Análisis Noticiosos
¿Sería útil que América Latina deje de crecer o consumir menos los países ricos?
La crisis climática ha sacado el debate del decrecimiento del mundo académico. Pese a que el movimiento que se enfoca en las grandes economías, puede tener implicaciones positivas para nuestra región
A principios de septiembre, durante el Congreso Nacional Minero, la ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, dijo que era necesario exigirles a otros “países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos” para evitar un mayor impacto frente al cambio climático. Por casualidad, unos días después, reunidas en la Universidad de Oxford, Reino Unido, varias organizaciones realizaron un conversatorio llamado Cómo salvar el planeta: decrecimiento vs. crecimiento verde, en el que dos reconocidos profesores – Jason Hickel, del Instituto de Ciencias Ambientales y Tecnología de la Universidad de Barcelona, y Sam Fankhauser, director de la iniciativa de investigación Oxford Net Zero – defendían cada una de las posturas.
Ambos eventos fueron una señal de que el concepto de decrecimiento, a pesar de rondar entre académicos y escuelas desde los años 70, cuando surgió en Francia, está empezando a salir de las aulas. Sobre todo, ante el actual escenario de crisis climática y ambiental que dejó en evidencia que hay una falla en cómo hemos definido el éxito económico.
Durante el debate, el planteamiento de Fankhauser – en pro del crecimiento verde – consistió en señalar que sí era posible reducir las emisiones de gases efecto invernadero vinculadas a la energía, el sector que más emite a nivel mundial, que en 2019 representaba el 34%. Además, dijo que sí se podía desacoplar el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) al aumento de estas emisiones. En otras palabras, explicó que, por medio de tecnologías como las energías renovables y la eficiencia energética, el PIB podría seguir creciendo mientras las emisiones bajaban. Además, señaló que “un poco más de crecimiento, incluso podría ayudar a resolver algunas consecuencias del cambio climático”.
El discurso de Hickel apoyando el decrecimiento fue más crítico. La crisis ambiental, señalaba, se debía a “cómo la economía estaba organizada y dependía de un crecimiento perpetuo” cuando los recursos eran finitos. Incluso, resaltaba, así se logren bajar las emisiones a través de tecnologías, esto implica una transición muy acelerada y una implementación masiva de tecnologías que podría requerir “tres veces el tamaño de la India”. La opción más lógica para él era decrecer. ¿Quiénes debían hacerlo? “Se trata de una forma planeada y democrática de formas menos necesarias de producción en los países ricos”, contestó.
Un grupo de mujeres revisa las piedras extraídas por mineros en Segovia (Colombia), el 19 de julio de 2018.ANADOLU AGENCY (GETTY IMAGES)
El decrecimiento, efectivamente, es una discusión que ha permeado a los países con mayores ingresos, muchos en el norte global. También es una crítica a la idea de desarrollo, a producir para el exceso de algunos y no para garantizar las necesidades básicas de todos, y al “producir por producir”. Es retar la noción de que mayor crecimiento económico es igual a mayor bienestar, justicia y progreso. Pero si los países con economías más fuertes son los llamados a decrecer, ¿qué rol cumple América Latina en todo esto? ¿Por qué mencionar decrecimiento en países como Argentina, Colombia y Perú, donde, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la pobreza aumentó siete puntos porcentuales en 2020?
Para Sofía Ávila, doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la respuesta tiene que ver con que el crecimiento perpetuo de los países “es y solo ha sido posible en la medida que se explotan los recursos y cuerpos periféricos. Y Latinoamérica, históricamente, ha sido proveedor de esos recursos, pero al costo de que se generen grandes injusticias sociales y ambientales”.
Es también, como agrega Gerardo Torres, investigador en Justicia Energética y Transición de la Universidad de Sussex, Reino Unido, pensar “¿para qué, para quién y bajo qué lógica producimos?”. Torres, por ejemplo, ha estudiado los impactos del primer parque eólico que se creó en México, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para conocer qué ha pasado con esas tierras. “En una frase lo que encontré es que, bajo la transición energética, ha existido un paso de las tierras colectivas o indígenas hacia la propiedad privada”, apunta. Con la incoherencia, además, de que la energía que se produce allí no llega a las comunidades que, a veces, incluso fueron desplazadas de su territorio. “Se va a empresas que producen en el norte de México y que tienen inversiones extranjeras”. Pero que no generan bienes para garantizar necesidades básicas.
El crecimiento económico, tal cual lo hemos entendido, ha beneficiado solo a unos pocos. Según el informe de Global Wealth Report 2022, casi la mitad de la riqueza acumulada a nivel mundial está en manos del 1,2% de la población. Lo que se une también con quiénes generan más emisiones: solo el 1% de la población mundial fue responsable de casi una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2019, advierte un reciente estudio publicado en Nature Sustainability.
Pero como lo señala Gabriela Cabaña, candidata a doctora en antropología del London School of Economics y parte del Centro de Análisis Socioambiental (CASA) de Chile, el decrecimiento en América Latina también va más allá de pensar en las emisiones que causan el cambio climático e implica analizar otros problemas ambientales. Incluso, cuestionar cómo algunas soluciones climáticas también pueden significar conflictos para el sur global.
Un grupo de obreros en una mina en Escondida (Chile).OLIVER LLANEZA HESSE (GETTY IMAGES)
“Hay que pensar la transición energética, pero en el contexto de la crisis ecológica”, asegura. “Intentar reemplazar nuestro actual consumo energético que está basado en combustibles fósiles, una fuente muy alta e intensiva, por uno que se genere con energías renovables ya está provocando muchas tensiones”. Buscar que la demanda energética siga creciendo para satisfacerla con energías renovables – como lo plantea parte del crecimiento verde – necesita grandes extensiones de tierra y de muchos minerales.
La Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que para lograr la transición energética necesaria para no impulsar aún más el cambio climático – pero sin plantearse la opción de decrecer ni en el consumo ni en la producción de energía – la demanda total del cobre y tierras raras para las próximas dos décadas aumentará hasta un 40 %, mientras que para el níquel y el cobalto será de entre el 60 y 70 %. El litio, necesario para las baterías y carros eléctricos, incrementará su demanda casi en un 90%, pero su extracción ya está dejando conflictos sociales y ambientales en Argentina. “Pensar en el futuro del mundo como uno con más energía implicará que estemos dispuestos a ser denominados territorios de sacrificio”, asegura la experta.
Pero la palabra “decrecer” no deja de generar cierto miedo. “Es bueno recordar que no es una propuesta de muerte al crecimiento, sino el agnosticismo al crecimiento”, es como prefiere llamarlo María José Murcia, directora del Centro de Estudios en Sustentabilidad e Innovación Social (CESIS) de la Universidad Austral, Argentina. Y en el caso de Latinoamérica, explica, decrecer es pasar por pensar en economías que sean regenerativas y redistributivas. “No hay un sistema económico que sea realmente resiliente si hay mucha gente excluida y si, además, el medio natural que sostiene a toda esa economía está severamente amenazado. Eso es necesariamente una fuente de desestabilización”.
Y es que decrecer, al final, es también una crítica al desarrollo. Si en los países del norte surgió esta idea como tal – decrecer –, en los países de América Latina desde mucho antes habían nacido corrientes similares: el buen vivir, comunalidad, economía popular y solidaria, posextractivismo, patrimonio comunitario, pensamiento decolonial e, incluso, feminismos latinoamericanos. De hecho, Ávila, de México, junto a su colega Mario Pérez Rincón, ayudó a recopilar varias miradas propias de América Latina que no están inmersas en la lógica del capitalismo para el libro Decrecimiento: un vocabulario para una nueva era, que ha sido una surte de pilar para este movimiento.
“El decrecimiento no busca cambiar el objetivo de crecer por el de decrecer”, insiste Cabaña. “No es una vez más Europa poniendo las pautas al mundo con una receta política empaquetada y lista para aplicar a todos los países. El decrecimiento propone que cada lugar pueda construir sus propias alternativas”. Es hacerse la pregunta que se hace Torres: “¿Qué pasaría si no se prende el Times Square y el Oxford Circle todas las noches?”.
elpais.com
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.