentran el mayor número de esas sanciones por el incumplimiento de Ley 241-67, la 63-17, y las regulaciones del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) son las del Gran Santo Domingo y provincias como Santiago, con 315,841 actas registradas; La Vega, con 104,739; y Puerto Plata, con 86,150.
También figuran San Francisco de Macorís, con 148,964; La Romana, con 148,964; San Pedro de Macorís, con 117,624; Baní, con 132,790; 119,243 en San Cristóbal; 90,875 en San Juan y en Barahona unos 71,612.
No se fiscaliza todo
A pesar de que las cifras son crecientes, en el país hay decenas de infracciones que se pasan por alto.
Sobre el particular, el director de la Digesett, general Ramón Peralta, informó hace algunas semanas que los miembros de esa institución “no son suficientes” para cumplir con todas sus funciones.
Peralta reveló que los 3,922 miembros que forman parte de la institución, resultan insuficientes para los esfuerzos que se deben realizar para fiscalizar el tránsito y que, calcula, se necesitarían 10,000 nuevos agentes en promedio.
Transgresiones
Las estadísticas permiten identificar como el número de transgresiones registradas y sancionadas aumenta con el paso de los años solo exceptuado el 2020, el popularmente denominado “año de la pandemia” del Covid-19, y en el que República Dominicana, al igual que otros países, se restringió la movilidad de los ciudadanos.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.