Opinión
Cantan fascismo y enrarecen el 2024
Sucede con el Congreso Nacional, la Policía Nacional, DNCD, DNI, Sistema de Justicia, Fuerzas de Defensa y sus respectivos Ministerios.
Por Narciso Isa Conde
El Trío fue completado con Abel para ampliar el dúo Abinader-Leonel y tratar de oscurecer aún más la ruta 24.
Uno quiere seguir y dos quieren volver.
Los tres, al rodar, cantan racismo, machismo y conservadurismo a granel, en diferentes tonos; con gran dosis de xenofobia disfrazada de patriotismo.
Es una «moda» mundial de un capital en descomposición. Una «moda» para prolongar su enfermedad.
En EEUU y Europa el tono coral sube sin cesar, retumba por todos los confines del planeta; y en Nuestra América los hay que no quieren quedarse atrás, entre ellos Abel, Leonel y Abinader.
Haití, república negra, heroica y vilmente empobrecida por el poder imperial, le sirve de “banquito de picar carne” y “saquito de echar motas”, como decían las abuelas.
Muchas falacias los alimentan: la migración calificada de “invasión”, el trabajo sobre explotado estigmatizado como “carga”, la invasión imperialista para supuestamente “combatir las bandas armadas” que el propio imperio creó, centenares de miles de inmigrantes abultados en “millones”…
· MERCADOLOGÍA EN ACCIÓN
Abel es el que canta más duro, quizás por estar todavía más lejos del gobierno y con más pedregones podridos tirados en la ruta de su partido.
A los tres, los mercadólogos y asesores de imágenes los han convencido de que la fuente de la victoria reside en esa mezcla abigarrada de anti-haitianismo racista, ecocidio minero, recolonización neoliberal endurecida, machismo, impugnación de las Tres Causales, homofobia, fundamentalismo religioso, Comando Sur, poder mediático y apoyo gringo y oligárquico.
Los tres con mucho “cuartos” y recursos ajenos en sus cajas fuertes para una campaña electoral anticipada, ilegal y desbordante: dinero y poder de Estado y empresarial, una opción; y mucho dinero robado, las otras dos.
Eso nutre un neofascismo al estilo caribeño.
· DETERMINACIÓN SISTÉMICA A CUALQUIER COSTO
Las fuerzas que dominan el viciado sistema de dominación y sus mecanismos electorales, altamente privatizados, están pues decididas a enrarecer y contaminar de neofascismo el episodio electoral del 2024.
ABINADER-PRM harán diabluras “postmodernas” y antiguas desde el Estado y desde su Poder Empresarial para reelegirse; y los PLD, el morado y el verde – bajo control de mafias políticas esencialmente impunes todavía- para tratar de volver.
Pero lo peor –y en esto hay que insistir- es que el guión de ese episodio se redacta con tinta racista anti-haitiana, xenofóbica, homofóbica, adulto-céntrica, patriarcal-machista, fundamentalista-religiosa y servilmente pro-colonial; nutriendo así una modalidad caribeña del neofascismo mundialmente en boga, en el marco global de un capitalismo en decadencia pero todavía agresivamente dominante.
Ese capítulo está recibiendo ahora más energía de ese pernicioso triángulo electoral, representado por esas tres candidaturas presidenciales y conglomerados partidistas convertidos a fuerza de caras duras en empresas multimillonarias- Abinader-VIcini-PRM /Abel-PLD / Leonel-FP.
Los tres, con su carga de partidocracia corrupta, empresariado voraz e inescrupuloso, generalato delincuente, neoliberalismo recolonizador, racismo anti-haitiano y nacientes maquinarias para-militares o para-policiales… (llámense ANTIGUAS, VIEJAS O NUEVAS ÓRDENES DOMINICANAS) -compitiendo por el campeonato en ese lodazal- están decididos a teñir de neo-fascismo el ejercicio político dominante, el gobierno y Estado.
· SIMULACIONES DE LA TRIPLETA
Todo esto se impulsa revestido de múltiples simulaciones, entre ellas las supuestas preocupaciones de las tres partes y de sus socios menores en múltiples suciedades, por el auge de la delincuencia “no oficial” o delincuencia “común”.
Pero acontece que el Estado dominicano, sus gobiernos y sus instituciones hacen añales están infectados de delincuencia e integrados por mafias políticas, policiales, militares y empresariales, narco-mafias incluidas; todas protegidas por una larga impunidad.
Eso es estructural, sistémico.
La Constitución del 2010, las instituciones derivadas, el sistema jurídico-político y de partidos anexos, están conformados para dar esos productos gubernamentales-estatales
Las entidades encargadas de fiscalizar, prevenir, enfrentar, perseguir y erradicar delitos son las más penetradas o asociadas a diversas modalidades de delincuencia; oficiales y no oficiales, comunes o gubernamentales.
Sucede con el Congreso Nacional, la Policía Nacional, DNCD, DNI, Sistema de Justicia, Fuerzas de Defensa y sus respectivos Ministerios.
Presidentes y jefes de esas entidades o son cómplices, protectores o socios de esas mafias; o, en otros casos, están cercados por ellas y muestran impotencia para enfrentarlas; salvo escasas actitudes tipo Miriam Germán y demás casos particulares.
· CAMBIARLO TODO
Esto pasó ayer y pasa hoy a nivel de gobiernos y Estado, luego de los excepcionales ejemplos éticos de los efímeros Gobiernos de Bosch y Caamaño; seguidos de procesos en que corruptela y crímenes de Estado y comunes, no cesan de crecer bajo tutela imperialista y oligárquica.
A Chu Vásquez, al General Then y a su presidente Abinader, solo le queda bravuconear y allantar. Hacer bulto.
A los ex Presidentes delincuentes, Danilo y Leonel, y sus respectivas mafias peledianas y asociadas, no le luce la pose de abanderados del accionar anti-delincuencia.
Es ridículo: una delincuencia, ni es mejor que la otra, ni está en capacidad de acabar con la otra.
El mal hay que arrancarlo de raíz, sacando a todos del poder y cambiándolo todo.
Y como las vías institucionales están infectadas, incluso gangrenadas; como no hay ni siquiera democracia electoral, solo el pueblo movilizado, ejerciendo democracia de calle en actitud de impulsar un PROCESO CONSTITUYENTE SOBERANO, puede erigirse en poder paralelo para detener esa ruta macabra, refundar el Estado, iniciar las transformaciones y construir lo nuevo.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD.
Las escaseces de divisas, alimentos, medicamentos, salarios y servicios públicos, como la electricidad, etc., predominan y se agravan en Cuba, donde no ha estallado una poblada contra el orden socio-político instaurado principalmente por la comprensión ciudadana del inhumano bloqueo económico-financiero y comercial de Estados Unidos y su inspiración en el líder histórico de su Revolución, Fidel Alejandro Castro Ruz. Ese prodigio comprueba el poder de la ideología y la herencia de los sistemas de valores como pilares para mantener el control del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
La naturaleza sui generis de los tribunales Ad-Hoc los constituye al mismo tiempo como jurisdicciones que tienen un carácter limitado tanto ratione temporis como ratione loci.El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia solo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de la Ex República Federal Socialista de Yugoslavia mientras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tiene una competencia temporal aún más restringida dado que sólo puede juzgar los crímenes cometidos durante el año 1994 en el territorio de Ruanda.
Por su parte, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente que tiene una competencia ratione temporis de carácter prospectivo, vale decir, se aplica sólo a los crímenes cometidos luego del 1 de julio del 2002, fecha de la entrada en vigor de su Estatuto. Además, su competencia ratione loci se basa en el principio de territorialidad y no en el principio de jurisdicción universal.
Por otro lado, conviene destacar que la forma de creación de los tribunales penales internacionales determina a su vez el modo como estos tribunales internacionales se relacionan con las jurisdicciones internas.
Así por ejemplo, la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad en relación a la jurisdicción interna de los Estados. Esto tiene particular relevancia en los casos de competencia concurrente con la jurisdicción nacional, dado que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional no es complementaria de la jurisdicción nacional, sino que en su lugar se trata de una jurisdicción internacional que tiene primacía sobre las instancias nacionales.
Lo anterior permite que en cualquier estado de un proceso ante un tribunal nacional tanto el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda puedan requerir a los tribunales nacionales la remisión del caso a sus respectivas competencias.
En relación a la existencia de mecanismos de cooperación judicial entre los tribunales penales internacionales, es pertinente subrayar que esta instituciones responden a principios distintos de aquellos que son propios del derecho penal internacional propios del derecho internacional privado y es en esta línea conservadora que ninguno de los estatutos de los tribunales internacionales contiene disposiciones específicas sobre cooperación entre ellos.
Así por ejemplo, el Estatuto de Roma regula las relaciones de cooperación y asistencia judicial sólo entre los Estados Parte y la Corte Penal Internacional y conforme al Artículo 2 de su Estatuto, se prevé en virtud del acuerdo entre la CPI y las Naciones Unidas, relaciones de cooperación con esta organización internacional.
Por tanto, el tratado de Roma no contiene referencias relativas a la forma como la Corte Penal Internacional podría vincularse con otros tribunales del sistema de justicia penal internacional.
Finalmente, tal como se observa en las líneas precedentes no existe un vínculo normativo entre la Corte Penal Internacional y los tribunales Ad-Hoc . No obstante, es innegable que la valiosa y extensa jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda servirán como referente en el desarrollo del trabajo jurisprudencial de la CPI.