Editorial
Una decisión ajustada a la Ley, pero que pudo ser diferente.
El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional varió la prisión preventiva que pesaba sobre el ex-procurador general de la República, Jain Alain Rodríguez, principal imputado en el caso Medusa.
La decisión no deja de provocar una serie de reflexiones que no dejan dudas de que en el país existe toda una tradición de que estos casos se diluyen en el proceso como consecuencia de que aparte de los argumentos de ley que se puedan esgrimir, la dominicana es una sociedad de la componenda y de la corrupción generalizada.
Ahí es que estriban las dudas al respecto de los diferentes sectores que conforman la vida nacional, cuyo ejemplo más reciente tiene que ver con el caso Odebrecht y en el que los imputados se salieron con las suyas, pese a que en la mayoría de los países del hemisferio las consecuencias fueron otras.
Pero otro ejemplo por el que se ha promovido la justicia dominicana, tiene que ver con el caso de los Super Tucanos, entre otros, por lo que la variación de la medida de coerción de prisión preventiva a arresto domiciliario lleva al ciudadano dominicano a temer de que el final de este caso será parecido o igual al de Odebrecht.
Nadie puede negar que uno de los alegatos en los casos de corrupción que se han conocido en el país, es la supuesta deficiencia del Ministerio Publico, ya que tal vez no ahora, pero este órgano siempre se ha visto como un instrumento de promover la politiquería que arropa a la República Dominicana.
Todo el que vive en el país sabe que independientemente de que la variación de la medida de coerción pueda ser procedente vista desde el mandato de la ley, lo cierto es que esto aumenta la posibilidad de maniobra de los imputados por tratarse, si asumimos al pie de la letra lo dicho por el Ministerio Público, de una red mafiosa que se apropió de cantidades muy grandes de dinero del patrimonio público.
Y ciertamente hay que colegir que si ha habido intento de soborno de algunos testigos e incluso amenazas en contra de otros, entonces hay que suponer que estos excesos de los imputados ahora serán peores y probablemente algunos de ellos puedan ejecutarse.
Entonces, en el proceso debe quedar claro que los esfuerzos del Ministerio Público se han desvanecido como resultado de su incapacidad para evitar la variación de la prisión preventiva mediante la aportación de las pruebas que convencieran al juez de prologar esa medida de coerción.
El que tiene los pies en la tierra sabe muy bien que independientemente de lo dicho por el juez que varió la medida de coerción a Jain Alain, ahora él tiene la posibilidad para maniobrar en favor de su causa, porque tiene la oportunidad, al tener una menor supervisión, de recurrir a sus agallas para cometer cualquier acción, por ilegal que sea, sin importar las consecuencias, para hacer desaparecer cualquier prueba que pueda haber en su contra.
Los temores sobre el curso que podría tomar este caso son lo suficientemente legítimos, pese a que la decisión del juez de Atención Permanente del Distrito Nacional está fundamentada en el mandato de la ley, pero también en la deficiencia del Ministerio Público para impedir la variación de la medida de coerción, la cual se constituye en una ganancia de causa para el imputado.
Se ha convertido en un gran dolor de cabeza la cantidad, sobre todo de funcionarios electos, que pasan a un partido diferente al que permitió su escogencia, sin que exista una razón evidente o convincente que lo justifique.
El fenómeno, visto desde la perspectiva de la conducta de la partidocracia, la cual es la principal causa del descredito y la desvergüenza que afecta al sistema político dominicano, toma cuerpo en la sociedad dominicana.
El mismo hecho de que los partidos tradicionales tengan las puertas abiertas para que personajes seriamente comprometidos con la corrupción entren a su seno, nos dice que el país no camina por un sendero que permita el adecentamiento de la vida nacional.
Ahora el transfuguismo ha estado más presente en aquellos ciudadanos que fueron escogidos para dirigir los municipios, muchos de los cuales se pasan de un partido a otro, principalmente para el que tiene el control del Estado, cuya conducta deja una estela de dudas que daña la democracia nacional.
El último en anunciar su pase del PLD al PRM es el exsenador de la provincia Hermanas Mirabal, Luis René Canaán Rojas, primo hermano del actual administrador general del Banco de Reservas.
Cualquiera se resiste a pensar que ese paso obedezca a cuestiones de principios o porque este exsenador quiera adecentar la administración pública y el comportamiento de los partidos políticos del país, sino que en su caso se ajusta mucho la expresión de que por la plata vale el mono.
Evidentemente que la razón de ese cambio depende de algún interés especial y personal y se podría asegurar que su primo tiene algo que ver con el asunto, ya que ambos formaron parte del escandaloso caso de los Super Tucanos.
Luis René Canaán Rojas es un peledeísta que se ha visto envuelto en una serie de escándalos y que en esa virtud no parece que sea mucho lo que le sume al PRM.
Pero, esas tachas de este hombre, no implica nada para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuyos dirigentes y su ¨¨pragmatismo¨¨ son comunes a las organizaciones que sólo han dejado un gran rastro de dolor y sufrimiento al pueblo dominicano.
Los Asuntos con raíces culturales no son tan fáciles de borrar de la conducta de quienes son impactados por ellos, porque el inconsciente de su gente está programado para actuar de esa manera.
La informalidad es una parte fundamental de la vida de los países pobres y subdesarrollados, porque amplios sectores de la sociedad tienen que reinventarse cada día para poder sobrevivir.
Este fenómeno, no exclusivo de los que están en la parte más baja de la pirámide social, sino que también impacta a los que están en la parte más alta de la misma, es decir, que ambos son víctimas de una cuestión con implicaciones profundamente culturales.
Tanto es así que el Estado no hace nada para ayudar a combatir el problema y en cambio promueve este fenómeno social, cultural y económico.
Nadie puede poner en duda que los logros del país en algunos renglones de la economía, como el turismo, las zonas francas y las remesas, no obedece a una política pública bien planificada y formal, sino que tiene mucho de informalidad y de improvisación, pero cuestiones que proporciona la naturaleza ha ayudado bastante
Sin embargo, es muy válido el esfuerzo que se hace internacionalmente en esta materia, pero en opinión de La República debe hacerse sobre la base de un plan que involucre a los Estados.
Para sólo mencionar un aspecto, se debe decir que se pasa de la informalidad a la formalidad en términos de inversión extranjera con una suficiente seguridad jurídica y con la existencia de mano de obra, acompañada del restablecimiento de la cultura del trabajo y de exportación, para que el capital invertido regrese con facilidad al que lo ha puesto confiado en reproducirlo.
De esa manera, los resultados podrían caminar a una mayor velocidad, aunque de cualquier modo se necesita de un plan muy bien concebido para que a largo plazo haya resultados de grandes avances, sobre todo en materia de educación.
La informalidad está asociada a la pobreza y al subdesarrollo, pero debe existir la seguridad de que si se combate con las herramientas que recomiendan las ciencias sociales muy probablemente serán muchas las naciones que transitarán del tercer al segundo o al primer mundo.
La informalidad obstaculiza el acceso al crédito en el sector comercial y empresarial y es motivo de grandes enemistades, rupturas económicas y de otras índoles.
Hay ejemplos en el mundo de que esos paradigmas pueden ser cambiados con esfuerzos privados y públicos, así que manos a la obra, porque mucho que lo necesita la República Dominicana.
El Gobierno del presidente Luis Abinader cae en el campo de la ilegalidad cuando no respeta ni promueve la aplicación de las leyes que constituyen un soporte vital de la democracia.
Los funcionarios perremeístas se han especializado en promover el irrespeto de la ley e incluso de las sentencias que sientan jurisprudencias del Tribunal Constitucional.
Esa alta corte acaba de emitir una sentencia en la que obliga a pagar al Ministerio de Hacienda por concepto de astreinte un millón doscientos veinte mil pesos en favor de una viuda cuya pensión se ha negado a acoger la institución competente en esta materia del Gobierno.
Pero al propio tiempo ayer se publicó una información en la que se denuncia que son muy pocas las instituciones publicas que cumplen con el mandato de la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública.
El llamado Gobierno del Cambio parece no darse cuenta, aunque naturalmente es mucho pedir, que con esa conducta daña el estado de derecho y la democracia.
De la irregularidad ni el jefe del Estado se da cuenta, porque está tan ocupado de inaugurar hasta la limpieza de una cuneta que no le da el tiempo para ocuparse de cosas más de fondo y compleja porque sus daños son cuantiosos para la democracia nacional.
Prácticamente todos los órganos y entes del Estado cuentan con oficinas de libre acceso a la información pública, pero ninguna cumple con el mandato del derecho positivo dominicano e internacional.
Se sabe de más que no se le puede pedir peras al olmo, dado que hace algunos días que el ignorante que dirige la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) se atrevió a decir al principal periódico del país que el presidente Abinader había autorizado que le cortaran el agua a todo aquel que no la pague, cuyo funcionario se olvidó que hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que lo impide por tratarse de un asunto de derechos humanos.
Pero de ser cierto lo que puso en la boca del presidente el director de Coraazan, entonces no hay otra cosa que se pueda esperar de los funcionarios y de un mandatario que da órdenes a sus subalternos para que violen las sentencias del Tribunal Constitucional y el mandato de la Ley 200-04, sobre libre acceso a la información publica.
Siendo así, no hay nada que se le pueda pedir a los perremeístas para que abandonen la practica de acabar con la poca institucionalidad de que goza el país.