Santo Domingo, RD.-Se ha agotado en el país la esperanza de tener un nuevo Código Penal, el cual lleva tantos años de vigencia que ya no encaja con la sociedad dominicana, pero que los legisladores se han apoyado en cualquier contrasentido para evitar su aprobación.Nacionales
El Congreso Nacional le ha dado un archivo definitivo al Código Penal.
Santo Domingo, RD.-Se ha agotado en el país la esperanza de tener un nuevo Código Penal, el cual lleva tantos años de vigencia que ya no encaja con la sociedad dominicana, pero que los legisladores se han apoyado en cualquier contrasentido para evitar su aprobación.Los 222 congresistas, divididos en 190 diputados y 32 senadores, han dispuesto de 730 días para demostrar si disponían de la capacidad suficiente para impulsar normativas legislativas que permitieran, en primera instancia, superar la pandemia del Covid-19.
La pandemia fue el primer desafío para los legisladores. Durante ese tiempo, aprobaron al Poder Ejecutivo nueve solicitudes de Estados de Emergencia, iniciando el 28 de agosto de 2020 y finalizando exactamente un año después.
Sumado a esto, durante la pandemia se aprobaron al menos cinco préstamos destinados a hacer frente al Covid-19, por un monto estimado de US$1,086,080,000, cifra a la cual se le puede agregar otros endeudamientos aprobados durante este período, pero con distintas finalidades.
Un segundo desafío que tuvieron fue la reforma a un Código Penal que tiene más de un siglo de antigüedad, pero la aprobación nunca se pudo concretar.
El proyecto de ley de Código Penal fue debatido por más de un año en comisiones especiales, bicamerales, consultas públicas y otros espacios, sin embargo, cuando todo parecía consensuado, la Cámara de Diputados no alcanzó los votos suficientes para aprobar un informe ya sancionado por el Senado y finalmente el proyecto perimió.
Un tercer desafío que también acaparó la atención nacional, fue la Ley de Extinción de Dominio, aprobada tras polémica, debates acalorados y presión tanto nacional como internacional.
En la primera sanción del Senado no contaba con el apoyo de las bancadas de oposición. Sin embargo, una serie de reformas y consensos en la Cámara de Diputados permitió su aprobación a unanimidad en ambos órganos legislativos.
Aunque estos tres desafíos acapararon la atención nacional en gran parte de estos dos años, este medio recopiló y analizó todas las iniciativas legislativas sancionadas por el Congreso, a partir de su extracción de los sistemas de información legislativa de ambas cámaras, y detectó donde los legisladores han puesto su esfuerzo.
Leyes incompletas
Durante dos años el Congreso solo ha logrado ponerse de acuerdo para aprobar 41 leyes, pero de este número 23 fueron enviadas por el Poder Ejecutivo y una por la Suprema Corte de Justicia, por lo que solo 17 fueron iniciativas de algún legislador.
Además, de este último número, ocho fueron leyes que solo cambian el nombre de alguna calle o estructura, por lo que solo las restantes nueve constituyen piezas que pueden llegar a generar un impacto.
Justamente a partir de esta falta de leyes aprobadas por ambas cámaras legislativas radica un problema, y es que visto de otra manera, los diputados y senadores sólo se han logrado poner de acuerdo en 17 oportunidades cuando se trata de iniciativas propuestas por un legislador.
Esta problemática se fundamenta en que la Cámara de Diputados ha aprobado unas 96 iniciativas de ley y en Senado más de 100 leyes, sin embargo, la mayor parte de estas no logran concretarse, quedando estancadas al pasar de cámara.
Esta problemática también se ha visto reflejada en conflictos públicos, como cn la Ley Nacional de Vacunas, aprobada en el Senado, pero estancada en la Cámara de Diputados, luego de un grupo de diputados alegó que con esa pieza se quería obligar a la población a “vacunarse obligatoriamente”.
De igual manera, está el caso del proyecto de ley que regula la lengua de seña y el Sistema Braille en República Dominicana, el cual ha sido aprobado al menos una cinco veces en la Cámara de Diputados y al llegar al Senado perime.
Las deudas pendientes
Más allá de lo hecho por el Congreso Nacional durante estos dos años, en sus cámaras existen decenas de leyes pendientes de aprobación, que son limitadas a enviarse a una comisión, pero nunca debatidas.
La primera deuda pendiente que tiene el Congreso Nacional y que va acorde a uno de los desafíos no cumplidos, es lograr el consenso y la aprobación del nuevo Código Penal.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, hizo mención de este proyecto a poco de concluir la última legislatura, dando a entrever que podrían retomar los debates y las acciones para intentar sancionar la pieza legislativa en los restantes dos años.
También, dentro de la mora legislativa que tienen en el Congreso Nacional, aparecen otros pendientes, como la reforma al Código Civil, Ias leyes de Hidrocarburos, de Compras y Contrataciones, de Fideicomisos, de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de Aguas, de Referéndum, entre otras iniciativas.
Sin embargo, aunque trabajo hay de sobra, la cercanía con el inicio de la precampaña electoral podrían colocar en detrimento las labores legislativas para los siguientes dos años.
Restando dos años, los legisladores aún están a tiempo de recomponerse y afrontar las responsabilidades que aún tienen pendiente.
655
Resoluciones.
Entre la Cámara de Diputados y el Senado han aprobado en estos dos años 655 resoluciones, casi una por día, en las cuales los legisladores piden, solicitan, recomiendan, instruyen o exhortan a que algún funcionario de primer nivel a construir algunas obras o ejecute alguna acción a favor de su provincia.
Miles
Siguen vigentes.
En ambas cámaras siguen vigentes miles de resoluciones que al final y al cabo no tienen ningún peso, ya que no comprometen a los funcionarios a tener que dar una respuesta, ya que son un documento declarativo, porque se pide solución a una autorida, pero sin compromiso o exigencia alguna.
Nacionales
Transitoriamente no tendrá penalidad el pago por la pérdida o deterioro de la libreta de pasaportes.
Santo Domingo.- La suspension de manera temporal del pago de penalidad por deterioro o pérdida de la libreta si los ciudadanos realizan la transición al nuevo pasaporte electronico, segun fue anunciado por la Dirección General de Pasaportes.
La información la ofreció el director general de la institución, Lorenzo David Ramírez Uribe, quien precisó que la medida será implementada desde el 15 de este mes hasta el 31 de diciembre de este año.
«Esta decisión representa un alivio económico real para miles de dominicanos que desde el 2011 cuando una persona perdía o deterioraba su libreta debía asumir un costo adicional y que encarecía el proceso de obtención de un nuevo pasaporte», señaló.
El impacto de esta disposición es significativo. Estimamos que generará un ahorro superior a los 48 millones de pesos para el bolsillo de los dominicanos durante el periodo vigente de esta pasividad.
«Este dinero permanecerá en manos de las familias, de los estudiantes, de los trabajadores y de los emprendedores que necesitan viajar y que ahora podrán realizar su trámite con una carga económicamente menor», expresó durante una rueda de prensa.
Ramírez Uribe informó que, a la fecha, se han emitido alrededor de 26.000 pasaportes electrónicos en las 5 oficinas habilitadas para ofrecer este servicio.
«Esta cifra representa la confianza de la ciudadanía en este nuevo documento y el éxito de esta implementación. Detrás de cada uno de estos pasaportes hay una identidad protegida con los más altos estándares internacionales de seguridad y un documento alineado con las mejores prácticas mundiales», sostuvo.
Asimismo, enfatizó que continúan ampliando su cobertura nacional, incorporando el servicio de pasaporte electrónico en nuevas localidades de forma estratégica, incluyendo sus oficinas en Occidental Mall, en Santo Domingo Oeste, (2:12) Colinas Mall, en Santo Domingo Norte, así como en la provincia de Nueves y Azores.
Santo Domingo, R.D.-Nuevos movimientos ha hecho el presidente Luis Abinader dispuso en el servicio exterior dominicano mediante los decretos 350-26 y 351-26, con los cuales fueron designados representantes consulares en Chile, Estados Unidos y Venezuela.
Las disposiciones del Poder Ejecutivo oficializan nombramientos en Santiago de Chile, Providence, Raleigh (EE.UU) y Caracas, como parte de las atribuciones constitucionales del mandatario para dirigir la política exterior y designar funcionarios diplomáticos y consulares.
Mediante el Decreto 350-26, Robert Ramón Arias Fernández fue designado cónsul general de la República Dominicana en Santiago, República de Chile, con jurisdicción en todo el territorio chileno.
La misma disposición designa a Juan Mercedes Mateo Guerrero como cónsul general dominicano en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, una plaza de interés para la comunidad dominicana residente en esa zona del noreste estadounidense.
El decreto también deroga el artículo 2 del Decreto núm. 334-25, del 20 de junio de 2025, que había designado a María Luisa Ubiera Zorrilla como embajadora en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el mismo documento, Ubiera Zorrilla queda designada como cónsul general de la República Dominicana en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, ampliando así la representación consular dominicana en territorio norteamericano.
A través del Decreto 351-26, el Poder Ejecutivo designó a Héctor Pastor Vásquez Frías como cónsul general de la República Dominicana en Caracas, República Bolivariana de Venezuela.
Ambos decretos fueron remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Administración Pública y las demás instituciones correspondientes, para fines de conocimiento y ejecución.
Las designaciones se producen en el marco de la Ley núm. 630-16, Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior, normativa que regula la organización, funcionamiento y designación de los funcionarios vinculados a la representación internacional del Estado dominicano.
Santo Domingo, R.D.-Es perseguido activamente por la Policía Nacional Wilkin García Peguero, conocido como «Mantequilla», sobre quien pesa una orden de búsqueda y captura vinculada a un caso que se encuentra bajo investigación.
Es investigado por la presunta comisión de los delitos de asociación de malhechores, tentativa de homicidio agravada, golpes y heridas voluntarias y estafa.
El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que la orden judicial fue emitida hace varios días y que las autoridades han realizado gestiones para lograr su localización.
- Según indicó, se han producido contactos indirectos con García Peguero a través de personas que han servido como mediadores entre las partes.
Pesqueira reveló que sostuvo una conversación con Mantequilla, quien le manifestó su disposición de entregarse voluntariamente ante las autoridades. No obstante, aclaró que esa decisión corresponde exclusivamente al imputado y a sus representantes legales.
Mientras tanto, la Policía aseguró que continúa desarrollando labores de inteligencia y búsqueda con el objetivo de ubicar a García Peguero y ponerlo a disposición del Ministerio Público y de los tribunales competentes.
La institución reiteró que se mantiene abierta a recibir la entrega voluntaria del requerido.