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Editorial

 Una decisión ajustada a la Ley, pero que pudo ser diferente.

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El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional varió la prisión preventiva que pesaba sobre el ex-procurador general de la República, Jain Alain Rodríguez, principal imputado en el caso Medusa.

La decisión no deja de provocar una serie de reflexiones que no dejan dudas de que en el país existe toda una tradición de que estos casos se diluyen en el proceso como consecuencia de que aparte de los argumentos de ley que se puedan esgrimir, la dominicana es una sociedad de la componenda y de la corrupción generalizada.

Ahí es que estriban las dudas al respecto de los diferentes sectores que conforman la vida nacional, cuyo ejemplo más reciente tiene que ver con el caso Odebrecht y en el que los imputados se salieron con las suyas, pese a que en la mayoría de los países del hemisferio las consecuencias fueron otras.

Pero otro ejemplo por el que se ha promovido la justicia dominicana, tiene que ver con el caso de los Super Tucanos, entre otros, por lo que la variación de la medida de coerción de prisión preventiva a arresto domiciliario lleva al ciudadano dominicano a temer de que el final de este caso será parecido o igual al de Odebrecht.

Nadie puede negar que uno de los alegatos en los casos de corrupción que se han conocido en el país, es la supuesta deficiencia del Ministerio Publico, ya que tal vez no ahora, pero este órgano siempre se ha visto como un instrumento de promover la politiquería que arropa a la República Dominicana.

Todo el que vive en el país sabe que independientemente de que la variación de la medida de coerción pueda ser procedente vista desde el mandato de la ley, lo cierto es que esto aumenta la posibilidad de maniobra de los imputados por tratarse, si asumimos al pie de la letra lo dicho por el Ministerio Público, de una red mafiosa que se apropió de cantidades muy grandes de dinero del patrimonio público.

Y ciertamente hay que colegir que si ha habido intento de soborno de algunos testigos e incluso amenazas en contra de otros, entonces hay que suponer que estos excesos de los imputados ahora serán peores y probablemente algunos de ellos puedan ejecutarse.

Entonces, en el proceso debe quedar claro que los esfuerzos del Ministerio Público se han desvanecido como resultado de su incapacidad para evitar la variación de la prisión preventiva mediante la aportación de las pruebas que convencieran al juez de prologar esa medida de coerción.

El que tiene los pies en la tierra sabe muy bien que independientemente de lo dicho por el juez que varió la medida de coerción a Jain Alain, ahora él tiene la posibilidad para maniobrar en favor de su causa, porque tiene la oportunidad, al tener una menor supervisión, de recurrir a sus agallas para cometer cualquier acción, por ilegal que sea, sin importar las consecuencias, para hacer desaparecer cualquier prueba que pueda haber en su contra.

Los temores sobre el curso que podría tomar este caso son lo suficientemente legítimos, pese a que la decisión del juez de Atención Permanente del Distrito Nacional está fundamentada en el mandato de la ley, pero también en la deficiencia del Ministerio Público para impedir la variación de la medida de coerción, la cual se constituye  en una ganancia de causa para el imputado.

 

 

 

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Editorial

La Pobreza: Espejo de Vida en Latinoamérica.

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Los niveles de pobreza son, sin lugar a dudas, el talón de Aquiles de los pueblos latinoamericanos, donde la democracia sufre los vaivenes de la inestabilidad por estar asociada a un comportamiento de sus actores que erosiona su credibilidad.

Es un problema que ha acabado con la mayoría de los gobiernos que se han dado las naciones del llamado Tercer Mundo, donde la brecha entre pobres y ricos es muy ancha.

Esto parece ser uno de los problemas seculares de las democracias latinoamericanas, dado que sus políticas tributarias son más regresivas que progresivas, donde la evasión es una herramienta importante para los que están colocados en la macro economía acumulen más en estímulo del aumento de la pobreza.

Las riquezas de los pueblos latinoamericanos están concentradas en pocas manos, ya que los propietarios de las mismas cuentan con la sombrilla del Estado para prácticamente aplastar las aspiraciones, sino de igualdad, por lo menos de equidad de amplias mayorías nacionales.

Es un fenómeno que se observa en todas las naciones de la llamada América Morena, desde el sur y centro américa, hasta los golpeados países caribeños.

Estos niveles de desigualdad que caracterizan a las naciones latinoamericanas se constituye en una tragedia que genera mucha inestabilidad democrática y que estimula una inmigración que marca de forma muy especial a millones de familias con los consecuentes traumas que produce el fenómeno.

El gran dilema que afrontan todos los países de la llamada América Morena es hasta dónde puede ser posible disminuir la pobreza de su población cuando la principal razón que la genera es la corrupción administrativa, cuyos recursos económicos en vez de ser canalizados para mejorar los sistemas de salud y educación, se van por el camino equivocado de la falta de transparencia.

No resulta aventurero decir que los dineros de los presupuestos de las naciones del tercer mundo generalmente terminan en los bolsillos de una clase política indolente y que sólo tiene el propósito de acumular a costa de sumergir a la gente en una más preocupante pobreza.

La pregunta que se haría cualquier ciudadano, si es fácil erradicar este flagelo de la vida de países que ya han cimentado toda una cultura de lo mal hecho y cuyos actores de la democracia no han entendido que en la medida en que no se disminuya la pobreza muy difícilmente pueden existir democracias creíbles y fuertes.

Todo parece indicar por la conducta de la clase política de los países latinoamericanos que se verán pasar muchas décadas, tal vez siglos, para cambiar los paradigmas de hacer política a otros en que el modelo sea la vocación de servicio y no la acumulación sobre la base de la poca o ninguna transparencia en la administración del patrimonio público.

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Editorial

Las cosas en el país no caminan en la dirección correcta.

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Este periódico es del criterio de que muy difícilmente la República Dominicana tome el sendero de corregir las distorsiones de que adolece su democracia.

Este cambio sólo podría llegar en la medida en que el empoderamiento ciudadano contrarreste la visión de hacer política en el país, porque crea el riesgo de que la nación se convierta en otro Haití, no porque haya muchos haitianos, sino porque nuestras debilidades institucionales nos lleven a tener lo que ocurre en la hermana nación donde hay un estado de derecho, pero no de hecho.

Nadie debe poner en duda de que la República Dominicana cuenta con un Estado que existe de hecho y de derecho, lo cual la ubica transitoriamente en una categoría diferente a Haití, pero su nivel de contaminación con los intereses del bajo mundo, la corrupción administrativa y otros males, advierten que su colapso sólo depende del transcurrir del tiempo con la persistencia en los mismos errores o visiones equivocadas de los partidos políticos y en última instancia del ciudadano.

El asunto reviste tal gravedad que el problema sistémico del país se sustenta en la venta de una percepción que no se corresponde en nada con la realidad, entre cuyos actores que contribuyen con esta distorsión están las altas cortes, entre ellas el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, cuyos jueces no hay forma de que tomen en serio el necesario castigo que deben imponer a los partidos políticos que son los responsables de todos los males nacionales.

Es realmente decepcionante que el Tribunal Constitucional no tenga forma de emitir una sentencia condenatoria en contra de la llamada partidocracia y para cuyo propósito se apoya en la mora judicial y cuando no en una interpretación muy pobre de los delitos que cometen este tipo de organizaciones.

Por esta razón cada día son muchos más los que quieren sumarse a la actividad política no para sanear la vida nacional, sino para buscar acumular fortunas sobre la base del fraude y de apropiarse de recursos que no son propios, que salen del esfuerzo del pueblo dominicano.

En décadas mientras la democracia se hace más vulnerable por la conducta de sus actores, los mecanismos de supuesto combate del mal se vuelven impracticables y aumentan  las posibilidades de que este modelo político fracase.

El país es un escenario de negación de un verdadero reforzamiento de los valores cívicos y democráticos y está muy latente la amenaza de que todo el andamiaje estatal colapse y que su recuperación se vuelva realmente imposible, cuyo mejor espejo es lo que ocurre en Haití.

Lo más preocupante del fenómeno dominicano es que aun aquellos partidos que mantenían una actitud crítica con la partidocracia, ahora se han sumado a la fiesta de la corrupción administrativa, porque se han dado cuenta que es más rentable que sostener principios éticos y morales.

Ese retroceso en que han caído partidos como Alianza País de Guillermo moreno y Opción democrática de Minú Tavárez Mirabal  indica que  son propuestas irrecuperables porque han perdido la moral para hablar de cambios en el país, dado que  ahora andan de la mano de los que son responsables del gran desastre nacional.

 

 

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Editorial

Un afán desmedido de extrapolar proyectos políticos extraños a la sociedad dominicana.

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No han sido pocas las veces que algunos dominicanos han querido extrapolar proyectos políticos que no se corresponden con la sociedad dominicana.

Ocurrió cuando vino la ola de gobiernos de izquierdas, lo cual género que no fueron pocos los que soñaban con transportar esas experiencias hacia la República Dominicana.

Pero hace ya algunas décadas que igual ocurrió con la revolución cubana, cuya izquierda nacional pretendía que en el país se instaurara un gobierno marxista leninista con el mismo corte del cubano.

Naturalmente, los que así pensaban desconocían que Cuba tuvo un desarrollo desigual con la República Dominicana, ya que allí cuando en el país había en una época tal vez doscientos esclavos en esa nación ya eran miles, lo cual es entendible desde el punto de vista de que ese país era un gran exportador de azúcar mientras aquí sólo se producía para el consumo local y además que España  prohibía su comercialización en mercados del exterior.

Igual ocurre cuando Hugo Chávez llega a la presidencia en Venezuela y no fueron pocos los que pretendían que aquí ocurriera algo similar, sin tomar en cuenta que hay diferencia sociales, económicas y políticas que distancian a la nación sudamericana y a la República Dominicana.

Podría este periódico citar una serie de acontecimiento en la historia dominicana que ha llevado a lo que se puede calificar como un suicidio de muchos dominicanos que creyeron que Cuba y Venezuela tienen las mismas características que Dominicana.

Sin embargo, debe decirse que toda esta argumentación está sustentada en que estos tres países no han tenido un desarrollo igual en su fuerza productiva y en consecuencia en la conciencia social, lo cual explica que se trate de escenarios totalmente diferentes.

Por esta razón, querer imitar lo que pasa en El Salvador es un gran disparate por parte de quienes promueven esas ideas, tanto es así que se siente vergüenza ajena cuando estos pretendidos mesías promueven este tipo de contrasentido.

En la República Dominicana se impone que ante el colapso de la partidocracia, lo cual no puede ser negado por nadie, se conciban proyectos políticos propios, que no estén fundamentados sólo en el diagnostico sin la receta.

Con este trabajo periodístico no se le quita mérito a lo que hace Roque Espaillat de denunciar las inconductas de los actores de la vida política nacional, pero no se puede atacar con las mismas mentiras las distorsiones y falsedades de la partidocracia nacional

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