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¿Sería útil que América Latina deje de crecer o consumir menos los países ricos?

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La crisis climática ha sacado el debate del decrecimiento del mundo académico. Pese a que el movimiento que se enfoca en las grandes economías, puede tener implicaciones positivas para nuestra región

A principios de septiembre, durante el Congreso Nacional Minero, la ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, dijo que era necesario exigirles a otros “países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos” para evitar un mayor impacto frente al cambio climático. Por casualidad, unos días después, reunidas en la Universidad de Oxford, Reino Unido, varias organizaciones realizaron un conversatorio llamado Cómo salvar el planeta: decrecimiento vs. crecimiento verdeen el que dos reconocidos profesores – Jason Hickel, del Instituto de Ciencias Ambientales y Tecnología de la Universidad de Barcelona, y Sam Fankhauser, director de la iniciativa de investigación Oxford Net Zero – defendían cada una de las posturas.

Ambos eventos fueron una señal de que el concepto de decrecimiento, a pesar de rondar entre académicos y escuelas desde los años 70, cuando surgió en Francia, está empezando a salir de las aulas. Sobre todo, ante el actual escenario de crisis climática y ambiental que dejó en evidencia que hay una falla en cómo hemos definido el éxito económico.

Durante el debate, el planteamiento de Fankhauser – en pro del crecimiento verde – consistió en señalar que sí era posible reducir las emisiones de gases efecto invernadero vinculadas a la energía, el sector que más emite a nivel mundial, que en 2019 representaba el 34%. Además, dijo que sí se podía desacoplar el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) al aumento de estas emisiones. En otras palabras, explicó que, por medio de tecnologías como las energías renovables y la eficiencia energética, el PIB podría seguir creciendo mientras las emisiones bajaban. Además, señaló que “un poco más de crecimiento, incluso podría ayudar a resolver algunas consecuencias del cambio climático”.

El discurso de Hickel apoyando el decrecimiento fue más crítico. La crisis ambiental, señalaba, se debía a “cómo la economía estaba organizada y dependía de un crecimiento perpetuo” cuando los recursos eran finitos. Incluso, resaltaba, así se logren bajar las emisiones a través de tecnologías, esto implica una transición muy acelerada y una implementación masiva de tecnologías que podría requerir “tres veces el tamaño de la India”. La opción más lógica para él era decrecer. ¿Quiénes debían hacerlo? “Se trata de una forma planeada y democrática de formas menos necesarias de producción en los países ricos”, contestó.

Un grupo de mujeres revisa las piedras extraídas por mineros en Segovia (Colombia), el 19 de julio de 2018.ANADOLU AGENCY (GETTY IMAGES)

El decrecimiento, efectivamente, es una discusión que ha permeado a los países con mayores ingresos, muchos en el norte global. También es una crítica a la idea de desarrollo, a producir para el exceso de algunos y no para garantizar las necesidades básicas de todos, y al “producir por producir”. Es retar la noción de que mayor crecimiento económico es igual a mayor bienestar, justicia y progreso. Pero si los países con economías más fuertes son los llamados a decrecer, ¿qué rol cumple América Latina en todo esto? ¿Por qué mencionar decrecimiento en países como Argentina, Colombia y Perú, donde, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la pobreza aumentó siete puntos porcentuales en 2020?

Para Sofía Ávila, doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la respuesta tiene que ver con que el crecimiento perpetuo de los países “es y solo ha sido posible en la medida que se explotan los recursos y cuerpos periféricos. Y Latinoamérica, históricamente, ha sido proveedor de esos recursos, pero al costo de que se generen grandes injusticias sociales y ambientales”.

Es también, como agrega Gerardo Torres, investigador en Justicia Energética y Transición de la Universidad de Sussex, Reino Unido, pensar “¿para qué, para quién y bajo qué lógica producimos?”. Torres, por ejemplo, ha estudiado los impactos del primer parque eólico que se creó en México, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para conocer qué ha pasado con esas tierras. “En una frase lo que encontré es que, bajo la transición energética, ha existido un paso de las tierras colectivas o indígenas hacia la propiedad privada”, apunta. Con la incoherencia, además, de que la energía que se produce allí no llega a las comunidades que, a veces, incluso fueron desplazadas de su territorio. “Se va a empresas que producen en el norte de México y que tienen inversiones extranjeras”. Pero que no generan bienes para garantizar necesidades básicas.

El crecimiento económico, tal cual lo hemos entendido, ha beneficiado solo a unos pocos. Según el informe de Global Wealth Report 2022, casi la mitad de la riqueza acumulada a nivel mundial está en manos del 1,2% de la población. Lo que se une también con quiénes generan más emisiones: solo el 1% de la población mundial fue responsable de casi una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2019, advierte un reciente estudio publicado en Nature Sustainability.

Pero como lo señala Gabriela Cabaña, candidata a doctora en antropología del London School of Economics y parte del Centro de Análisis Socioambiental (CASA) de Chile, el decrecimiento en América Latina también va más allá de pensar en las emisiones que causan el cambio climático e implica analizar otros problemas ambientales. Incluso, cuestionar cómo algunas soluciones climáticas también pueden significar conflictos para el sur global.

Un grupo de obreros en una mina en Escondida (Chile).OLIVER LLANEZA HESSE (GETTY IMAGES)

“Hay que pensar la transición energética, pero en el contexto de la crisis ecológica”, asegura. “Intentar reemplazar nuestro actual consumo energético que está basado en combustibles fósiles, una fuente muy alta e intensiva, por uno que se genere con energías renovables ya está provocando muchas tensiones”. Buscar que la demanda energética siga creciendo para satisfacerla con energías renovables – como lo plantea parte del crecimiento verde – necesita grandes extensiones de tierra y de muchos minerales.

La Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que para lograr la transición energética necesaria para no impulsar aún más el cambio climático – pero sin plantearse la opción de decrecer ni en el consumo ni en la producción de energía – la demanda total del cobre y tierras raras para las próximas dos décadas aumentará hasta un 40 %, mientras que para el níquel y el cobalto será de entre el 60 y 70 %. El litio, necesario para las baterías y carros eléctricos, incrementará su demanda casi en un 90%, pero su extracción ya está dejando conflictos sociales y ambientales en Argentina. “Pensar en el futuro del mundo como uno con más energía implicará que estemos dispuestos a ser denominados territorios de sacrificio”, asegura la experta.

Pero la palabra “decrecer” no deja de generar cierto miedo. “Es bueno recordar que no es una propuesta de muerte al crecimiento, sino el agnosticismo al crecimiento”, es como prefiere llamarlo María José Murcia, directora del Centro de Estudios en Sustentabilidad e Innovación Social (CESIS) de la Universidad Austral, Argentina. Y en el caso de Latinoamérica, explica, decrecer es pasar por pensar en economías que sean regenerativas y redistributivas. “No hay un sistema económico que sea realmente resiliente si hay mucha gente excluida y si, además, el medio natural que sostiene a toda esa economía está severamente amenazado. Eso es necesariamente una fuente de desestabilización”.

Y es que decrecer, al final, es también una crítica al desarrollo. Si en los países del norte surgió esta idea como tal – decrecer –, en los países de América Latina desde mucho antes habían nacido corrientes similares: el buen vivir, comunalidad, economía popular y solidaria, posextractivismo, patrimonio comunitario, pensamiento decolonial e, incluso, feminismos latinoamericanos. De hecho, Ávila, de México, junto a su colega Mario Pérez Rincón, ayudó a recopilar varias miradas propias de América Latina que no están inmersas en la lógica del capitalismo para el libro Decrecimiento: un vocabulario para una nueva era, que ha sido una surte de pilar para este movimiento.

“El decrecimiento no busca cambiar el objetivo de crecer por el de decrecer”, insiste Cabaña. “No es una vez más Europa poniendo las pautas al mundo con una receta política empaquetada y lista para aplicar a todos los países. El decrecimiento propone que cada lugar pueda construir sus propias alternativas”. Es hacerse la pregunta que se hace Torres: “¿Qué pasaría si no se prende el Times Square y el Oxford Circle todas las noches?”.

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Cuba, el país “más seguro del mundo” es cada vez más inseguro

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Con cada vez más frecuencia, la prensa independiente publica titulares sobre robos con fuerza, asesinatos y peleas callejeras

Cuba.-Decenas de jóvenes hacen fila cerca de la calzada de Santa Catalina, en La Habana. Se han anunciado actividades por la inauguración del verano este 8 de junio en La Finca de los Monos. En los videos que varios usuarios han compartido en redes sociales, se empieza a notar un alboroto. La gente corre de un lado a otro. Gritan. Varios se han ido a las manos. Un grupo de mujeres se jala del pelo. Lo que prometía ser un sábado de recreación ha terminado en una orquesta de golpes. Se divisan unos jóvenes caminando con machete y armas blancas. Hay personas heridas, tiradas en el suelo. En algún momento llegan los oficiales de la policía. La gente habla de varios muertos y heridos. El gobierno se resta responsabilidad y desmiente el hecho de que hubiera algún fallecido. La pelea tumultuaria de la Finca de los Monos, de la que incluso habló la prensa estatal cubana cuando la norma es que se haga silencio ante este tipo de sucesos, despertó una vez más el debate por la violencia que, según muchos, se está viviendo últimamente en las calles de Cuba.

Con cada vez más frecuencia, la prensa independiente publica titulares sobre robos con fuerza, asesinatos, peleas callejeras. Sobre un joven del municipio de Campechuela, al oriente del país, cuyo cuerpo destrozado han encontrado sus propios familiares y amigos ante la “ineptitud” de la policía, según dijeron en Facebook. Los dos jóvenes que planearon el asesinato de un señor en Camagüey para robarle su triciclo eléctrico. La sentencia a cadena perpetua de un ciudadano cubano por asesinar a un campesino para robarle sus reses. El saldo de un muerto y varios heridos durante un concierto del cantante Jerry La Bandera. Y otros.

En medio de la crisis económica que atraviesa Cuba, la peor de su historia, según dijo en una reciente entrevista a EL PAÍS el economista cubano Carmelo Mesa-Lago, ha aumentado también la percepción de la violencia. “Es muy difícil acceder a las estadísticas, tener una referencia estadística para decir que sí ha aumentado el crimen. Ahora, es innegable que se percibe no solo el aumento de la criminalidad, sino también la naturaleza de la violencia”, asegura el abogado defensor Nelson González, con más de 30 años trabajando en el sistema judicial cubano. “Unos dirán que siempre han existido robos con violencia, asesinatos, homicidios, o cualquier otra manifestación de crimen violento, pero hoy en día se ven más esas expresiones. El país tiene un deterioro de todo. Un deterioro del sistema de valores, una crisis económica que impacta todas las áreas de la vida”.

Entre los logros de los que siempre presumió la Revolución cubana estaba el de la seguridad social. En una ocasión, en un acto por el 45 aniversario del Ministerio del Interior (MININT), Fidel Castro aseguró que “Cuba es el país más seguro del mundo”, algo que repitió no pocas veces en muchos de sus discursos. Varios rankings mundiales siguen ubicando a Cuba entre los países más seguros. La plataforma Numbeo asegura que la isla tiene el más bajo índice de criminalidad en la región, junto a Panamá y Canadá.

A inicios de año, la politóloga española Arantxa Tirado expresó en X que Cuba era “el país más seguro de todo el hemisferio occidental”, luego de desmentir al gobernante Nayib Bukele, quien quiso reservar ese lugar para El Salvador. El comentario de la politóloga generó reacciones por parte de usuarios cubanos, quienes avivaron una vez más el debate sobre el sentimiento de inseguridad que, quizás por primera vez, se está experimentando de manera colectiva en el país.

Los resultados de una encuesta digital de la plataforma Cubadata, que midió la inseguridad ciudadana en la isla, muestran que el 61% de los encuestados aseguró haber sido víctima de algún tipo de violencia o delincuencia en Cuba en 2022. De ese grupo, solo el 14,6% dijo haber denunciado el hecho ante las autoridades del país.

Aun así, la posición del Gobierno cubano ha sido no solo la de silenciar, sino la de desmentir que realmente exista un aumento de la violencia. Hace unos días el mandatario Miguel Díaz-Canel dijo que en Cuba “no hay desaparecidos ni asesinatos”. El pasado marzo una funcionaria de la Fiscalía de la República aseguró que no hay un aumento de la criminalidad, sino que la apertura gradual de internet y el acceso de más cubanos a las redes sociales incrementa “la visibilidad” de este tipo de sucesos que antes quedaban a las sombras, y son “espacios donde también se distorsionan los acontecimientos”.

En medio de esta situación, no pocas veces el gobierno sale públicamente a desmentir que haya un aumento de la violencia en el país, y culpa a la prensa independiente o a las supuestas campañas orquestadas por los opositores a la Revolución de difundir este tipo de noticias. Beatriz de la Peña La O, jefa del Departamento de Investigación de la Dirección de Procesos Penales, dijo en un programa estatal que solo el 9% de los delitos que se cometen en Cuba son violentos. Especificó además que solo el 1% son homicidios y el 3% son asesinatos, de los cuales el 89% están relacionados con problemas personales y un 11% se cometen por ánimo de lucro. Estas son cifras imposibles de verificar por la poca transparencia con que el Gobierno cubano maneja y publica sus datos. “En números, en cuantía, en proceso, no hay mayor cantidad de asesinatos”, dijo la funcionaria, quien también relaciona el acceso a internet con la percepción del aumento de la violencia.

A falta de espacios estatales para visibilizar este tipo de crímenes, y de una respuesta muchas veces ineficiente por parte de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) o el Ministerio del Interior, los cubanos han creado grupos en redes sociales para denunciar los crímenes. De manera independiente al Estado, los observatorios de género en Cuba también se han hecho cargo de llevar un registro de las víctimas por violencia feminicida, algo que las autoridades suelen esconder, pero que ha despertado las alarmas en los últimos tiempos.

En 2023, se registraron 89 feminicidios en Cuba, casi el triple de las que pudieron registrar cada uno de los dos años anteriores. En lo que va de 2024, las víctimas de feminicidio verificadas suman 23, de acuerdo con el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y el Observatorio de Feminicidios de Yo Sí te Creo en Cuba (YSTCC). Incluso en medio de este panorama, que supera las cifras de feminicidios de países con una población mayor como España (22 mujeres en 2023, según el Ministerio de Igualdad), el Gobierno cubano no solo no aprueba la tan aclamada Ley integral contra la violencia de género por parte de las activistas, o esconde las cifras de mujeres ultimadas por parejas o exparejas, sino que Díaz-Canel ha insistido en que los feminicidios son “una construcción mediática ajena por completo a la realidad cubana”.

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Análisis Noticiosos

Demandan a Biden por orden ejecutiva que blinda la frontera

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La orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha generado una batalla judicial con la Unión de Libertades Civiles, la ACLU, la cual ha informado este miércoles de que ha demandado la medida del presidente demócrata que cierra la frontera con México cuando se superan las 2.500 detenciones diarias a lo largo de una semana, cuyo  litigio no es una sorpresa, ya que  la organización defensora de los derechos humanos había anunciado su intención de llevar la acción ejecutiva a los tribunales, a fin  frenar de forma casi definitiva el acceso a las protecciones que brinda el asilo para la vasta mayoría de los que llegan a la frontera”.

“No nos han dejado otra alternativa más que demandar”, ha señalado Lee Gelernt, el subdirector de ACLU. “La Administración no tiene autoridad unilateral para pasar sobre el Congreso y prohibir el asilo basándose en cómo entra alguien al país”, añadió Gelernt en un comunicado. Estas eran algunas de las críticas que el presidente recibió incluso dentro del partido demócrata.

El senador Chris Murphy dijo la semana pasada que veía con buenos ojos la intención del Gobierno de reforzar la vigilancia en la frontera. Ponía en duda, no obstante, que el Ejecutivo tuviera el poder para frenar el proceso de asilo en su totalidad por sí solo.

Los obstáculos de Biden al asilo, producto de su viraje a la derecha en la campaña electoral, han sido severamente criticados por los grupos defensores de derechos humanos. “Es una vergüenza que el Gobierno de Estados Unidos responda así a la gente que huye de la tortura y la persecución política, quienes llegan a nuestra frontera en busca de ayuda”, señala Keren Zwick, una de las abogadas que llevará el proceso en los tribunales de Washington D.C.

La demanda, de 29 páginas, ha sido interpuesta en la capital por cinco organizaciones legales que representan a dos oenegés, Las Américas y Raíces (Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services). Javier Hidalgo, el director de la estrategia legal de Raíces, asegura que la orden de Biden da marcha atrás al espíritu de las varias normas aprobadas desde 1965 con el objetivo de proteger a quienes arribaban a la tierra de las libertades.

El texto de la querella deja claro algunas de las barreras de entrada que Biden pone a quienes buscan solicitar el asilo. “Incluso cuando un no ciudadano manifiesta su temor y pasa el primer filtro para obtener cierta protección, las nuevas guías reducen drásticamente el tiempo que tienen para buscar y encontrar un abogado antes de su entrevista de Miedo creíble”, indica la demanda.

Los inmigrantes tenían 24 horas para encontrar consejo legal. Hace un año, el tiempo era 48 horas. La orden de Biden les da ahora solo cuatro horas. “En la práctica, esto elimina cualquier posibilidad de recibir ayuda legal y mucho menos representación para la inmensa mayoría de los detenidos en custodia”, señala el texto.

“Es escandaloso, aunque no sorprendente, que las mismas personas que llegaron al poder prometiendo restablecer nuestro compromiso con protecciones humanitarias estén dispuestos a sacrificar las vidas de las personas negras y cafés para obtener algunos puntos políticos”, aseguró Hidalgo.

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Cambio climático asciende al primer nivel de agenda sanitaria mundial

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Los 194 estados miembros de la OMS aprueban por unanimidad una resolución con la que se comprometen a integrar el calentamiento del planeta en sus políticas nacionales de salud

Ginebra.-El vínculo entre el cambio climático y la salud ha ascendido al primer nivel de las prioridades políticas mundiales. Así lo demuestran las dos decisiones adoptadas la semana pasada durante la 77ª Asamblea Mundial de la Organización de la Salud (OMS): una resolución respaldada por unanimidad por los 194 Estados miembros de este organismo de la ONU, que han acordado integrar el calentamiento global en su planificación sanitaria nacional, y la aprobación de la 14ª estrategia global del organismo, que sitúa el cambio climático como uno de sus seis objetivos clave. Ambas decisiones recogen el guante que lanzó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la inauguración de la asamblea el pasado lunes, cuando afirmó que “quizás la mayor amenaza contra la salud de nuestro tiempo viene del cambio climático”.

Aunque la resolución reconoce que “el limitado acceso a la financiación es uno de los mayores obstáculos para desarrollar sistemas sanitarios sostenibles y resilientes a los embates del clima”, se comprometen, en la medida de las posibilidades de cada país, a aumentar las inversiones para lograrlo. Por ejemplo, aluden directamente a la necesidad de reconvertir los actuales sistemas de salud “que contribuyen a la contaminación medioambiental en un 5%”. Para ello, consideran que es fundamentar seguir realizando esfuerzos para “elevar la atención sobre el clima y la salud”.

“El impacto severo en la salud del cambio climático es claro y real”, afirma Ailan Li, subdirectora general de Cobertura Sanitaria Universal de la OMS. En países como Perú, “las epidemias mortales de dengue son cada vez más intensas, magnificadas por el aumento de las temperaturas y las lluvias exacerbadas por el cambio climático”, explicó la portavoz de este país como ejemplo de la relación entre el aumento de las temperaturas y la explosión de enfermedades.

Además de la expansión de dolencias que se propagan a través de las picaduras de los mosquitos, un fenómeno que certifican los datos de la OMS, otros países como Barbados, también impulsor de la iniciativa, aludieron a la “especial vulnerabilidad” de los “pequeños Estados insulares en desarrollo”. “Sufrimos” de forma más intensa “el aumento del calor, la escasez de agua y las amenazas de fenómenos como los huracanes”, lamentó el representante de la delegación barbadense, que afirmó que su país está ya “desarrollando sistemas para adaptarse al cambio climático” y ha elaborado leyes sobre “el uso del agua”.

Los progresos de la salud, en riesgo

“Es muy alentador ver que muchos planes nacionales de acción ya se han elaborado y que hay búsqueda de soluciones locales que ya se han empezado a aplicar”, considera Li. La doctora advierte que “los progresos en la mejora de la salud están en riesgo por el cambio climático”, pero que no se puede olvidar que, aunque la crisis climática afecta a todo el mundo, lo hace de “forma desproporcionada con los más vulnerables” que son, a su vez, los que menos gases de efecto invernadero emiten. Según Li, tanto con la aprobación de la 14ª estrategia global del organismo como con la “ronda de inversiones” que se celebrará próximamente, la OMS “podrá respaldar a los países para que creen sistemas de salud resilientes”.

“La adopción de la resolución de cambio climático y salud” durante la Asamblea Mundial de la OMS “demuestra un claro compromiso político” por parte de los gobiernos y de este organismo de la ONU “para ampliar la acción climática como una prioridad de salud pública”, afirma un portavoz de la Alianza Global del Clima y la Salud.

Sin embargo, Médicos Sin Fronteras hace hincapié en que la crisis climática “requiere acabar con la dependencia de los combustibles fósiles”. Coincide con este argumento Rosie Tasker, de la Alianza Global del Clima y la Salud, que, aunque aplaude la resolución, critica que “carezca de cualquier mención de cómo los combustibles fósiles están conduciendo a la crisis climática” o de la necesidad de transitar hacia energías renovables como “imperativo de salud pública”.

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