Editorial
Una decisión ajustada a la Ley, pero que pudo ser diferente.
El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional varió la prisión preventiva que pesaba sobre el ex-procurador general de la República, Jain Alain Rodríguez, principal imputado en el caso Medusa.
La decisión no deja de provocar una serie de reflexiones que no dejan dudas de que en el país existe toda una tradición de que estos casos se diluyen en el proceso como consecuencia de que aparte de los argumentos de ley que se puedan esgrimir, la dominicana es una sociedad de la componenda y de la corrupción generalizada.
Ahí es que estriban las dudas al respecto de los diferentes sectores que conforman la vida nacional, cuyo ejemplo más reciente tiene que ver con el caso Odebrecht y en el que los imputados se salieron con las suyas, pese a que en la mayoría de los países del hemisferio las consecuencias fueron otras.
Pero otro ejemplo por el que se ha promovido la justicia dominicana, tiene que ver con el caso de los Super Tucanos, entre otros, por lo que la variación de la medida de coerción de prisión preventiva a arresto domiciliario lleva al ciudadano dominicano a temer de que el final de este caso será parecido o igual al de Odebrecht.
Nadie puede negar que uno de los alegatos en los casos de corrupción que se han conocido en el país, es la supuesta deficiencia del Ministerio Publico, ya que tal vez no ahora, pero este órgano siempre se ha visto como un instrumento de promover la politiquería que arropa a la República Dominicana.
Todo el que vive en el país sabe que independientemente de que la variación de la medida de coerción pueda ser procedente vista desde el mandato de la ley, lo cierto es que esto aumenta la posibilidad de maniobra de los imputados por tratarse, si asumimos al pie de la letra lo dicho por el Ministerio Público, de una red mafiosa que se apropió de cantidades muy grandes de dinero del patrimonio público.
Y ciertamente hay que colegir que si ha habido intento de soborno de algunos testigos e incluso amenazas en contra de otros, entonces hay que suponer que estos excesos de los imputados ahora serán peores y probablemente algunos de ellos puedan ejecutarse.
Entonces, en el proceso debe quedar claro que los esfuerzos del Ministerio Público se han desvanecido como resultado de su incapacidad para evitar la variación de la prisión preventiva mediante la aportación de las pruebas que convencieran al juez de prologar esa medida de coerción.
El que tiene los pies en la tierra sabe muy bien que independientemente de lo dicho por el juez que varió la medida de coerción a Jain Alain, ahora él tiene la posibilidad para maniobrar en favor de su causa, porque tiene la oportunidad, al tener una menor supervisión, de recurrir a sus agallas para cometer cualquier acción, por ilegal que sea, sin importar las consecuencias, para hacer desaparecer cualquier prueba que pueda haber en su contra.
Los temores sobre el curso que podría tomar este caso son lo suficientemente legítimos, pese a que la decisión del juez de Atención Permanente del Distrito Nacional está fundamentada en el mandato de la ley, pero también en la deficiencia del Ministerio Público para impedir la variación de la medida de coerción, la cual se constituye en una ganancia de causa para el imputado.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.