Santo Domingo, RD.-Tras las fallas técnicas, el departamento de Censos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) requeriere dos días adicionales para completar la cobertura en varias provincias y/o sectores.Nacionales
Tras fallas técnicas se requerirá de 2 días más para censar varias provincias.
Santo Domingo, RD.-Tras las fallas técnicas, el departamento de Censos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) requeriere dos días adicionales para completar la cobertura en varias provincias y/o sectores.De acuerdo con lo explicado por Víctor Romero, encargado del departamento de Censos, en las provincias y sectores donde hasta ahora se ha concentrado el menor índice de equipos funcionando por los problemas técnicos es que serán requeridos dos días adicionales después del 23 de noviembre, fecha en la que tenían previsto iba a concluir el Censo de manera oficial.
«Siempre hemos dicho que hay dos días adicionales para recuperación de cobertura en algunas áreas por si hay un fenómeno, por si hay una situación, entonces en algunas provincias donde estamos más bajos vamos a requerir de esos dos días más de recuperación de cobertura», explicó Romero.
No indicaron cuáles son las provincias que van a requerir los días adicionales.
El funcionario, al ser cuestionado por los medios de comunicación, explicó que eso será notificado de manera oficial a las autoridades de las zonas en donde se vaya a requerir esos dos días y que eso ha estado «dentro de lo que se ha establecido todo el tiempo».
Las fallas reportadas siempre han estado contempladas
Romero señaló que las fallas y problemas que han sido reportados durante los primeros días de aplicación del censo estaban contempladas por las autoridades.
«Para el conocimiento, este es un proceso del cual no se ha ejecutado otro de esta magnitud en todo el territorio nacional y por ende es normal que se presenten situaciones en el despliegue y algunas situaciones con usuarios y empadronadores», argumentó Romero.
El encargado del departamento de Censos reconoció que varios empadronadores han ido desertando a medida que avanza el proceso pero que por esa razón entrevistaron más personas que pueden hacer esos trabajos.
«Recibíamos muchos cuestionamientos de que porqué necesitábamos 14 días de empadronamiento y es que los primeros tres días estaba contemplado que el proceso viviera ese tipo de cosas… tener 35,000 personas de manera simultánea accediendo a equipos desde todo el territorio nacional eso genera un reto grande de logística, con un reto grande a la capacidad de la persona de retener los procesos que se le han dado», seguía explicando Romero.
En 26 provincias ya funciona al menos el 93% de sus equipos
Durante la rueda de prensa, realizada en la sede de la ONE, las autoridades informaron que ya en 26 provincias al menos el 93% de los equipos utilizados empadronadores se encuentra trabajando; las otras seis provincias tienen entre el 60 y el 88%.
Se prevé que el próximo martes 15 estén operando el 100% de los equipos en todo el territorio nacional, esto a pesar de que Miosotis Rivas, directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, había manifestado que sería ayer sábado cuando estarían en total funcionalidad.
«El retraso se debe a lo que explicamos, que se debe a los percances que ocurrieron en el proceso de registro y vinculación a la base de datos, con ese proceso de todos los pasos que hay que ejecutar no en todos los lugares se logró hacer de manera efectiva», explicó Romero.
Boletines
La ONE informó que estarán enviando un informe diario todas las tardes a los medios de comunicación con datos de cómo estarán operando los equipos y los empadronadores.
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Mientras que Paredes Elizondo enfrenta cargos por violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de República; artículos 123, 124, 171 y 172 del Código Penal. Además, por coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la ley contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Su caso ahora pasa a la Procuraduría General de la República para que la solicitud sea tramitada y ejecutada, de conformidad con los términos de la Constitución y las leyes dominicanas para luego ser firmada por el presidente Luis Abinader y se emita el decreto que autoriza su entrega a las autoridades estadounidenses.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Además de los años de prisión, el Departamento de Justicia indica que el grupo de acusados podría enfrentar una multa máxima de 250,000 dólares por cada cargo de fraude postal y electrónico y una multa máxima de 500,000 dólares por cada cargo de lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.