Editorial
La Vocación Interventora y Atropellante de los Estados Unidos.
En los actuales momentos los Estados Unidos confrontan una situación que a pesar de que es buena desde la perspectiva de la no intervención, pero también es una forma de que la misma sea un espejo de una doble moral que proyecta muy mal a la potencia del norte.
Nos referimos a la intervención armada de Rusia en Ucrania, cuya situación ha provocado prácticamente el rechazo mundial, pero no se entiende que mientras los Estados Unidos llevan la voz cantante de oposición de esa acción de una de las potencias del mundo, lo que incluso ha provocado la aprobación de altas sumas de millones de dólares en favor del país europeo y otrora miembro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, incurra en el mismo error en otros lugares del mundo.
La cuestión es que mientras los Estados Unidos no está de acuerdo con la invasión a Ucrania por parte de Rusia, reproduce el mismo comportamiento de su enemigo en otros lugares del mundo, como ocurre actualmente en la República Dominicana, donde se produjeron intervenciones armadas en el país en los años 1916 y 1965 y ahora se origina otra situación parecida en lo que respecto al caso haitiano.
La verdad es que la conducta de los Estados Unidos deja la idea de que es cierta la denuncia de ultraconservadores dominicanos y que rechazan amplios sectores nacionales de que la comunidad internacional, encabezada por la potencia del norte y el Canadá, presionan para que se produzca una fusión de las dos naciones que ocupan la isla la hispaniola, lo cual desde una razón profundamente cultural parece ser una utopía.
Lo otro es que los Estados Unidos deben ser sometidos a un reclama a nivel internacional para que cumpla con aquellas convenciones de las que es signatario, como la que por un asunto de reciprocidad no puede someter a los periodistas a su aberrada concepción de crear una lista negra cuando se identifican con principios fundamentales del derecho a la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacionales.
Que quede lo suficientemente claro que este periódico no apoya aquellos procedimientos de la Dirección General de Migración que constituyan una violación de los derechos humanos cuando de la deportación de haitianos se trata, aunque no hay que ser un experto en estos temas para saber que la exageración es un arma que usa la embajada de los Estados Unidos en su comunicado que ha generado la confrontación con el Gobierno dominicano.
Este diario no comparte además que el Gobierno dominicano implemente una agresiva deportación de haitianos, no porque haya concebido una política migratoria nacional, sino por razones politiqueras circunstanciales que al final de la jornada no habla bien de las autoridades nacionales.
Otra arista que se evidencia en el referido comunicado de la embajada de los Estados Unidos es una doble moral, ya que pese a que condena la mentira muy severamente castigada cuando alguien la esgrime para la adquisición de una visa, por ejemplo, lo mismo hace la potencia del norte cuando de reprimir a otros se trata.
La República Dominicana no debe pagar con la misma moneda a los Estados Unidos cuando busca presionar para que se haga lo que ellos les venga en gana, pero no está demás que cuando un periodista es puesto en una lista negra por simplemente expresar su opinión equis que afecta los llamados intereses de los Estados Unidos, que se le responda con la misma acción a fin de que haya respeto de Estado a Estado.
Estados Unidos debe entender que ese colonialismo a ultranza debe desaparecer del escenario internacional, porque está más que demostrado que esa forma de regir las relaciones internacionales ya se contrapone con los principios de libertad e independencia que se imponen en el mundo.
Es una pena que ese comportamiento de la potencia del norte sea en contra de un gobierno como el de Luis Abinader, profundamente de derecha y pro neoliberal, lo cual encaja con la concepción de los Estados Unidos y pese a ello busca desestabilizarlo a través de un comunicado que está claramente dirigido a lesionar su economía.
Por el momento se debe aplaudir la reacción que ha tenido el Gobierno dominicano frente a las intenciones y las manipulaciones de la embajada de los Estados Unidos, pero se espera que igual actitud asuman las autoridades y las organizaciones de periodistas nacionales e internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), sobre la lista negra denunciada por este periódico en contra de todo aquel profesional de la comunicación que no esté de acuerdo con la política de intervención de los Estados Unidos, lo cual conlleva hasta la negación de un visado de esta categoría en sus embajadas y consulados.
Así no se vale, señores del imperio.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso porque el que tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica o que no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora y que deja en una situación difícil la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también que atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.
La no ejecución de las leyes y la violación de las mismas son, sin lugar a dudas, el principal perfil de un Estado no viable, como ocurre en los países del tercer mundo, incluida la República Dominicana.
En el país se activa la acción del Estado después de ocurrida la tragedia, tanto a nivel público como privado, cuyos buenos ejemplos al respecto son la tragedia del Jet Set y los feminicidios, entre otros delitos y crimines que no tienen un régimen de consecuencia.
Todo como resultado de una cultura que tiene una explicación histórica que ha sido concretada con la expresión popular de que el dominicano le ponga candidato a la casa después que le roban.
Por esta razón el fenómeno se repite permanentemente sin que se produzca la capacidad y la fuerza institucional de ponerle coto a la impunidad que abraza a toda la sociedad dominicana.
El asunto se complica porque quien debe velar por la aplicación de la ley es el primero que la viola, es decir, que el Estado en vez de promover el valor del cumplimiento del orden legal es el primero que no lo respeta.
Esta realidad no es exclusiva para la aplicación de las leyes adjetivas, las llamadas organicas y ordinarias, sino que tampoco se respeta la Constitución de la República, la cual es violada regularmente hasta por propio presidente de la República.
De manera, que se trata de una cultura, de un problema integral que erosiona la credibilidad de la democracia, lo que la lleva a perder su legitimidad, cuyos funcionarios electos carecen del nivel de aprobación que valida el sistema.
Por esta razón no hay nada que funcione, porque todo el que va al poder piensa que llegó ahí para toda la vida y se preocupa muy poco porque las leyes se ejecutan como mandan sus textos.
La cuestión es que el partido del sistema que llega al poder se incorpora a una cadena de complicidad que necesariamente tiene que fortalecer para evitar su enjuiciamiento por la comisión de graves violaciones a la ley, lo cual involucra a los tres poderes del Estado, como ocurre en la actualidad.
Ahí está la razón de que en las encuestas de medición electoral esté prácticamente empatado el ninguno en aceptación popular con el partido oficial, lo que está explicada en que en el país prevalece a nivel político el clientelismo y el que tiene el control del Estado puede manejar los recursos públicos para promover ese antivalor que daña tanto a la democracia, lo cual, naturalmente, es transitorio y circunstancial.
La impunidad es lo que provoca que la autoridad no tenga mucho interés en la ejecución de la ley, lo que estimula fenómenos como los feminicidios y la relación sentimental entre hombres mayores y mujeres adolescentes o niñas menores de 16 años, cuyo impacto social es demoledor para cualquier sociedad que busque su desarrollo humano.
Desde los tiempos de Hans Kelsen y Carl Schmitt el debate se concentra en la necesidad de que el control de constitucionalidad esté en manos del Tribunal Constitucional, no del presidente de la República, para dar mayor garantía de imparcialidad en las decisiones que se toman en el sistema de justicia nacional.
Sin embargo, el presidencialismo se ha desbordado en los últimos años y en esa virtud muchos de los candidatos de derecha que han triunfado en las elecciones que se han producido en el planeta tienen la tendencia de irrespetar todos los controles impuestos por el derecho interno y externo.
Este problema tiene como cabeza de la violación del derecho internacional a los Estados Unidos de América, donde se han producido hermosos ejemplos del respeto a los derechos de las personas a través de la Constitución de la República, como el “checks and balances” y en lo que tiene que ver con el derecho constitucional difuso.
Sin embargo, siglos después de haberse tenido estos logros y que han impactado todo el derecho comparado internacional, llega al control del Estado en la potencia del norte una persona que ha echado por la borda todos los avances que ha habido en el marco del estado social democrático de derecho.
Y no es para menos, ya que ello ha conllevado que muchos de los gobernantes de países latinoamericanos, con altos niveles de atrasos, imiten lo que hace su amo que en este caso se trata del presidente Donald Trump, quien se ha puesto por encima de la Constitución de los Estados Unidos, ya que todas sus órdenes ejecutivas violan la carta magna, sin que nadie se dé por agraviado, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de allí.
El fenómeno ya ha hecho su impacto en la República Dominicana, donde el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, no tiene la menor idea de lo que es un Estado y mucho menos del fenómeno de la constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del año 2010.
De manera, que Abinader, quien no ha parado de meter “las patas” desde su llegado al poder, ha incurrido en un tipo de violación que no sólo impactó el derecho interno, sino también el externo, ya que sus decisiones se llevan de paro la Constitución de la República y los convenios y tratados internacionales.
Los errores en esta materia son muchos y muy variados, pero el peor de todos es el que tiene que ver con la promulgación de la Ley 13-26 en violación de la sentencia que sienta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, la cual es el resultado de una acción del Congreso Nacional y del presidente Abinader, que sin tener la facultad para interpretar la carta magna, se atribuyen tal competencia y deciden aprobar primero y promulgar después una norma que choca de frente con la ley suprema de la nación.
Lo más grave de todo es que los tribunales también incurren en la misma ilegalidad para dejar en cuestionamiento la seguridad jurídica y todo el orden institucional de la nación, lo que, sin dudas, representa una amenaza para el sistema democrático.
El problema descansa en el país en que todo el sistema público, desde los órganos del Estado responsables de combatir la violación de la ley y la Constitución y los propios jueces y juezas, no tienen la independencia para tomar decisiones que enrumben el país por el camino del fortalecimiento institucional, porque responden, principalmente, a los intereses de los partidos políticos, que son los que al final de la jornada valoran y deciden a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) si los juzgadores en la justicia deben permanecer en sus puestos, lo cual está determinado por cómo se hayan manejado frente a ellos.
Esta distorsión, que ya compromete al presidente Abinader, es fruto de la nueva cultura en esta materia que pretende instaurar Donald Trump en el mundo con el socavamiento de todo el derecho internacional sobre la base de que predomine su interés personal y grupal.
Sólo las naciones que se respetan, donde está consolidado el derecho, valor y principio de la dignidad humana, tolerarán semejante comportamiento que coloca a las naciones en los tiempos de las cavernas en vez de la civilización y el progreso social, lo cual indica que en lo que respecta a la República Dominicana Luis Abinader ha marcado su conducta para toda su existencia como un irresponsable más que buscó el poder sin tener claro para qué, cuyo comportamiento daña más que lo que beneficia a la sociedad.
En el sistema de justicia nacional con las acciones de la partidocracia, que tira por la borda la carrera de cualquier juez, no importan que tan de carrera sea, predomina más el miedo a ser desplazado de su puesto que la vergüenza que se supone que debe ser lo que caracterice a los que tienen la sagrada misión de juzgar la conducta de los demás.
Con lo ocurrido ha salido a la superficie la convicción de los propios actores del sistema de que en la República Dominicana se cuenta con una Constitución de fachada, en la que predomina una percepción que no tiene nada que ver con la realidad y que la constitucionalización del derecho no es más que un mito, pero que del ciudadano depende que esta realidad pueda sufrir un cambio sustancial.