Latinoamericanas
Dina Boluarte, abogada de tradición izquierdista, primera presidenta de Perú
La asunción de Boluarte a la Presidencia de Perú se produjo, además, 48 horas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada contra ella por presuntas irregularidades en su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una entidad pública en la que trabajaba desde 2007
Lima, Perú.-La abogada y política de tradición izquierdista Dina Boluarte se convirtió este miércoles en la primera presidenta de Perú, al jurar al cargo ante el pleno del Congreso, después de que el Parlamento destituyó a Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado.Boluarte, de 60 años y de cuya vida personal no se conocen muchos detalles, fue elegida como primera vicepresidenta de la República en la fórmula presidencial del partido marxista Perú Libre, que el año pasado postuló a Pedro Castillo a la jefatura del Estado del país, y del cual fue expulsada por diferencias políticas con sus dirigentes.
Durante su periodo como vicepresidenta, Boluarte representó a Castillo en varios viajes fuera del país, en los que no fue autorizado a desplazarse por el Parlamento, el último de los cuales fue la cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) en Tailandia en noviembre pasado.
Asimismo, defendió el papel de la mujer en los eventos en los que participó como en la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que afirmó que «no hay desarrollo sostenible sin el desarrollo de las mujeres» y destacó el compromiso del Perú con el empoderamiento de las mujeres a través de políticas innovadoras, aunque persistan estereotipos y acoso político contra las líderes.
En los últimos días, varios integrantes del Ejecutivo, como los exministros Alejandro Salas y Félix Chero, le recordaron a Boluarte que debía renunciar al cargo como lo habían acordado previamente, en el caso de que Castillo fuera destituido por el Parlamento, pero ella mantuvo silencio.
En su lugar, la vicepresidenta decidió dejar el ministerio cuando Castillo hizo su última modificación en el gabinete, tras la renuncia del jurista Aníbal Torres como primer ministro en noviembre último y el ingreso en ese cargo de la legisladora y abogada Betssy Chávez.
Tras el anuncio del cierre del Congreso, Boluarte rompió su silencio para rechazar la decisión de Castillo de «perpetrar el quiebre del orden constitucional» y añadió que se trató de «un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley».
De esta manera, la abogada dejó de apoyar públicamente a Castillo y con su nombramiento como jefa de Estado se corrigió de lo que había anunciado el año pasado, cuando declaró que si el entonces presidente era destituido ella se iba con él
La asunción de Boluarte a la Presidencia de Perú se produjo, además, 48 horas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada contra ella por presuntas irregularidades en su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una entidad pública en la que trabajaba desde 2007.
También fue presidenta del Club Departamental Apurímac, un cargo para el que realizó trámites de transferencia de funciones que le valieron una investigación del Congreso, que finalmente decidió que no había cometido una infracción constitucional.
Boluarte, nacida precisamente en la región surandina de Apurímac, se postuló a un cargo político por primera vez en los comicios municipales de 2018 y nuevamente intentó una curul en el Congreso en las elecciones extraordinarias de 2020 con Perú Libre, movimiento que la incluyó en la fórmula presidencial de Castillo un año después.
Al convertirse este miércoles en la primera presidenta de la historia de Perú, juró «por Dios, la patria y la Constitución» y dijo que asumía «de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026», cuando debe cumplir el actual período de Gobierno.
Añadió que entre sus compromisos estará «defender» la soberanía nacional y que «cumplirá y hará cumplir» la Constitución y las leyes de su país.
Y relató que viene de «un pueblito» del Perú profundo, que es la última hija de una familia que vivió la precariedad y que de ahí aprendió bajo el afecto de sus padres el trabajo y la lealtad.
La abogada y política de tradición izquierdista Dina Boluarte se convirtió este miércoles en la primera presidenta de Perú, al jurar al cargo ante el pleno del Congreso, después de que el Parlamento destituyó a Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado.
Boluarte, de 60 años y de cuya vida personal no se conocen muchos detalles, fue elegida como primera vicepresidenta de la República en la fórmula presidencial del partido marxista Perú Libre, que el año pasado postuló a Pedro Castillo a la jefatura del Estado del país, y del cual fue expulsada por diferencias políticas con sus dirigentes.
La flamante mandataria fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del Gobierno de Castillo, el 28 de julio de 2021, hasta fines de noviembre, cuando el escenario político se agravó con la confirmación de que el Congreso iba a someter al expresidente a una tercera moción de destitución por «permanente incapacidad moral».
Durante su periodo como vicepresidenta, Boluarte representó a Castillo en varios viajes fuera del país, en los que no fue autorizado a desplazarse por el Parlamento, el último de los cuales fue la cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) en Tailandia en noviembre pasado.
Asimismo, defendió el papel de la mujer en los eventos en los que participó como en la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que afirmó que «no hay desarrollo sostenible sin el desarrollo de las mujeres» y destacó el compromiso del Perú con el empoderamiento de las mujeres a través de políticas innovadoras, aunque persistan estereotipos y acoso político contra las líderes.
En los últimos días, varios integrantes del Ejecutivo, como los exministros Alejandro Salas y Félix Chero, le recordaron a Boluarte que debía renunciar al cargo como lo habían acordado previamente, en el caso de que Castillo fuera destituido por el Parlamento, pero ella mantuvo silencio.
En su lugar, la vicepresidenta decidió dejar el ministerio cuando Castillo hizo su última modificación en el gabinete, tras la renuncia del jurista Aníbal Torres como primer ministro en noviembre último y el ingreso en ese cargo de la legisladora y abogada Betssy Chávez.
Tras el anuncio del cierre del Congreso, Boluarte rompió su silencio para rechazar la decisión de Castillo de «perpetrar el quiebre del orden constitucional» y añadió que se trató de «un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley».
De esta manera, la abogada dejó de apoyar públicamente a Castillo y con su nombramiento como jefa de Estado se corrigió de lo que había anunciado el año pasado, cuando declaró que si el entonces presidente era destituido ella se iba con él
La asunción de Boluarte a la Presidencia de Perú se produjo, además, 48 horas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada contra ella por presuntas irregularidades en su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una entidad pública en la que trabajaba desde 2007.
También fue presidenta del Club Departamental Apurímac, un cargo para el que realizó trámites de transferencia de funciones que le valieron una investigación del Congreso, que finalmente decidió que no había cometido una infracción constitucional.
Boluarte, nacida precisamente en la región surandina de Apurímac, se postuló a un cargo político por primera vez en los comicios municipales de 2018 y nuevamente intentó una curul en el Congreso en las elecciones extraordinarias de 2020 con Perú Libre, movimiento que la incluyó en la fórmula presidencial de Castillo un año después.
Al convertirse este miércoles en la primera presidenta de la historia de Perú, juró «por Dios, la patria y la Constitución» y dijo que asumía «de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026», cuando debe cumplir el actual período de Gobierno.
Añadió que entre sus compromisos estará «defender» la soberanía nacional y que «cumplirá y hará cumplir» la Constitución y las leyes de su país.
Y relató que viene de «un pueblito» del Perú profundo, que es la última hija de una familia que vivió la precariedad y que de ahí aprendió bajo el afecto de sus padres el trabajo y la lealtad.
Latinoamericanas
Bandas armadas consolidan su dominio en Haití y agravan la crisis de seguridad nacional
Las organizaciones criminales fortalecen su control territorial mediante extorsiones, secuestros y el dominio de rutas comerciales, mientras persisten los señalamientos sobre sus vínculos con sectores políticos y económicos.
Puerto Príncipe, Haití.– La creciente influencia de las organizaciones criminales en Haití continúa debilitando la capacidad de respuesta de las autoridades y representa uno de los mayores obstáculos para restablecer la seguridad y el orden institucional en esa nación caribeña.
Las bandas armadas han logrado consolidar estructuras que les permiten controlar comunidades, establecer sistemas de vigilancia, imponer cobros ilegales y restringir la circulación de ciudadanos y mercancías por importantes vías del territorio haitiano.
De acuerdo con el investigador Diego Da Rin, especialista en resolución de conflictos de International Crisis Group, estas organizaciones han evolucionado hasta convertirse en estructuras con capacidad operativa, fuentes propias de financiamiento y un considerable dominio de determinadas zonas.
Durante una entrevista concedida a DW Español, el especialista explicó que los territorios ocupados por las bandas cuentan con mecanismos de vigilancia y posiciones estratégicas desde las cuales sus integrantes pueden detectar movimientos de las fuerzas de seguridad y dificultar las intervenciones policiales.
Control territorial y presión sobre la economía
Uno de los aspectos más preocupantes de la crisis es la influencia de los grupos armados sobre infraestructuras esenciales para el funcionamiento económico de Haití.
Según Da Rin, las bandas han extendido su presencia hacia instalaciones estratégicas vinculadas al abastecimiento de combustible y al transporte de mercancías, además de ampliar sus operaciones desde Puerto Príncipe hacia los departamentos de Artibonite y del Centro.
Esta expansión ha facilitado el establecimiento de peajes clandestinos y otras formas de extorsión contra comerciantes, transportistas y residentes de las comunidades afectadas.
Los cobros ilegales y los secuestros constituyen importantes mecanismos de financiamiento que permiten a las organizaciones adquirir armamento, mantener sus estructuras y sostener sus operaciones.
Corrupción e impunidad favorecieron su crecimiento
El investigador también advirtió que la expansión de las pandillas no puede explicarse únicamente por las condiciones de pobreza o las debilidades institucionales del país.
Durante años, determinados sectores políticos y económicos habrían utilizado grupos armados para ejercer presión sobre adversarios, intervenir en procesos electorales y promover intereses particulares.
Sin embargo, con el paso del tiempo, varias de estas organizaciones adquirieron mayor independencia y desarrollaron estructuras que dificultan incluso el control por parte de quienes anteriormente mantenían vínculos con ellas.
Da Rin considera que la corrupción, la impunidad y las relaciones entre grupos criminales y sectores influyentes alimentan un ciclo de violencia que obstaculiza cualquier solución duradera.
Desaparición de militares aumenta la preocupación internacional
La capacidad de actuación de las bandas volvió a quedar en evidencia tras la desaparición de cuatro militares salvadoreños durante un incidente ocurrido el pasado 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, próximo a Puerto Príncipe.
Los uniformados formaban parte de una misión internacional de apoyo a la seguridad haitiana y, según las declaraciones atribuidas al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, desempeñaban labores técnicas y de evacuación médica.
El mandatario exigió su liberación y advirtió sobre posibles medidas adicionales para lograr su recuperación.
Informaciones difundidas por medios dominicanos señalan que efectivos especializados de El Salvador fueron desplegados para reforzar las operaciones de búsqueda en sectores relacionados con la actividad de grupos criminales.
El incidente ha incrementado la preocupación sobre los riesgos que enfrentan tanto la población haitiana como los integrantes de las fuerzas internacionales que participan en los esfuerzos para restablecer la seguridad.
Un desafío que supera la respuesta militar
La situación haitiana evidencia que la recuperación del territorio no depende exclusivamente de operativos policiales o militares.
El fortalecimiento de las instituciones, la persecución de las redes de financiamiento criminal, el combate a la corrupción y la ruptura de los vínculos entre las bandas y sectores de poder aparecen como elementos esenciales para debilitar estas organizaciones.
Mientras persistan las fuentes de ingresos ilegales y las condiciones que favorecen su expansión, Haití continuará enfrentando graves dificultades para recuperar el control de sus comunidades y garantizar la protección de sus ciudadanos.
Fuente: Informaciones ofrecidas por Diego Da Rin, de International Crisis Group, a DW Español, y reportes periodísticos difundidos por elCaribe.
Latinoamericanas
Flávio Bolsonaro promete liberar a su padre y llevarlo al Palacio Presidencial si vence a Lula
Brasilia, Brasil. – El senador conservador Flávio Bolsonaro prometió que liberará a su padre, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado, si resulta vencedor en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
El hijo mayor del exgobernante aseguró que, de ganar los comicios, su padre recuperará la libertad y lo acompañará al Palacio de Planalto para la ceremonia de investidura presidencial, prevista para el 5 de enero, según declaraciones recogidas por la agencia AFP.
La promesa se produce después de que Flávio Bolsonaro obtuviera el 47 % de los votos en la primera vuelta, frente al 45 % alcanzado por Lula, un resultado que ha movilizado a los sectores conservadores y reavivado las expectativas de retorno político del bolsonarismo.
Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, cumple su condena desde finales del año pasado. Debido a sus recurrentes problemas de salud, permanece bajo arresto domiciliario en una urbanización de Brasilia, junto a su esposa, Michelle Bolsonaro, electa para el Senado, y su hija menor, Laura.
El exmandatario, de 71 años, sostiene que es inocente y se considera víctima de persecución política y judicial. Actualmente tiene prohibido realizar declaraciones públicas y participar en actividades políticas.
Pese a su ausencia de la campaña electoral, Bolsonaro continúa siendo una figura central para la derecha brasileña y un referente para sus seguidores, que ven en la candidatura de Flávio una oportunidad para recuperar el poder.
Indulto y amnistía, las opciones para liberar al expresidente
Flávio Bolsonaro ha prometido que una de sus primeras decisiones como presidente sería conceder un indulto a su padre. Sin embargo, especialistas en derecho advierten que la medida no garantizaría una liberación inmediata.
Thiago Bottino, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas, explicó a AFP que, aunque el indulto podría firmarse poco después de la toma de posesión, diversos procedimientos burocráticos impedirían necesariamente que surtiera efecto el mismo día.
Otra alternativa promovida por sectores conservadores es una amnistía parlamentaria que beneficie tanto al expresidente como a cientos de simpatizantes condenados por los ataques del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.
A diferencia del indulto, la amnistía podría restituir los derechos políticos de Bolsonaro y abrirle la posibilidad de volver a competir por cargos electivos, dependiendo de los términos de la medida y de su aplicación jurídica.
La iniciativa ha ganado respaldo tras los comicios, en medio del fortalecimiento de la representación conservadora en el Congreso brasileño.
La defensa busca anular la condena
Paralelamente, los abogados de Jair Bolsonaro esperan que el Supremo Tribunal Federal examine una solicitud para anular la sentencia que lo condenó por su participación en un plan para impedir la llegada de Lula al poder después de las elecciones de 2022.
La defensa cuestiona la actuación del juez Alexandre de Moraes, quien condujo el proceso judicial contra el exmandatario y lo declaró culpable de liderar una organización criminal armada vinculada al intento de golpe de Estado.
El expediente de revisión está en manos del magistrado Kassio Nunes Marques, cuya asesoría informó a AFP que prevé llevar el asunto al pleno de la corte después de la segunda vuelta electoral.
No obstante, el procedimiento podría prolongarse más allá de la fecha prevista para la investidura presidencial, lo que complicaría los planes anunciados por Flávio Bolsonaro.
Flávio busca diferenciarse de su padre
Durante la campaña, el senador ha intentado proyectar una imagen más moderada que la de su padre, conocido por sus declaraciones polémicas sobre mujeres y minorías, sus posiciones frente al cambio climático y su defensa de la última dictadura militar brasileña.
Aunque el apellido Bolsonaro le garantiza el respaldo de importantes sectores conservadores, también representa un obstáculo entre los votantes independientes que rechazan al expresidente.
Rogério Marinho, jefe de la campaña de Flávio, sostuvo que el candidato defiende el legado político de su padre, pero tiene mayor capacidad de negociación.
Por su parte, el columnista Hélio Schwartsman, del diario Folha de S. Paulo, advirtió sobre la posibilidad de que un eventual regreso del bolsonarismo al poder esté marcado por medidas de revancha política y por la liberación de resentimientos acumulados.
El analista comparó ese escenario con los acontecimientos políticos posteriores al regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y las dinámicas observadas en Israel bajo el liderazgo de Benjamin Netanyahu.
La salud de Jair Bolsonaro, otro factor de atención
El estado de salud del expresidente también ocupa un lugar en el debate político. Según los últimos informes clínicos citados en la información de AFP, Bolsonaro se encuentra estable mientras recibe tratamiento con medicamentos antidepresivos.
Su esposa, Michelle Bolsonaro, ha señalado, sin embargo, que el proceso electoral le ha provocado cierto grado de ansiedad.
Con la segunda vuelta prevista para el 25 de octubre, la promesa de Flávio Bolsonaro de liberar a su padre se ha convertido en uno de los principales ejes de su campaña. Su eventual cumplimiento dependerá del resultado electoral, de los mecanismos jurídicos disponibles y de las decisiones que adopten las instituciones brasileñas
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El retraso en la campaña electoral en Haití aumenta la incertidumbre sobre los comicios