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Delaciones, base de acuerdos caso Pulpo
Dar información para probar la acusación contra Alexis Medina y los otros imputados del caso Pulpo, además de devolver bienes y mostrar arrepentimiento, fue en lo que se basó el Ministerio Público para llegar a acuerdos con otros tres acusados en este proceso judicial.
Contrario a Francisco Pagán, que acordó una pena especial y pagar más de 40 millones de pesos, entre multa, indemnización y devolución, Julián Suriel Suazo, Domingo Santiago Muñoz y Lewin Ariel Castillo, no entregaron tantos bienes ni una alta suma de dinero, pero sí datos útiles.
A favor de estos, el Ministerio Público solicitó al juez Deiby Peguero homologar las negociaciones, cuyos términos varían dependiendo de los datos que ofrecieron y su nivel de responsabilidad en los hechos que se le imputan.
De los tres antes mencionados, Julián Suriel Suazo, acusado de ser testaferro de Alexis Medina, quien habría liderado una red de corrupción para estafar al Estado, fue el que más dinero convino dar, ascendente a más de dos millones de pesos (esto incluye multa e indemnización).
Luego de admitir su culpabilidad, los fiscales anticorrupción solicitaron para él una pena de cinco años de prisión, de los cuales, dos años y un mes estará privado de libertad, y el restante bajo la modalidad de pena suspendida.
Además pidieron al juez ordenar el decomiso de 917 mil dólares, y más de ocho millones de pesos ocupados durante allanamiento realizado al acusado, y otros objetos, como una máquina pesada valorada en tres millones de pesos.
“Cooperar con la investigación del presente proceso y testificar con respecto a la información que conoce y a los involucrados… Su arrepentimiento y su intención de cooperar para someter a los demás responsables”, precisa el Ministerio Público en el acuerdo de procedimiento penal abreviado que fue firmado el 8 de diciembre pasado y dado a conocer más de un mes después.
De su lado, Domingo Santiago Muñoz, quien también reconoció ser testaferro de Alexis Medina, pactó con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) un criterio de oportunidad, por el que, si el juez lo acogiera, no cumplirá ninguna condena.
Fue sacado del caso Pulpo luego de dar informaciones y “resarcir el daño causado al Estado mediante la devolución de los fondos sustraídos”. La Pepca basó la negociación en lo establecido en el artículo 370 del Código Procesal Penal.
Según lo indicado en el acuerdo, Santiago Muñoz devolverá un inmueble ubicado dentro de un condominio en Cap Cana.
Mientras que para el exfuncionario Lewyn Ariel Castillo, la Pepca le pidió al magistrado Peguero, quien conoce la auidencia de este proceso denomiado Pulpo, ordenar la suspensión condicional del procedimiento por un periodo de tres años bajo las condiciones de residir en un lugar determinado y abstenerse de viajar al extranjero durante el tiempo acordado.
Castillo era analista de compras de la Gerencia de Abastecimiento de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y se declaró culpable de realizar maniobras para beneficiar a empresas vinculadas a Medina con contrataciones de la entidad.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.