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Se necesitan psiquiatras, según Ministro de Salud.

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Santiago, RD.-Las precariedades existentes en el sistema de salud y de la necesidad de especialistas y unidades de internamiento de larga estancia para pacientes psiquiátricos, que han sido abordados por el periódico, provocó que el Ministro de Salud admitiera que en el país se necesitan psiquiatras.

Al abordar ayer al ministro de Salud, Daniel Rivera, sobre esta problemática, planteó: “Yo estoy de acuerdo que se necesitan más psiquiatras y son pocos los que hay”.

Afirmó que la salud mental es una deuda histórica pendiente con los pacientes dominicanos y se está trabajando para tener centros de estancia larga en distintos puntos del país.

“Nosotros estamos de acuerdo en seguir apoyando la cartera de servicios de salud mental tanto para intervención en crisis como la consulta ambulatoria”, precisó.

Concurso especialistas

Sobre el concurso que tiene abierto el Ministerio de Salud para mil plazas vacantes en hospitales públicos, 500 de ellas para especialistas y 500 para médicos familiares, el ministro explicó que “el concurso salió para aquellos capítulos nuevos que hay, incluso fíjate que por primera vez se requiere médicos generales y médicos de familia. Médicos que van a acompañar a las familias no en la consulta, sino en la comunidad”.

En la comunidad psiquiátrica la convocatoria ha generado múltiples críticas, ya que hay la necesidad y están las vacantes para este tipo de galenos; pero no pueden aplicar porque no están siendo convocados en el concurso. “El concurso fue evaluado por el SNS y el Colegio Médico en base a las necesidades, si existe esta posibilidad de psiquiatras, con mucho gusto deben acercarse a la parte del doctor Mario Lama”, explicó Rivera.

“Creo que la Sociedad de Psiquiatría puede acercarse al doctor Mario Lama para que puedan conocer los planes que tenemos en la parte de salud mental”, dijo.

Cabral y Báez

Sobre las seis plazas a psiquiatras que tiene la unidad de intervención en crisis del Hospital José María Cabral y Báez, pidió al hospital agotar los procesos de lugar para que el personal sea asignado. “Esto es directamente al Cabral y Báez que hagan la solicitud y estoy seguro que esas plazas deben ser cubiertas, no creo que exista ningún tipo de problemas para llenar estas plazas que se necesitan”, aseguró el doctor Rivera.

Explicó que se comunicaron con la directora del departamento de salud mental del centro, Hilda Valdez, quien aseguró que el personal ha sido requerido desde la gestión pasada, pero aún no han obtenido respuesta del SNS.

“En los próximos días ustedes verán la inauguración del Call Center que va a hablar de todas las posibilidades que tú puedes llamar y hacer la justa distribución de la atención en salud mental”, afirmó.

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Tribunal aplaza audiencia de imputados separados en caso Medusa

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Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.

El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.

El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.

En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.

El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.

La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.

El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.

Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.

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Apertura a juicio hijo de exviceministro de Agricultura por estafa a esa institución

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Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.

Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.

El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.

El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).

La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.

Acusación

Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.

También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

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Aceptan irse voluntariamente en extradición dos de los acusados de estafar ancianos.

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Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez

En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.

Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.

Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.

Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.

Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.

Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.

Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.

El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.

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