Nacionales
Acusados de corrupción pasarán el Año Nuevo en sus casas
A los imputados en los casos Antipulpo, Coral y Operación 13, se les cambió la prisión preventiva por la de arresto domiciliario, colocación de brazalete electrónico, pago de garantía económica e impedimento de salida, tras alegarse haberse cumplido 18 meses en la cárcel.
Solo en el caso Medusa, guardan prisión el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de la Procuraduría; y Javier Alejandro Forteza Ibarra.
Mientras que en el caso Coral 5G, guardan prisión los generales Juan Carlos Torres Robiou, ex director del CESTUR; Boanerges Reyes Batista, Julio Camilo Santos Viola y el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, así como para Geudy Blandesmil Guzmán Alcántara y Kelman Santana Martínez.
Antipulpo
En el caso Antipulpo, el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el pasado 29 de agosto, mandó a sus casas a los imputados Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa, José Dolores Santana y Wacal Vernavel Méndez.
Mientras que el 9 de septiembre del 2021, el Tercer Juzgado de la Instrucción, actuando como tribunal control, dispuso el arresto domiciliario de los imputados Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher, exdirector general y exdirector de Fiscalización de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), respectivamente, así como de Julián Esteban Suriel Suazo, también implicados en el caso Antipulpo.
En igual situación se encuentran los imputados Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez y ex vicepresidenta administrativa del Fonper; Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública; el ex contralor general Rafael Antonio Germosén, luego de que el entonces José Alejandro Vargas, rechazara dictar prisión preventiva en su contra y dispusiera su arresto domiciliario, durante el conocimiento de la medida de coerción.
Alexis Medina había sido detenido a finales de noviembre de 2020, tres meses después de iniciar el gobierno del presidente Luis Abinader y de su hermano haber salido de la Presidencia.
Coral
Mientras que, en el caso Coral, fueron enviados a sus respectivas residencias en calidad de detenidos a los imputados el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, el coronel Rafael Núñez de Aza, la Pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete Guzmán, por la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el pasado 6 de diciembre, también alegando vencimiento de los 18 meses de la prisión preventiva.
En el caso de Adán Cáceres y Rafael Núñez de Aza se les impuso una garantía económica de 100 millones de pesos, mediante una compañía aseguradora, mientras que a Rossy Guzmán (la Pastora) y su hijo Tanner Flete, 50 millones de pesos mediante la misma modalidad.
En igual situación se encuentra el mayor Alejandro Girón Jiménez, quien guarda arresto domiciliario en una dirección confidencial que el Ministerio Público suministró al tribunal, para resguardar su seguridad, por ser testigo principal de la acusación y colaborador del ente acusador.
Esta decisión de Girón Jiménez fue dada por la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció la solicitud de medida de coerción en contra del grupo de encartados en el caso Antipulpo.
Coral 5G
Mientras que en el caso Coral 5G, se encuentran guardando prisión domiciliaria el coronel Miguel Ventura Pichardo (FARD), Esmeralda Ortega Polanco, César Félix Ramos Ovalle, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.
Esto por disposición de la jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien conoció la solicitud de medida de coerción en diciembre del 2021.
Operación 13
En tanto que también pasará año nuevo en su residencia de Bonao, provincia Monseñor Nouel, el ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, luego de que la jueza presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar, variara la prisión preventiva por arresto domiciliario, alegando también el vencimiento del plazo de la prisión preventiva.
En igual situación también se encuentran los imputados Valentina Rosario, presentadora del sorteo; Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, a quienes la jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente, les impuso prisión domiciliaria en junio del 2021.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.