Opinión
Abinader: un gobernador de colonia capturado por la ficción mercadológica
Por Narciso Isa Conde
Somos una sociedad dominada por una oligarquía capitalista transnacional y local, y por una partidocracia corrupta y conservadora.
El contexto festivo-patriótico del reciente Informe a la Asamblea Nacional de Luis Abinader es pura fantasía.
En aquel 27 de febrero de 1844 hubo separación de Haití, proclamación de la independencia frente a toda potencia extranjera y fundación de la República Dominicana. Una gesta de extraordinario valor histórico.
Entonces inicialmente se adoptó el modelo de democracia liberal, por la influencia de la organización secreta La Trinitaria, y muy especialmente del liderazgo de Juan Pablo Duarte.
Esa conquista, sin embargo, duró poco, dado que los conservadores- anexionistas lograron apoderarse del joven Estado, imponer su hegemonía política, reprimir cruelmente las fuerzas liberales y materializar la anexión a España.
Hubo entonces que librar la Guerra Restauradora de la soberanía y de la democracia republicana, encabezada por Gregorio Luperon… hasta lograr la derrota del imperio español en 1863.
Volvió así a resplandecer la independencia y a reiniciarse el proyecto republicano a cargo de las fuerzas liberales.
Pero nueva vez, de la verdadera independencia y el predominio liberal, no tardó en pasarse al neocolonialismo con disfraz republicano y control conservador auspiciado por EE.UU, incluidas sus intervenciones militares (1916-24 y 1965); una de corte expansionista y otra netamente contrarrevolucionaria, esta última frente a un nuevo intento de restablecer soberanía y democracia política y social, por vía revolucionaria y poder popular armado.
· Ni soberanía, ni democracia.
Desde entonces la democracia real es un mito y la independencia una ficción.
Somos una sociedad dominada por una oligarquía capitalista transnacional y local, y por una partidocracia corrupta y conservadora.
Impera el dominio de EE.UU sobre toda la isla. Dos países absolutamente dependientes del imperialismo occidental y del mando político-militar estadounidense.
El poder del dinero, la plutocracia, rige todas las instituciones de nuestro país, incluido el sistema electoral, hasta convertir las votaciones en mercado, los/as electores/as en clientes, los partidos en compañías por acciones y los votos en mercancías.
En la últimas décadas, por demás, el despliegue recolonizador y neoconservador (neoliberal) ha sido brutal, aplastando soberanía y derechos; privatizando lo público en gran escala, endiosando el mercado, concentrando poder y riquezas en manos de las elites mega capitalistas, potenciando los monopolios y oligopolios, e imponiendo desigualdades tan crueles como grotescas…
· Honrar el pasado heroico, pero no un presente ominoso.
Esto hasta llegar a un presente en el que se ha configurado un gobierno empresarial, que bajo la gobernación de Luis Abinader, el Grupo Vicini, la Banca Privada y los Tecnócratas que fungen de agentes de las elites burguesas, intenta completar las contra-reforma neoliberales.
De ahí su empeño en privatizar gran parte de las funciones estatales, asaltar los puntos clave del Estado desde la cúpula del CONEP, apropiarse de todas los servicios públicos, de lo que queda de las empresas y propiedades estatales: sistema eléctrico puertos, aeropuertos, autovías y de todo el patrimonio natural del país: suelo, subsuelo, sobresuelo: incluidas playas, montañas y fuentes de agua.
Las vías son las APPS, los Fideicomisos publico-privados, y el endeudamiento externo amarrado a las privatizaciones.
A todo esto lo acompaña un renovado impulso al colonialismo moderno y post-moderno en todos los campos: cultural, ideológico, mediático, económico, militar…paradójicamente mezclado e infectado de todo lo conservador, incluido lo fascistoide…De la reversa feudal-monárquica hacia un Estado más religioso, anti-laico, patriarcal, caudillista, racistas, xenófobo, homofóbico y adulto-céntrico.
Así las cosas, si bien es válido honrar el pasado heroico y todos sus episodios estelares, no así esté presente ominoso.
Solo apelando a la mercadología-ficción es posible presentar un discurso en el 179 aniversario de la traicionada gesta de los/as Trinitarios, asumiendo la supuesta vigencia de una República Dominicana independiente y democrática.
La democracia es falsa e irreal y la independencia solo una meta a rescatar.
Se trató de una pura farsa teatral, montada en el escenario de una Asamblea Nacional pervertida, apoyada en una Constitución que selló la recolonización neoconservadora junto a un partidismo indecente y un caudillismo trasnochado; montada mediante tecnologías y poderes que posibilitan exhibir una memoria artificial y monopolizar la difusión de un nuevo esfuerzo de alienación.
Las formas y contenidos de esa rendición de cuentos muestran muchos borbotones de balaguerismo, posteriormente modernizado por políticos “fantasmosos” y “allantosos”, tipo Leonel Fernández.
Más de lo mismo, mejor maquillado e ilustrado.
Muchas cifras amañadas y acomodadas.
Muchas fuentes adulteradas.
Muchas aceras, contenes, puentes, carreteras, APPS, y asistencialismo clientelista a granel,
Demasiado entreguismo y neoliberalismo, muchas comparaciones manipuladas, abundante reeleccionismo con alta dosis de “lambonismo”.
Presentadas cada una -y todas juntas- como el “gran cambio” desde otra pasarela del nuevo monarca, empapada de mercadología política.
La sala de lo que llaman el “primer poder del estado” (que no es más que un sucio mercado político) fue convertida en terreno de demagogia y escenario de un mitin reeleccionistas con delegaciones seleccionadas para un montaje teatral de mal gusto.
Pero lo peor no es eso, sino los silencios, omisiones, ocultamientos y encubrimientos.
· Las falacias expresadas se quedaron cortas frente a lo que calló.
Veamos:
-Las vacas sagradas del gran empresariado y sus San Souci, Antena Latina, Fonper- Ege Haina y Ege Itabo…
-Leonel, Danilo y sus comparsas de alto nivel, todavía impunes. Ni hablar del balaguerismo criminal.
-Los ex jefes policiales asesinos y ladrones, y los narco-generales, burlándose de la sociedad.
-Los delitos ambientales pasados y presentes ignorados durante su gestión y excluidos de su discurso, Esto incluye el reciente crimen ecológico provocado por su “verja inteligente” o “muro” fronterizo.
-Las APPS y los Fideicomisos como instrumentos para privatizar y traficar influencia.
– La ley de Agua y Ordenamiento Territorial, que junto a la Ley Minera y a la de APP, constituyen la plataforma de apropiación del agua por empresas privadas.
-La entrega del Puerto de Manzanillo y todo el conjunto energético aledaño al Comando Sur de EEUU y a los Vicini.
-Los altísimos niveles de gastos corrientes y la bajísima inversión de capital establecidos en un presupuesto diezmado en un 40% por la amortización y el pago de intereses de una deuda cada vez mayor.
– La fragilidad de una economía que depende del lavado de dinero, deuda externa y turismo.
-La baja calidad del empleo, el deterioro del poder de compra de sueldos y salarios, el componente interno de la inflación y el elevado costo de la canasta familiar.
-Su traición a las tres causales y los altos niveles de la violencia de género, sin que se enfrenten sus causas y raíces, y sin que se asuma ese tema en el sistema educativo.
-La estafa que implica una seguridad social privatizada vía ARS y AFP privadas, y su negativa a eliminarlas.
-Las consecuencias funestas de la salud y la educación como negocios privados. El deterioro de ambos servicios sociales.
– La fusión del Estado con las iglesias, violentando su laicidad consagrada constitucionalmente.
– La tolerancia y estímulos al racismo anti-haitiano y a la xenofobia, acompañadas de grotescas violaciones a los derechos de los/as migrantes y sus descendientes.
– La responsabilidad del PRM en la elaboración de un Código Penal y una ley electoral profundamente antidemocráticas.
– La impunidad de la narco política y específicamente de los casos en que está involucrada la cúpula del PRM y su pasada campaña presidencial.
– El auge del neofascismo durante su gestión.
– El apoyo a las mega-mineras destructoras y contaminadoras del medio ambiente.
– Una política exterior servil a EEUU, al extremo de apoyar a Guaidó y alinearse a los gobiernos más reaccionarios del Continente, que a la vez auspicia la intervención militar de las grandes potencias imperialistas en Haití.
Y aquí me detengo por ahora, para hacer más fácil la lectura de este artículo. Pero hay más en los predios de este Señor y de su gestión de gobierno. Mucho más.
Todo esto a propósito de un largo discurso destinado a enfrentar electoralmente a un conjunto de adversarios políticos que deberían estar presos por mafiosos, a los que finalmente le propuso un “Pacto de Defensa de la Soberanía Nacional” frente Haití, como si esa nación empobrecida y sin ejercito fuera una potencia imperialista.
Propuesta engañosa asumida desde este territorio en el que la soberanía nacional es una ficción sistemáticamente aplastada por EE.UU y su Pentágono; factores responsables de la crisis que estremece el país vecino, contra el cual Abinader no se cansa de reclamar una nueva invasión militar de la mal llamada “Comunidad Internacional”, que no sería otra cosa que otra vil agresión militar a cargo de las potencias imperialistas que históricamente lo han dominado y saqueado: EE.UU, FRANCIA y CANADÁ.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
……………………………………………………..
El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.