Nacionales
Acusados de corrupción pasarán el Año Nuevo en sus casas
A los imputados en los casos Antipulpo, Coral y Operación 13, se les cambió la prisión preventiva por la de arresto domiciliario, colocación de brazalete electrónico, pago de garantía económica e impedimento de salida, tras alegarse haberse cumplido 18 meses en la cárcel.
Solo en el caso Medusa, guardan prisión el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de la Procuraduría; y Javier Alejandro Forteza Ibarra.
Mientras que en el caso Coral 5G, guardan prisión los generales Juan Carlos Torres Robiou, ex director del CESTUR; Boanerges Reyes Batista, Julio Camilo Santos Viola y el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, así como para Geudy Blandesmil Guzmán Alcántara y Kelman Santana Martínez.
Antipulpo
En el caso Antipulpo, el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el pasado 29 de agosto, mandó a sus casas a los imputados Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa, José Dolores Santana y Wacal Vernavel Méndez.
Mientras que el 9 de septiembre del 2021, el Tercer Juzgado de la Instrucción, actuando como tribunal control, dispuso el arresto domiciliario de los imputados Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher, exdirector general y exdirector de Fiscalización de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), respectivamente, así como de Julián Esteban Suriel Suazo, también implicados en el caso Antipulpo.
En igual situación se encuentran los imputados Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez y ex vicepresidenta administrativa del Fonper; Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública; el ex contralor general Rafael Antonio Germosén, luego de que el entonces José Alejandro Vargas, rechazara dictar prisión preventiva en su contra y dispusiera su arresto domiciliario, durante el conocimiento de la medida de coerción.
Alexis Medina había sido detenido a finales de noviembre de 2020, tres meses después de iniciar el gobierno del presidente Luis Abinader y de su hermano haber salido de la Presidencia.
Coral
Mientras que, en el caso Coral, fueron enviados a sus respectivas residencias en calidad de detenidos a los imputados el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, el coronel Rafael Núñez de Aza, la Pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete Guzmán, por la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el pasado 6 de diciembre, también alegando vencimiento de los 18 meses de la prisión preventiva.
En el caso de Adán Cáceres y Rafael Núñez de Aza se les impuso una garantía económica de 100 millones de pesos, mediante una compañía aseguradora, mientras que a Rossy Guzmán (la Pastora) y su hijo Tanner Flete, 50 millones de pesos mediante la misma modalidad.
En igual situación se encuentra el mayor Alejandro Girón Jiménez, quien guarda arresto domiciliario en una dirección confidencial que el Ministerio Público suministró al tribunal, para resguardar su seguridad, por ser testigo principal de la acusación y colaborador del ente acusador.
Esta decisión de Girón Jiménez fue dada por la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció la solicitud de medida de coerción en contra del grupo de encartados en el caso Antipulpo.
Coral 5G
Mientras que en el caso Coral 5G, se encuentran guardando prisión domiciliaria el coronel Miguel Ventura Pichardo (FARD), Esmeralda Ortega Polanco, César Félix Ramos Ovalle, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.
Esto por disposición de la jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien conoció la solicitud de medida de coerción en diciembre del 2021.
Operación 13
En tanto que también pasará año nuevo en su residencia de Bonao, provincia Monseñor Nouel, el ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, luego de que la jueza presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar, variara la prisión preventiva por arresto domiciliario, alegando también el vencimiento del plazo de la prisión preventiva.
En igual situación también se encuentran los imputados Valentina Rosario, presentadora del sorteo; Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, a quienes la jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente, les impuso prisión domiciliaria en junio del 2021.
Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que Las intensas lluvias que afectan el país han dejado en las últimas 24 horas 23 comunidades incomunicadas y 880 personas desplazadas.
El organismo también reporta tres viviendas destruidas, 59 afectadas parcialmente y 176 con daños, como consecuencia de inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos.
El COE detalla que cientos de familias han tenido que abandonar sus hogares como medida de prevención ante el avance de las lluvias.
Tal es el caso de la provincia de Elías Piña, donde se registró un deslizamiento de tierra, que afectó parcialmente dos viviendas, lo que obligó al desplazamiento de unas diez personas hacia casas de familiares y amigos.En Sánchez Ramírez, las condiciones climáticas provocaron la caída de cinco postes del tendido eléctrico en el distrito municipal de Angelina, específicamente en el sector Barrio Lindo.
Asimismo, en Cotuí, varios árboles cayeron sobre la carretera Cotuí-Platanal debido a los fuertes vientos, lo que obligó a brigadas a realizar labores de despeje, mientras en el sector Vista del Valle también reportó afectaciones.
El desbordamiento del río Majagual ha dejado incomunicadas a las comunidades de Blanco de Jima Abajo con Fantino, en la provincia de La Vega, dificultando el tránsito y el acceso a servicios básicos.
En la provincia María Trinidad Sánchez, específicamente en el municipio de Nagua, se registraron inundaciones urbanas en los sectores Cumajón y Guayo.
En San Juan, las lluvias provocaron anegaciones en la comunidad de Pedro Corto, aunque sin daños a viviendas, así como en el kilómetro 5 de la carretera San Juan–Las Matas de Farfán.
Uno de los casos más críticos ocurrió en Samaná, donde el desbordamiento del río El Limón destruyó una vivienda y anegó otra, causando la pérdida de ajuares. Las familias afectadas fueron trasladadas a casas de allegados.
El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) informó que siete acueductos se encuentran fuera de servicio debido a las lluvias, afectando a unos 86,500 usuarios en distintas localidades.
Ante este panorama, el COE mantiene seis provincias en alerta amarilla y 16 en alerta verde, debido al riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.
Nacionales
Gente que no entiende por qué no se ha convocado al CNM para evaluar jueces de la Suprema.
Santo Domingo, R.D.-El presidente Abinader fue emplazado por la Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) en su calidad de titular del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a convocar «de manera inmediata» a ese órgano para iniciar la evaluación de once jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cuyo período constitucional venció el pasado 4 de abril.
La organización recordó que once magistrados se encuentran pendientes de evaluación, etapa indispensable para determinar su permanencia o eventual sustitución en el cargo.
Advirtió que la ausencia de convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia.
La ROI subrayó que, aunque la Constitución no fija un plazo específico para realizar la convocatoria del CNM, sí establece que el proceso debe llevarse a cabo una vez cumplido el período de siete años desde la designación de los jueces.
El colectivo también alertó sobre la necesidad de evitar las controversias que marcaron el proceso de evaluación de 2025, el cual —según indicó— estuvo rodeado de cuestionamientos por falta de transparencia, escasa motivación en las decisiones y la aplicación de criterios no contemplados en la normativa.
Asimismo, expresó preocupación ante la posibilidad de que algunos jueces opten por no someterse a la evaluación, como reacción a experiencias previas consideradas injustas o lesivas a la independencia judicial. Citó como ejemplo los casos de las magistradas Miriam Germán Brito y Pilar Jiménez.
«Cuando quienes deben ser evaluados desconfían del proceso, lo que está en juego es la legitimidad de la justicia«, advirtió la entidad.
En ese sentido, la ROI insistió en que la evaluación del desempeño de los jueces de la SCJ y de otras altas cortes debe basarse en criterios objetivos, previamente establecidos y aplicados con total transparencia, garantizando el debido proceso, la independencia judicial y la igualdad de género.
La organización informó que puso en circulación un informe sobre el proceso de evaluación y selección de jueces de la SCJ y del Tribunal Superior Electoral (TSE) en 2025, en el que recoge las principales incidencias del proceso anterior y formula recomendaciones para fortalecer futuros procedimientos.
Finalmente, recordó que, mientras no se realice la evaluación de desempeño de los actuales magistrados, no es posible abrir un nuevo proceso de selección, ya que no existen vacantes en la Suprema Corte de Justicia.
La ROI está integrada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), el Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano, segun Luis Abinader, trabaja diariamente para estabilizar precios en los principales productos de la canasta basica familiar, en medio de la guerra en Oriente Próximo, cuyas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán parecen estar estancadas.
“Ante esta crisis mundial, estamos atendiendo diariamente con la mesa de precios para estabilizar los precios”, dijo Abinader durante la entrega de nuevos vehículos al Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre) en el Palacio Nacional.
Amortiguar los precios de los alimentos básicos ha sido uno de los principales objetivos del gobierno.
El lunes, el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovaton, aseguró que ningún producto ha subido de precio y agregó que el abastecimiento del país “no ha tenido problemas”.
“El gobierno ha ejecutado de manera sistemática un plan basado en dos objetivos fundamentales: mantener las proyecciones de crecimiento económico del país y mitigar, especialmente en las familias más vulnerables, el impacto de esta crisis”, explicó Lovaton.
República Dominicana ha sufrido los efectos del conflicto en Medio Oriente, principalmente con los precios de los combustibles, que ya han subido en tres ocasiones. Solo la gasolina premium acumula un alza de 24 pesos.
Una comisión del gobierno ha sostenido reuniones con sectores empresariales, políticos y religiosos para analizar el escenario internacional. La más reciente tuvo lugar el lunes con los representantes de las centrales sindicalistas del país, el sexto encuentro en total.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, indicó que el plan para enfrentar la crisis internacional “consiste en la aplicación de los subsidios aplicados al precio de los combustibles y los fertilizantes”.
Al menos 25 de un total de 60 vehículos recibió el Inespre para mejorar la cadena de distribución de alimentos a precios asequibles, según explicó Abinader.
“Inespre tiene que ser el puente entre el productor y el consumidor, y en eso está el gobierno: buscando precios justos para toda la población dominicana”, dijo.
El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, explicó que los nuevos vehículos operarán tanto en frío como a temperatura ambiente, beneficiando a dos actores de la cadena de comercialización: por un lado, el productor, que podrá colocar sus productos sin distorsiones, y por el otro el consumidor, que podrá adquirirlos a precio de costo.
“Así reducimos la intermediación abusiva y fortalecemos un sistema más justo, más eficiente y más humano. Seguimos trabajando y avanzando hacia un país donde los alimentos lleguen de manera digna a cada hogar vulnerable de la República Dominicana”, dijo el funcionario.