Latinoamericanas
El Gobierno de Petro en Colombia enfrenta su primera gran crisis en una semana turbulenta
Las reformas sociales del presidente también detonaron una crisis en su gabinete, del que fue destituido esta semana el ministro de Educación, Alejandro Gaviria.
Bogotá, Colombia.-El presidente colombiano, Gustavo Petro, enfrenta la primera gran crisis de su Gobierno por cuenta de la paz total, su programa bandera, salpicado por las relaciones turbias de uno de sus hermanos y su hijo mayor, y la resistencia a su proyecto de reforma a la salud, incluso en su gabinete.El mandatario, el primero de izquierdas de Colombia, también tuvo problemas por una protesta en una petrolera que dejó 2 muertos y 84 retenidos, entre policías y trabajadores, que ya fueron liberados, así como por sus discusiones en Twitter con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y con el Gobierno de Perú.
Y es que justo el uso de esa red social, en la que publica muchos tuits a lo largo del día es, en opinión del analista Manuel Alejandro Rayran, un problema para el mandatario porque está desgastando ahí su capital político.
«Utilizar Twitter y no los canales institucionales también tiene un desgaste político para el presidente, un desgaste en su popularidad y con eso me refiero no solamente a los asuntos internos, sino al tema de El Salvador y el tema de Perú, por ejemplo», dice a EFE Rayran, profesor de la Universidad Externado de Colombia.
Problemas de su hijo y su hermano
El mandatario publicó el jueves un comunicado en el que se refirió a «información que se rumora en la opinión pública» sobre su hermano Juan Fernando Petro Urrego y su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y pidió al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, «adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades».
Petro hizo referencia a supuestas reuniones en cárceles donde, según algunas versiones, personas de su entorno pueden estar haciéndose pasar por miembros del Gobierno para contactar a criminales y ofrecerles su inclusión en el programa de «paz total» a cambio de dinero, una sospecha que recae en su hermano pero a la que no fue vinculado su hijo.
Sin embargo, horas después, Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, en una entrevista con la revista Semana, acusó al hijo mayor del presidente de haber recibido dinero del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el «hombre Marlboro», para la campaña presidencial de su padre que, sin embargo, nunca llegó a ese destino.
«Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él (Nicolás) se quedó con ese dinero, y así otros», dijo Vásquez, quien aseguró que Lopesierra le entregó al hijo de Petro «más de 600 millones de pesos (unos 124.700 dólares de hoy) para la campaña del papá» y que además recibió 200 millones de pesos (unos 41.500 dólares) del empresario Alfonso «Turco» Hilsaca, que tampoco entraron a la campaña.
Para Rayran, Petro actuó bien porque se anticipó al escándalo de su hijo, aunque eso igual causó «un daño para el Gobierno».
«Que el Gobierno haya sido el que saque el comunicado, el que le pide a la Fiscalía que investigue a su hijo y a su hermano, eso puede reducir un poco el daño pero no lo quita», dijo el experto, quien recordó que el propio Petro y su equipo acusaron hace cuatro año al expresidente colombiano Iván Duque de «haber recibido dinero de gente de no muy buena procedencia».
Líos en la paz total
Con la paz total el Gobierno busca negociar no solo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sino con disidencias de las FARC y pretende, además, el sometimiento a la justicia de bandas criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Sin embargo, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró el viernes que un preso pagó 120 millones de pesos (unos 25.000 dólares) para beneficiarse de la «paz total».
En los últimos meses se conoció de la existencia de un supuesto «cartel de abogados» que al parecer va a las cárceles para ofrecer a narcotraficantes beneficios o incluso pedirles dinero a cambio de que sean incluidos en la «paz total».
Petro dijo esta semana que el único autorizado para hacer esos acercamientos es Rueda, algo que en opinión de Rayran fue mal gestionado en términos de comunicación porque no estaba claro.
Reformas polémicas
Las reformas sociales del presidente también detonaron una crisis en su gabinete, del que fue destituido esta semana el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, crítico con los cambios propuestos a la salud y, con él, las titulares de Cultura y Deporte.
Igualmente le ha costado gobernabilidad al mandatario, pues algunos partidos de Gobierno como el Liberal, el Conservador y la U aseguraron que harán cambios de fondo al proyecto de ley presentado por la ministra de Salud, Carolina Corcho, mientras que la Corte Constitucional advirtió que, de pasar, la reforma puede ser tumbada por vicios de trámite.
Toda esta situación le ha pasado factura a Petro porque evidencia, en opinión de Rayran, que no hay «una posición unificada del Gobierno en los diferentes puntos» y tiene al presidente lidiando con una crisis que necesita superar pronto si quiere hacer los cambios sociales que le permitieron llegar al cargo el pasado 7 de agosto.
Latinoamericanas
Tres dominicanos enfrentan prisión provisional en Panamá por presunta red de reclutamiento para combatir en Rusia
Fiscalía sostiene que los imputados captaban panameños por redes sociales y les ofrecían pagos para viajar a la zona de guerra
Ciudad de Panamá.– Tres ciudadanos dominicanos fueron enviados a detención provisional en Panamá, acusados de formar parte de una presunta estructura dedicada a reclutar personas para viajar a Rusia y participar en el conflicto bélico contra Ucrania.
Los imputados fueron identificados como Joselyn Ramírez, Rolando Newball y María Inés García, contra quienes un juez de garantías admitió cargos relacionados con trata de personas y asociación ilícita, según informó la Procuraduría General de la Nación de Panamá.
La investigación forma parte de las acciones desarrolladas por las autoridades panameñas contra redes que presuntamente captaban ciudadanos mediante ofertas económicas para desplazarlos hacia territorio ruso con fines militares.
Fiscalía habla de transferencias superiores a US$800,000
Durante la audiencia, la fiscal especializada contra la delincuencia organizada Elizabeth Carrión sostuvo que los procesados habrían recibido transferencias superiores a 800,000 dólares destinadas a financiar y organizar el reclutamiento de panameños.
De acuerdo con la investigación citada por La Prensa de Panamá, a algunos de los reclutados se les ofrecían pagos de alrededor de US$2,000 y US$3,000 para incorporarse al conflicto armado.
Las autoridades sostienen que las personas captadas no necesariamente recibían el dinero prometido una vez llegaban a la zona de combate.
Contactaban a posibles reclutas por TikTok
Según la tesis de la Fiscalía, la estructura utilizaba redes sociales, entre ellas TikTok, para contactar a ciudadanos interesados en viajar al extranjero bajo promesas de remuneración.
Entre los panameños señalados como víctimas figuran Octavio Carrillo, Rafael Ulises y José Montenegro, residentes en la provincia de Bocas del Toro.
La investigación sostiene que fueron convencidos de trasladarse hasta la ciudad de Panamá para gestionar pasaportes, boletos aéreos y documentación relacionada con supuestos contratos para prestar servicios en el conflicto.
Posteriormente fueron llevados a un establecimiento de alojamiento en Tocumen, desde donde se habrían coordinado diferentes aspectos logísticos del viaje.
Dos hombres abandonaron el alojamiento y alertaron a la Policía
De acuerdo con la Fiscalía, dos de las personas reclutadas decidieron abandonar el lugar donde permanecían hospedadas y buscaron ayuda de las autoridades al sospechar que podían ser víctimas de explotación.
Un tercer hombre sí habría viajado a Rusia.
Las investigaciones señalan que esa persona no recibió el dinero que supuestamente le habían ofrecido y posteriormente solicitó asistencia a las autoridades panameñas para regresar al país.
Panamá investiga una red más amplia
El caso forma parte de una investigación mayor relacionada con la captación de ciudadanos panameños para incorporarlos al conflicto entre Rusia y Ucrania.
La Procuraduría panameña informó que la denominada Operación Rescate Soberano permitió realizar allanamientos y aprehensiones relacionadas con el presunto reclutamiento de personas con fines militares.
Las autoridades también han documentado otros procesos judiciales vinculados a personas presuntamente reclutadas mediante promesas económicas para viajar a Rusia.
Conflicto ya ha dejado panameños muertos y desaparecidos
La preocupación de las autoridades panameñas ha aumentado ante la presencia de ciudadanos de ese país en la zona de guerra.
Un informe citado por La Prensa señaló recientemente que seis panameños habían muerto y otros 15 figuraban como desaparecidos, mientras decenas permanecían vinculados a las zonas de combate en Rusia y Ucrania.
El Gobierno panameño también ha solicitado públicamente cooperación para facilitar el regreso seguro de sus ciudadanos involucrados en el conflicto.
La investigación contra los tres dominicanos continúa abierta y las acusaciones deberán ser demostradas ante los tribunales panameños. Los imputados conservan su presunción de inocencia mientras avance el proceso.
Latinoamericanas
Colombia y Costa Rica refuerzan cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado
Abelardo de la Espriella y Laura Fernández se reúnen este martes en Barranquilla para abordar estrategias conjuntas de seguridad frente a las organizaciones criminales transnacionales.
BARRANQUILLA, Colombia.– La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional marcará la agenda de la reunión que sostendrán este martes los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella, y de Costa Rica, Laura Fernández, en momentos en que ambos gobiernos buscan fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad.
El encuentro se realizará en Barranquilla y fue acordado previamente durante una conversación entre ambos mandatarios, en la que coincidieron en la necesidad de ampliar los mecanismos de colaboración para enfrentar organizaciones delictivas que operan más allá de las fronteras nacionales.
Entre los asuntos previstos figuran el intercambio de información e inteligencia, la coordinación institucional y posibles acciones conjuntas frente al narcotráfico y otras estructuras criminales transnacionales.
Fernández considera urgente fortalecer la cooperación
La presidenta costarricense ha otorgado especial importancia al encuentro ante su preocupación por las repercusiones que las operaciones contra el narcotráfico en Colombia puedan tener sobre otros países de la región.
Fernández calificó previamente la reunión como urgente y manifestó su interés en evitar que el desplazamiento de estructuras criminales termine afectando a Costa Rica. Sus declaraciones se producen en medio de la preocupación de su Gobierno por la actividad del narcotráfico y del crimen organizado.
La visita tiene además una relevancia particular para la mandataria costarricense, al constituir su primer viaje al exterior desde que asumió la Presidencia en mayo de 2026.
Seguridad, prioridad para Colombia
El Gobierno colombiano ha colocado el combate contra el narcotráfico y las organizaciones armadas y criminales entre los principales componentes de su política de seguridad.
Según cifras divulgadas por la propia Presidencia de Colombia, durante las primeras semanas de la administración de De la Espriella las autoridades han desarrollado operaciones contra distintas estructuras criminales, con capturas, decomisos de narcóticos, incautaciones de armas y erradicación de cultivos de coca.
La reunión con Fernández forma parte de los esfuerzos del Gobierno colombiano por ampliar la cooperación internacional ante fenómenos delictivos que no se limitan al territorio de un solo país.
Una amenaza que traspasa fronteras
El narcotráfico representa un desafío regional debido a la capacidad de las organizaciones criminales para modificar rutas, establecer redes logísticas en distintos países y trasladar sus operaciones cuando aumenta la presión de las autoridades en determinados territorios.
Por esa razón, Colombia y Costa Rica buscan profundizar mecanismos de intercambio de información y coordinación que permitan responder de manera conjunta a esas estructuras.
La reunión de este martes adquiere así una dimensión que supera las relaciones bilaterales entre ambos países: la discusión se concentra en cómo coordinar respuestas regionales frente a organizaciones criminales que actúan sin reconocer fronteras.
Para los dos gobiernos, el desafío será convertir la cooperación política en mecanismos concretos de intercambio de inteligencia, prevención y persecución del narcotráfico y otros delitos transnacionales.
Washington vincula la operación con una supuesta plataforma marítima de apoyo al narcotráfico atribuida a Los Choneros; familiares de tripulantes de embarcaciones intervenidas rechazan las acusaciones
QUITO.– Fuerzas militares de Estados Unidos abordaron este sábado una embarcación ecuatoriana en aguas internacionales del océano Pacífico, en una nueva operación que Washington vincula con actividades de apoyo logístico al narcotráfico y que eleva a cuatro las embarcaciones intervenidas en esa zona durante los últimos nueve días.
La nave, identificada como “María Candelaria”, fue interceptada aproximadamente a 270 millas náuticas —unos 500 kilómetros— de la costa de Ecuador, según las informaciones difundidas sobre el operativo.
El Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) sostuvo que la embarcación formaba parte de una estructura compuesta por varios barcos utilizados como plataforma de reabastecimiento de combustible para apoyar el transporte de drogas por el Pacífico.
Washington atribuyó esa estructura logística a Los Choneros, organización criminal ecuatoriana a la que las autoridades estadounidenses califican de “narco-terrorista”.
Ocupantes fueron entregados a Ecuador
Las personas encontradas a bordo de la “María Candelaria” fueron entregadas posteriormente a las autoridades ecuatorianas, de acuerdo con la versión oficial estadounidense.
Las embarcaciones involucradas en la operación fueron vaciadas antes de ser hundidas.
El Ministerio de Defensa de Ecuador confirmó la intervención y la calificó como un nuevo golpe contra Los Choneros, al tiempo que indicó que la ubicación registrada aparentemente correspondía a aguas internacionales.
La circunstancia adquiere particular importancia debido a que la operación fue ejecutada por fuerzas militares estadounidenses fuera de las aguas territoriales ecuatorianas.
Tripulante transmitió el abordaje
Uno de los ocupantes de la embarcación transmitió parte de la intervención en directo mediante redes sociales y ofreció una versión diferente sobre las actividades que realizaban.
El hombre sostuvo que habían salido a pescar tres días antes y cuestionó que, según su relato, los militares no establecieran previamente comunicación por radio con la tripulación.
La versión de los ocupantes contrasta con la información de las autoridades estadounidenses y ecuatorianas, que relacionan la embarcación con operaciones logísticas utilizadas para apoyar el narcotráfico.
Cuatro embarcaciones intervenidas en nueve días
El abordaje de la “María Candelaria” se produce después de otras tres operaciones contra embarcaciones ecuatorianas desarrolladas en menos de una semana.
El 28 de agosto fue destruida y hundida la embarcación “Tres Hermanos”, procedente de Jaramijó.
Posteriormente, el 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses atacaron y destruyeron la “Conquista II”, mientras que el 3 de septiembre fue intervenida la “OM 2”.
Estas dos últimas embarcaciones eran de Manta.
Las autoridades de Estados Unidos y Ecuador sostienen que algunas de esas naves operaban como estaciones flotantes de abastecimiento de combustible, presuntamente utilizadas para prolongar la autonomía de otras embarcaciones relacionadas con actividades ilícitas.
Familiares rechazan vínculos con narcotráfico
Las acusaciones oficiales han sido cuestionadas por familiares de algunos de los tripulantes.
Estos niegan que sus parientes estuvieran vinculados con organizaciones criminales y sostienen que las embarcaciones desarrollaban actividades distintas a las atribuidas por las autoridades.
La controversia introduce interrogantes sobre las evidencias utilizadas para identificar las naves como parte de estructuras de apoyo al narcotráfico.
Hasta el momento, la información suministrada no detalla públicamente qué elementos específicos fueron encontrados en cada embarcación para establecer su presunta relación con organizaciones criminales.
Operaciones estadounidenses aumentan en el Pacífico
La sucesión de cuatro intervenciones en apenas nueve días evidencia una intensificación de las operaciones estadounidenses contra las rutas marítimas que Washington considera utilizadas para el transporte y apoyo logístico del narcotráfico en el Pacífico oriental.
El caso de la “María Candelaria” agrega, además, un elemento sensible: mientras Estados Unidos y Ecuador presentan la intervención como parte de la lucha contra una estructura vinculada a Los Choneros, uno de los ocupantes sostiene que se encontraba realizando labores de pesca.
La determinación de las circunstancias exactas de la operación y de la eventual responsabilidad de los tripulantes dependerá ahora de las investigaciones correspondientes y de las evidencias que presenten las autoridades.