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Tras más de 18 meses bajo prisión preventiva Jean Alain durmió en su cama familiar.

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Santo Domingo, RD.-Casi un año después de entregar el control del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez era apresado y posteriormente acusado de la comisión de una diversidad de delitos que lo mantenían en prisión preventiva y de la que pudo zafarse hace pocos días para retornar a dormir en la cama familiar.

El exprocurador de la República fue apresado hace unos 18 meses luego de  llegar a la sede del Ministerio Público «voluntariamente», en búsqueda de respuestas sobre su implicación en la “Operación Medusa”, que está a cargo de la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

«Yo estoy aquí voluntariamente para ver de qué se trata todo este proceso de investigación; a mí nadie me ha llamado ni me ha convocado; veremos que tienen las autoridades que decir, me preguntarán; y si tienen una orden de arresto, pues que me sometan a la justicia y nos vemos en los tribunales «, fue lo dicho por Rodríguez a su llegada a la institución mientas era acompañado por varias personas, que conforman su equipo legal.

Sin embargo, unas tres horas después uno de sus abogados se Alain Rodríguez, Figueroa Güilamo informaba que el exprocurador de la República Jean Alain Rodríguez ya estaba apresado y bajo la custodia del Ministerio Público.

«Tenía una orden de arresto y la magistrada Yeni Berenice ejecutó la orden de arresto… en el momento en que lo entregamos», manifestó Güilamo a varios medios de comunicación.

El exprocurador salió dentro de un operativo policial camino a la cárcel del Palacio de Justicia donde fue puesto bajo prisión junto a otros implicados del caso medusa.

Jean Alain es señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de una supuesta red de corrupción denominada Medusa y se le atribuye dirigir un entramado de corrupción administrativa cuando encabezó esa entidad del Estado entre 2016 y 2020.

Imputaciones, a las cuales se les sumaron acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos y debido a esos señalamientos fue enviado hacía el Penal de Najayo, luego de que el martes 13 de julio la jueza Kenya Romero le dictara 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.

Tras varios intentos fallidos y agotar diferentes argumentos, la madrugada del miércoles a Rodríguez se le fue variada su medida de coerción por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauris Martínez, dispusiera el arresto domiciliario en su lugar; sin embargo aclaró que con esto no se desvinculaba al exprocurador del proceso que se lleva en su contra de parte de las autoridades.

“Muy buenas noches y que Dios les bendiga a todos”, fueron las palabras que dijo el exprocurador tras la decisión del juez.

Alrededor de las 11 de la noche del viernes, tras una demora del recinto penitenciario debido a que tuvo que esperar que llegaran los técnicos que le colocarían los brazaletes electrónicos, Rodríguez salió de la cárcel de Najayo hacia su residencia en el sector de Piantini en el Distrito Nacional en donde durmió con su familia por primera vez en más de 18 meses.

Además de arresto domiciliario, al exprocurador se le impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, bajo modalidad de contrato, impedimento de salida del país y colocación de brazalete electrónico.

Otros implicados

Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

En este caso el Ministerio Público presentó una acusación, contra 41 personas físicas y 22 empresas, mediante un volumen de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos.

Por el caso también son procesados el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert; Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.

También, Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad. El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya.

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Ministerio Público advierte en RD no hay capacidad para grandes casos corrupción

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) sostuvo que ni los jueces ni los espacios físicos del sistema de justicia de la República Dominicana están adaptados para el conocimiento de las grandes operaciones contra la corrupción que desarrolla el Ministerio Público

Durante un diálogo con periodistas organizado por la Fiscalía de Santiago, Ortiz habló también de las dificultades para los procesos que provoca al Ministerio Público la interpretación errada de los procedimientos por parte de algunos jueces que persisten en una lectura matemática de los plazos de la prisión preventiva.

“Las diligencias procesales conllevan tiempo, y sus respuestas o resultados no están en manos del Ministerio Público. Por ejemplo, si solicitamos una evaluación médica de unas heridas que están en evolución y todavía el paciente no tiene el nivel de evolución necesario para el médico establecer el tiempo de curación de esas heridas, que va a ser proporcional al tiempo de duración de la pena, entonces el Ministerio Público necesita más tiempo para presentar la acusación”, indicó.

Recordó que cuando se presenta la acusación corresponde al tribunal notificar a todas las partes de ese acto conclusivo y muchas veces los abogados de la defensa quieren arrojar esta responsabilidad sobre los fiscales.

“Si un proceso tiene alrededor de 3,000 páginas, solo en el escrito de acusación, más 5,000 pruebas y de cada prueba de esas que abres se desprenden una cantidad de documentos, es lógico entender que de este plazo de cinco días no resulta razonable para que una persona pueda tomar conocimiento de este volumen de documento y preparar los medios de defensa”, explicó.

Añadió que «en los casos voluminosos que presenta el Ministerio Público algunos jueces interpretan el sentir del legislador al crear las normas para aplicar los plazos».

Citó el caso Medusa, con una acusación de más de 12,000 páginas en la que el juez dio a los imputados alrededor de cuatro meses para producir efectivamente un escrito de defensa que debían haber hecho en cinco días conforme a la ley. «Pese a ello, uno de los abogados acudió al tribunal a pedirle un año para conocer todo lo que el Ministerio Público depositó», adujo.

“¿Qué nos indica esto y qué mensaje nos marca esto? Que el proceso penal dominicano no fue diseñado para estos procesos, el legislador no pensó que tendríamos una acusación de 12,000 páginas cuando otorgó un plazo de cinco días para defenderse”, indicó.

“Esto tiene que llamarnos profundamente a la reflexión, porque lo que debemos ver detrás de todo esto es quizás, una reforma de la propia norma que no contempló la magnitud de estos procesos”, añadió.

Recordó que la propia realidad del espacio físico del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se están conociendo muchas de las grandes operaciones, indica que ni el legislador ni el sistema de justicia se prepararon para estos procesos.

“Cada vez que vamos a conocer una audiencia de la etapa preparatoria en estos procesos, tenemos que buscar salones prestados porque las partes no caben en las salas destinadas a estos fines”, dijo.

Añadió que esa sola realidad evidencia que el legislador nunca pensó “que iba a llegar un Ministerio Público que iba a recoger a todos los robaron tanto; eso fue lo que quizás no pensó; entonces, ni los procesos ni el sistema está preparado”.

Además de Ortiz, en el encuentro intervinieron como exponentes el procurador regional de corte en Santiago, Juan Carlos Bircann, y la directora de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la provincia, Gladisleny Núñez.

El fiscal titular interino de Santiago, Osvaldo Bonilla, agradeció a los periodistas que participaron en el diálogo moderado por Naivi Frías, encargada de Comunicación Digital del Ministerio Público, y Yomaira del Rosario, coordinadora de Prensa de la Fiscalía de Santiago.

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Hacen levantamiento de cadáveres encontrados en Los Alcarrizos

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Santo Domingo, RD.-Las autoridades competentes hicieron un levantamiento la tarde de este lunes de los cuerpos encontrados en descomposición en una fosa común en Villa Progeso 11 de los Alcarrizos.
Se espera el reconocimiento de parte del médico legista, para determinar si se tratan de Elizabeth Almarante Pacheco y Luis Miguel Jáquez Rodríguez, la pareja de esposos reportada como desaparecida el pasado 23 de enero.

El lugar donde fueron encontrados los cuerpos, frente a la escuela Villa Progreso II, se encuentra acordonado por autoridades policiales y decenas de curiosos.

Según fuentes, un niño que se encontraba en la zona, percibió el mal olor y alertó a las autoridades.

Este lunes el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que fue localizado un vehículo el cual se presume fue utilizado para perpetrar el rapto de los esposos.

El vehículo ubicado por la Policía Nacional, es una yipeta marca Hyundai Tucson, color gris, que actualmente se encuentra bajo custodia del Ministerio Público.

Dentro de la yipeta se encontraron algunos elementos que pudieran estar relacionados con el presunto rapto de la pareja de esposos, como varios tairrás o cincho, usados para amarrar.

También se han identificado a varias personas de las que se presume son los responsables de cometer el crimen, y están a la espera de órdenes de arresto para continuar profundizando la investigación y dar una respuesta contundente.

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Piden a tribunal enviar a juicio de fondo implicados en caso Coral y Coral 5G

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Implicados en el Caso Coral y Coral 5G. Foto de archivo.

Santo Domingo, RD.-La jueza Yanibet Rivas, que preside el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, recibió la solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa de dictar auto de apertura a juicio en contra de todos los implicados en el caso Coral y Coral 5G.

Mirna Ortiz, coordinadora de litigación, pidió al tribunal enviar al grupo a juicio de fondo para que allí respondan por los hechos que se le imputan y que se mantenga la medida de coerción.

“Pedimos al tribunal acoger de manera total la acusación del Ministerio Público y enviar a juicio a todos los acusados en el caso Coral y Coral 5G y que se mantenga la medida de coerción, exceptuando los mencionados anteriormente”, acotó el Ministerio Público, al concluir la lectura del acta de acusación en contra de los encartados.

Al pedimento del Ministerio Público, se sumó el Estado dominicano a través del Equipo de Abogados de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP), quienes se constituyeron en actor civil en contra de los encartados por presuntos actos de corrupción.

Igualmente, los fiscales pidieron al juez enviar a juicio a los imputados Alejandro Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez, este último quien se encuentra guardando arresto domiciliario en una dirección confidencial que el Ministerio Público suministró al tribunal, para resguardar su seguridad, por ser testigo principal de la acusación y colaborador del ente acusador.

Asimismo, solicitó enviar a juicio de fondo a los generales Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana, también implicados en el caso Coral 5G.

Asimismo, al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Miguel Ventura Pichardo y el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y Erasmo Roger Pérez Núñez.

El Ministerio Público solicitó que se exceptuara de la medida de coerción al general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Guzmán y el coronel Rafael Nuñez de Aza, contra quienes apeló la decisión que dispone el cese de la prisión preventiva y se encuentra pendiente de conocimiento.

El 27 de enero pasado, la jueza Yanibet Rivas, separó a la imputada Rosa Antonina Disla, del proceso seguido a los demás implicados, debido a su estado de salud, a petición del ministerio público, proceso que será conocido posteriormente.

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