Santo Domingo, RD.-Víctor Hugo Gómez Vásquez, señalado como autor intelectual del atentado contra el ex-pelotero David Ortiz, fue descargado por falta de pruebas por el Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo.Nacionales
Descargan a señalado como autor intelectual del atentado a David Ortiz
Santo Domingo, RD.-Víctor Hugo Gómez Vásquez, señalado como autor intelectual del atentado contra el ex-pelotero David Ortiz, fue descargado por falta de pruebas por el Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo.También fueron descargados Carlos Rafael Álvarez Pérez (Carlos Nike) y Reynaldo Rodríguez Valenzuela (El Chino).
En junio de 2019 circuló la noticia de que el expelotero, mejor conocido como “Big Papí”, fue herido de bala mientras disfrutaba en un centro de diversión en la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este. Por el hecho también resultó herido el comunicador Jhoel López.
Tres días después, el procurador del momento, Jean Alain Rodríguez; el también director de la Policía Nacional del momento, Ney Aldrin Bautista y el actual fiscal de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán, encabezaron una rueda de prensa en la que ofrecieron detalles de cómo se planeó y produjo el atentado contra David Ortiz.
Señalaron a Víctor Hugo Gómez Vásquez como autor intelectual del atentado. Jean Alain Rodríguez, aclaró que el acto estaba dirigido a Sixto David Fernández “El Modelo”, quien también se encontraba compartiendo con el pelotero en el citado bar.
Días después, el 28 de junio, fue apresado Gómez Vásquez. Tras su detención circuló un video negando las acusaciones que se le habían imputado.
“Me están acusando de planificar un atentado en contra de Sixto David Fernández, lo cual en ningún momento o por alguna razón tengo interés o haría algo así. Yo no soy su enemigo y él mismo ha confesado que no tiene ningún tipo de enemigo”, expresa Gómez en el vídeo.
Según el fiscal Milcíades Guzmán, durante la rueda de prensa para dar a conocer los detalles del suceso, la vinculación de Víctor Hugo y Sixto David en el atentado contra Big Papi nació a través de una relación “de carácter comercial”, que se había roto “en algún momento y por eso terminaron con diferencias”. Gómez Vásquez estuvo recluido en la cárcel La Victoria junto con Alberto Miguel Rodríguez Mota.
El fiscal de Santo Domingo Este indicó, además, que cuando Víctor Hugo cae detenido en 2011 aduce que Sixto David “lo chivateó, lo tiró para adelante, y de ahí es donde se desprende la maldad de Víctor Hugo en contra del señor Sixto David Fernández”.
También en el video que grabó Víctor Hugo Gómez Vásquez, este trae a relucir el nombre del narcotraficante César Emilio Peralta “César El Abusador”, detenido en Puerto Rico. Dijo que lo conocía vía Sixto David Fernández, quien era supuestamente amigo de Peralta.
Víctor Hugo Gómez Vásquez fue señalado por las autoridades estadounidenses como parte del Cártel del Golfo y que realizaba sus operaciones entre febrero de 2016 a abril 2018.
A pesar de la versión de las autoridades dominicanas, quienes arrestaron a más de 10 personas, el expelotero de Grandes Ligas contrató al excomisionado de policía de Boston, Ed Davis para que realizara una investigación del suceso.
El informe se dio a conocer en marzo de 2022 y señaló a César Emilio Peralta como el autor del atentado. A diferencia de lo informado por las autoridades dominicanas, el excomisionado aseguró que la bala iba dirigida contra David Ortiz.
“El poderoso y políticamente conectado narcotraficante César ´El Abusador´ llegó a sentirse irrespetado por Ortiz, lo que lo llevó a poner una recompensa por la cabeza del pelotero de los Medias Rojas de Boston”, dijo Ed Davis.
Los condenados en el caso durante audiencia del lunes
El tribunal, presidido por Elizabeth Rodríguez Espinal, Julio A. Aybar Ortiz y Flor E. Batista Polo, condenó este lunes a 30 años de prisión a Eddy Vladimir Féliz García («El Nata») y Rolfi Ferreras Cruz o Ramón Martínez Pérez (a) Rolfi, este último quien admitió que disparó al exbeisbolista. El Nata, era quien conducía la motocicleta en que se transportó Rolfi Ferreras.
Mientras, que a 20 años de prisión fue sentenciado Alberto Miguel Rodríguez Mota. Este hombre fue señalado como la persona que presuntamente ejecutaría el pago por cometer la operación de sicariato contra Sixto David Fernández.
En tanto, fueron condenados a 10 años de prisión, cada uno, José Eduardo Ciprián Lebrón (a) Chuky y Óliver Moisés Mirabal.
De su lado, Gabriel Alexander Pérez Vizcaíno(a) Hueso, fue sentenciado a nueve años de prisión, mientras, Joel Rodríguez de la Cruz (a) Calamardo, fue condenado a seis años de prisión.
Mientras, a cinco años de prisión fueron condenados los imputados Franklin Junior Meran (a) Rubirosa, Porfirio Ayendi Dechamps Vásquez (a) Nene y Junior Cesar La Hoz Vargas (a)Yayo y/o El Lindo
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.