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No para el rechazo a la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de la República Dominicana.
SANTO DOMINGO.- Desde el sector empresarial y hasta el dominicano más humilde ha reaccionado con indignación por el manejo poco delicado de la embajada de los Estados Unidos sobre al pronunciarse en torno a la deportación de haitianos por carecer de documentos para permanecer en el país.
El primero en hacerlo fue el Gobierno de la República Dominica a través de la Cancillería, que expresó este lunes su «más enérgico rechazo» al comunicado titulado “Alerta: Reforzamiento en curso de migración en República Dominicana” publicado por la Embajada de Estados Unidos de América el sábado último, por considerarlo «manifiestamente infundado, extemporáneo e infeliz».
La posición de la Administración del Presidente Luis Abinader está contenida en un documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual aparece ampliamente reseñado en la página oficial de la Presidencia de la República. La misma se suma a otras reacciones, no menos enérgicas, que han emitido distintas entidades no gubernamentales en rechazo a dicho comunicado.
En este documento la Embajada de Estados Unidos advirtió el sábado a sus ciudadanos que planean viajar o se encuentran en República Dominicana que podrían enfrentar incidentes relacionados al racismo por parte de las autoridades de Migración de este país. Indicó que en los puertos dominicanos se realizan operativos en los que se inspeccionan a personas partiendo de color de piel, para constatar si son inmigrantes, especialmente de Haití.
«Los términos de dicho comunicado contradicen la excelente relación bilateral que existe entre República Dominicana y Estados Unidos en todos los ámbitos: político, económico, militar, social y de cooperación, ya sea en materia de narcotráfico, trata de personas, contrabando de armamentos y municiones, corrupción o lucha contra la impunidad, entre otros.
Nuestro país es el primer socio comercial de EE.UU. en el Caribe y el sexto en Latinoamérica. Hemos sido uno de los aliados más confiables de Estados Unidos en el mantenimiento de un sistema internacional libre, abierto, próspero y seguro para todas las naciones. En ese tenor, fundamos la Alianza para el Desarrollo en Democracia, para promover los valores democráticos y los derechos humanos.
Desde el inicio del presente Gobierno, hemos denunciado ante la comunidad internacional de manera reiterada y sistemática la alarmante situación en Haití, agravada desde el magnicidio del presidente Moise, sin que esta haya tomado las medidas apropiadas para enfrentar la explosiva realidad humanitaria, social y política en el vecino país, que afecta gravemente la seguridad nacional de República Dominicana.
Desde hace varios lustros, el grueso de la carga ha recaído, en particular en términos migratorios, sobre nuestro país. Una parte importante del presupuesto de salud dominicano actual se dedica, de manera gratuita, a la población extranjera, primordialmente haitiana: el 32,4 % de las camas de maternidad de nuestros hospitales públicos; el 10,3 % de las emergencias; el 14,9 % de los internamientos; el 9,8 % de las cirugías; el 8,3 % de las consultas.
Sin el apoyo de la comunidad internacional, hemos hecho un esfuerzo extraordinario por mantener abierta la frontera para permitir a la población haitiana el acceso a alimentos vitales, medicamentos, combustibles, agua, etc. Asimismo, hemos mantenido abierto el flujo comercial, a pesar del número de secuestros de dominicanos, incluyendo un diplomático de nuestra embajada en Haití. Por su parte, nuestras fuerzas armadas cargan de manera unilateral con el alto costo de brindar seguridad a la totalidad de la frontera entre los dos países, manteniendo unos 9,000 efectivos en dicho lugar.
Así como todo país soberano que repatria a la población extranjera en situación migratoria irregular, incluyendo a EE.UU., República Dominicana se ha visto forzada a deportar a un alto número de migrantes haitianos que no toleran más la situación en ese país y que avasallan las posibilidades dominicanas. República Dominicana no aguanta más.
A título de contraste, la misma administración Biden ha deportado a Haití, entre febrero de 2021 y febrero de 2022, más de 20,000 migrantes haitianos.
El Gobierno de Estados Unidos no ha aportado prueba alguna, más allá de casos anecdóticos sin verificación independiente, de que exista un patrón sistemático de violaciones de los derechos de los migrantes, ordenado por las autoridades dominicanas. Podrían ocurrir casos aislados, como en cualquier parte del mundo, que, de ser denunciados a las autoridades pertinentes, serían investigados y sancionados debidamente, si se comprobara su veracidad.
El Gobierno dominicano jamás hubiera imaginado insinuaciones tan graves sobre nuestro país, cuya población evidencia “en su color de piel” un amplio crisol de razas; mucho menos de un aliado que ha sido sujeto de numerosas acusaciones de trato xenófobo y racista a migrantes e inclusive a sectores de su propia población.
República Dominicana se esmera en brindar un trato hospitalario a los millones de turistas que nos visitan anualmente de las cuatro esquinas del planeta, en particular desde Estados Unidos. Nuestra economía depende en buena medida en el confort y seguridad de cada uno de estos visitantes extranjeros, de los cuales más de un millón y medio han provenido de Estados Unidos en este año, con experiencias abrumadoramente positivas, sin importar su raza o situación socioeconómica.
El comunicado del 19 de noviembre podría impactar negativamente a miles de trabajadores dominicanos, así como a nuestra economía, aunque este no haya sido su objetivo. En consecuencia, esperamos que el Gobierno de Estados Unidos considere el retiro de los términos sin verificar de este ambiguo comunicado, a la mayor brevedad posible.
República Dominicana es un país cuya amistosa población abre sus brazos a toda persona que visita y vive legalmente en nuestras fronteras, “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. El espíritu alegre y el calor hospitalario del dominicano jamás cambiará.
El Gobierno y el pueblo dominicano continuarán brindando todo el apoyo, dentro de sus posibilidades, al hermano pueblo haitiano. Ningún país ha hecho un mayor esfuerzo que R.D., abogando por que la comunidad internacional ayude a Haití, pero declaramos nueva vez con todo el vigor necesario que no hay -ni podrá haber jamás- una solución dominicana a la odisea haitiana».
Santo Domingo, R.D.-Fue rechazada por Segundo Tribunal Colegiado la solicitud de extincion de la accion penal que hubiera favorecido al exprocurador Jean Alain Rodríguez tras el tribunal argumentar que la demora en los casi seis años que tiene el proceso ha sido justificada y «razonable».
Las tres jueces, que decidieron denegar la petición de manera unánime, afirmaron que la tardanza se debe a solicitud de aplazamientos de todas las partes, incluida el Ministerio Público, y se acogieron para hacer valer la tutela de los derechos de todas las partes del caso de presunta corrupción.
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, Clara Castillo y Yissell Soto, sostienen que su resolución es por la razón de no haber existido «una mora injustificada y haciendo acopio del criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional» que ha establecido que «no debe ser un mero conteo matemático» el plazo de los procesos penales.
Las juezas acogieron el conteo de la defensa de Rodríguez Sánchez, desde el inicio de la alerta migratoria en el 2020 y no cuando se le detuvo en junio del 2021, por lo que el proceso, según el tribunal, tiene » 5 años, 8 meses y 17 días».
Al exfuncionario se le impidió salir del país «el 25 de noviembre del año 2020», como consecuencia de la alerta migratoria por la investigación que se le realizaba.
La jueza Castillo hizo un recuerdo de todos los incidentes presentado, desde la etapa de Instrucción, por salud, fallecimiento de parientes de los imputados, recusaciones a jueces y a fiscales, que motivaron los aplazamientos.
Subrayó que en los casi seis años los distintos tribunales se han mantenido activo conociendo los incidentes del caso, los que incluso han llegado hasta al Tribunal Constitucional.
«Este caso no ha llegado a este tiempo porque el proceso estuvo engavetado en algún lugar«, aclaró la jueza al hablar por el tribunal.
Las otras defensas de los demás acusados solicitaron presentar ellos la misma petición fallada por el tribunal a Jean Alain Rodríguez, lo que obligó al titular de Persecución, Wilson Camacho, volver a sentarse cuando se le autorizó presentar la acusación.
A las 1:00 de la tarde se dio un receso por almuerzo para retornar con la audiencia a las 2:00 de la tarde.
Inmediatamente después de emitirse el rechazo a poner fin a la persecución penal contra el exprocurador general, su defensa, encabezada por Carlos Balcácer, adelantó que lo apelarán a la Corte inmediatamente se publique la resolución completa, el 7 de septiembre.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, acusó al exprocurador Jean Alain Rodríguez de, una vez rechazársele la extinción, «organiza» a los demás acusados para que presenten el mismo incidente para evitar que se lea la acusación y se presenten las pruebas en su contra.
Reiteró que el exfuncionario deberá en cualquier momento enfrentarse a las imputaciones que se le hacen.
La acusación y quiénes son
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los otros 14 procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Se les señala de afectar al Estado con más de 6 mil millones de pesos mediante procesos de compras irregulares, extorsión y el uso de recursos públicos para fines personales y políticos del exprocurador.
Los que enfrentan actualmente el juicio de fondo junto a Rodríguez Sánchez son e exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonnathan Rodríguez Imbert; el exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano Augusto, y el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina.
También la excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado; el excontador del Ministerio Público, Rafael Antonio Mercedes Marte y la exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría, Isis Tapia Stefanni.
Asimismo están señalados por el Ministerio Público, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.
Santo Domingo, R.D.-Fueron identificados este lunes los dos fallecidos en el accidente de tránsito que involucró un camión de combustible, un automóvil, una yipeta y una motocicleta en la avenida George Washington, próximo al restaurante Adrián Tropical, en el Distrito Nacional, en el que dos vehículos se calcinaron producto de una explosión.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Alejandro Torres Mejía, de 35 años, y María Altagracia Méndez de Olivo, de 53.
De acuerdo con la información suministrada por el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Frómeta Herasme, el hombre fallecido conducía el camión y la mujer se desplazaba en la yipeta.
- Frómeta Herasme indicó que las causas de la explosión del camión tanquero se encuentran en fase de investigación.
El accidente ocurrió a las 6:58 de la mañana de este lunes. Según las autoridades, el camión transportaba alrededor de 10,000 galones de combustible, que se derramaron y posteriormente explotó causando un incendio.
- Por tratarse de gasoil, los bomberos utilizaron espuma para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas.
El incendio provocó una intensa humareda en la zona y movilizó a unas 12 unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, además de generar un fuerte congestionamiento vehicular.
Al lugar del hecho acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom).
Santo Domingo, R.D.-Los recién designados mandos militares y politiciales designados mediante decretos por el presidente Luis Abinader fueron juramentados por el jefe de Estado.
En un acto realizado en el Palacio Nacional, el mandatario tomó juramento a Ernesto Rafael Rodríguez García como nuevo director general de la Policía Nacional; Jimmy Arias Grullón, como nuevo comandante general del Ejército de la República Dominicana; Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, como comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
Igualmente se juramentó a Jorge Iván Camino Pérez, Inspector General de las Fuerzas Armadas; Buenaventura Colón Rosario, como viceministro de Defensa para asuntos militares; a Manuel José Brito Estepan, como subcomandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana; a Dionisio de la Rosa Hernández, como inspector general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
En la imagen, los nuevos altos mandos militares y policiales.Javier Flores
Por igual quedaron juramentados en sus nuevas posiciones Celin Rubio Terreno, como asesor militar del presidente de la República; el general de brigada José Manuel Duran Infante, como subcomandante general del Ejército; Raúl Esteban Mora Hernández, inspector general del Ejército; Rafael Raimundo Ramírez Tejada, comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial del Ejército.
También fueron juramentados Guillermo Caro Cruz, como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Emmanuel Almonte Polanco, como subjefe del Cusep.
La designación de los altos mandos militares está contenida en el decreto 557-26, el cual fue dado a conocer en horas de la madrugada del lunes. Mientras que en la tarde fue difundido el 558-26, que dispone el nombramiento del nuevo director de la Policía Nacional.