Santo Domingo, RD.-Se ha agotado en el país la esperanza de tener un nuevo Código Penal, el cual lleva tantos años de vigencia que ya no encaja con la sociedad dominicana, pero que los legisladores se han apoyado en cualquier contrasentido para evitar su aprobación.Nacionales
El Congreso Nacional le ha dado un archivo definitivo al Código Penal.
Santo Domingo, RD.-Se ha agotado en el país la esperanza de tener un nuevo Código Penal, el cual lleva tantos años de vigencia que ya no encaja con la sociedad dominicana, pero que los legisladores se han apoyado en cualquier contrasentido para evitar su aprobación.Los 222 congresistas, divididos en 190 diputados y 32 senadores, han dispuesto de 730 días para demostrar si disponían de la capacidad suficiente para impulsar normativas legislativas que permitieran, en primera instancia, superar la pandemia del Covid-19.
La pandemia fue el primer desafío para los legisladores. Durante ese tiempo, aprobaron al Poder Ejecutivo nueve solicitudes de Estados de Emergencia, iniciando el 28 de agosto de 2020 y finalizando exactamente un año después.
Sumado a esto, durante la pandemia se aprobaron al menos cinco préstamos destinados a hacer frente al Covid-19, por un monto estimado de US$1,086,080,000, cifra a la cual se le puede agregar otros endeudamientos aprobados durante este período, pero con distintas finalidades.
Un segundo desafío que tuvieron fue la reforma a un Código Penal que tiene más de un siglo de antigüedad, pero la aprobación nunca se pudo concretar.
El proyecto de ley de Código Penal fue debatido por más de un año en comisiones especiales, bicamerales, consultas públicas y otros espacios, sin embargo, cuando todo parecía consensuado, la Cámara de Diputados no alcanzó los votos suficientes para aprobar un informe ya sancionado por el Senado y finalmente el proyecto perimió.
Un tercer desafío que también acaparó la atención nacional, fue la Ley de Extinción de Dominio, aprobada tras polémica, debates acalorados y presión tanto nacional como internacional.
En la primera sanción del Senado no contaba con el apoyo de las bancadas de oposición. Sin embargo, una serie de reformas y consensos en la Cámara de Diputados permitió su aprobación a unanimidad en ambos órganos legislativos.
Aunque estos tres desafíos acapararon la atención nacional en gran parte de estos dos años, este medio recopiló y analizó todas las iniciativas legislativas sancionadas por el Congreso, a partir de su extracción de los sistemas de información legislativa de ambas cámaras, y detectó donde los legisladores han puesto su esfuerzo.
Leyes incompletas
Durante dos años el Congreso solo ha logrado ponerse de acuerdo para aprobar 41 leyes, pero de este número 23 fueron enviadas por el Poder Ejecutivo y una por la Suprema Corte de Justicia, por lo que solo 17 fueron iniciativas de algún legislador.
Además, de este último número, ocho fueron leyes que solo cambian el nombre de alguna calle o estructura, por lo que solo las restantes nueve constituyen piezas que pueden llegar a generar un impacto.
Justamente a partir de esta falta de leyes aprobadas por ambas cámaras legislativas radica un problema, y es que visto de otra manera, los diputados y senadores sólo se han logrado poner de acuerdo en 17 oportunidades cuando se trata de iniciativas propuestas por un legislador.
Esta problemática se fundamenta en que la Cámara de Diputados ha aprobado unas 96 iniciativas de ley y en Senado más de 100 leyes, sin embargo, la mayor parte de estas no logran concretarse, quedando estancadas al pasar de cámara.
Esta problemática también se ha visto reflejada en conflictos públicos, como cn la Ley Nacional de Vacunas, aprobada en el Senado, pero estancada en la Cámara de Diputados, luego de un grupo de diputados alegó que con esa pieza se quería obligar a la población a “vacunarse obligatoriamente”.
De igual manera, está el caso del proyecto de ley que regula la lengua de seña y el Sistema Braille en República Dominicana, el cual ha sido aprobado al menos una cinco veces en la Cámara de Diputados y al llegar al Senado perime.
Las deudas pendientes
Más allá de lo hecho por el Congreso Nacional durante estos dos años, en sus cámaras existen decenas de leyes pendientes de aprobación, que son limitadas a enviarse a una comisión, pero nunca debatidas.
La primera deuda pendiente que tiene el Congreso Nacional y que va acorde a uno de los desafíos no cumplidos, es lograr el consenso y la aprobación del nuevo Código Penal.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, hizo mención de este proyecto a poco de concluir la última legislatura, dando a entrever que podrían retomar los debates y las acciones para intentar sancionar la pieza legislativa en los restantes dos años.
También, dentro de la mora legislativa que tienen en el Congreso Nacional, aparecen otros pendientes, como la reforma al Código Civil, Ias leyes de Hidrocarburos, de Compras y Contrataciones, de Fideicomisos, de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de Aguas, de Referéndum, entre otras iniciativas.
Sin embargo, aunque trabajo hay de sobra, la cercanía con el inicio de la precampaña electoral podrían colocar en detrimento las labores legislativas para los siguientes dos años.
Restando dos años, los legisladores aún están a tiempo de recomponerse y afrontar las responsabilidades que aún tienen pendiente.
655
Resoluciones.
Entre la Cámara de Diputados y el Senado han aprobado en estos dos años 655 resoluciones, casi una por día, en las cuales los legisladores piden, solicitan, recomiendan, instruyen o exhortan a que algún funcionario de primer nivel a construir algunas obras o ejecute alguna acción a favor de su provincia.
Miles
Siguen vigentes.
En ambas cámaras siguen vigentes miles de resoluciones que al final y al cabo no tienen ningún peso, ya que no comprometen a los funcionarios a tener que dar una respuesta, ya que son un documento declarativo, porque se pide solución a una autorida, pero sin compromiso o exigencia alguna.
SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del colentamiento diurno, segun el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.
Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.
Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE
En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.
Nacionales
PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.
Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.
«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.
- El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.
Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».
«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».
Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».
Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y «con rencor», así como por interés político.
Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.
Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.
Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado de fallo el juicio seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
El tribunal integrado por las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yune y Jissel Naranjo, decidió reservarse el veredicto, para el 15 de junio a las 3:00 de la tarde.
La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.
La jueza sostuvo que quedaban cerrados los debates y que de acuerdo a los artículos 338 y 377, numeral cinco del Código Procesal Penal, este último establece que si el debate se excedió por más de 30 días en este caso, el juicio inició el pasado 27 de junio de 2024, el plazo de la deliberación es de 40 días.
El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.
A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.
Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.
Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.
El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
Igualmente, el coronel Rafael Núñez de Aza y el capitán Franklin Antonio Mata Flores, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, y el testigo clave del proceso, el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez.
También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.