Análisis Noticiosos
¿Sería útil que América Latina deje de crecer o consumir menos los países ricos?
La crisis climática ha sacado el debate del decrecimiento del mundo académico. Pese a que el movimiento que se enfoca en las grandes economías, puede tener implicaciones positivas para nuestra región
A principios de septiembre, durante el Congreso Nacional Minero, la ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, dijo que era necesario exigirles a otros “países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos” para evitar un mayor impacto frente al cambio climático. Por casualidad, unos días después, reunidas en la Universidad de Oxford, Reino Unido, varias organizaciones realizaron un conversatorio llamado Cómo salvar el planeta: decrecimiento vs. crecimiento verde, en el que dos reconocidos profesores – Jason Hickel, del Instituto de Ciencias Ambientales y Tecnología de la Universidad de Barcelona, y Sam Fankhauser, director de la iniciativa de investigación Oxford Net Zero – defendían cada una de las posturas.
Ambos eventos fueron una señal de que el concepto de decrecimiento, a pesar de rondar entre académicos y escuelas desde los años 70, cuando surgió en Francia, está empezando a salir de las aulas. Sobre todo, ante el actual escenario de crisis climática y ambiental que dejó en evidencia que hay una falla en cómo hemos definido el éxito económico.
Durante el debate, el planteamiento de Fankhauser – en pro del crecimiento verde – consistió en señalar que sí era posible reducir las emisiones de gases efecto invernadero vinculadas a la energía, el sector que más emite a nivel mundial, que en 2019 representaba el 34%. Además, dijo que sí se podía desacoplar el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) al aumento de estas emisiones. En otras palabras, explicó que, por medio de tecnologías como las energías renovables y la eficiencia energética, el PIB podría seguir creciendo mientras las emisiones bajaban. Además, señaló que “un poco más de crecimiento, incluso podría ayudar a resolver algunas consecuencias del cambio climático”.
El discurso de Hickel apoyando el decrecimiento fue más crítico. La crisis ambiental, señalaba, se debía a “cómo la economía estaba organizada y dependía de un crecimiento perpetuo” cuando los recursos eran finitos. Incluso, resaltaba, así se logren bajar las emisiones a través de tecnologías, esto implica una transición muy acelerada y una implementación masiva de tecnologías que podría requerir “tres veces el tamaño de la India”. La opción más lógica para él era decrecer. ¿Quiénes debían hacerlo? “Se trata de una forma planeada y democrática de formas menos necesarias de producción en los países ricos”, contestó.
Un grupo de mujeres revisa las piedras extraídas por mineros en Segovia (Colombia), el 19 de julio de 2018.ANADOLU AGENCY (GETTY IMAGES)
El decrecimiento, efectivamente, es una discusión que ha permeado a los países con mayores ingresos, muchos en el norte global. También es una crítica a la idea de desarrollo, a producir para el exceso de algunos y no para garantizar las necesidades básicas de todos, y al “producir por producir”. Es retar la noción de que mayor crecimiento económico es igual a mayor bienestar, justicia y progreso. Pero si los países con economías más fuertes son los llamados a decrecer, ¿qué rol cumple América Latina en todo esto? ¿Por qué mencionar decrecimiento en países como Argentina, Colombia y Perú, donde, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la pobreza aumentó siete puntos porcentuales en 2020?
Para Sofía Ávila, doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la respuesta tiene que ver con que el crecimiento perpetuo de los países “es y solo ha sido posible en la medida que se explotan los recursos y cuerpos periféricos. Y Latinoamérica, históricamente, ha sido proveedor de esos recursos, pero al costo de que se generen grandes injusticias sociales y ambientales”.
Es también, como agrega Gerardo Torres, investigador en Justicia Energética y Transición de la Universidad de Sussex, Reino Unido, pensar “¿para qué, para quién y bajo qué lógica producimos?”. Torres, por ejemplo, ha estudiado los impactos del primer parque eólico que se creó en México, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para conocer qué ha pasado con esas tierras. “En una frase lo que encontré es que, bajo la transición energética, ha existido un paso de las tierras colectivas o indígenas hacia la propiedad privada”, apunta. Con la incoherencia, además, de que la energía que se produce allí no llega a las comunidades que, a veces, incluso fueron desplazadas de su territorio. “Se va a empresas que producen en el norte de México y que tienen inversiones extranjeras”. Pero que no generan bienes para garantizar necesidades básicas.
El crecimiento económico, tal cual lo hemos entendido, ha beneficiado solo a unos pocos. Según el informe de Global Wealth Report 2022, casi la mitad de la riqueza acumulada a nivel mundial está en manos del 1,2% de la población. Lo que se une también con quiénes generan más emisiones: solo el 1% de la población mundial fue responsable de casi una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2019, advierte un reciente estudio publicado en Nature Sustainability.
Pero como lo señala Gabriela Cabaña, candidata a doctora en antropología del London School of Economics y parte del Centro de Análisis Socioambiental (CASA) de Chile, el decrecimiento en América Latina también va más allá de pensar en las emisiones que causan el cambio climático e implica analizar otros problemas ambientales. Incluso, cuestionar cómo algunas soluciones climáticas también pueden significar conflictos para el sur global.
Un grupo de obreros en una mina en Escondida (Chile).OLIVER LLANEZA HESSE (GETTY IMAGES)
“Hay que pensar la transición energética, pero en el contexto de la crisis ecológica”, asegura. “Intentar reemplazar nuestro actual consumo energético que está basado en combustibles fósiles, una fuente muy alta e intensiva, por uno que se genere con energías renovables ya está provocando muchas tensiones”. Buscar que la demanda energética siga creciendo para satisfacerla con energías renovables – como lo plantea parte del crecimiento verde – necesita grandes extensiones de tierra y de muchos minerales.
La Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que para lograr la transición energética necesaria para no impulsar aún más el cambio climático – pero sin plantearse la opción de decrecer ni en el consumo ni en la producción de energía – la demanda total del cobre y tierras raras para las próximas dos décadas aumentará hasta un 40 %, mientras que para el níquel y el cobalto será de entre el 60 y 70 %. El litio, necesario para las baterías y carros eléctricos, incrementará su demanda casi en un 90%, pero su extracción ya está dejando conflictos sociales y ambientales en Argentina. “Pensar en el futuro del mundo como uno con más energía implicará que estemos dispuestos a ser denominados territorios de sacrificio”, asegura la experta.
Pero la palabra “decrecer” no deja de generar cierto miedo. “Es bueno recordar que no es una propuesta de muerte al crecimiento, sino el agnosticismo al crecimiento”, es como prefiere llamarlo María José Murcia, directora del Centro de Estudios en Sustentabilidad e Innovación Social (CESIS) de la Universidad Austral, Argentina. Y en el caso de Latinoamérica, explica, decrecer es pasar por pensar en economías que sean regenerativas y redistributivas. “No hay un sistema económico que sea realmente resiliente si hay mucha gente excluida y si, además, el medio natural que sostiene a toda esa economía está severamente amenazado. Eso es necesariamente una fuente de desestabilización”.
Y es que decrecer, al final, es también una crítica al desarrollo. Si en los países del norte surgió esta idea como tal – decrecer –, en los países de América Latina desde mucho antes habían nacido corrientes similares: el buen vivir, comunalidad, economía popular y solidaria, posextractivismo, patrimonio comunitario, pensamiento decolonial e, incluso, feminismos latinoamericanos. De hecho, Ávila, de México, junto a su colega Mario Pérez Rincón, ayudó a recopilar varias miradas propias de América Latina que no están inmersas en la lógica del capitalismo para el libro Decrecimiento: un vocabulario para una nueva era, que ha sido una surte de pilar para este movimiento.
“El decrecimiento no busca cambiar el objetivo de crecer por el de decrecer”, insiste Cabaña. “No es una vez más Europa poniendo las pautas al mundo con una receta política empaquetada y lista para aplicar a todos los países. El decrecimiento propone que cada lugar pueda construir sus propias alternativas”. Es hacerse la pregunta que se hace Torres: “¿Qué pasaría si no se prende el Times Square y el Oxford Circle todas las noches?”.
elpais.com
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.