Santo Domingo, RD.-Se ha agotado en el país la esperanza de tener un nuevo Código Penal, el cual lleva tantos años de vigencia que ya no encaja con la sociedad dominicana, pero que los legisladores se han apoyado en cualquier contrasentido para evitar su aprobación.Nacionales
El Congreso Nacional le ha dado un archivo definitivo al Código Penal.
Santo Domingo, RD.-Se ha agotado en el país la esperanza de tener un nuevo Código Penal, el cual lleva tantos años de vigencia que ya no encaja con la sociedad dominicana, pero que los legisladores se han apoyado en cualquier contrasentido para evitar su aprobación.Los 222 congresistas, divididos en 190 diputados y 32 senadores, han dispuesto de 730 días para demostrar si disponían de la capacidad suficiente para impulsar normativas legislativas que permitieran, en primera instancia, superar la pandemia del Covid-19.
La pandemia fue el primer desafío para los legisladores. Durante ese tiempo, aprobaron al Poder Ejecutivo nueve solicitudes de Estados de Emergencia, iniciando el 28 de agosto de 2020 y finalizando exactamente un año después.
Sumado a esto, durante la pandemia se aprobaron al menos cinco préstamos destinados a hacer frente al Covid-19, por un monto estimado de US$1,086,080,000, cifra a la cual se le puede agregar otros endeudamientos aprobados durante este período, pero con distintas finalidades.
Un segundo desafío que tuvieron fue la reforma a un Código Penal que tiene más de un siglo de antigüedad, pero la aprobación nunca se pudo concretar.
El proyecto de ley de Código Penal fue debatido por más de un año en comisiones especiales, bicamerales, consultas públicas y otros espacios, sin embargo, cuando todo parecía consensuado, la Cámara de Diputados no alcanzó los votos suficientes para aprobar un informe ya sancionado por el Senado y finalmente el proyecto perimió.
Un tercer desafío que también acaparó la atención nacional, fue la Ley de Extinción de Dominio, aprobada tras polémica, debates acalorados y presión tanto nacional como internacional.
En la primera sanción del Senado no contaba con el apoyo de las bancadas de oposición. Sin embargo, una serie de reformas y consensos en la Cámara de Diputados permitió su aprobación a unanimidad en ambos órganos legislativos.
Aunque estos tres desafíos acapararon la atención nacional en gran parte de estos dos años, este medio recopiló y analizó todas las iniciativas legislativas sancionadas por el Congreso, a partir de su extracción de los sistemas de información legislativa de ambas cámaras, y detectó donde los legisladores han puesto su esfuerzo.
Leyes incompletas
Durante dos años el Congreso solo ha logrado ponerse de acuerdo para aprobar 41 leyes, pero de este número 23 fueron enviadas por el Poder Ejecutivo y una por la Suprema Corte de Justicia, por lo que solo 17 fueron iniciativas de algún legislador.
Además, de este último número, ocho fueron leyes que solo cambian el nombre de alguna calle o estructura, por lo que solo las restantes nueve constituyen piezas que pueden llegar a generar un impacto.
Justamente a partir de esta falta de leyes aprobadas por ambas cámaras legislativas radica un problema, y es que visto de otra manera, los diputados y senadores sólo se han logrado poner de acuerdo en 17 oportunidades cuando se trata de iniciativas propuestas por un legislador.
Esta problemática se fundamenta en que la Cámara de Diputados ha aprobado unas 96 iniciativas de ley y en Senado más de 100 leyes, sin embargo, la mayor parte de estas no logran concretarse, quedando estancadas al pasar de cámara.
Esta problemática también se ha visto reflejada en conflictos públicos, como cn la Ley Nacional de Vacunas, aprobada en el Senado, pero estancada en la Cámara de Diputados, luego de un grupo de diputados alegó que con esa pieza se quería obligar a la población a “vacunarse obligatoriamente”.
De igual manera, está el caso del proyecto de ley que regula la lengua de seña y el Sistema Braille en República Dominicana, el cual ha sido aprobado al menos una cinco veces en la Cámara de Diputados y al llegar al Senado perime.
Las deudas pendientes
Más allá de lo hecho por el Congreso Nacional durante estos dos años, en sus cámaras existen decenas de leyes pendientes de aprobación, que son limitadas a enviarse a una comisión, pero nunca debatidas.
La primera deuda pendiente que tiene el Congreso Nacional y que va acorde a uno de los desafíos no cumplidos, es lograr el consenso y la aprobación del nuevo Código Penal.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, hizo mención de este proyecto a poco de concluir la última legislatura, dando a entrever que podrían retomar los debates y las acciones para intentar sancionar la pieza legislativa en los restantes dos años.
También, dentro de la mora legislativa que tienen en el Congreso Nacional, aparecen otros pendientes, como la reforma al Código Civil, Ias leyes de Hidrocarburos, de Compras y Contrataciones, de Fideicomisos, de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de Aguas, de Referéndum, entre otras iniciativas.
Sin embargo, aunque trabajo hay de sobra, la cercanía con el inicio de la precampaña electoral podrían colocar en detrimento las labores legislativas para los siguientes dos años.
Restando dos años, los legisladores aún están a tiempo de recomponerse y afrontar las responsabilidades que aún tienen pendiente.
655
Resoluciones.
Entre la Cámara de Diputados y el Senado han aprobado en estos dos años 655 resoluciones, casi una por día, en las cuales los legisladores piden, solicitan, recomiendan, instruyen o exhortan a que algún funcionario de primer nivel a construir algunas obras o ejecute alguna acción a favor de su provincia.
Miles
Siguen vigentes.
En ambas cámaras siguen vigentes miles de resoluciones que al final y al cabo no tienen ningún peso, ya que no comprometen a los funcionarios a tener que dar una respuesta, ya que son un documento declarativo, porque se pide solución a una autorida, pero sin compromiso o exigencia alguna.
Santo Domingo, R.D.-Fue rechazada por Segundo Tribunal Colegiado la solicitud de extincion de la accion penal que hubiera favorecido al exprocurador Jean Alain Rodríguez tras el tribunal argumentar que la demora en los casi seis años que tiene el proceso ha sido justificada y «razonable».
Las tres jueces, que decidieron denegar la petición de manera unánime, afirmaron que la tardanza se debe a solicitud de aplazamientos de todas las partes, incluida el Ministerio Público, y se acogieron para hacer valer la tutela de los derechos de todas las partes del caso de presunta corrupción.
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, Clara Castillo y Yissell Soto, sostienen que su resolución es por la razón de no haber existido «una mora injustificada y haciendo acopio del criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional» que ha establecido que «no debe ser un mero conteo matemático» el plazo de los procesos penales.
En ese sentido, las magistradas, según las palabras de la jueza Clara Castillo, «aún cuando ha vencido el plazo legal, el tribunal entiende que no procede la solución de la extinción penal por el plazo máximo de duración«.
«Cuando el tribunal hace el análisis de la actividad procesal, el tribunal llega a la conclusión que, independientemente de que el caso ha excedido el plazo máximo de duración del proceso, ha sido necesario, la duración ha sido razonable, no se ha observado una demora injustificada»Jueza del Segundo Tribunal Colegiado del DN
Las juezas acogieron el conteo de la defensa de Rodríguez Sánchez, desde el inicio de la alerta migratoria en el 2020 y no cuando se le detuvo en junio del 2021, por lo que el proceso, según el tribunal, tiene » 5 años, 8 meses y 17 días».
Al exfuncionario se le impidió salir del país «el 25 de noviembre del año 2020», como consecuencia de la alerta migratoria por la investigación que se le realizaba.
La jueza Castillo hizo un recuerdo de todos los incidentes presentado, desde la etapa de Instrucción, por salud, fallecimiento de parientes de los imputados, recusaciones a jueces y a fiscales, que motivaron los aplazamientos.
Subrayó que en los casi seis años los distintos tribunales se han mantenido activo conociendo los incidentes del caso, los que incluso han llegado hasta al Tribunal Constitucional.
«Este caso no ha llegado a este tiempo porque el proceso estuvo engavetado en algún lugar«, aclaró la jueza al hablar por el tribunal.
Las otras defensas de los demás acusados solicitaron presentar ellos la misma petición fallada por el tribunal a Jean Alain Rodríguez, lo que obligó al titular de Persecución, Wilson Camacho, volver a sentarse cuando se le autorizó presentar la acusación.
A las 1:00 de la tarde se dio un receso por almuerzo para retornar con la audiencia a las 2:00 de la tarde.
Inmediatamente después de emitirse el rechazo a poner fin a la persecución penal contra el exprocurador general, su defensa, encabezada por Carlos Balcácer, adelantó que lo apelarán a la Corte inmediatamente se publique la resolución completa, el 7 de septiembre.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, acusó al exprocurador Jean Alain Rodríguez de, una vez rechazársele la extinción, «organiza» a los demás acusados para que presenten el mismo incidente para evitar que se lea la acusación y se presenten las pruebas en su contra.
Reiteró que el exfuncionario deberá en cualquier momento enfrentarse a las imputaciones que se le hacen.
La acusación y quiénes son
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los otros 14 procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Se les señala de afectar al Estado con más de 6 mil millones de pesos mediante procesos de compras irregulares, extorsión y el uso de recursos públicos para fines personales y políticos del exprocurador.
Los que enfrentan actualmente el juicio de fondo junto a Rodríguez Sánchez son e exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonnathan Rodríguez Imbert; el exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano Augusto, y el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina.
También la excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado; el excontador del Ministerio Público, Rafael Antonio Mercedes Marte y la exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría, Isis Tapia Stefanni.
Asimismo están señalados por el Ministerio Público, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.
Santo Domingo, R.D.-Fueron identificados este lunes los dos fallecidos en el accidente de tránsito que involucró un camión de combustible, un automóvil, una yipeta y una motocicleta en la avenida George Washington, próximo al restaurante Adrián Tropical, en el Distrito Nacional, en el que dos vehículos se calcinaron producto de una explosión.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Alejandro Torres Mejía, de 35 años, y María Altagracia Méndez de Olivo, de 53.
De acuerdo con la información suministrada por el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Frómeta Herasme, el hombre fallecido conducía el camión y la mujer se desplazaba en la yipeta.
- Frómeta Herasme indicó que las causas de la explosión del camión tanquero se encuentran en fase de investigación.
El accidente ocurrió a las 6:58 de la mañana de este lunes. Según las autoridades, el camión transportaba alrededor de 10,000 galones de combustible, que se derramaron y posteriormente explotó causando un incendio.
- Por tratarse de gasoil, los bomberos utilizaron espuma para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas.
El incendio provocó una intensa humareda en la zona y movilizó a unas 12 unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, además de generar un fuerte congestionamiento vehicular.
Al lugar del hecho acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom).
Santo Domingo, R.D.-Los recién designados mandos militares y politiciales designados mediante decretos por el presidente Luis Abinader fueron juramentados por el jefe de Estado.
En un acto realizado en el Palacio Nacional, el mandatario tomó juramento a Ernesto Rafael Rodríguez García como nuevo director general de la Policía Nacional; Jimmy Arias Grullón, como nuevo comandante general del Ejército de la República Dominicana; Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, como comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
Igualmente se juramentó a Jorge Iván Camino Pérez, Inspector General de las Fuerzas Armadas; Buenaventura Colón Rosario, como viceministro de Defensa para asuntos militares; a Manuel José Brito Estepan, como subcomandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana; a Dionisio de la Rosa Hernández, como inspector general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
En la imagen, los nuevos altos mandos militares y policiales.Javier Flores
Por igual quedaron juramentados en sus nuevas posiciones Celin Rubio Terreno, como asesor militar del presidente de la República; el general de brigada José Manuel Duran Infante, como subcomandante general del Ejército; Raúl Esteban Mora Hernández, inspector general del Ejército; Rafael Raimundo Ramírez Tejada, comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial del Ejército.
También fueron juramentados Guillermo Caro Cruz, como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Emmanuel Almonte Polanco, como subjefe del Cusep.
La designación de los altos mandos militares está contenida en el decreto 557-26, el cual fue dado a conocer en horas de la madrugada del lunes. Mientras que en la tarde fue difundido el 558-26, que dispone el nombramiento del nuevo director de la Policía Nacional.