Santo Domingo, RD.-Casi un año después de entregar el control del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez era apresado y posteriormente acusado de la comisión de una diversidad de delitos que lo mantenían en prisión preventiva y de la que pudo zafarse hace pocos días para retornar a dormir en la cama familiar.Nacionales
Tras más de 18 meses bajo prisión preventiva Jean Alain durmió en su cama familiar.
Santo Domingo, RD.-Casi un año después de entregar el control del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez era apresado y posteriormente acusado de la comisión de una diversidad de delitos que lo mantenían en prisión preventiva y de la que pudo zafarse hace pocos días para retornar a dormir en la cama familiar.El exprocurador de la República fue apresado hace unos 18 meses luego de llegar a la sede del Ministerio Público «voluntariamente», en búsqueda de respuestas sobre su implicación en la “Operación Medusa”, que está a cargo de la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
«Yo estoy aquí voluntariamente para ver de qué se trata todo este proceso de investigación; a mí nadie me ha llamado ni me ha convocado; veremos que tienen las autoridades que decir, me preguntarán; y si tienen una orden de arresto, pues que me sometan a la justicia y nos vemos en los tribunales «, fue lo dicho por Rodríguez a su llegada a la institución mientas era acompañado por varias personas, que conforman su equipo legal.
Sin embargo, unas tres horas después uno de sus abogados se Alain Rodríguez, Figueroa Güilamo informaba que el exprocurador de la República Jean Alain Rodríguez ya estaba apresado y bajo la custodia del Ministerio Público.
«Tenía una orden de arresto y la magistrada Yeni Berenice ejecutó la orden de arresto… en el momento en que lo entregamos», manifestó Güilamo a varios medios de comunicación.
El exprocurador salió dentro de un operativo policial camino a la cárcel del Palacio de Justicia donde fue puesto bajo prisión junto a otros implicados del caso medusa.
Jean Alain es señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de una supuesta red de corrupción denominada Medusa y se le atribuye dirigir un entramado de corrupción administrativa cuando encabezó esa entidad del Estado entre 2016 y 2020.
Imputaciones, a las cuales se les sumaron acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos y debido a esos señalamientos fue enviado hacía el Penal de Najayo, luego de que el martes 13 de julio la jueza Kenya Romero le dictara 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.
Tras varios intentos fallidos y agotar diferentes argumentos, la madrugada del miércoles a Rodríguez se le fue variada su medida de coerción por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauris Martínez, dispusiera el arresto domiciliario en su lugar; sin embargo aclaró que con esto no se desvinculaba al exprocurador del proceso que se lleva en su contra de parte de las autoridades.
“Muy buenas noches y que Dios les bendiga a todos”, fueron las palabras que dijo el exprocurador tras la decisión del juez.
Alrededor de las 11 de la noche del viernes, tras una demora del recinto penitenciario debido a que tuvo que esperar que llegaran los técnicos que le colocarían los brazaletes electrónicos, Rodríguez salió de la cárcel de Najayo hacia su residencia en el sector de Piantini en el Distrito Nacional en donde durmió con su familia por primera vez en más de 18 meses.
Además de arresto domiciliario, al exprocurador se le impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, bajo modalidad de contrato, impedimento de salida del país y colocación de brazalete electrónico.
Otros implicados
Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
En este caso el Ministerio Público presentó una acusación, contra 41 personas físicas y 22 empresas, mediante un volumen de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos.
Por el caso también son procesados el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert; Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.
También, Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad. El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya.
Nacionales
JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Nacionales
Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
«Se agregó que al Indotel, actuar de forma imprudente y precipitada, independientemente de las consideraciones técnicas sobre la diferenciación entre frecuencias físicas y canales virtuales, vulnera los principios de seguridad jurídica y de respeto al debido proceso al anticiparse a una decisión jurisdiccional definitiva», concluye el documento.
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
Alfredo Pacheco y Amado Díaz, presidente de la Cámara Baja y vocero de los diputados perremeístas, respectivamente, propusieron que los peritos sean designados por el MP, mediante dictamen motivado, durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba. En la legislación aprobada en primera lectura, el Pleno había quitado esta facultad al Ministerio Público, y fue devuelta.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.