Nacionales
No para el rechazo a la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de la República Dominicana.
SANTO DOMINGO.- Desde el sector empresarial y hasta el dominicano más humilde ha reaccionado con indignación por el manejo poco delicado de la embajada de los Estados Unidos sobre al pronunciarse en torno a la deportación de haitianos por carecer de documentos para permanecer en el país.
El primero en hacerlo fue el Gobierno de la República Dominica a través de la Cancillería, que expresó este lunes su «más enérgico rechazo» al comunicado titulado “Alerta: Reforzamiento en curso de migración en República Dominicana” publicado por la Embajada de Estados Unidos de América el sábado último, por considerarlo «manifiestamente infundado, extemporáneo e infeliz».
La posición de la Administración del Presidente Luis Abinader está contenida en un documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual aparece ampliamente reseñado en la página oficial de la Presidencia de la República. La misma se suma a otras reacciones, no menos enérgicas, que han emitido distintas entidades no gubernamentales en rechazo a dicho comunicado.
En este documento la Embajada de Estados Unidos advirtió el sábado a sus ciudadanos que planean viajar o se encuentran en República Dominicana que podrían enfrentar incidentes relacionados al racismo por parte de las autoridades de Migración de este país. Indicó que en los puertos dominicanos se realizan operativos en los que se inspeccionan a personas partiendo de color de piel, para constatar si son inmigrantes, especialmente de Haití.
«Los términos de dicho comunicado contradicen la excelente relación bilateral que existe entre República Dominicana y Estados Unidos en todos los ámbitos: político, económico, militar, social y de cooperación, ya sea en materia de narcotráfico, trata de personas, contrabando de armamentos y municiones, corrupción o lucha contra la impunidad, entre otros.
Nuestro país es el primer socio comercial de EE.UU. en el Caribe y el sexto en Latinoamérica. Hemos sido uno de los aliados más confiables de Estados Unidos en el mantenimiento de un sistema internacional libre, abierto, próspero y seguro para todas las naciones. En ese tenor, fundamos la Alianza para el Desarrollo en Democracia, para promover los valores democráticos y los derechos humanos.
Desde el inicio del presente Gobierno, hemos denunciado ante la comunidad internacional de manera reiterada y sistemática la alarmante situación en Haití, agravada desde el magnicidio del presidente Moise, sin que esta haya tomado las medidas apropiadas para enfrentar la explosiva realidad humanitaria, social y política en el vecino país, que afecta gravemente la seguridad nacional de República Dominicana.
Desde hace varios lustros, el grueso de la carga ha recaído, en particular en términos migratorios, sobre nuestro país. Una parte importante del presupuesto de salud dominicano actual se dedica, de manera gratuita, a la población extranjera, primordialmente haitiana: el 32,4 % de las camas de maternidad de nuestros hospitales públicos; el 10,3 % de las emergencias; el 14,9 % de los internamientos; el 9,8 % de las cirugías; el 8,3 % de las consultas.
Sin el apoyo de la comunidad internacional, hemos hecho un esfuerzo extraordinario por mantener abierta la frontera para permitir a la población haitiana el acceso a alimentos vitales, medicamentos, combustibles, agua, etc. Asimismo, hemos mantenido abierto el flujo comercial, a pesar del número de secuestros de dominicanos, incluyendo un diplomático de nuestra embajada en Haití. Por su parte, nuestras fuerzas armadas cargan de manera unilateral con el alto costo de brindar seguridad a la totalidad de la frontera entre los dos países, manteniendo unos 9,000 efectivos en dicho lugar.
Así como todo país soberano que repatria a la población extranjera en situación migratoria irregular, incluyendo a EE.UU., República Dominicana se ha visto forzada a deportar a un alto número de migrantes haitianos que no toleran más la situación en ese país y que avasallan las posibilidades dominicanas. República Dominicana no aguanta más.
A título de contraste, la misma administración Biden ha deportado a Haití, entre febrero de 2021 y febrero de 2022, más de 20,000 migrantes haitianos.
El Gobierno de Estados Unidos no ha aportado prueba alguna, más allá de casos anecdóticos sin verificación independiente, de que exista un patrón sistemático de violaciones de los derechos de los migrantes, ordenado por las autoridades dominicanas. Podrían ocurrir casos aislados, como en cualquier parte del mundo, que, de ser denunciados a las autoridades pertinentes, serían investigados y sancionados debidamente, si se comprobara su veracidad.
El Gobierno dominicano jamás hubiera imaginado insinuaciones tan graves sobre nuestro país, cuya población evidencia “en su color de piel” un amplio crisol de razas; mucho menos de un aliado que ha sido sujeto de numerosas acusaciones de trato xenófobo y racista a migrantes e inclusive a sectores de su propia población.
República Dominicana se esmera en brindar un trato hospitalario a los millones de turistas que nos visitan anualmente de las cuatro esquinas del planeta, en particular desde Estados Unidos. Nuestra economía depende en buena medida en el confort y seguridad de cada uno de estos visitantes extranjeros, de los cuales más de un millón y medio han provenido de Estados Unidos en este año, con experiencias abrumadoramente positivas, sin importar su raza o situación socioeconómica.
El comunicado del 19 de noviembre podría impactar negativamente a miles de trabajadores dominicanos, así como a nuestra economía, aunque este no haya sido su objetivo. En consecuencia, esperamos que el Gobierno de Estados Unidos considere el retiro de los términos sin verificar de este ambiguo comunicado, a la mayor brevedad posible.
República Dominicana es un país cuya amistosa población abre sus brazos a toda persona que visita y vive legalmente en nuestras fronteras, “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. El espíritu alegre y el calor hospitalario del dominicano jamás cambiará.
El Gobierno y el pueblo dominicano continuarán brindando todo el apoyo, dentro de sus posibilidades, al hermano pueblo haitiano. Ningún país ha hecho un mayor esfuerzo que R.D., abogando por que la comunidad internacional ayude a Haití, pero declaramos nueva vez con todo el vigor necesario que no hay -ni podrá haber jamás- una solución dominicana a la odisea haitiana».
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.