Nacionales
Gobierno busca cerrar brecha del salario mínimo y la canasta familiar.
Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, dijo este lunes que las autoridades del Gobierno han visto que existe una brecha importante entre el salario mínimo más alto, correspondiente al sector privado no sectorizado de las grandes empresas, y la canasta básica familiar más baja del primer quintil, razón por la que entiende que República Dominicana debe abocarse a un pacto social por salarios reales dignos y trabajo decente.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7:00 AM a 9:00 AM, por el canal 37, el funcionario reconoció que el salario mínimo históricamente ha estado por debajo del costo de la canasta básica familiar del primer quintil.
Asimismo, refirió que desde el año pasado vienen proponiendo un pacto social por salarios dignos y trabajo decente, que establezca un mecanismo periódico donde se pueda aumentar de forma sostenible y constante los sueldos mínimos de los ciudadanos. “Serían reajustes salariales preacordados, tal vez no exactamente porcentuales, pero sí en los criterios objetivos, que permita cerrar la brecha en un período de tiempo relativamente corto”, añadió.
El ministro de Trabajo dijo que también están proponiendo reducir la cantidad de salarios mínimos que existen en el sector privado de la economía nacional, ya que tal vez algunos de ellos en la actualidad no se justifican.
Destaca aumentos salariales
Luis Miguel de Camps destacó que en menos de tres años el gobierno que preside Luis Abinader ha producido 18 aumentos a salarios mínimos en las 17 tarifas salariales existentes.
“En estos dos años y medio hemos producido 18 aumentos salariales, es decir, se produjeron los aumentos de los 16 que había, la generación del 17 (el doméstico) y se volvió a incrementar el que ya se había aumentado en verano del 2021, que es el no sectorizado y que, a su vez, es el que implica la mayor cantidad de personas en el sector privado”, expuso.
El funcionario destacó que todos los aumentos salariales en la gestión de Abinader, que implican 1.1 millones de personas aproximadamente, se han hecho por encima de la inflación acumulada, ya que es una política del Gobierno la mejora del salario real de los trabajadores.
“La mejora del salario real de los trabajadores significa, no simplemente ajustar la inflación perdida, o poder adquisitivo perdido por la inflación en los últimos dos años para que las cosas se queden como están, implica también recoger el poder adquisitivo perdido por la inflación, pero también agregar poder adquisitivo”, detalló.
Convocatoria adelantada por inflación
Resaltó que la convocatoria del Comité Nacional de Salarios se hizo antes del tiempo límite que establece la ley, ya que antes se hacía cada dos años, aunque reconoció que el propio Código de Trabajo permite que después de un año de haberse cumplido la resolución de salarios, se convoque nuevamente si las condiciones lo requieren. “Y eso fue lo que sucedió este año”, añadió.
Argumentó que esa convocatoria se adelantó porque con la inflación producto de la guerra europea, todos los países del mundo han tenido efectos inflacionarios extraordinarios.
“Por eso, para no perder la mejora salarial que se produjo en 2021se hizo la convocatoria en el primer día laborable del 2023, que fue el 3 de enero”, añadió. Indicó que de enero a febrero se habían producido cinco reuniones, la sexta exactamente el Día Internacional de la Mujer.
Explicó que cuando se suma nominalmente el aumento del 2021 y en producido en 2023, en menos de 3 años el aumento sería alrededor de un 40%. Cuando se agrega esto a la inflación, el aumento real es considerable. Sin embargo, reconoce que aún persiste la brecha ente el salario mínimo y el precio de la canasta básica familiar.
Los pensionados ganan miseria
Al ser cuestionado por el bajo salario o monto que perciben los pensionados, respondió que uno de los principales problemas que tiene República Dominicana es la informalidad laboral y salarios bajos, al señalar que las pensiones de alguna manera son producto de las cotizaciones, y las cotizaciones, a su vez, se alimentan por la cantidad del salario nominal y por la formalidad laboral.
No obstante, recordó que el 3 de enero de 2022 el presidente Luis Abinader anunció un aumento de las pensiones públicas para que el mínimo sea de RD$10.000. “Es decir, era menos de eso, pero se dispuso que se fije en 10 mil pesos todas las que estaban por debajo de ese monto”, comentó.
Sin embargo, consideró que se debe seguir mejorando la cantidad de recursos a través de la formalización del empleo y mejores cotizaciones a la Seguridad Social, para que los trabajadores se retiren con mejores pensiones.
Indicó que, aunque no tiene el dato preciso, durante la administración de Luis Abinader se han entregado más de 70 mil pensiones, sobre todo pensiones solidarias y pensiones especiales.
No han llegado a la meta
El funcionario sostuvo que no obstante a la alta cantidad de nuevos pensionados, todavía no han superado la meta que se trazaron en esta materia. “La meta es reducir la informalidad, mejorar los salarios, aumentar el monto de las pensiones y la cantidad de personas que las reciben”, señaló.
De Camps aclaró que el Ministerio de Trabajo tiene bajo su competencia las relaciones laborales del sector privado, no así la del sector público. No obstante, reiteró que uno de los objetivos es lograr mejorar las pensiones y salarios en todos los sectores.
Sostuvo que para resolver el problema no se requiere de una reforma a la ley, sino un acuerdo tripartito. En este sentido, indicó que el Comité Nacional de Salarios tiene la competencia legal de crear la cantidad de salarios que entiendan los miembros de ese organismo, razón por la que los salarios sectorizados se han ido creando en diferentes etapas.
Gobierno quiere reducir cantidad de salarios mínimos
El ministro de Trabajo dijo, además, que el Comité Nacional de Salarios tiene la capacidad de reducir la cantidad de salarios mínimos, para lo que se requiere un proceso de diálogo y acuerdo con los sectores que lo conforman.
“El sector gubernamental entiende que la cantidad de salarios sectorizado debe ser reducida. Repito, parte de la propuesta que lanzamos a finales del año pasado de un pacto social por salarios dignos y trabajo decente, pueda incluir un programa de confluencia entre los salarios no sectorizados y algunos sectorizados, para que, de manera ordenada, podamos ir reduciendo la cantidad de salarios”, expuso.
Precisó que corresponde a los demás miembros del Comité Nacional de Salarios que forman el diálogo tripartito expresar su acuerdo o no con el criterio del Gobierno.
“Son demasiados salarios mínimos, eran 16 y con el trabajo doméstico subió a 17. Pero sucede que dentro de algunos de ellos, como el no sectorizado está dividido en cuatro según el tamaño de la empresa. El Turismo está divido en tres, el Construcción con más de 400 tipos de tarifas”, argumentó.
Subrayo que entre tarifas y salarios hay cerca de 500 salarios mínimos, siendo el de construcción el más complejo debido a que las tarifas se fijan de acuerdo a la función que realice el trabajador.
Por otra parte, el funcionario recalcó que en menos de tres años han logrado 18 aumentos salariales, todos de consenso, y señaló que cuando se analiza el comportamiento del empleo en lo que va de gobierno, se observa que en agosto de 2020, en medio de la pandemia cuando Abinader asumió el gobierno, había 400 mil trabajadores con contratos de trabajo suspendidos y otros habían perdido sus empleos.
Sin embargo, resaltó que ya en 2022 se había logrado, no solo recuperar los empleos perdidos y suspendidos, sino que se crearon 125 mil nuevos empleos formales en el sector privado. “Solamente en 2022 se crearon aproximadamente 89 empleos formales en el sector privado”, añadió.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.