Santo Domingo, RD.-Se ha agotado en el país la esperanza de tener un nuevo Código Penal, el cual lleva tantos años de vigencia que ya no encaja con la sociedad dominicana, pero que los legisladores se han apoyado en cualquier contrasentido para evitar su aprobación.Nacionales
El Congreso Nacional le ha dado un archivo definitivo al Código Penal.
Santo Domingo, RD.-Se ha agotado en el país la esperanza de tener un nuevo Código Penal, el cual lleva tantos años de vigencia que ya no encaja con la sociedad dominicana, pero que los legisladores se han apoyado en cualquier contrasentido para evitar su aprobación.Los 222 congresistas, divididos en 190 diputados y 32 senadores, han dispuesto de 730 días para demostrar si disponían de la capacidad suficiente para impulsar normativas legislativas que permitieran, en primera instancia, superar la pandemia del Covid-19.
La pandemia fue el primer desafío para los legisladores. Durante ese tiempo, aprobaron al Poder Ejecutivo nueve solicitudes de Estados de Emergencia, iniciando el 28 de agosto de 2020 y finalizando exactamente un año después.
Sumado a esto, durante la pandemia se aprobaron al menos cinco préstamos destinados a hacer frente al Covid-19, por un monto estimado de US$1,086,080,000, cifra a la cual se le puede agregar otros endeudamientos aprobados durante este período, pero con distintas finalidades.
Un segundo desafío que tuvieron fue la reforma a un Código Penal que tiene más de un siglo de antigüedad, pero la aprobación nunca se pudo concretar.
El proyecto de ley de Código Penal fue debatido por más de un año en comisiones especiales, bicamerales, consultas públicas y otros espacios, sin embargo, cuando todo parecía consensuado, la Cámara de Diputados no alcanzó los votos suficientes para aprobar un informe ya sancionado por el Senado y finalmente el proyecto perimió.
Un tercer desafío que también acaparó la atención nacional, fue la Ley de Extinción de Dominio, aprobada tras polémica, debates acalorados y presión tanto nacional como internacional.
En la primera sanción del Senado no contaba con el apoyo de las bancadas de oposición. Sin embargo, una serie de reformas y consensos en la Cámara de Diputados permitió su aprobación a unanimidad en ambos órganos legislativos.
Aunque estos tres desafíos acapararon la atención nacional en gran parte de estos dos años, este medio recopiló y analizó todas las iniciativas legislativas sancionadas por el Congreso, a partir de su extracción de los sistemas de información legislativa de ambas cámaras, y detectó donde los legisladores han puesto su esfuerzo.
Leyes incompletas
Durante dos años el Congreso solo ha logrado ponerse de acuerdo para aprobar 41 leyes, pero de este número 23 fueron enviadas por el Poder Ejecutivo y una por la Suprema Corte de Justicia, por lo que solo 17 fueron iniciativas de algún legislador.
Además, de este último número, ocho fueron leyes que solo cambian el nombre de alguna calle o estructura, por lo que solo las restantes nueve constituyen piezas que pueden llegar a generar un impacto.
Justamente a partir de esta falta de leyes aprobadas por ambas cámaras legislativas radica un problema, y es que visto de otra manera, los diputados y senadores sólo se han logrado poner de acuerdo en 17 oportunidades cuando se trata de iniciativas propuestas por un legislador.
Esta problemática se fundamenta en que la Cámara de Diputados ha aprobado unas 96 iniciativas de ley y en Senado más de 100 leyes, sin embargo, la mayor parte de estas no logran concretarse, quedando estancadas al pasar de cámara.
Esta problemática también se ha visto reflejada en conflictos públicos, como cn la Ley Nacional de Vacunas, aprobada en el Senado, pero estancada en la Cámara de Diputados, luego de un grupo de diputados alegó que con esa pieza se quería obligar a la población a “vacunarse obligatoriamente”.
De igual manera, está el caso del proyecto de ley que regula la lengua de seña y el Sistema Braille en República Dominicana, el cual ha sido aprobado al menos una cinco veces en la Cámara de Diputados y al llegar al Senado perime.
Las deudas pendientes
Más allá de lo hecho por el Congreso Nacional durante estos dos años, en sus cámaras existen decenas de leyes pendientes de aprobación, que son limitadas a enviarse a una comisión, pero nunca debatidas.
La primera deuda pendiente que tiene el Congreso Nacional y que va acorde a uno de los desafíos no cumplidos, es lograr el consenso y la aprobación del nuevo Código Penal.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, hizo mención de este proyecto a poco de concluir la última legislatura, dando a entrever que podrían retomar los debates y las acciones para intentar sancionar la pieza legislativa en los restantes dos años.
También, dentro de la mora legislativa que tienen en el Congreso Nacional, aparecen otros pendientes, como la reforma al Código Civil, Ias leyes de Hidrocarburos, de Compras y Contrataciones, de Fideicomisos, de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de Aguas, de Referéndum, entre otras iniciativas.
Sin embargo, aunque trabajo hay de sobra, la cercanía con el inicio de la precampaña electoral podrían colocar en detrimento las labores legislativas para los siguientes dos años.
Restando dos años, los legisladores aún están a tiempo de recomponerse y afrontar las responsabilidades que aún tienen pendiente.
655
Resoluciones.
Entre la Cámara de Diputados y el Senado han aprobado en estos dos años 655 resoluciones, casi una por día, en las cuales los legisladores piden, solicitan, recomiendan, instruyen o exhortan a que algún funcionario de primer nivel a construir algunas obras o ejecute alguna acción a favor de su provincia.
Miles
Siguen vigentes.
En ambas cámaras siguen vigentes miles de resoluciones que al final y al cabo no tienen ningún peso, ya que no comprometen a los funcionarios a tener que dar una respuesta, ya que son un documento declarativo, porque se pide solución a una autorida, pero sin compromiso o exigencia alguna.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.