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Dina Boluarte, abogada de tradición izquierdista, primera presidenta de Perú

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EFE

La asunción de Boluarte a la Presidencia de Perú se produjo, además, 48 horas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada contra ella por presuntas irregularidades en su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una entidad pública en la que trabajaba desde 2007

Lima, Perú.-La abogada y política de tradición izquierdista Dina Boluarte se convirtió este miércoles en la primera presidenta de Perú, al jurar al cargo ante el pleno del Congreso, después de que el Parlamento destituyó a Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado.

Boluarte, de 60 años y de cuya vida personal no se conocen muchos detalles, fue elegida como primera vicepresidenta de la República en la fórmula presidencial del partido marxista Perú Libre, que el año pasado postuló a Pedro Castillo a la jefatura del Estado del país, y del cual fue expulsada por diferencias políticas con sus dirigentes.

La flamante mandataria fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del Gobierno de Castillo, el 28 de julio de 2021, hasta fines de noviembre, cuando el escenario político se agravó con la confirmación de que el Congreso iba a someter al expresidente a una tercera moción de destitución por «permanente incapacidad moral».

Durante su periodo como vicepresidenta, Boluarte representó a Castillo en varios viajes fuera del país, en los que no fue autorizado a desplazarse por el Parlamento, el último de los cuales fue la cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) en Tailandia en noviembre pasado.

Asimismo, defendió el papel de la mujer en los eventos en los que participó como en la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que afirmó que «no hay desarrollo sostenible sin el desarrollo de las mujeres» y destacó el compromiso del Perú con el empoderamiento de las mujeres a través de políticas innovadoras, aunque persistan estereotipos y acoso político contra las líderes.

En los últimos días, varios integrantes del Ejecutivo, como los exministros Alejandro Salas y Félix Chero, le recordaron a Boluarte que debía renunciar al cargo como lo habían acordado previamente, en el caso de que Castillo fuera destituido por el Parlamento, pero ella mantuvo silencio.

En su lugar, la vicepresidenta decidió dejar el ministerio cuando Castillo hizo su última modificación en el gabinete, tras la renuncia del jurista Aníbal Torres como primer ministro en noviembre último y el ingreso en ese cargo de la legisladora y abogada Betssy Chávez.

Tras el anuncio del cierre del Congreso, Boluarte rompió su silencio para rechazar la decisión de Castillo de «perpetrar el quiebre del orden constitucional» y añadió que se trató de «un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley».

De esta manera, la abogada dejó de apoyar públicamente a Castillo y con su nombramiento como jefa de Estado se corrigió de lo que había anunciado el año pasado, cuando declaró que si el entonces presidente era destituido ella se iba con él

La asunción de Boluarte a la Presidencia de Perú se produjo, además, 48 horas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada contra ella por presuntas irregularidades en su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una entidad pública en la que trabajaba desde 2007.

También fue presidenta del Club Departamental Apurímac, un cargo para el que realizó trámites de transferencia de funciones que le valieron una investigación del Congreso, que finalmente decidió que no había cometido una infracción constitucional.

Boluarte, nacida precisamente en la región surandina de Apurímac, se postuló a un cargo político por primera vez en los comicios municipales de 2018 y nuevamente intentó una curul en el Congreso en las elecciones extraordinarias de 2020 con Perú Libre, movimiento que la incluyó en la fórmula presidencial de Castillo un año después.

Al convertirse este miércoles en la primera presidenta de la historia de Perú, juró «por Dios, la patria y la Constitución» y dijo que asumía «de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026», cuando debe cumplir el actual período de Gobierno.

Añadió que entre sus compromisos estará «defender» la soberanía nacional y que «cumplirá y hará cumplir» la Constitución y las leyes de su país.

Y relató que viene de «un pueblito» del Perú profundo, que es la última hija de una familia que vivió la precariedad y que de ahí aprendió bajo el afecto de sus padres el trabajo y la lealtad.

La abogada y política de tradición izquierdista Dina Boluarte se convirtió este miércoles en la primera presidenta de Perú, al jurar al cargo ante el pleno del Congreso, después de que el Parlamento destituyó a Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado.

Boluarte, de 60 años y de cuya vida personal no se conocen muchos detalles, fue elegida como primera vicepresidenta de la República en la fórmula presidencial del partido marxista Perú Libre, que el año pasado postuló a Pedro Castillo a la jefatura del Estado del país, y del cual fue expulsada por diferencias políticas con sus dirigentes.

La flamante mandataria fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del Gobierno de Castillo, el 28 de julio de 2021, hasta fines de noviembre, cuando el escenario político se agravó con la confirmación de que el Congreso iba a someter al expresidente a una tercera moción de destitución por «permanente incapacidad moral».

Durante su periodo como vicepresidenta, Boluarte representó a Castillo en varios viajes fuera del país, en los que no fue autorizado a desplazarse por el Parlamento, el último de los cuales fue la cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) en Tailandia en noviembre pasado.

Asimismo, defendió el papel de la mujer en los eventos en los que participó como en la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que afirmó que «no hay desarrollo sostenible sin el desarrollo de las mujeres» y destacó el compromiso del Perú con el empoderamiento de las mujeres a través de políticas innovadoras, aunque persistan estereotipos y acoso político contra las líderes.

En los últimos días, varios integrantes del Ejecutivo, como los exministros Alejandro Salas y Félix Chero, le recordaron a Boluarte que debía renunciar al cargo como lo habían acordado previamente, en el caso de que Castillo fuera destituido por el Parlamento, pero ella mantuvo silencio.

En su lugar, la vicepresidenta decidió dejar el ministerio cuando Castillo hizo su última modificación en el gabinete, tras la renuncia del jurista Aníbal Torres como primer ministro en noviembre último y el ingreso en ese cargo de la legisladora y abogada Betssy Chávez.

Tras el anuncio del cierre del Congreso, Boluarte rompió su silencio para rechazar la decisión de Castillo de «perpetrar el quiebre del orden constitucional» y añadió que se trató de «un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley».

De esta manera, la abogada dejó de apoyar públicamente a Castillo y con su nombramiento como jefa de Estado se corrigió de lo que había anunciado el año pasado, cuando declaró que si el entonces presidente era destituido ella se iba con él

La asunción de Boluarte a la Presidencia de Perú se produjo, además, 48 horas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada contra ella por presuntas irregularidades en su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una entidad pública en la que trabajaba desde 2007.

También fue presidenta del Club Departamental Apurímac, un cargo para el que realizó trámites de transferencia de funciones que le valieron una investigación del Congreso, que finalmente decidió que no había cometido una infracción constitucional.

Boluarte, nacida precisamente en la región surandina de Apurímac, se postuló a un cargo político por primera vez en los comicios municipales de 2018 y nuevamente intentó una curul en el Congreso en las elecciones extraordinarias de 2020 con Perú Libre, movimiento que la incluyó en la fórmula presidencial de Castillo un año después.

Al convertirse este miércoles en la primera presidenta de la historia de Perú, juró «por Dios, la patria y la Constitución» y dijo que asumía «de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026», cuando debe cumplir el actual período de Gobierno.

Añadió que entre sus compromisos estará «defender» la soberanía nacional y que «cumplirá y hará cumplir» la Constitución y las leyes de su país.

Y relató que viene de «un pueblito» del Perú profundo, que es la última hija de una familia que vivió la precariedad y que de ahí aprendió bajo el afecto de sus padres el trabajo y la lealtad.

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Consejo Presidencial de Haití nombra como nuevo primer ministro a Fritz Bélizaire

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AGENCIA EFE

Puerto Príncipe, Haití.-El Consejo Presidencial de Haití eligió este martes a Fritz Bélizaire, extitular de Deportes, como nuevo primer ministro, en sustitución de Ariel Henry, y designó a Edgard Leblanc Fils, antiguo presidente del Senado, al frente de la institución encargada de la transición en el país.

Estos nombramientos se llevaron a cabo en una reunión celebrada en el despacho del Primer Ministro, en la Villa d’Accueil de Bourdon, en Puerto Príncipe, cinco días después de la instalación del Consejo Presidencial para la Transición en el Palacio Nacional y de que Henry dimitiera oficialmente del cargo.

El lunes, el Consejo Presidencial de Transición ya mantuvo una sesión de trabajo con los altos mandos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas haitianas, con el objetivo de encontrar soluciones para restablecer la seguridad en el país, tras un nuevo deterioro de la violencia desde el 29 de febrero pasado.

Esta institución, que se enfrenta a importantes retos en un país sumido en una aguda crisis y en medio de la violencia de las poderosas bandas armadas, tiene que preparar el camino para la celebración de comicios para el nombramiento de un nuevo presidente, a más tardar el 7 de febrero de 2026.

El restablecimiento de la seguridad pública, la organización de la conferencia nacional y la reforma constitucional, la celebración de elecciones generales democráticas, creíbles y participativas, el restablecimiento de la justicia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales de los ciudadanos, y la recuperación institucional y económica, son los 5 grandes proyectos que abordará el Consejo.

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Bolivia confiscó más de 20 toneladas de cocaína en lo que va del año

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Agencia Efe

La Paz.- El Gobierno de Bolivia informó este domingo que entre el 1 de enero y el 20 de abril las fuerzas antidroga del país confiscaron más de 20 toneladas de cocaína y a 119,17 toneladas de marihuana, algo que «supera» los resultados de otras gestiones.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, dijo a los medios que en este tiempo también se destruyeron 24 laboratorios de cristalización y 504 fábricas de pasta base de cocaína además que se aprehendió a 1.048 personas e incautaron 16 aeronaves.

Estas cifras son parte de las 3.236 intervenciones que realizaron los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), explicó.

Asimismo, Mamani señaló que se confiscaron más de 114 toneladas de hojas de coca «estaban siendo desviadas a actividades ilícitas del narcotráfico», que incluye la que se produce en Perú y que los narcotraficantes trasladan hasta Bolivia.

El viceministro destacó los operativos que se efectuaron entre el 10 al 18 de este mes en los que se decomisó «más de una tonelada de cocaína» compuesta por 264,9 kilos de cloridrato o de alta pureza y 787 kilos de pasta base de la droga.

Las acciones de las fuerzas antinarcóticos se efectuaron en el municipio de Villa Tunari, en el Trópico del departamento central de Cochabamba, lo que representa una «afectación al narcotráfico en más de 3.166.764 dólares», apuntó Mamani.

Asimismo, mencionó que durante un operativo esta madrugada un grupo de 100 personas con palos, petardos, machetes y armas de fuego emboscaron en la población de Puerto Villarroel a un grupo de efectivos antidrogas que se dirigían a hacer un operativo.

El viceministro reportó que como resultado hay un efectivo herido y una otra persona afectada por un disparo, además que se registraron daños de consideración en dos vehículos oficiales.

También este fin de semana se incautaron 11,5 kilos de cocaína, oculta en un tablero de ajedrez que se enviaba como encomienda a España y que fue detectada por un can antidroga en una revisión de rutina en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz.

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EE.UU. emite alerta por ola de violencia en la frontera sur de México

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AGENCIA EFE

Ciudad de México.-La Embajada de Estados Unidos en México emitió este sábado una alerta de viaje por la inseguridad en Chiapas, estado de la frontera sur mexicana que afronta una ola de violencia del crimen organizado y disputas de los cárteles del narcotráfico.

La advertencia se produce «debido a la creciente violencia y preocupaciones de seguridad en Chiapas», por lo que los funcionarios estadounidenses tienen restricciones para viajar a la zona, según la información disponible en el sitio oficial de la Embajada.

El Gobierno estadounidense delimitó un área de peligro que incluye la mayor parte de la frontera entre Chiapas y Guatemala desde la costa del Pacífico hasta la Reserva de la Biósfera Montes Azules.

También abarca ciudades como Netzahualcóyotl, Ocosingo, El Ocote, San Francisco Pujiltic y Mapastepec.

En cambio, permite los viajes a Tapachula, la mayor ciudad de la frontera de México con Centroamérica.

«Monitoree la prensa local para actualizaciones y, en caso de emergencia, llame al 911. Revise sus planes de seguridad personal y siga las instrucciones de las autoridades locales», concluye la alerta.

La alerta se produce mientras crece la violencia en Chiapas por las disputas de los carteles del narcotráfico para controlar la frontera de México con Centroamérica.

Más de 100.000 niños y adolescentes resultaron afectados en 2023 en el estado por las disputas de los grupos criminales, según un informe de la Red por los Derechos de la Infancias en México (Redim) y la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias).

Además, la advertencia coincide con la gira que realiza este fin de semana Claudia Sheinbuam, la candidata presidencial del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien visitará la frontera sur.

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