Latinoamericanas
El Gobierno de Petro en Colombia enfrenta su primera gran crisis en una semana turbulenta
Las reformas sociales del presidente también detonaron una crisis en su gabinete, del que fue destituido esta semana el ministro de Educación, Alejandro Gaviria.
Bogotá, Colombia.-El presidente colombiano, Gustavo Petro, enfrenta la primera gran crisis de su Gobierno por cuenta de la paz total, su programa bandera, salpicado por las relaciones turbias de uno de sus hermanos y su hijo mayor, y la resistencia a su proyecto de reforma a la salud, incluso en su gabinete.El mandatario, el primero de izquierdas de Colombia, también tuvo problemas por una protesta en una petrolera que dejó 2 muertos y 84 retenidos, entre policías y trabajadores, que ya fueron liberados, así como por sus discusiones en Twitter con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y con el Gobierno de Perú.
Y es que justo el uso de esa red social, en la que publica muchos tuits a lo largo del día es, en opinión del analista Manuel Alejandro Rayran, un problema para el mandatario porque está desgastando ahí su capital político.
«Utilizar Twitter y no los canales institucionales también tiene un desgaste político para el presidente, un desgaste en su popularidad y con eso me refiero no solamente a los asuntos internos, sino al tema de El Salvador y el tema de Perú, por ejemplo», dice a EFE Rayran, profesor de la Universidad Externado de Colombia.
Problemas de su hijo y su hermano
El mandatario publicó el jueves un comunicado en el que se refirió a «información que se rumora en la opinión pública» sobre su hermano Juan Fernando Petro Urrego y su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y pidió al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, «adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades».
Petro hizo referencia a supuestas reuniones en cárceles donde, según algunas versiones, personas de su entorno pueden estar haciéndose pasar por miembros del Gobierno para contactar a criminales y ofrecerles su inclusión en el programa de «paz total» a cambio de dinero, una sospecha que recae en su hermano pero a la que no fue vinculado su hijo.
Sin embargo, horas después, Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, en una entrevista con la revista Semana, acusó al hijo mayor del presidente de haber recibido dinero del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el «hombre Marlboro», para la campaña presidencial de su padre que, sin embargo, nunca llegó a ese destino.
«Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él (Nicolás) se quedó con ese dinero, y así otros», dijo Vásquez, quien aseguró que Lopesierra le entregó al hijo de Petro «más de 600 millones de pesos (unos 124.700 dólares de hoy) para la campaña del papá» y que además recibió 200 millones de pesos (unos 41.500 dólares) del empresario Alfonso «Turco» Hilsaca, que tampoco entraron a la campaña.
Para Rayran, Petro actuó bien porque se anticipó al escándalo de su hijo, aunque eso igual causó «un daño para el Gobierno».
«Que el Gobierno haya sido el que saque el comunicado, el que le pide a la Fiscalía que investigue a su hijo y a su hermano, eso puede reducir un poco el daño pero no lo quita», dijo el experto, quien recordó que el propio Petro y su equipo acusaron hace cuatro año al expresidente colombiano Iván Duque de «haber recibido dinero de gente de no muy buena procedencia».
Líos en la paz total
Con la paz total el Gobierno busca negociar no solo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sino con disidencias de las FARC y pretende, además, el sometimiento a la justicia de bandas criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Sin embargo, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró el viernes que un preso pagó 120 millones de pesos (unos 25.000 dólares) para beneficiarse de la «paz total».
En los últimos meses se conoció de la existencia de un supuesto «cartel de abogados» que al parecer va a las cárceles para ofrecer a narcotraficantes beneficios o incluso pedirles dinero a cambio de que sean incluidos en la «paz total».
Petro dijo esta semana que el único autorizado para hacer esos acercamientos es Rueda, algo que en opinión de Rayran fue mal gestionado en términos de comunicación porque no estaba claro.
Reformas polémicas
Las reformas sociales del presidente también detonaron una crisis en su gabinete, del que fue destituido esta semana el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, crítico con los cambios propuestos a la salud y, con él, las titulares de Cultura y Deporte.
Igualmente le ha costado gobernabilidad al mandatario, pues algunos partidos de Gobierno como el Liberal, el Conservador y la U aseguraron que harán cambios de fondo al proyecto de ley presentado por la ministra de Salud, Carolina Corcho, mientras que la Corte Constitucional advirtió que, de pasar, la reforma puede ser tumbada por vicios de trámite.
Toda esta situación le ha pasado factura a Petro porque evidencia, en opinión de Rayran, que no hay «una posición unificada del Gobierno en los diferentes puntos» y tiene al presidente lidiando con una crisis que necesita superar pronto si quiere hacer los cambios sociales que le permitieron llegar al cargo el pasado 7 de agosto.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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