Opinión
Verse en el espejo de Brasil
Por Narciso Isa Conde
En la medida que el sistema capitalista-imperialista occidental se torna más insostenible social y ambientalmente…en la medida se desacreditan sus agentes políticos durante su ejercicio como partidocracia estatal-gubernamental…
En la medida que las brutales desigualdades socioeconómicas evidencian la responsabilidad de las elites capitalistas en los procesos de empobrecimiento de la humanidad y el planeta…
En la medida la contrapartida popular cargada de indignación y expresada en rebeldías político-sociales se traducen en recurrentes crisis de gobernabilidad….en la medida todo eso expresa en una multi-crisis crónica y una fuerte tendencia a la decadencia de la civilización burguesa y la pérdida de hegemonía de EEU
Agresividad, degradación y endurecimiento
En esa misma medida el capitalismo y sus promotores más sistémicos y voraces imponen y endurecen la recolonización neoliberal, derechizan el abanico partidista, sobre-explotan, excluyen, y saquean con más intensidad.
Se gansterizan y pentagonizan, y recurren- dentro de su esquema de guerra global infinita- a las nuevas guerras de reconquista, a la violencia y al despotismo.
Colocan, además, en lugar relevante de su agenda los fundamentalismos religiosos y la cultura patriarcal-machista.
Reprueban la libertad de opción sexual y se recrudece la homofobia.
Refuerzan la dictadura del adulto varón contra niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos mayores; y optan apasionadamente por la supremacía blanca, coloniaje, racismo y xenofobia.
En ese contexto amalgaman todo esto con la política y la comunicación alienante…
Neofascismo del siglo XXI y alternativa
Y así rebrota el neofascismo actual como engendro de la dinámica perversa del capital y de su crisis múltiple e integral, estrechamente relacionada con su declive como sistema de dominación.
Un fenómeno global que sigue creciendo en tanto expresión de la decadencia agresiva de un prolongado reinado, el cual se está degradando y debilitando, con brotes de masas fanatizadas e irrupciones coyunturales muy violentas, entre otros países, en EEUU, Perú, Brasil y Europa Occidental.
Un fenómeno de actualidad que se expande dada las debilidades esenciales de sus contrapartidas políticas.
El reciente reventón violento de ese fenómeno en Brasil, en ocasión de la victoria de Lula y del PT, prendió las alarmas. Obligatoriamente hay que verse en ese espejo: hasta promotores de los diversos componentes de la ideología neofascista, en actitud de suprema hipocresía, han tenido que distanciarse de esos hechos y condenarlos
Ese engendro neo-fascista está presente en toda la región latino-caribeña, sin excluir nuestra República Dominicana, donde el racismo anti haitiano impregna gran parte sistema de partidos y gobierno, y donde el dogma religioso se funde con el Estado, con la gestión política cotidiana (incluida la del presidente Luis Abinader), con los procesos educativos públicos y privados, y gran parte de la producción mediática-propagandística, augurando densos nubarrones.
Los violentos acontecimientos de Brasil, al tornarse tan grotescos y afines a una conjura golpista, ha puesto en apuros a las fuerzas ultraconservadoras que están transitando por caminos facistoides; viéndose obligadas en consecuencia a distanciarse formalmente de los protagonistas de los mismos, dado el enorme repudio que han concitado el neofascismo brasileño a nivel continental.
Aquí no ha faltado el despliegue de simulaciones o de silencios en casi todo el espectro conservador y en casi todos los sembradores de odio neofascista, con sede en el Palacio Nacional, Congreso, cúpulas partidistas, eclesiales y empresariales.
Bolsonaristas y trumpistas vergonzantes aparecen condenando o evadiendo el apoyo a sus modelos y referentes. Señal de una pusilanimidad que los condena a la derrota.
La lección brasileña, como la masacre en Perú a cargo de fuerzas parecidas, no dejan dudas de que el tema no puede ser descuidado por más tiempo.
Dejar que avance y logre manipular una parte significativa de las sociedades, sin atacar sus raíces ideológicas y aislar sus cabezas, tiene un enorme costo político.
Por tanto, el curso actual de la crisis global y sus trágicas derivadas imponen la necesidad librar una batalla de ideas de alto calibre que posibilite desmontar las fuentes que nutren y permiten potenciar el pensamiento neofascista y sus bases culturales de larga tradición; incorporadas al quehacer político cotidiano de los diversos agentes de una dominación capitalista significativamente agrietada por la peor crisis de su historia.
Existen aportaciones teóricas y diseños de políticas públicas capaces de erosionar el conjunto alienaciones históricas derivadas incluso de formaciones económicas-sociales anteriores, a las que desesperadamente estás apelando el sistema capitalista-imperialista occidental y fuerzas asociadas, para prolongar a cualquier precio su maltrecho reinado. ¡No hay razones para vacilar!
En perspectiva la alternativa deberá ser definidamente antiimperialista, anticapitalista, feminista, ecológica, laica, anti-racista… o será frustrada por el avance del fascismo en expansión.
Y si a la suma de esos factores adversos y discriminaciones cooptadas se le suman a una opresión clasista cada vez más despótica, el producto no es otro que un nuevo fascismo propio de la postmodernidad y con aliento digital mercadológico; y necesariamente la alternativa que lo liquide equivale a un nuevo socialismo, fruto de una ruptura y una nueva creación a cargo de todas las rebeldías contra todas las opresiones.
jpm-am
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
(1 de 3)
El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.