Latinoamericanas
El Gobierno de Petro en Colombia enfrenta su primera gran crisis en una semana turbulenta
Las reformas sociales del presidente también detonaron una crisis en su gabinete, del que fue destituido esta semana el ministro de Educación, Alejandro Gaviria.
Bogotá, Colombia.-El presidente colombiano, Gustavo Petro, enfrenta la primera gran crisis de su Gobierno por cuenta de la paz total, su programa bandera, salpicado por las relaciones turbias de uno de sus hermanos y su hijo mayor, y la resistencia a su proyecto de reforma a la salud, incluso en su gabinete.El mandatario, el primero de izquierdas de Colombia, también tuvo problemas por una protesta en una petrolera que dejó 2 muertos y 84 retenidos, entre policías y trabajadores, que ya fueron liberados, así como por sus discusiones en Twitter con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y con el Gobierno de Perú.
Y es que justo el uso de esa red social, en la que publica muchos tuits a lo largo del día es, en opinión del analista Manuel Alejandro Rayran, un problema para el mandatario porque está desgastando ahí su capital político.
«Utilizar Twitter y no los canales institucionales también tiene un desgaste político para el presidente, un desgaste en su popularidad y con eso me refiero no solamente a los asuntos internos, sino al tema de El Salvador y el tema de Perú, por ejemplo», dice a EFE Rayran, profesor de la Universidad Externado de Colombia.
Problemas de su hijo y su hermano
El mandatario publicó el jueves un comunicado en el que se refirió a «información que se rumora en la opinión pública» sobre su hermano Juan Fernando Petro Urrego y su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y pidió al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, «adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades».
Petro hizo referencia a supuestas reuniones en cárceles donde, según algunas versiones, personas de su entorno pueden estar haciéndose pasar por miembros del Gobierno para contactar a criminales y ofrecerles su inclusión en el programa de «paz total» a cambio de dinero, una sospecha que recae en su hermano pero a la que no fue vinculado su hijo.
Sin embargo, horas después, Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, en una entrevista con la revista Semana, acusó al hijo mayor del presidente de haber recibido dinero del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el «hombre Marlboro», para la campaña presidencial de su padre que, sin embargo, nunca llegó a ese destino.
«Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él (Nicolás) se quedó con ese dinero, y así otros», dijo Vásquez, quien aseguró que Lopesierra le entregó al hijo de Petro «más de 600 millones de pesos (unos 124.700 dólares de hoy) para la campaña del papá» y que además recibió 200 millones de pesos (unos 41.500 dólares) del empresario Alfonso «Turco» Hilsaca, que tampoco entraron a la campaña.
Para Rayran, Petro actuó bien porque se anticipó al escándalo de su hijo, aunque eso igual causó «un daño para el Gobierno».
«Que el Gobierno haya sido el que saque el comunicado, el que le pide a la Fiscalía que investigue a su hijo y a su hermano, eso puede reducir un poco el daño pero no lo quita», dijo el experto, quien recordó que el propio Petro y su equipo acusaron hace cuatro año al expresidente colombiano Iván Duque de «haber recibido dinero de gente de no muy buena procedencia».
Líos en la paz total
Con la paz total el Gobierno busca negociar no solo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sino con disidencias de las FARC y pretende, además, el sometimiento a la justicia de bandas criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Sin embargo, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró el viernes que un preso pagó 120 millones de pesos (unos 25.000 dólares) para beneficiarse de la «paz total».
En los últimos meses se conoció de la existencia de un supuesto «cartel de abogados» que al parecer va a las cárceles para ofrecer a narcotraficantes beneficios o incluso pedirles dinero a cambio de que sean incluidos en la «paz total».
Petro dijo esta semana que el único autorizado para hacer esos acercamientos es Rueda, algo que en opinión de Rayran fue mal gestionado en términos de comunicación porque no estaba claro.
Reformas polémicas
Las reformas sociales del presidente también detonaron una crisis en su gabinete, del que fue destituido esta semana el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, crítico con los cambios propuestos a la salud y, con él, las titulares de Cultura y Deporte.
Igualmente le ha costado gobernabilidad al mandatario, pues algunos partidos de Gobierno como el Liberal, el Conservador y la U aseguraron que harán cambios de fondo al proyecto de ley presentado por la ministra de Salud, Carolina Corcho, mientras que la Corte Constitucional advirtió que, de pasar, la reforma puede ser tumbada por vicios de trámite.
Toda esta situación le ha pasado factura a Petro porque evidencia, en opinión de Rayran, que no hay «una posición unificada del Gobierno en los diferentes puntos» y tiene al presidente lidiando con una crisis que necesita superar pronto si quiere hacer los cambios sociales que le permitieron llegar al cargo el pasado 7 de agosto.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.
PUERTO PRINCIPE.- Más de ochenta personas han perdido la vida y cerca de un centenar han resultado heridas a causa de los enfrentamientos que mantienen desde el pasado domingo bandas armadas en Cité-Soleil, a unos cinco kilómetros al norte de la capital de Haití, denunciaron este jueves organizaciones de derechos humanos citadas por la prensa local.
Muchas viviendas han sido incendiadas y cientos de personas han huido hacia otras zonas menos expuestas, indicó -al medio local Magik9- Fritznel Pierre, responsable de la organización Combite Pour la Paix et le Développement.
CHIEN MÉCHANT, 400 MAWAZO Y LOS TALIBANES
El activista denunció que los ataques son perpetrados por una coalición de bandas armadas, entre ellas Chien Méchant, 400 Mawazo y los Talibanes, que se disputan el control de territorios en los que funcionan empresas que aportan miles de dólares a la economía nacional.
Las hostilidades se reanudaron el pasado domingo entre las bandas Canaan -lideradas por Jeff Gwo Lwa, aliado de Chien Méchant-, en la Plaine du Cul de Sac, y los 400 Mawozo, de Lamò Sanjou, que se enfrentan a un grupo rival formado por pandillas de Cité-Soleil, Village Renaissance y Pierre 6.
MEDICOS SIN FRONTERAS ALERTO DE COMBATES
La oficina en Haití de la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó el pasado martes sobre estos combates y decidió evacuar temporalmente uno de sus hospitales en Cité-Soleil, por el empeoramiento de la situación.
Ese mismo día, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, presidió un consejo de ministros extraordinario para tratar la situación de inseguridad, y dio «instrucciones claras y medidas concretas para reforzar de inmediato la capacidad operativa de las fuerzas del orden y garantizar una respuesta coordinada, enérgica y duradera contra todas las formas de delincuencia».
Las autoridades no han dado una cifra de muertos ni heridos por estos recientes enfrentamientos.
Haití vive una grave crisis de violencia que solo en el primer trimestre de este año dejó al menos 1,642 muertos y 745 heridos, según el más reciente informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país caribeño (BINUH).
an/am
Panamá.– El presidente de la República, Luis Abinader, destacó la importancia de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Panamá, con el propósito de seguir ampliando las inversiones empresariales y el intercambio económico entre ambas naciones.
El mandatario dominicano abordó estos temas durante una reunión bilateral con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, en la que también participaron altos funcionarios del Gobierno de Panamá, entre ellos el canciller, el ministro de Comercio e Industrias y la ministra de Turismo, entre otros representantes.
Abinader estuvo acompañado por el Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro; y el embajador de la República Dominicana en Panamá, Roberto Salcedo, entre otros funcionarios.
Durante el encuentro, ambos gobernantes acordaron actualizar una propuesta de acuerdo comercial entre República Dominicana y Panamá, como mecanismo para fortalecer el intercambio de negocios y generar mayores oportunidades económicas en beneficio de sus respectivos países.
Ambos mandatarios también destacaron la significativa conectividad aérea entre República Dominicana y Panamá, reflejada en la importante afluencia de vuelos entre ambos países, lo que contribuye al dinamismo del turismo y los negocios.
Se reúne con presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas y ejecutivos de DP World
Como parte de su agenda de trabajo en Panamá, el mandatario sostuvo además encuentros por separado con el presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas (World FZO), Mohammed Al Zarooni, y con ejecutivos de DP World, con el objetivo de continuar fortaleciendo la cooperación en materia de zonas francas y promover nuevas oportunidades de inversión en sectores importantes para la República Dominicana.
En estos encuentros, el presidente Abinader estuvo acompañado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro; y el embajador de la República Dominicana en Panamá, Roberto Salcedo, entre otros funcionarios.