Editorial
La Vocación Interventora y Atropellante de los Estados Unidos.
En los actuales momentos los Estados Unidos confrontan una situación que a pesar de que es buena desde la perspectiva de la no intervención, pero también es una forma de que la misma sea un espejo de una doble moral que proyecta muy mal a la potencia del norte.
Nos referimos a la intervención armada de Rusia en Ucrania, cuya situación ha provocado prácticamente el rechazo mundial, pero no se entiende que mientras los Estados Unidos llevan la voz cantante de oposición de esa acción de una de las potencias del mundo, lo que incluso ha provocado la aprobación de altas sumas de millones de dólares en favor del país europeo y otrora miembro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, incurra en el mismo error en otros lugares del mundo.
La cuestión es que mientras los Estados Unidos no está de acuerdo con la invasión a Ucrania por parte de Rusia, reproduce el mismo comportamiento de su enemigo en otros lugares del mundo, como ocurre actualmente en la República Dominicana, donde se produjeron intervenciones armadas en el país en los años 1916 y 1965 y ahora se origina otra situación parecida en lo que respecto al caso haitiano.
La verdad es que la conducta de los Estados Unidos deja la idea de que es cierta la denuncia de ultraconservadores dominicanos y que rechazan amplios sectores nacionales de que la comunidad internacional, encabezada por la potencia del norte y el Canadá, presionan para que se produzca una fusión de las dos naciones que ocupan la isla la hispaniola, lo cual desde una razón profundamente cultural parece ser una utopía.
Lo otro es que los Estados Unidos deben ser sometidos a un reclama a nivel internacional para que cumpla con aquellas convenciones de las que es signatario, como la que por un asunto de reciprocidad no puede someter a los periodistas a su aberrada concepción de crear una lista negra cuando se identifican con principios fundamentales del derecho a la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacionales.
Que quede lo suficientemente claro que este periódico no apoya aquellos procedimientos de la Dirección General de Migración que constituyan una violación de los derechos humanos cuando de la deportación de haitianos se trata, aunque no hay que ser un experto en estos temas para saber que la exageración es un arma que usa la embajada de los Estados Unidos en su comunicado que ha generado la confrontación con el Gobierno dominicano.
Este diario no comparte además que el Gobierno dominicano implemente una agresiva deportación de haitianos, no porque haya concebido una política migratoria nacional, sino por razones politiqueras circunstanciales que al final de la jornada no habla bien de las autoridades nacionales.
Otra arista que se evidencia en el referido comunicado de la embajada de los Estados Unidos es una doble moral, ya que pese a que condena la mentira muy severamente castigada cuando alguien la esgrime para la adquisición de una visa, por ejemplo, lo mismo hace la potencia del norte cuando de reprimir a otros se trata.
La República Dominicana no debe pagar con la misma moneda a los Estados Unidos cuando busca presionar para que se haga lo que ellos les venga en gana, pero no está demás que cuando un periodista es puesto en una lista negra por simplemente expresar su opinión equis que afecta los llamados intereses de los Estados Unidos, que se le responda con la misma acción a fin de que haya respeto de Estado a Estado.
Estados Unidos debe entender que ese colonialismo a ultranza debe desaparecer del escenario internacional, porque está más que demostrado que esa forma de regir las relaciones internacionales ya se contrapone con los principios de libertad e independencia que se imponen en el mundo.
Es una pena que ese comportamiento de la potencia del norte sea en contra de un gobierno como el de Luis Abinader, profundamente de derecha y pro neoliberal, lo cual encaja con la concepción de los Estados Unidos y pese a ello busca desestabilizarlo a través de un comunicado que está claramente dirigido a lesionar su economía.
Por el momento se debe aplaudir la reacción que ha tenido el Gobierno dominicano frente a las intenciones y las manipulaciones de la embajada de los Estados Unidos, pero se espera que igual actitud asuman las autoridades y las organizaciones de periodistas nacionales e internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), sobre la lista negra denunciada por este periódico en contra de todo aquel profesional de la comunicación que no esté de acuerdo con la política de intervención de los Estados Unidos, lo cual conlleva hasta la negación de un visado de esta categoría en sus embajadas y consulados.
Así no se vale, señores del imperio.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.