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Tras más de 18 meses bajo prisión preventiva Jean Alain durmió en su cama familiar.

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Santo Domingo, RD.-Casi un año después de entregar el control del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez era apresado y posteriormente acusado de la comisión de una diversidad de delitos que lo mantenían en prisión preventiva y de la que pudo zafarse hace pocos días para retornar a dormir en la cama familiar.

El exprocurador de la República fue apresado hace unos 18 meses luego de  llegar a la sede del Ministerio Público «voluntariamente», en búsqueda de respuestas sobre su implicación en la “Operación Medusa”, que está a cargo de la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

«Yo estoy aquí voluntariamente para ver de qué se trata todo este proceso de investigación; a mí nadie me ha llamado ni me ha convocado; veremos que tienen las autoridades que decir, me preguntarán; y si tienen una orden de arresto, pues que me sometan a la justicia y nos vemos en los tribunales «, fue lo dicho por Rodríguez a su llegada a la institución mientas era acompañado por varias personas, que conforman su equipo legal.

Sin embargo, unas tres horas después uno de sus abogados se Alain Rodríguez, Figueroa Güilamo informaba que el exprocurador de la República Jean Alain Rodríguez ya estaba apresado y bajo la custodia del Ministerio Público.

«Tenía una orden de arresto y la magistrada Yeni Berenice ejecutó la orden de arresto… en el momento en que lo entregamos», manifestó Güilamo a varios medios de comunicación.

El exprocurador salió dentro de un operativo policial camino a la cárcel del Palacio de Justicia donde fue puesto bajo prisión junto a otros implicados del caso medusa.

Jean Alain es señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de una supuesta red de corrupción denominada Medusa y se le atribuye dirigir un entramado de corrupción administrativa cuando encabezó esa entidad del Estado entre 2016 y 2020.

Imputaciones, a las cuales se les sumaron acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos y debido a esos señalamientos fue enviado hacía el Penal de Najayo, luego de que el martes 13 de julio la jueza Kenya Romero le dictara 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.

Tras varios intentos fallidos y agotar diferentes argumentos, la madrugada del miércoles a Rodríguez se le fue variada su medida de coerción por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauris Martínez, dispusiera el arresto domiciliario en su lugar; sin embargo aclaró que con esto no se desvinculaba al exprocurador del proceso que se lleva en su contra de parte de las autoridades.

“Muy buenas noches y que Dios les bendiga a todos”, fueron las palabras que dijo el exprocurador tras la decisión del juez.

Alrededor de las 11 de la noche del viernes, tras una demora del recinto penitenciario debido a que tuvo que esperar que llegaran los técnicos que le colocarían los brazaletes electrónicos, Rodríguez salió de la cárcel de Najayo hacia su residencia en el sector de Piantini en el Distrito Nacional en donde durmió con su familia por primera vez en más de 18 meses.

Además de arresto domiciliario, al exprocurador se le impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, bajo modalidad de contrato, impedimento de salida del país y colocación de brazalete electrónico.

Otros implicados

Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

En este caso el Ministerio Público presentó una acusación, contra 41 personas físicas y 22 empresas, mediante un volumen de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos.

Por el caso también son procesados el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert; Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.

También, Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad. El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya.

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Por efecto de vaguada declaran 21 provincias en alerta amarilla y 7 en verde.

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SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el  Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del  colentamiento diurno, segun  el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)

Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.

Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.

Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE

Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE

En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.

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PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.

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Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.

Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.

«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.

  • El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.

Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».

«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».

Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».

Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y  «con rencor», así como por interés político.

Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.

Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.

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Fijan lectura de sentencia del caso Coral para el 15 de junio.

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Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado  de fallo el juicio  seguido  contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos  implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.

El tribunal integrado por las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yune y Jissel Naranjo, decidió reservarse el veredicto, para el 15 de junio a las 3:00 de la tarde.

La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.

La jueza sostuvo que quedaban cerrados los debates y que de acuerdo a los artículos 338 y 377, numeral cinco del Código Procesal Penal, este último establece que si el debate se excedió por más de 30 días en este caso, el juicio inició el pasado 27 de junio de 2024, el plazo de la deliberación es de 40 días.

El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.

A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.

Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.

Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.

El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.

También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.

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