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Dina Boluarte, abogada de tradición izquierdista, primera presidenta de Perú

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EFE

La asunción de Boluarte a la Presidencia de Perú se produjo, además, 48 horas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada contra ella por presuntas irregularidades en su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una entidad pública en la que trabajaba desde 2007

Lima, Perú.-La abogada y política de tradición izquierdista Dina Boluarte se convirtió este miércoles en la primera presidenta de Perú, al jurar al cargo ante el pleno del Congreso, después de que el Parlamento destituyó a Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado.

Boluarte, de 60 años y de cuya vida personal no se conocen muchos detalles, fue elegida como primera vicepresidenta de la República en la fórmula presidencial del partido marxista Perú Libre, que el año pasado postuló a Pedro Castillo a la jefatura del Estado del país, y del cual fue expulsada por diferencias políticas con sus dirigentes.

La flamante mandataria fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del Gobierno de Castillo, el 28 de julio de 2021, hasta fines de noviembre, cuando el escenario político se agravó con la confirmación de que el Congreso iba a someter al expresidente a una tercera moción de destitución por «permanente incapacidad moral».

Durante su periodo como vicepresidenta, Boluarte representó a Castillo en varios viajes fuera del país, en los que no fue autorizado a desplazarse por el Parlamento, el último de los cuales fue la cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) en Tailandia en noviembre pasado.

Asimismo, defendió el papel de la mujer en los eventos en los que participó como en la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que afirmó que «no hay desarrollo sostenible sin el desarrollo de las mujeres» y destacó el compromiso del Perú con el empoderamiento de las mujeres a través de políticas innovadoras, aunque persistan estereotipos y acoso político contra las líderes.

En los últimos días, varios integrantes del Ejecutivo, como los exministros Alejandro Salas y Félix Chero, le recordaron a Boluarte que debía renunciar al cargo como lo habían acordado previamente, en el caso de que Castillo fuera destituido por el Parlamento, pero ella mantuvo silencio.

En su lugar, la vicepresidenta decidió dejar el ministerio cuando Castillo hizo su última modificación en el gabinete, tras la renuncia del jurista Aníbal Torres como primer ministro en noviembre último y el ingreso en ese cargo de la legisladora y abogada Betssy Chávez.

Tras el anuncio del cierre del Congreso, Boluarte rompió su silencio para rechazar la decisión de Castillo de «perpetrar el quiebre del orden constitucional» y añadió que se trató de «un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley».

De esta manera, la abogada dejó de apoyar públicamente a Castillo y con su nombramiento como jefa de Estado se corrigió de lo que había anunciado el año pasado, cuando declaró que si el entonces presidente era destituido ella se iba con él

La asunción de Boluarte a la Presidencia de Perú se produjo, además, 48 horas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada contra ella por presuntas irregularidades en su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una entidad pública en la que trabajaba desde 2007.

También fue presidenta del Club Departamental Apurímac, un cargo para el que realizó trámites de transferencia de funciones que le valieron una investigación del Congreso, que finalmente decidió que no había cometido una infracción constitucional.

Boluarte, nacida precisamente en la región surandina de Apurímac, se postuló a un cargo político por primera vez en los comicios municipales de 2018 y nuevamente intentó una curul en el Congreso en las elecciones extraordinarias de 2020 con Perú Libre, movimiento que la incluyó en la fórmula presidencial de Castillo un año después.

Al convertirse este miércoles en la primera presidenta de la historia de Perú, juró «por Dios, la patria y la Constitución» y dijo que asumía «de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026», cuando debe cumplir el actual período de Gobierno.

Añadió que entre sus compromisos estará «defender» la soberanía nacional y que «cumplirá y hará cumplir» la Constitución y las leyes de su país.

Y relató que viene de «un pueblito» del Perú profundo, que es la última hija de una familia que vivió la precariedad y que de ahí aprendió bajo el afecto de sus padres el trabajo y la lealtad.

La abogada y política de tradición izquierdista Dina Boluarte se convirtió este miércoles en la primera presidenta de Perú, al jurar al cargo ante el pleno del Congreso, después de que el Parlamento destituyó a Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado.

Boluarte, de 60 años y de cuya vida personal no se conocen muchos detalles, fue elegida como primera vicepresidenta de la República en la fórmula presidencial del partido marxista Perú Libre, que el año pasado postuló a Pedro Castillo a la jefatura del Estado del país, y del cual fue expulsada por diferencias políticas con sus dirigentes.

La flamante mandataria fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del Gobierno de Castillo, el 28 de julio de 2021, hasta fines de noviembre, cuando el escenario político se agravó con la confirmación de que el Congreso iba a someter al expresidente a una tercera moción de destitución por «permanente incapacidad moral».

Durante su periodo como vicepresidenta, Boluarte representó a Castillo en varios viajes fuera del país, en los que no fue autorizado a desplazarse por el Parlamento, el último de los cuales fue la cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) en Tailandia en noviembre pasado.

Asimismo, defendió el papel de la mujer en los eventos en los que participó como en la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que afirmó que «no hay desarrollo sostenible sin el desarrollo de las mujeres» y destacó el compromiso del Perú con el empoderamiento de las mujeres a través de políticas innovadoras, aunque persistan estereotipos y acoso político contra las líderes.

En los últimos días, varios integrantes del Ejecutivo, como los exministros Alejandro Salas y Félix Chero, le recordaron a Boluarte que debía renunciar al cargo como lo habían acordado previamente, en el caso de que Castillo fuera destituido por el Parlamento, pero ella mantuvo silencio.

En su lugar, la vicepresidenta decidió dejar el ministerio cuando Castillo hizo su última modificación en el gabinete, tras la renuncia del jurista Aníbal Torres como primer ministro en noviembre último y el ingreso en ese cargo de la legisladora y abogada Betssy Chávez.

Tras el anuncio del cierre del Congreso, Boluarte rompió su silencio para rechazar la decisión de Castillo de «perpetrar el quiebre del orden constitucional» y añadió que se trató de «un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley».

De esta manera, la abogada dejó de apoyar públicamente a Castillo y con su nombramiento como jefa de Estado se corrigió de lo que había anunciado el año pasado, cuando declaró que si el entonces presidente era destituido ella se iba con él

La asunción de Boluarte a la Presidencia de Perú se produjo, además, 48 horas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada contra ella por presuntas irregularidades en su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una entidad pública en la que trabajaba desde 2007.

También fue presidenta del Club Departamental Apurímac, un cargo para el que realizó trámites de transferencia de funciones que le valieron una investigación del Congreso, que finalmente decidió que no había cometido una infracción constitucional.

Boluarte, nacida precisamente en la región surandina de Apurímac, se postuló a un cargo político por primera vez en los comicios municipales de 2018 y nuevamente intentó una curul en el Congreso en las elecciones extraordinarias de 2020 con Perú Libre, movimiento que la incluyó en la fórmula presidencial de Castillo un año después.

Al convertirse este miércoles en la primera presidenta de la historia de Perú, juró «por Dios, la patria y la Constitución» y dijo que asumía «de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026», cuando debe cumplir el actual período de Gobierno.

Añadió que entre sus compromisos estará «defender» la soberanía nacional y que «cumplirá y hará cumplir» la Constitución y las leyes de su país.

Y relató que viene de «un pueblito» del Perú profundo, que es la última hija de una familia que vivió la precariedad y que de ahí aprendió bajo el afecto de sus padres el trabajo y la lealtad.

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Protestas colocan a Bolivia «al límite»

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Agencia AFP

La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.

Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.

«El país necesita orden y esto está llegando al límite (…) El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo», dijo el mandatario de centroderecha, en un acto en La Paz en el que instaló un foro de discusión de políticas sociales y económicas.

«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.

Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.

La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.

«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.

– «Peor que el covid» –

La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.

Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.

Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.

«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.

En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.

El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.

«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.

El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.

El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.

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Latinoamericanas

Haití: Más de 80 muertos en 5 días por choques entre pandillas

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PUERTO PRINCIPE.- Más de ochenta personas han perdido la vida y cerca de un centenar han resultado heridas a causa de los enfrentamientos que mantienen desde el pasado domingo bandas armadas en Cité-Soleil, a unos cinco kilómetros al norte de la capital de Haití, denunciaron este jueves organizaciones de derechos humanos citadas por la prensa local.

Muchas viviendas han sido incendiadas y cientos de personas han huido hacia otras zonas menos expuestas, indicó -al medio local Magik9- Fritznel Pierre, responsable de la organización Combite Pour la Paix et le Développement.

CHIEN MÉCHANT, 400 MAWAZO Y LOS TALIBANES

El activista denunció que los ataques son perpetrados por una coalición de bandas armadas, entre ellas Chien Méchant, 400 Mawazo y los Talibanes, que se disputan el control de territorios en los que funcionan empresas que aportan miles de dólares a la economía nacional.

Las hostilidades se reanudaron el pasado domingo entre las bandas Canaan -lideradas por Jeff Gwo Lwa, aliado de Chien Méchant-, en la Plaine du Cul de Sac, y los 400 Mawozo, de Lamò Sanjou, que se enfrentan a un grupo rival formado por pandillas de Cité-Soleil, Village Renaissance y Pierre 6.

MEDICOS SIN FRONTERAS ALERTO DE COMBATES

La oficina en Haití de la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó el pasado martes sobre estos combates y decidió evacuar temporalmente uno de sus hospitales en Cité-Soleil, por el empeoramiento de la situación.

Ese mismo día, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, presidió un consejo de ministros extraordinario para tratar la situación de inseguridad, y dio «instrucciones claras y medidas concretas para reforzar de inmediato la capacidad operativa de las fuerzas del orden y garantizar una respuesta coordinada, enérgica y duradera contra todas las formas de delincuencia».

Las autoridades no han dado una cifra de muertos ni heridos por estos recientes enfrentamientos.

Haití vive una grave crisis de violencia que solo en el primer trimestre de este año dejó al menos 1,642 muertos y 745 heridos, según el más reciente informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país caribeño (BINUH).

an/am

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Latinoamericanas

Abinader y Mulino impulsan comercio e inversión entre naciones aliadas

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Panamá.– El presidente de la República, Luis Abinader, destacó la importancia de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Panamá, con el propósito de seguir ampliando las inversiones empresariales y el intercambio económico entre ambas naciones.

El mandatario dominicano abordó estos temas durante una reunión bilateral con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, en la que también participaron altos funcionarios del Gobierno de Panamá, entre ellos el canciller, el ministro de Comercio e Industrias y la ministra de Turismo, entre otros representantes.

Abinader estuvo acompañado por el Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro; y el embajador de la República Dominicana en Panamá, Roberto Salcedo, entre otros funcionarios.

Durante el encuentro, ambos gobernantes acordaron actualizar una propuesta de acuerdo comercial entre República Dominicana y Panamá, como mecanismo para fortalecer el intercambio de negocios y generar mayores oportunidades económicas en beneficio de sus respectivos países.

Asimismo, el presidente Mulino manifestó interés en intercambiar experiencias en el sector turismo, al considerar que la República Dominicana ha logrado un importante desarrollo de esta actividad productiva y se ha consolidado como un referente regional.

Ambos mandatarios también destacaron la significativa conectividad aérea entre República Dominicana y Panamá, reflejada en la importante afluencia de vuelos entre ambos países, lo que contribuye al dinamismo del turismo y los negocios.

Se reúne con presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas y ejecutivos de DP World

Como parte de su agenda de trabajo en Panamá, el mandatario sostuvo además encuentros por separado con el presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas (World FZO), Mohammed Al Zarooni, y con ejecutivos de DP World, con el objetivo de continuar fortaleciendo la cooperación en materia de zonas francas y promover nuevas oportunidades de inversión en sectores importantes para la República Dominicana.

En estos encuentros, el presidente Abinader estuvo acompañado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro; y el embajador de la República Dominicana en Panamá, Roberto Salcedo, entre otros funcionarios.

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