Opinión
Abinader: un gobernador de colonia capturado por la ficción mercadológica
Por Narciso Isa Conde
Somos una sociedad dominada por una oligarquía capitalista transnacional y local, y por una partidocracia corrupta y conservadora.
El contexto festivo-patriótico del reciente Informe a la Asamblea Nacional de Luis Abinader es pura fantasía.
En aquel 27 de febrero de 1844 hubo separación de Haití, proclamación de la independencia frente a toda potencia extranjera y fundación de la República Dominicana. Una gesta de extraordinario valor histórico.
Entonces inicialmente se adoptó el modelo de democracia liberal, por la influencia de la organización secreta La Trinitaria, y muy especialmente del liderazgo de Juan Pablo Duarte.
Esa conquista, sin embargo, duró poco, dado que los conservadores- anexionistas lograron apoderarse del joven Estado, imponer su hegemonía política, reprimir cruelmente las fuerzas liberales y materializar la anexión a España.
Hubo entonces que librar la Guerra Restauradora de la soberanía y de la democracia republicana, encabezada por Gregorio Luperon… hasta lograr la derrota del imperio español en 1863.
Volvió así a resplandecer la independencia y a reiniciarse el proyecto republicano a cargo de las fuerzas liberales.
Pero nueva vez, de la verdadera independencia y el predominio liberal, no tardó en pasarse al neocolonialismo con disfraz republicano y control conservador auspiciado por EE.UU, incluidas sus intervenciones militares (1916-24 y 1965); una de corte expansionista y otra netamente contrarrevolucionaria, esta última frente a un nuevo intento de restablecer soberanía y democracia política y social, por vía revolucionaria y poder popular armado.
· Ni soberanía, ni democracia.
Desde entonces la democracia real es un mito y la independencia una ficción.
Somos una sociedad dominada por una oligarquía capitalista transnacional y local, y por una partidocracia corrupta y conservadora.
Impera el dominio de EE.UU sobre toda la isla. Dos países absolutamente dependientes del imperialismo occidental y del mando político-militar estadounidense.
El poder del dinero, la plutocracia, rige todas las instituciones de nuestro país, incluido el sistema electoral, hasta convertir las votaciones en mercado, los/as electores/as en clientes, los partidos en compañías por acciones y los votos en mercancías.
En la últimas décadas, por demás, el despliegue recolonizador y neoconservador (neoliberal) ha sido brutal, aplastando soberanía y derechos; privatizando lo público en gran escala, endiosando el mercado, concentrando poder y riquezas en manos de las elites mega capitalistas, potenciando los monopolios y oligopolios, e imponiendo desigualdades tan crueles como grotescas…
· Honrar el pasado heroico, pero no un presente ominoso.
Esto hasta llegar a un presente en el que se ha configurado un gobierno empresarial, que bajo la gobernación de Luis Abinader, el Grupo Vicini, la Banca Privada y los Tecnócratas que fungen de agentes de las elites burguesas, intenta completar las contra-reforma neoliberales.
De ahí su empeño en privatizar gran parte de las funciones estatales, asaltar los puntos clave del Estado desde la cúpula del CONEP, apropiarse de todas los servicios públicos, de lo que queda de las empresas y propiedades estatales: sistema eléctrico puertos, aeropuertos, autovías y de todo el patrimonio natural del país: suelo, subsuelo, sobresuelo: incluidas playas, montañas y fuentes de agua.
Las vías son las APPS, los Fideicomisos publico-privados, y el endeudamiento externo amarrado a las privatizaciones.
A todo esto lo acompaña un renovado impulso al colonialismo moderno y post-moderno en todos los campos: cultural, ideológico, mediático, económico, militar…paradójicamente mezclado e infectado de todo lo conservador, incluido lo fascistoide…De la reversa feudal-monárquica hacia un Estado más religioso, anti-laico, patriarcal, caudillista, racistas, xenófobo, homofóbico y adulto-céntrico.
Así las cosas, si bien es válido honrar el pasado heroico y todos sus episodios estelares, no así esté presente ominoso.
Solo apelando a la mercadología-ficción es posible presentar un discurso en el 179 aniversario de la traicionada gesta de los/as Trinitarios, asumiendo la supuesta vigencia de una República Dominicana independiente y democrática.
La democracia es falsa e irreal y la independencia solo una meta a rescatar.
Se trató de una pura farsa teatral, montada en el escenario de una Asamblea Nacional pervertida, apoyada en una Constitución que selló la recolonización neoconservadora junto a un partidismo indecente y un caudillismo trasnochado; montada mediante tecnologías y poderes que posibilitan exhibir una memoria artificial y monopolizar la difusión de un nuevo esfuerzo de alienación.
Las formas y contenidos de esa rendición de cuentos muestran muchos borbotones de balaguerismo, posteriormente modernizado por políticos “fantasmosos” y “allantosos”, tipo Leonel Fernández.
Más de lo mismo, mejor maquillado e ilustrado.
Muchas cifras amañadas y acomodadas.
Muchas fuentes adulteradas.
Muchas aceras, contenes, puentes, carreteras, APPS, y asistencialismo clientelista a granel,
Demasiado entreguismo y neoliberalismo, muchas comparaciones manipuladas, abundante reeleccionismo con alta dosis de “lambonismo”.
Presentadas cada una -y todas juntas- como el “gran cambio” desde otra pasarela del nuevo monarca, empapada de mercadología política.
La sala de lo que llaman el “primer poder del estado” (que no es más que un sucio mercado político) fue convertida en terreno de demagogia y escenario de un mitin reeleccionistas con delegaciones seleccionadas para un montaje teatral de mal gusto.
Pero lo peor no es eso, sino los silencios, omisiones, ocultamientos y encubrimientos.
· Las falacias expresadas se quedaron cortas frente a lo que calló.
Veamos:
-Las vacas sagradas del gran empresariado y sus San Souci, Antena Latina, Fonper- Ege Haina y Ege Itabo…
-Leonel, Danilo y sus comparsas de alto nivel, todavía impunes. Ni hablar del balaguerismo criminal.
-Los ex jefes policiales asesinos y ladrones, y los narco-generales, burlándose de la sociedad.
-Los delitos ambientales pasados y presentes ignorados durante su gestión y excluidos de su discurso, Esto incluye el reciente crimen ecológico provocado por su “verja inteligente” o “muro” fronterizo.
-Las APPS y los Fideicomisos como instrumentos para privatizar y traficar influencia.
– La ley de Agua y Ordenamiento Territorial, que junto a la Ley Minera y a la de APP, constituyen la plataforma de apropiación del agua por empresas privadas.
-La entrega del Puerto de Manzanillo y todo el conjunto energético aledaño al Comando Sur de EEUU y a los Vicini.
-Los altísimos niveles de gastos corrientes y la bajísima inversión de capital establecidos en un presupuesto diezmado en un 40% por la amortización y el pago de intereses de una deuda cada vez mayor.
– La fragilidad de una economía que depende del lavado de dinero, deuda externa y turismo.
-La baja calidad del empleo, el deterioro del poder de compra de sueldos y salarios, el componente interno de la inflación y el elevado costo de la canasta familiar.
-Su traición a las tres causales y los altos niveles de la violencia de género, sin que se enfrenten sus causas y raíces, y sin que se asuma ese tema en el sistema educativo.
-La estafa que implica una seguridad social privatizada vía ARS y AFP privadas, y su negativa a eliminarlas.
-Las consecuencias funestas de la salud y la educación como negocios privados. El deterioro de ambos servicios sociales.
– La fusión del Estado con las iglesias, violentando su laicidad consagrada constitucionalmente.
– La tolerancia y estímulos al racismo anti-haitiano y a la xenofobia, acompañadas de grotescas violaciones a los derechos de los/as migrantes y sus descendientes.
– La responsabilidad del PRM en la elaboración de un Código Penal y una ley electoral profundamente antidemocráticas.
– La impunidad de la narco política y específicamente de los casos en que está involucrada la cúpula del PRM y su pasada campaña presidencial.
– El auge del neofascismo durante su gestión.
– El apoyo a las mega-mineras destructoras y contaminadoras del medio ambiente.
– Una política exterior servil a EEUU, al extremo de apoyar a Guaidó y alinearse a los gobiernos más reaccionarios del Continente, que a la vez auspicia la intervención militar de las grandes potencias imperialistas en Haití.
Y aquí me detengo por ahora, para hacer más fácil la lectura de este artículo. Pero hay más en los predios de este Señor y de su gestión de gobierno. Mucho más.
Todo esto a propósito de un largo discurso destinado a enfrentar electoralmente a un conjunto de adversarios políticos que deberían estar presos por mafiosos, a los que finalmente le propuso un “Pacto de Defensa de la Soberanía Nacional” frente Haití, como si esa nación empobrecida y sin ejercito fuera una potencia imperialista.
Propuesta engañosa asumida desde este territorio en el que la soberanía nacional es una ficción sistemáticamente aplastada por EE.UU y su Pentágono; factores responsables de la crisis que estremece el país vecino, contra el cual Abinader no se cansa de reclamar una nueva invasión militar de la mal llamada “Comunidad Internacional”, que no sería otra cosa que otra vil agresión militar a cargo de las potencias imperialistas que históricamente lo han dominado y saqueado: EE.UU, FRANCIA y CANADÁ.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.