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Hoy 16 de agosto es el 159 aniversario de la Restauración Dominicana
SANTO DOMINGO.- La República Dominicana celebra este 16 de agosto la reafirmación de la proclama de la independencia de 1844, la cual tuvo lugar desde 1863 hasta 1865 y cuyo proceso se conoce como el Día de la Restauración.
En ese momento tuvo lugar el emblemático Grito de Capotillo en el que se ondeó la bandera nacional a grito de ¡Dios, Patria y Libertad, República Dominicana! En ese momento se inició la guerra de la Restauración.
La Guerra de Restauración es considerada la segunda independencia nacional. Se trata conjuntamente de la más contundente prueba de identidad nacional, de definición y afianzamiento de la soberanía de la República Dominicana.
La Restauración fue un movimiento popular y nacionalista que mediante la guerra revolucionaria, devolvió a la República Dominicana su independencia, el 3 de marzo de 1865.
La base social de ese movimiento estaba constituida, fundamentalmente por campesinos, la gurgucia urbana. Estas clases enarbolaron la bandera del Republicanismo democrático como representantes del progreso económico Social y Político en su época histórica.
La Restauración fue además el mayor movimiento armado que conoció el país en toda su existencia, a partir incluso de los tiempos coloniales.
El 16 de agosto, los dominicanos conmemoran otro aniversario del inicio de los actos bélicos, que desataron la guerra domínico-española, por la restauración de la República Dominicana, que había sido proclamada el 27 de febrero de 1844, pero desde su fundación estuvo amenazada por las luchas intestinas de sus fundadores y otros que aún siendo acabados de llegar, ejercieron un protagonismo y una presión tan deliberante, que terminaron desplazando a los más sacrificados por la patria.
A estas luchas de intereses entre los dominicanos, se sumaron las constantes invasiones, amenazas y presiones de los haitianos, quienes alegaban que desde el tratado de Basilea en 1795, la isla era una sola e indivisible y por lo tanto se oponían a la independencia del territorio que ellos siempre habían reclamado y que habían gobernado desde el 9 de febrero de 1822, hasta el 27 de febrero de 1844.
Para finales del año 1864, ya el movimiento restaurador abarcaba todo el territorio dominicano, bajo el criterio de que la República todavía existía y bajo la consigna de “Libertad o Muerte” y “Guerra a Muerte Contra el Colonialismo Español y los Traidores a la Patria”
También presionaban e instigaban potencias como Francia, España, Inglaterra y el naciente imperio del norte, como llamara José Martí a los Estados Unidos de América. Estas potencias no tenían ningún interés real en el territorio dominicano, sino tenerlo como base para sus defensas o para atacar a otras potencias, por eso el desenfrenado interés por la estratégica bahía de Samaná.
En el caso de los haitianos, ya que ellos sólo querían esa parte de la isla para evitar que cayera en manos de alguna de esas potencias y en caso de verse atacados, dar a Quisqueya como botín de guerra, en un eventual acuerdo de paz.
En este estado de efervescencia, intranquilidad e inestabilidad social, política y económica, así como los constantes cambios de gobernantes y el revanchismo político, el país pasó sus primeros trece años de vida republicana, hasta que el 7 de julio de 1857, estalló un movimiento en todo el Cibao, que es conocido en la historia dominicana como la Revolución de Julio y terminó con el derrocamiento del segundo gobierno de Buenaventura Báez y abriendo el camino para el tercer y último gobierno de Pedro Santana.
El proceso de la anexión a España fue largo, ya que se acompañó de proyectos y gestiones como las que encabezaron Buenaventura Báez en 1846 y 1857, Mella y Felipe Alfaú en 1853.
Ya para 1860 la anexión a España comienza a germinar, a raíz de una larga exposición que escribió Pedro Santana a la reina Isabel II.
En esa carta Santana fundamenta la solicitud, señalando entre otras cosas, que el hecho de tener el mismo origen, religión y costumbres “nos inclinan a desear encontrar esa estabilidad en una más perfecta unión con la que fue nuestra madre patria que la que existe y seguramente nos presentará mejor oportunidad que las que ofrecen hoy las circunstancias”.
Como resultado de esta solicitud, llegó a Santo Domingo el general español Gutiérrez de Rubalcaba para estudiar la situación y rendir un informe, el cual fue favorable a la petición de anexión y Santana procedió a someter las bases en que debía apoyarse la anexión, las cuales especificaban lo siguiente:
1) El respeto a la libertad individual y al principio de no esclavitud.
2) Que el territorio dominicano fuera considerado como una provincia española y como tal, disfrutará de los derechos correspondientes.
3) La utilización del mayor número de hombres, especialmente los del ejército, que desde 1844 habían prestado importantes servicios a la patria.
4) La amortización del papel moneda circulante, como una de las primeras medidas.
5) El reconocimiento y validez de los actos gubernamentales, ocurridos en el país desde 1844.
Al comenzar el año 1861, los anexionistas se apoyaban en todo tipo de excusas para simular sus propósitos y mientras por un lado justificaban ante el gobierno español que la anexión se haría “conforme a los deseos que siempre habían manifestado los dominicanos”, por el otro lado se desarrollaba una política represiva, tratando de ahogar en sangre, cárceles y deportaciones, todo tipo de protesta que iban surgiendo en el país, y también se buscaba y se obtenía al precio que fuera, adhesión de los jefes militares y de grupos y personalidades influyentes.
Se colocaron personas de extrema confianza en los puestos claves, se escribieron circulares a funcionarios civiles y militares, así como a los cónsules y representantes diplomáticos acreditados en el país y se puso en funcionamiento la maquinaria propagandística para comunicarle al país, que ya la anexión era una realidad.
Para las primeras horas de la mañana del 18 de marzo de 1861, Pedro Santana, el primero y último presidente de la que hasta entonces había sido la República Dominicana, convocó al “pueblo” a la plaza de la catedral, hoy parque Colón, para darle oficialmente la “gran noticia” y bajar la bandera dominicana, para izar el pabellón español y entre las proclamas y argumentos en el acto de entrega, Santana proclamó lo siguiente:
“España nos protege, su pabellón nos cubre, sus armas impondrán a los extraños, reconoce nuestras libertades; Y juntos las defenderemos, formando un solo pueblo, una sola familia, como siempre fuimos; Juntos nos presentaremos ante los altares que la madre patria erigiera”.
La vuelta a la situación colonial se puso de manifiesto no sólo con la reincorporación del territorio a España, sino con el establecimiento de viejas modalidades coloniales, tales como instauración de las instituciones jurídicas hispánicas, un clima inquisitorial y de intolerancia religiosa, el predominio de los peninsulares y los prejuicios raciales frente a los nativos, entre otras barbaridades.
Santo Domingo, R.D.-Los obispos de la Republica Dominicana en una eucaristía celebrada en la Catedral Primada de América dedicaron la misa de este domingo al pueblo de Venezuela, donde más de mil personas han fallecido a causa de dos terremotos.
Al iniciar la eucaristía, monseñor Piergiorgio Bertoldi hizo eco de las palabras del Santo Padre pronunciadas al finalizar el ángelus de este domingo, refiriéndose al reciente terremoto ocurrido en Venezuela: «Ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia».
Explicó que cuando esta convicción guía el actuar de los miembros de la Iglesia, los gobernantes y magistrados, “el derecho se convierte en amparo y garantía de todos”.
Al reflexionar sobre la defensa de la vida, señaló que “la grandeza moral de una nación no se mide por su crecimiento económico sino por su capacidad de proteger a los más débiles”.
Además, motivó a las autoridades públicas a ejercer un liderazgo que promueva el diálogo y que respete la conciencia y libertad religiosa de los ciudadanos, al afirmar que, la autonomía del Estado nunca “debe interpretarse como hostilidad” hacia la fe, puesto que “la conciencia cristiana es la que ha enseñado históricamente a nuestros pueblos que los pobres pertenecen plenamente a la comunidad y que la vida humana jamás puede ser tratada como una mercancía”.
La celebración eucarística fue transmitida por diversos medios de comunicación y contó con la participación de diplomáticos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos.
Desde el domingo 28 de junio hasta el viernes tres de julio los obispos están reunidos en Asamblea Plenaria. Es el conjunto de los obispos de la CED, quienes sostienen un encuentro anual para tratar una temática específica: elección de la nueva directiva, informar sobre las diócesis, conocer el trabajo de las comisiones, y temas varios de interés para la institución.
Santo Domingo, R.D.-Se ha reabierto en el pais la discusion sobre los límetes entre la proteccion del honor y la libertad de expresion ante la inminencia de la entrada en vigor en agosto de este año del nuevo Código Penal, cuyas disposiciones sobre injuria y difamación no solo actualizan figuras jurídicas existentes, sino que extienden su alcance al entorno digital, un aspecto que ha generado interrogantes entre juristas, periodistas y defensores de la libertad de prensa.
Entre quienes han analizado los cambios se encuentra el fiscal adscrito a la Procuraduría General de la República, Jonathan Pérez Fulcar, quien considera que la principal novedad de la Ley 74-25 radica en la ampliación de estas conductas al ciberespacio. Mientras la legislación anterior, sustentada principalmente en la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, estaba enfocada en medios tradicionales como la prensa escrita, la radio y la televisión, los artículos 208 al 212 del nuevo Código incluyen expresamente las redes sociales, plataformas de streaming, medios electrónicos y servicios de mensajería.
La reforma también incorpora nuevas figuras, entre ellas la denominada «difamación extorsiva» (artículo 209), que sanciona la utilización de imputaciones como mecanismo de presión. Asimismo, el artículo 212 contempla la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a personas jurídicas, una disposición que podría alcanzar a empresas y medios de comunicación, además de los individuos involucrados.
Uno de los aspectos que más debate ha generado es la forma en que estas disposiciones podrían afectar el trabajo periodístico, particularmente las investigaciones sobre asuntos de interés público.
Pérez Fulcar advierte que, bajo el nuevo esquema, podrían surgir controversias cuando una investigación publicada por un periodista sea objeto de cuestionamiento judicial. Según explica, la regulación sobre difamación no establece expresamente una excepción basada en la veracidad de la información ni condiciona su configuración a la existencia de mala fe, elementos que suelen formar parte de las discusiones sobre libertad de expresión en otras jurisdicciones.
La preocupación también se extiende a la valoración de las pruebas dentro de estos procesos. De acuerdo con el fiscal, en la práctica podría generarse un escenario en el que el comunicador deba demostrar la veracidad de lo publicado, lo que podría incrementar la carga procesal para quienes realizan investigaciones periodísticas.
La discusión no se limita a los medios de comunicación. Las disposiciones también alcanzan a los usuarios que participan diariamente en plataformas digitales.
El artículo 210 sanciona la injuria, entendida como una expresión ofensiva o despreciativa que no implique necesariamente la atribución de un hecho concreto. Sin embargo, la aplicación práctica de esta figura plantea desafíos relacionados con la interpretación de determinadas expresiones.
Para Pérez Fulcar, una de las dificultades radica en definir dónde termina la crítica legítima y dónde comienza una conducta sancionable. A modo de ejemplo, señala que una publicación en redes sociales podría ser interpretada de distintas maneras dependiendo del contexto y de la valoración realizada por los tribunales.
El debate también ha puesto sobre la mesa la relación entre las nuevas disposiciones y las garantías constitucionales sobre libertad de expresión.
El artículo 49 de la Constitución dominicana reconoce el derecho a expresar libremente pensamientos e informaciones, protege la libertad de prensa y prohíbe la censura previa. A partir de ese marco, diversos sectores han examinado cómo las nuevas figuras penales podrían interactuar con precedentes establecidos por el Tribunal Constitucional.
Pérez Fulcar cita tres decisiones que considera especialmente relevantes. La sentencia TC/0075/16 estableció que la prisión por difamación contra funcionarios públicos vulnera el núcleo esencial de la libertad de expresión; la TC/0437/16 reconoció que internet y las redes sociales merecen la misma protección constitucional que otros medios de comunicación; y la TC/0092/19 consideró desproporcionado imponer sanciones más severas únicamente por el uso de plataformas digitales.
A juicio del fiscal, algunos aspectos de la Ley 74-25 podrían generar futuras discusiones constitucionales debido a que reincorporan sanciones privativas de libertad y contemplan agravantes vinculadas a medios digitales.
La controversia refleja una tensión permanente entre dos derechos fundamentales. Quienes respaldan las nuevas disposiciones sostienen que el alcance de las redes sociales ha multiplicado la difusión de acusaciones falsas y ataques a la reputación, por lo que consideran necesario fortalecer los mecanismos de protección del honor.
Por otro lado, sectores vinculados a la libertad de prensa entienden que cualquier regulación debe evitar generar efectos que limiten la investigación periodística o el debate público sobre asuntos de interés colectivo.
Para Pérez Fulcar, más allá de la eventual decisión de los tribunales, una de las principales preocupaciones radica en los costos personales, económicos y profesionales que implica enfrentar una querella penal. En ese contexto, considera que el verdadero desafío será encontrar un equilibrio que permita proteger la reputación de las personas sin desalentar la circulación de informaciones de interés público.
La discusión, en definitiva, trasciende el ámbito penal. Lo que está en juego es cómo armonizar la defensa del honor con la libertad de expresión en una sociedad cada vez más digitalizada, donde la información circula con rapidez y donde las decisiones que adopten los tribunales podrían definir el alcance de ambos derechos durante los próximos años.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.