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Hoy 16 de agosto es el 159 aniversario de la Restauración Dominicana
SANTO DOMINGO.- La República Dominicana celebra este 16 de agosto la reafirmación de la proclama de la independencia de 1844, la cual tuvo lugar desde 1863 hasta 1865 y cuyo proceso se conoce como el Día de la Restauración.
En ese momento tuvo lugar el emblemático Grito de Capotillo en el que se ondeó la bandera nacional a grito de ¡Dios, Patria y Libertad, República Dominicana! En ese momento se inició la guerra de la Restauración.
La Guerra de Restauración es considerada la segunda independencia nacional. Se trata conjuntamente de la más contundente prueba de identidad nacional, de definición y afianzamiento de la soberanía de la República Dominicana.
La Restauración fue un movimiento popular y nacionalista que mediante la guerra revolucionaria, devolvió a la República Dominicana su independencia, el 3 de marzo de 1865.
La base social de ese movimiento estaba constituida, fundamentalmente por campesinos, la gurgucia urbana. Estas clases enarbolaron la bandera del Republicanismo democrático como representantes del progreso económico Social y Político en su época histórica.
La Restauración fue además el mayor movimiento armado que conoció el país en toda su existencia, a partir incluso de los tiempos coloniales.
El 16 de agosto, los dominicanos conmemoran otro aniversario del inicio de los actos bélicos, que desataron la guerra domínico-española, por la restauración de la República Dominicana, que había sido proclamada el 27 de febrero de 1844, pero desde su fundación estuvo amenazada por las luchas intestinas de sus fundadores y otros que aún siendo acabados de llegar, ejercieron un protagonismo y una presión tan deliberante, que terminaron desplazando a los más sacrificados por la patria.
A estas luchas de intereses entre los dominicanos, se sumaron las constantes invasiones, amenazas y presiones de los haitianos, quienes alegaban que desde el tratado de Basilea en 1795, la isla era una sola e indivisible y por lo tanto se oponían a la independencia del territorio que ellos siempre habían reclamado y que habían gobernado desde el 9 de febrero de 1822, hasta el 27 de febrero de 1844.
Para finales del año 1864, ya el movimiento restaurador abarcaba todo el territorio dominicano, bajo el criterio de que la República todavía existía y bajo la consigna de “Libertad o Muerte” y “Guerra a Muerte Contra el Colonialismo Español y los Traidores a la Patria”
También presionaban e instigaban potencias como Francia, España, Inglaterra y el naciente imperio del norte, como llamara José Martí a los Estados Unidos de América. Estas potencias no tenían ningún interés real en el territorio dominicano, sino tenerlo como base para sus defensas o para atacar a otras potencias, por eso el desenfrenado interés por la estratégica bahía de Samaná.
En el caso de los haitianos, ya que ellos sólo querían esa parte de la isla para evitar que cayera en manos de alguna de esas potencias y en caso de verse atacados, dar a Quisqueya como botín de guerra, en un eventual acuerdo de paz.
En este estado de efervescencia, intranquilidad e inestabilidad social, política y económica, así como los constantes cambios de gobernantes y el revanchismo político, el país pasó sus primeros trece años de vida republicana, hasta que el 7 de julio de 1857, estalló un movimiento en todo el Cibao, que es conocido en la historia dominicana como la Revolución de Julio y terminó con el derrocamiento del segundo gobierno de Buenaventura Báez y abriendo el camino para el tercer y último gobierno de Pedro Santana.
El proceso de la anexión a España fue largo, ya que se acompañó de proyectos y gestiones como las que encabezaron Buenaventura Báez en 1846 y 1857, Mella y Felipe Alfaú en 1853.
Ya para 1860 la anexión a España comienza a germinar, a raíz de una larga exposición que escribió Pedro Santana a la reina Isabel II.
En esa carta Santana fundamenta la solicitud, señalando entre otras cosas, que el hecho de tener el mismo origen, religión y costumbres “nos inclinan a desear encontrar esa estabilidad en una más perfecta unión con la que fue nuestra madre patria que la que existe y seguramente nos presentará mejor oportunidad que las que ofrecen hoy las circunstancias”.
Como resultado de esta solicitud, llegó a Santo Domingo el general español Gutiérrez de Rubalcaba para estudiar la situación y rendir un informe, el cual fue favorable a la petición de anexión y Santana procedió a someter las bases en que debía apoyarse la anexión, las cuales especificaban lo siguiente:
1) El respeto a la libertad individual y al principio de no esclavitud.
2) Que el territorio dominicano fuera considerado como una provincia española y como tal, disfrutará de los derechos correspondientes.
3) La utilización del mayor número de hombres, especialmente los del ejército, que desde 1844 habían prestado importantes servicios a la patria.
4) La amortización del papel moneda circulante, como una de las primeras medidas.
5) El reconocimiento y validez de los actos gubernamentales, ocurridos en el país desde 1844.
Al comenzar el año 1861, los anexionistas se apoyaban en todo tipo de excusas para simular sus propósitos y mientras por un lado justificaban ante el gobierno español que la anexión se haría “conforme a los deseos que siempre habían manifestado los dominicanos”, por el otro lado se desarrollaba una política represiva, tratando de ahogar en sangre, cárceles y deportaciones, todo tipo de protesta que iban surgiendo en el país, y también se buscaba y se obtenía al precio que fuera, adhesión de los jefes militares y de grupos y personalidades influyentes.
Se colocaron personas de extrema confianza en los puestos claves, se escribieron circulares a funcionarios civiles y militares, así como a los cónsules y representantes diplomáticos acreditados en el país y se puso en funcionamiento la maquinaria propagandística para comunicarle al país, que ya la anexión era una realidad.
Para las primeras horas de la mañana del 18 de marzo de 1861, Pedro Santana, el primero y último presidente de la que hasta entonces había sido la República Dominicana, convocó al “pueblo” a la plaza de la catedral, hoy parque Colón, para darle oficialmente la “gran noticia” y bajar la bandera dominicana, para izar el pabellón español y entre las proclamas y argumentos en el acto de entrega, Santana proclamó lo siguiente:
“España nos protege, su pabellón nos cubre, sus armas impondrán a los extraños, reconoce nuestras libertades; Y juntos las defenderemos, formando un solo pueblo, una sola familia, como siempre fuimos; Juntos nos presentaremos ante los altares que la madre patria erigiera”.
La vuelta a la situación colonial se puso de manifiesto no sólo con la reincorporación del territorio a España, sino con el establecimiento de viejas modalidades coloniales, tales como instauración de las instituciones jurídicas hispánicas, un clima inquisitorial y de intolerancia religiosa, el predominio de los peninsulares y los prejuicios raciales frente a los nativos, entre otras barbaridades.
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PLD, parte de la cúpula de la partidocracia, afirma que sentencia del TC puede atentar contra sistema de partidos
Santo Domingo. – Los partidos tradicionales dominicanos, incluido el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), han mostrado su preocupación y rechazo a la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional (TC), que establece que en un proceso eleccionario se podrá presentar candidaturas independientes de carácter nacional, provincial y municipal que surjan a través de agrupaciones cívicas o sociales de ciudadanos.
En un comunicado, el secretario general de la organización política, Johnny Pujols, señaló que la decisión de la alta corte plantea serios riesgos para la estabilidad del sistema político.
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El dirigente morado aseguró que la sentencia del Tribunal Constitucional facilita la desigualdad en la competencia electoral, la infiltración para el crimen organizado, la división y el transfuguismo, así como el caos logístico y administrativo.
Según Pujols, esos puntos también son compartidos por otras organizaciones políticas y sociales, con las que ya se han “adelantado encuentros para tratar el tema”.
“Desde el Partido de la Liberación Dominicana reiteramos nuestra más alta preocupación por la sentencia TC/0788/24, así como la voluntad de construir junto a los actores del sistema de partidos una salida prudente que proteja el sistema de partidos y la democracia dominicana”, expresó.
En ese sentido, destacó que es crucial emprender acciones que permitan establecer reglas claras, límites y parámetros para esas candidaturas.
“Esta sentencia podría convertirse en un atentado mortal contra el sistema de partidos y la estabilidad política, social y democrática del país”, argumentó.
El dictamen del Tribunal Constitucional emitido el pasado lunes, también permite que agrupaciones cívicas o sociales propongan candidaturas independientes sin necesidad de inscripción previa, siempre que lo declaren ante la Junta Central Electoral (JCE) al menos 75 días antes de las elecciones.
Santo Domingo.- Sigmund Freud Mena, delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la Junta Central Electoral (JCE), anunció que los principales partidos políticos han adoptado una posición conjunta en rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales los artículos 157 y 158 de la Ley Electoral.
Esta decisión permite la inscripción de candidaturas independientes ante el órgano electoral.
“Hay una postura unificada entre los partidos con los que hemos dialogado en torno a la preocupación generada por esta decisión. Permitir candidaturas independientes sin una mínima regulación es peligroso, ya que los partidos políticos están estrictamente regulados, desde el financiamiento hasta su conformación y su participación electoral”, expresó Freud Mena.
El dirigente político señaló que la sentencia plantea serios desafíos técnicos y jurídicos, ya que, según explicó, interfiere con las facultades del Congreso Nacional.
“El Tribunal Constitucional detalló cómo debía redactarse la ley respecto a las agrupaciones sociales, ahora denominadas así, lo que entendemos como una invasión a competencias exclusivas del poder legislativo. Esto sienta un precedente alarmante”, afirmó.
Freud Mena recordó que los partidos políticos están consagrados en la Constitución como los principales vehículos de representación ciudadana para acceder a posiciones electivas.
Tribunal Constitucional
Según el artículo 216 de la Carta Magna, esta función es exclusiva de los partidos, y la creación de nuevas figuras atenta contra el sistema político establecido.
Preocupaciones y acciones conjuntas
Ante esta situación, los dirigentes de los principales partidos han iniciado conversaciones con la JCE y han acordado tomar acciones conjuntas.
Freud Mena explicó que, si bien respetan la institucionalidad del Tribunal Constitucional, como actores políticos directamente afectados, están en la obligación de plantear soluciones para regular esta nueva figura de candidaturas independientes.
“Existen dos alternativas: que el Congreso Nacional modifique la Ley Electoral para incluir estas disposiciones y establecer las regulaciones necesarias, o que la Junta Central Electoral emita reglamentos en caso de que el Congreso no actúe. Es crucial garantizar el control de esta nueva posibilidad, ya que no existe una vía jurídica para revisar una decisión definitiva del Tribunal Constitucional”, precisó.
Impacto político
Freud Mena también advirtió sobre las posibles divisiones internas que la sentencia podría generar en los partidos.
“Cualquier persona en desacuerdo con las decisiones internas de un partido podría optar por postularse como independiente, lo que fragmentaría aún más a las organizaciones políticas”, alertó.
Finalmente, el delegado del PRM reiteró la necesidad de establecer normativas claras para evitar el desbalance en el sistema político.
“La apertura a las candidaturas independientes debe contar con regulaciones mínimas que aseguren la estabilidad del sistema partidario y político del país. No podemos permitir que esta nueva realidad desestabilice el orden político nacional”, concluyó.
Santo Domingo, R.D.-El principal diario impreso y digital de la República Dominicana, el Listín Diario, trajo en su portada este domingo un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional, número TC-0788-24, la cual declara inconstitucional los artículos 156 y 157 de la ley 20-23, de Régimen Electoral, que tratan sobre las candidaturas políticas independientes por entender que hay una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados porque se condicionaba la posibilidad de participar en esa condición a la creación de una organización política.
Esos artículos manifestaban que para sustentar una candidatura independiente a la Presidencia de la República, se requiere una organización de cuadros directivos igual a la de los partidos políticos en todo el país, además de un programa de gobierno definido; la 20-23 igual señala que para los cargos de senadores y diputados al Congreso Nacional deberán ser sustentadas por la misma organización de cuadros directivos fijos para los partidos, agrupaciones o movimientos políticos, pero limitada a la demarcación electoral respectiva; mientras que el nivel de alcaldías y regidurías, estos tienen que presentar una organización municipal que los abale.
El párrafo tres del articulo 157 reseña que “serán aplicables a las candidaturas independientes y a las organizaciones que las sustenten, las demás disposiciones que establece esta ley, en lo que se refiere a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos y a las candidaturas sustentadas por estos, con las adaptaciones a que hubiere lugar y de acuerdo con las disposiciones de la Junta Central Electoral (JCE).
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», señala el dispositivo de la sentencia.
Una “amenaza” al sistema de partidos
Tras la sentencia, que se produjo a raíz de un recurso interpuesto por Roberto Fiallo, el tema se ha mantenido en el escaparate público en los últimos días; tanto que varios dirigentes de partidos han indicado que la sentencia sería una “amenaza” al sistema político.
“Imaginas que ahora todo el que sienta que puede ser candidato vaya y se inscriba, porque eso es lo que están diciendo. O sea, no habrá ningún requisito previo. ¿Cómo se van a contar los votos o repartir los fondos cuando hayan 200 candidaturas?», cuestionó Freund al conversar con representantes de los medios de comunicación.
Sin respuesta de la JCE
Con el pasar de los días, el pleno de la JCE aún no ha dado a conocer su posición sobre el tema ni los nuevos lineamientos que se estarían implementando a raíz de la sentencia de la alta corte.
La sentencia prepara el camino para que la ley 20-23, de Régimen Electoral, tenga que ser modificada para eliminar los artículos declarados inconstitucionales. Sería la tercera vez desde el 2018 que las leyes que rigen el sistema partidos y democracia de República Dominicana tengan que ser cambiados.
Precisamente en 2018 fue promulgada la ley 33-18 sobre Partidos Políticos tras varios años de debate en el Congreso Nacional; luego fue aprobada la 15-19, de Régimen Electoral; ambos textos legislativos sustituían a la antigua “Ley Electoral” que regía en el país desde 1997.
Tras las elecciones de 2020 y varias sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior Electoral (TSE) recriminando la ambigüedad de la ley con relación a varios temas, se hizo imperiosa la necesidad de modificar la misma.
«El Congreso Nacional debe aprovechar esta situación para evaluar todas las cuestiones que han sido declaradas inconstitucionales», exclamó Freund.