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Califican de injusta sentencia del TSA sobre las AFP
SANTO DOMINGO. – Como injusta y contraria al derecho fue calificada la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), cuya decisión de la alta corte ordena a ese organismo la restitución de valores supuestamente sustraídos a los afiliados a las administraciones de los fondos de pensiones (AFP).
El superintendente de Pensiones, Ramón Emilio Contreras Genao, y un equipo de técnicos y abogados de este organismo oficial, anunciaron que recurrirán la decisión ya que, según dijeron, tal sustracción no se realizó jamás.
Señalaron que eso queda evidenciado en los posteriores montos acumulados presentados en las respectivas cuentas de capitalización individual, obedeciendo a las condiciones propias del mercado financiero.
En la rueda de prensa leyeron un documento cuyo texto es el siguiente:
«A LA OPINION PUBLICA NACIONAL
CON MOTIVO DE LA SENTENCIA NUM.030-02-2022-SSEN-00327 DICTADA POR LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO.
La Constitución de la República, consagra el derecho a la seguridad social, mediante la fórmula establecida por el artículo 60, el cual reza:
“Artículo 60.- Derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.”
Para la protección y garantía de este derecho se han establecido múltiples mecanismos, entre los cuales se encuentran la creación de instituciones al amparo de la Ley Número 87-01 del año 2001, siendo una de estas instituciones la Superintendencia de Pensiones (SIPEN).
En este sentido tenemos el artículo 107 de la referida Ley Número 87-01 que establece textualmente lo siguiente:
“Art. 107.- Creación de la Superintendencia de Pensiones Se crea la Superintendencia de Pensiones como una entidad estatal, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que a nombre y representación del Estado Dominicano ejerza a plenitud, la función de velar por el estricto cumplimiento de la presente ley y de sus normas complementarias en su área de incumbencia, de proteger los intereses de los afiliados, de vigilar la solvencia financiera de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de contribuir a fortalecer el sistema previsional dominicano. Está facultada para contratar, demandar y ser demandada y será fiscalizada por la Contraloría General de la República y/o la Cámara de Cuentas sólo en lo concerniente al examen de sus ingresos y gastos.”
Entre las atribuciones legales conferidas por la referida Ley Número87-01 a la Superintendencia de Pensiones, se destacan las siguientes:
“Art. 108.- Funciones de la Superintendencia de Pensiones La Superintendencia de Pensiones tendrá las siguientes funciones:
e) Fiscalizar a las AFP en lo concerniente a las inversiones del Fondo de Pensiones, según los riesgos y límites de inversión dictados por la Comisión Clasificadora de Riesgos y en lo relativo a la entrega de los valores bajo custodia del Banco Central de la República Dominicana;
f) Fiscalizar a las AFP en cuanto a su solvencia financiera y contabilidad; a la constitución, mantenimiento, operación y aplicación de la garantía de rentabilidad, al fondo de reserva de fluctuación de rentabilidad, a las carteras de inversión y al capital mínimo de cada AFP;”
Todas estas funciones legales han sido, están siendo y seguirán siendo cumplidas por esta Superintendencia de Pensiones, y muy particularmente las funciones relativas a la protección y garantía de los derechos de seguridad social de los afiliados.
De hecho, toda situación que pudo dar lugar a apreciaciones incorrectas o malas interpretaciones fue debidamente clarificada, sin que en ningún momento los derechos de los afiliados hayan resultado lesionados.
Es deber de esta Superintendencia de Pensiones dejar constancia, y edificar y aclarar a la opinión pública nacional, que en ningún momento estos derechos han sido afectados ni reducidos, ni mucho menos sustraídos los fondos de la cuenta de capitalización individual de los trabajadores afiliados.
En estas circunstancias y contrario a la realidad ostensible, la Sentencia Numero 030-02-2022-SSEN-00327, dictada en fecha tres (3) de agosto del año 2022, por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), dispuso en síntesis lo siguiente:
“Ordena a la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), en su condición de entidad reguladora de las Administradoras de Fondo de Pensiones AFP POPULAR, S.A.; AFP RESERVAS, S.A.; AFP CRECER, S.A.; AFP SIEMBRA; AFP ATLANTICO, S.A.; y AFP JMMB BDI, S.A., dar cumplimiento a las disposiciones de los artículos 100 y 105 de la Ley Num.87-01; ajustarse a los requerimientos de la Ley Num.87-01 y restituir a los accionantes los valores reducidos de sus cuentas de capitalización individual de acuerdo a deducciones.”
Esta sentencia no solo es injusta, sino además total y absolutamente contraria a derecho, y sobre todo a principios y aspectos constitucionales, toda vez que las circunstancias retenidas en la misma no guardan relación ni son conforme con la realidad de los hechos y mucho menos con la constitucionalidad y legalidad dominante en virtud de que:
a).- La rentabilidad real de los fondos de pensiones se ha mantenido por encima de la rentabilidad mínima del sistema. En tal sentido, no existe un fondo de pensiones que se encuentre por debajo de la rentabilidad mínima exigida, condición indispensable conforme las disposiciones de la ley, por lo que no existe la posibilidad de que los recursos acumulados en la cuenta Garantía de Rentabilidad establecida en el artículo 105 de la ley, sean utilizados con fines distintos a los que están expresamente establecidos en la ley 87-01. Por lo tanto, se ha dado fiel cumplimiento a lo establecido en los artículos 103, 104 y el referido artículo105 de la Ley Núm. 87-01.
b).- Las cuentas de capitalización individual de los actuantes presentan saldo positivo superior a los aportes realizados durante los meses transcurridos hasta el corte de agosto de 2022, evidenciando esto que las inversiones de los fondos de pensiones han generado rendimientos favorables.
c).- De igual forma, el saldo acumulado de las CCI de los actuantes se ha mantenido en crecimiento a pesar de que, en algunos casos, no se hayan recibido aportes de manera constante a estas cuentas, sino que todo el crecimiento de esas CCI se atribuye al rendimiento generado por las inversiones realizadas a favor del fondo de pensiones.
d).- Asimismo, cabe aclarar que dentro de los actuantes existen casos de afiliados que se encuentran disfrutando de beneficios otorgados por el sistema dominicano de pensiones e incluso, han retirado la totalidad del saldo acumulado en sus CCI.
Tal como hemos resaltado anteriormente, resultado de la pandemia COVID-19 y la actual situación geopolítica mundial, a nivel internacional se ha registrado una crisis económica que ha llevado a la adopción de medidas coyunturales de carácter macroeconómico para fines de contrarrestar las consecuencias económicas y financieras presentes. Ambas situaciones han causado un impacto en los precios de todos los mercados del mundo, siendo uno de los más afectados el mercado de capitales, causando una variación en los precios de los instrumentos financieros, lo cual no implica una pérdida de la rentabilidad generada por las inversiones. La República Dominicana no ha sido la excepción y se han tenido que aplicar y adoptar medidas de política monetaria para controlar la inflación actual. Debido a que la mayor parte de los recursos de los fondos de pensiones se encuentran invertidos en instrumentos financieros que son ofrecidos y transados en el mercado de valores, los cambios en las tasas de interés y las variaciones en la tasa de cambio impactan los precios de los instrumentos financieros, afectando el valor de éstos. Por otra parte, cabe indicar que estas circunstancias no solamente han afectado a las inversiones realizadas por las AFP, sino a aquellas realizadas por entidades financieras que administran recursos de terceros, por lo que no es un comportamiento exclusivo del sistema de pensiones.
Visto lo anterior, puede advertirse el absurdo de la Sentencia Numero 030-02-2022-SSEN-00327, dictada en fecha tres (3) de agosto del año 2022, por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que está ordenando a esta Superintendencia dar cumplimiento al artículo 105 instruyendo la restitución de valores supuestamente sustraídos, pero que nunca han sido ni fueron ni serán sustraídos. En este sentido, como se expuso en el desarrollo de la instrucción de la acción de amparo de cumplimiento celebrada por ante el Tribunal Superior Administrativo, tal sustracción no se realizó jamás, lo cual se evidencia en los posteriores montos acumulados presentados en las respectivas cuentas de capitalización individual, obedeciendo a las condiciones propias del mercado financiero.
Como hemos reiterado en innumerables ocasiones, no se han registrado sustracciones a las CCI de ningún afiliado al sistema de pensiones, según lo indicado por los actuantes. Lo registrado en el mes de febrero se debió a situaciones coyunturales, propias de los mercados financieros y al comportamiento de variables externas que inciden en la valoración de los instrumentos financieros en un mercado organizado de capitales, en desarrollo, como el de nuestro país, que en modo alguno implicaron sustracción de fondos o valores a las CCI.
Asimismo, es importante recalcar que los recursos acumulados en los fondos de pensiones constituyen el principal ahorro nacional contribuyendo en el desarrollo de sectores como el turismo, energía, industrias, entre otros, generando externalidades positivas en la economía de nuestro país y siendo parte importante de la estabilidad económica que hemos disfrutado en los últimos años. Son los principales inversionistas institucionales del mercado de capitales de nuestro país y han sido los precursores vitales de éste.
Finalmente, el proceso de inversión de los recursos de los fondos de pensiones es estrictamente regulado y supervisado diariamente por esta Superintendencia de Pensiones, actuando en apego a las disposiciones de la Ley 87-01 y sus modificaciones, sus normas complementarias, las mejores prácticas utilizadas a nivel internacional, en la búsqueda de generar las mejores condiciones posibles para los trabajadores afiliados al Sistema.
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Tribunal decidirá el 2 de noviembre sobre 21 incidentes planteados por Jean Alain Rodríguez y otros acusados
La Pepca solicita rechazar los cuestionamientos de la defensa y plantea que algunos pedimentos sean resueltos junto con el fondo del proceso por presunta corrupción administrativa.
SANTO DOMINGO, RD. – El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocerá el próximo lunes 2 de noviembre su decisión sobre 21 incidentes procesales presentados por el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y otros imputados en el juicio por presunta corrupción administrativa.
Las juezas Yissel Soto, quien preside el tribunal, Clara Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López deberán pronunciarse sobre los planteamientos de las defensas, entre ellos las solicitudes de exclusión de pruebas documentales y periciales aportadas por el Ministerio Público.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) rechazó los cuestionamientos y sostuvo que no se han demostrado las irregularidades denunciadas por los acusados durante la investigación.
Defensa cuestiona incorporación de pruebas
Entre los principales argumentos presentados por Jean Alain Rodríguez figura la alegada incorporación irregular de miles de elementos probatorios al expediente.
El exfuncionario sostiene que determinadas pruebas fueron depositadas fuera de los plazos establecidos y que existen otras irregularidades procesales que, a juicio de su defensa, justifican su exclusión.
Estos planteamientos forman parte de una estrategia de defensa dirigida a cuestionar la admisibilidad de los elementos de prueba que sustentan la acusación.
No obstante, corresponderá al tribunal determinar si las objeciones tienen fundamento jurídico y si procede excluir alguno de los medios probatorios cuestionados.
Ministerio Público rechaza alegatos
La Pepca, encabezada por la procuradora de corte Mirna Ortiz, calificó los incidentes como improcedentes y defendió la legalidad de las actuaciones desarrolladas durante la investigación.
El órgano acusador solicitó, además, que la decisión sobre determinados incidentes sea diferida para resolverlos conjuntamente con el fondo del proceso, con el propósito de evitar retrasos en el desarrollo del juicio.
En representación del Ministerio Público también participaron los fiscales Emmanuel Ramírez, Miguel Collado y Melbin Romero.
La decisión sobre ese pedimento dependerá de la valoración que realicen las magistradas respecto de la naturaleza de los incidentes y las disposiciones procesales aplicables.
Audiencia del miércoles queda sin efecto
El tribunal dispuso continuar el conocimiento del expediente el lunes 2 de noviembre, por lo que no se celebrará la audiencia que estaba prevista para este miércoles 28 de octubre.
La próxima jornada judicial será determinante para establecer cuáles cuestionamientos serán resueltos de inmediato y cuáles, si el tribunal acoge la solicitud correspondiente, podrán ser examinados junto con el fondo del juicio.
Acusación involucra más de RD$6,000 millones
Jean Alain Rodríguez enfrenta un proceso judicial por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República, entre los años 2016 y 2020.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, las operaciones investigadas habrían provocado un perjuicio económico al Estado superior a los RD$6,000 millones.
El expediente incluye imputaciones relacionadas con supuestos actos de corrupción administrativa, sobornos, estafa contra el Estado, desfalco y lavado de activos.
Estas acusaciones deberán ser demostradas durante el juicio, bajo el respeto de la presunción de inocencia y las demás garantías procesales de los imputados.
Otros procesados en el expediente
Entre las personas sometidas a juicio figuran el exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonnathan Rodríguez Imbert; el exencargado de Tecnología de la Información y la Comunicación, Javier Alejandro Forteza Ibarra; y el exsubdirector financiero, Alfredo Alexander Solano Augusto.
También aparecen como imputados Jonathan Loanders Medina, Altagracia Guillén Calzado, Rafael Antonio Mercedes Marte e Isis Tapia Stefanni.
El expediente incluye a otros particulares y entidades comerciales que, según el Ministerio Público, habrían participado en las operaciones investigadas.
Decisión podría influir en el desarrollo del juicio
La resolución que adopte el Segundo Tribunal Colegiado tendrá importancia para la continuación del proceso, especialmente en lo relativo a la admisibilidad y valoración posterior de las pruebas presentadas por el órgano acusador.
Desde el punto de vista procesal, la controversia enfrenta dos posiciones: por un lado, el derecho de los imputados a cuestionar la legalidad de los medios probatorios y, por otro, la facultad del Ministerio Público de sustentar su acusación mediante pruebas sometidas al control judicial.
La presentación de incidentes constituye un mecanismo reconocido dentro del proceso penal, pero corresponde a los jueces determinar su procedencia conforme a la legislación vigente.
La audiencia del próximo lunes definirá el tratamiento de los incidentes planteados y marcará una nueva etapa en el juicio contra el exprocurador y los demás acusados por presunta corrupción administrativa.
Alejandra Rojas Saldaña, conocida como “Yolaska”, deberá cumplir un año de prisión preventiva en Rafey Mujeres, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de otro presunto implicado en el hecho.
PUERTO PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA. – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata impuso este martes doce meses de prisión preventiva contra Alejandra Rojas Saldaña, alias “Yolaska”, investigada por su presunta participación en el secuestro y robo agravado de un ciudadano alemán ocurrido el pasado 22 de octubre en esa provincia.
La decisión fue adoptada por el juez Ronaldy Marcelino Henríquez, quien ordenó que la imputada cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, ubicado en Santiago.
Rojas Saldaña es señalada por el Ministerio Público como una de las personas involucradas en el rapto de Uwe Kindervater, ciudadano de nacionalidad alemana que habría sido sometido a amenazas, agresiones físicas y despojado de sus pertenencias durante el incidente.
La medida fue impuesta después de que la Fiscalía de Puerto Plata presentara los elementos que, a su juicio, justifican mantener a la imputada privada de libertad mientras continúa la investigación.
Investigación revela cómo ocurrió el secuestro
De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, el hecho se produjo alrededor de las 8:00 de la noche del jueves 22 de octubre, cuando Rojas Saldaña presuntamente ingresó a la residencia del extranjero acompañada de otro hombre que permanece prófugo.
La investigación establece que ambos habrían sometido a la víctima mediante amenazas con un arma de fuego, obligándola a permanecer inmovilizada con las manos y los pies atados.
Posteriormente, los presuntos agresores sustrajeron dinero en efectivo, tarjetas bancarias y un teléfono celular pertenecientes al ciudadano alemán.
Según el Ministerio Público, los involucrados también intentaron realizar transferencias electrónicas utilizando los medios financieros de la víctima.
Extranjero logró escapar en una estación de combustible
Las autoridades sostienen que, después de sustraer las pertenencias, los implicados trasladaron al ciudadano alemán contra su voluntad utilizando el vehículo de este.
Durante el recorrido, la víctima logró escapar cuando se encontraban en una estación de combustible del municipio Villa Montellano, en Puerto Plata.
Su huida permitió que el caso fuera puesto en conocimiento de las autoridades, que iniciaron las investigaciones para identificar y localizar a los presuntos responsables.
El extranjero recibió atención médica tras el incidente.
Evaluación médica estableció lesiones
De acuerdo con el informe presentado por el Ministerio Público, el ciudadano alemán sufrió múltiples lesiones como consecuencia de las agresiones.
La evaluación médico-legal practicada a Kindervater estableció una incapacidad de 21 días, circunstancia incorporada al expediente como parte de los elementos que sustentan la investigación.
Las autoridades consideran que las condiciones en las que se produjo el hecho evidencian la gravedad de las conductas atribuidas a los imputados.
Fiscalía mantiene búsqueda de otro sospechoso
La investigación está a cargo del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra las Personas de la Fiscalía de Puerto Plata, bajo la coordinación del procurador fiscal Julio César Gómez.
Las diligencias investigativas fueron desarrolladas con la participación de Pedro Antonio Melo, mientras que el fiscal litigante Marcos Wilkins Díaz representó al Ministerio Público durante la audiencia de medida de coerción.
Rojas Saldaña fue arrestada el 23 de octubre de 2026, mediante la orden judicial núm. 2026-AJ0093267.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para localizar al segundo hombre señalado como participante en el secuestro.
Enfrenta varias imputaciones penales
La Fiscalía de Puerto Plata atribuye provisionalmente a la imputada conductas relacionadas con robo agravado, secuestro, asociación de malhechores, tortura y barbarie.
El expediente también contempla presuntas infracciones a la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Estas calificaciones jurídicas son provisionales y podrían ser modificadas conforme avancen las investigaciones y se incorporen nuevos elementos probatorios.
El Ministerio Público sostuvo que la prisión preventiva resultaba necesaria para garantizar la comparecencia de la imputada durante el procedimiento y proteger a la víctima.
Proceso continuará bajo investigación
Con la imposición de los doce meses de prisión preventiva, las autoridades judiciales continuarán las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades individuales de las personas investigadas.
La Fiscalía deberá reunir y presentar los elementos probatorios que sustenten las acusaciones formuladas.
Por su parte, la defensa de Rojas Saldaña conserva el derecho de ejercer los mecanismos procesales establecidos en la legislación dominicana.
La prisión preventiva constituye una medida de coerción y no una condena. En consecuencia, la imputada mantiene su derecho a la presunción de inocencia hasta que un tribunal competente determine su responsabilidad mediante una sentencia definitiva.
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Abinader reclama acciones conjuntas contra el narcotráfico y advierte que el crimen organizado supera las fronteras nacionales
República Dominicana y Estados Unidos encabezan una conferencia hemisférica con representantes de 19 países para definir estrategias militares, intercambiar inteligencia y fortalecer la cooperación frente a las organizaciones criminales.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. – El presidente Luis Abinader hizo este martes un llamado a los países del continente americano para transformar los compromisos diplomáticos en acciones concretas contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y las organizaciones criminales transnacionales, al considerar que las respuestas aisladas resultan insuficientes frente a estructuras delictivas que operan más allá de las fronteras.
El mandatario formuló sus declaraciones durante la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), celebrada en Santo Domingo con representantes de defensa y seguridad de 19 naciones.
La iniciativa, coordinada por República Dominicana y Estados Unidos, procura establecer mecanismos de cooperación militar, intercambio de información y operaciones conjuntas para enfrentar las amenazas que representan los carteles de drogas y otras redes del crimen organizado.
Presidente advierte que las organizaciones criminales actúan con mayor coordinación
El jefe del Estado dominicano sostuvo que las redes criminales han desarrollado estructuras internacionales capaces de aprovechar las debilidades de los sistemas de seguridad y las diferencias entre las legislaciones de los países.
En ese contexto, consideró indispensable fortalecer los mecanismos de coordinación entre las instituciones militares, policiales y de inteligencia.
Abinader advirtió que las organizaciones criminales continúan desarrollando sus actividades mientras los gobiernos discuten acuerdos y estrategias de cooperación.
Por esa razón, exhortó a las delegaciones participantes a establecer objetivos específicos y mecanismos que permitan medir los avances en la lucha contra el crimen organizado.
El mandatario también planteó que las diferencias políticas entre los países no deben impedir el reconocimiento de responsabilidades compartidas frente a amenazas que afectan la seguridad del hemisferio.
Preparan estrategia militar regional para el período 2026-2031
Uno de los principales propósitos de la conferencia es avanzar en la elaboración de un plan de campaña conjunto para el período 2026-2031, destinado a coordinar las acciones de los países participantes.
El ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, explicó que las delegaciones trabajan en varios componentes considerados esenciales para el funcionamiento de la coalición.
Entre ellos figuran:
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La elaboración de un plan estratégico de operaciones conjuntas.
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La definición de un marco de gobernanza para la coalición.
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La integración de seis equipos multinacionales de trabajo.
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El establecimiento de mecanismos de cooperación y seguimiento.
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La distribución de responsabilidades entre los países participantes.
Estas iniciativas buscan crear una estructura de coordinación que permita desarrollar respuestas regionales frente al tráfico de drogas, el narcoterrorismo y otras actividades ilícitas.
Cooperación militar sin renunciar a la soberanía
Abinader defendió la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, al señalar que la participación de los países en estrategias comunes no implica necesariamente una pérdida de soberanía.
Por el contrario, consideró que la coordinación entre Estados puede contribuir a ejercer con mayor eficacia las responsabilidades nacionales frente a organizaciones que operan simultáneamente en diferentes territorios.
El mandatario sostuvo que las fronteras no deben convertirse en espacios utilizados por integrantes de redes criminales para evadir las actuaciones de la justicia.
En ese sentido, planteó la importancia de establecer mecanismos que permitan compartir informaciones, fortalecer las investigaciones y facilitar la actuación de las autoridades competentes.
República Dominicana y Estados Unidos encabezan iniciativa
La conferencia se desarrolla con la participación del Ministerio de Defensa dominicano y el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).
La Coalición de las Américas contra los Carteles fue anunciada en marzo de 2026, como parte de los esfuerzos para ampliar la cooperación regional contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Posteriormente, los países participantes avanzaron en conversaciones destinadas a definir su estructura operativa y sus principales objetivos.
El encuentro celebrado en Santo Domingo los días 26 y 27 de octubre busca establecer las bases para una coordinación más estrecha entre las instituciones responsables de la defensa y la seguridad pública.
México y Brasil no participan en la coalición
Entre los aspectos que llaman la atención figura la ausencia de México y Brasil, dos países de considerable importancia geográfica, económica y estratégica dentro del continente americano.
Ambas naciones enfrentan desafíos relacionados con la actuación de organizaciones criminales, aunque presentan realidades y políticas de seguridad diferentes.
Su ausencia plantea interrogantes sobre el alcance que podrá tener una estrategia hemisférica contra el narcotráfico sin la participación de algunos de los territorios más relevantes para comprender las rutas, mercados y estructuras del crimen organizado en la región.
La conferencia reúne delegaciones de países como Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay, además de República Dominicana y Estados Unidos.
Narcotráfico representa amenaza para la estabilidad institucional
El ministro de Defensa advirtió que las actividades de las organizaciones criminales no se limitan al comercio ilegal de sustancias controladas.
También pueden involucrar tráfico de armas, lavado de activos, corrupción y otras operaciones que afectan el funcionamiento de las instituciones públicas.
Estas estructuras representan un desafío para la estabilidad política, económica y social de los países, especialmente cuando logran establecer conexiones internacionales y mecanismos de financiamiento ilícito.
Por esta razón, los participantes consideran necesario desarrollar estrategias que incluyan prevención, inteligencia, investigación y cooperación operativa.
El desafío será convertir los acuerdos en resultados
La conferencia representa un nuevo esfuerzo de coordinación hemisférica frente a organizaciones criminales que han demostrado capacidad para adaptarse a los controles fronterizos y a las operaciones de las autoridades.
Sin embargo, el éxito de la iniciativa dependerá de la implementación de los compromisos, la disponibilidad de recursos y la capacidad de los Estados para mantener una cooperación sostenida.
El principal desafío de la coalición será demostrar que los acuerdos internacionales pueden traducirse en resultados verificables, mediante la reducción de las actividades criminales, el debilitamiento de las redes de narcotráfico y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
Para República Dominicana, que ocupa una posición geográfica estratégica en el Caribe, la participación en estos mecanismos representa una oportunidad de ampliar la cooperación internacional frente a las amenazas del crimen organizado transnacional.