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Gobierno busca cerrar brecha del salario mínimo y la canasta familiar.
Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, dijo este lunes que las autoridades del Gobierno han visto que existe una brecha importante entre el salario mínimo más alto, correspondiente al sector privado no sectorizado de las grandes empresas, y la canasta básica familiar más baja del primer quintil, razón por la que entiende que República Dominicana debe abocarse a un pacto social por salarios reales dignos y trabajo decente.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7:00 AM a 9:00 AM, por el canal 37, el funcionario reconoció que el salario mínimo históricamente ha estado por debajo del costo de la canasta básica familiar del primer quintil.
Asimismo, refirió que desde el año pasado vienen proponiendo un pacto social por salarios dignos y trabajo decente, que establezca un mecanismo periódico donde se pueda aumentar de forma sostenible y constante los sueldos mínimos de los ciudadanos. “Serían reajustes salariales preacordados, tal vez no exactamente porcentuales, pero sí en los criterios objetivos, que permita cerrar la brecha en un período de tiempo relativamente corto”, añadió.
El ministro de Trabajo dijo que también están proponiendo reducir la cantidad de salarios mínimos que existen en el sector privado de la economía nacional, ya que tal vez algunos de ellos en la actualidad no se justifican.
Destaca aumentos salariales
Luis Miguel de Camps destacó que en menos de tres años el gobierno que preside Luis Abinader ha producido 18 aumentos a salarios mínimos en las 17 tarifas salariales existentes.
“En estos dos años y medio hemos producido 18 aumentos salariales, es decir, se produjeron los aumentos de los 16 que había, la generación del 17 (el doméstico) y se volvió a incrementar el que ya se había aumentado en verano del 2021, que es el no sectorizado y que, a su vez, es el que implica la mayor cantidad de personas en el sector privado”, expuso.
El funcionario destacó que todos los aumentos salariales en la gestión de Abinader, que implican 1.1 millones de personas aproximadamente, se han hecho por encima de la inflación acumulada, ya que es una política del Gobierno la mejora del salario real de los trabajadores.
“La mejora del salario real de los trabajadores significa, no simplemente ajustar la inflación perdida, o poder adquisitivo perdido por la inflación en los últimos dos años para que las cosas se queden como están, implica también recoger el poder adquisitivo perdido por la inflación, pero también agregar poder adquisitivo”, detalló.
Convocatoria adelantada por inflación
Resaltó que la convocatoria del Comité Nacional de Salarios se hizo antes del tiempo límite que establece la ley, ya que antes se hacía cada dos años, aunque reconoció que el propio Código de Trabajo permite que después de un año de haberse cumplido la resolución de salarios, se convoque nuevamente si las condiciones lo requieren. “Y eso fue lo que sucedió este año”, añadió.
Argumentó que esa convocatoria se adelantó porque con la inflación producto de la guerra europea, todos los países del mundo han tenido efectos inflacionarios extraordinarios.
“Por eso, para no perder la mejora salarial que se produjo en 2021se hizo la convocatoria en el primer día laborable del 2023, que fue el 3 de enero”, añadió. Indicó que de enero a febrero se habían producido cinco reuniones, la sexta exactamente el Día Internacional de la Mujer.
Explicó que cuando se suma nominalmente el aumento del 2021 y en producido en 2023, en menos de 3 años el aumento sería alrededor de un 40%. Cuando se agrega esto a la inflación, el aumento real es considerable. Sin embargo, reconoce que aún persiste la brecha ente el salario mínimo y el precio de la canasta básica familiar.
Los pensionados ganan miseria
Al ser cuestionado por el bajo salario o monto que perciben los pensionados, respondió que uno de los principales problemas que tiene República Dominicana es la informalidad laboral y salarios bajos, al señalar que las pensiones de alguna manera son producto de las cotizaciones, y las cotizaciones, a su vez, se alimentan por la cantidad del salario nominal y por la formalidad laboral.
No obstante, recordó que el 3 de enero de 2022 el presidente Luis Abinader anunció un aumento de las pensiones públicas para que el mínimo sea de RD$10.000. “Es decir, era menos de eso, pero se dispuso que se fije en 10 mil pesos todas las que estaban por debajo de ese monto”, comentó.
Sin embargo, consideró que se debe seguir mejorando la cantidad de recursos a través de la formalización del empleo y mejores cotizaciones a la Seguridad Social, para que los trabajadores se retiren con mejores pensiones.
Indicó que, aunque no tiene el dato preciso, durante la administración de Luis Abinader se han entregado más de 70 mil pensiones, sobre todo pensiones solidarias y pensiones especiales.
No han llegado a la meta
El funcionario sostuvo que no obstante a la alta cantidad de nuevos pensionados, todavía no han superado la meta que se trazaron en esta materia. “La meta es reducir la informalidad, mejorar los salarios, aumentar el monto de las pensiones y la cantidad de personas que las reciben”, señaló.
De Camps aclaró que el Ministerio de Trabajo tiene bajo su competencia las relaciones laborales del sector privado, no así la del sector público. No obstante, reiteró que uno de los objetivos es lograr mejorar las pensiones y salarios en todos los sectores.
Sostuvo que para resolver el problema no se requiere de una reforma a la ley, sino un acuerdo tripartito. En este sentido, indicó que el Comité Nacional de Salarios tiene la competencia legal de crear la cantidad de salarios que entiendan los miembros de ese organismo, razón por la que los salarios sectorizados se han ido creando en diferentes etapas.
Gobierno quiere reducir cantidad de salarios mínimos
El ministro de Trabajo dijo, además, que el Comité Nacional de Salarios tiene la capacidad de reducir la cantidad de salarios mínimos, para lo que se requiere un proceso de diálogo y acuerdo con los sectores que lo conforman.
“El sector gubernamental entiende que la cantidad de salarios sectorizado debe ser reducida. Repito, parte de la propuesta que lanzamos a finales del año pasado de un pacto social por salarios dignos y trabajo decente, pueda incluir un programa de confluencia entre los salarios no sectorizados y algunos sectorizados, para que, de manera ordenada, podamos ir reduciendo la cantidad de salarios”, expuso.
Precisó que corresponde a los demás miembros del Comité Nacional de Salarios que forman el diálogo tripartito expresar su acuerdo o no con el criterio del Gobierno.
“Son demasiados salarios mínimos, eran 16 y con el trabajo doméstico subió a 17. Pero sucede que dentro de algunos de ellos, como el no sectorizado está dividido en cuatro según el tamaño de la empresa. El Turismo está divido en tres, el Construcción con más de 400 tipos de tarifas”, argumentó.
Subrayo que entre tarifas y salarios hay cerca de 500 salarios mínimos, siendo el de construcción el más complejo debido a que las tarifas se fijan de acuerdo a la función que realice el trabajador.
Por otra parte, el funcionario recalcó que en menos de tres años han logrado 18 aumentos salariales, todos de consenso, y señaló que cuando se analiza el comportamiento del empleo en lo que va de gobierno, se observa que en agosto de 2020, en medio de la pandemia cuando Abinader asumió el gobierno, había 400 mil trabajadores con contratos de trabajo suspendidos y otros habían perdido sus empleos.
Sin embargo, resaltó que ya en 2022 se había logrado, no solo recuperar los empleos perdidos y suspendidos, sino que se crearon 125 mil nuevos empleos formales en el sector privado. “Solamente en 2022 se crearon aproximadamente 89 empleos formales en el sector privado”, añadió.
Nacionales
PLD, parte de la cúpula de la partidocracia, afirma que sentencia del TC puede atentar contra sistema de partidos
Santo Domingo. – Los partidos tradicionales dominicanos, incluido el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), han mostrado su preocupación y rechazo a la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional (TC), que establece que en un proceso eleccionario se podrá presentar candidaturas independientes de carácter nacional, provincial y municipal que surjan a través de agrupaciones cívicas o sociales de ciudadanos.
En un comunicado, el secretario general de la organización política, Johnny Pujols, señaló que la decisión de la alta corte plantea serios riesgos para la estabilidad del sistema político.
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El dirigente morado aseguró que la sentencia del Tribunal Constitucional facilita la desigualdad en la competencia electoral, la infiltración para el crimen organizado, la división y el transfuguismo, así como el caos logístico y administrativo.
Según Pujols, esos puntos también son compartidos por otras organizaciones políticas y sociales, con las que ya se han “adelantado encuentros para tratar el tema”.
“Desde el Partido de la Liberación Dominicana reiteramos nuestra más alta preocupación por la sentencia TC/0788/24, así como la voluntad de construir junto a los actores del sistema de partidos una salida prudente que proteja el sistema de partidos y la democracia dominicana”, expresó.
En ese sentido, destacó que es crucial emprender acciones que permitan establecer reglas claras, límites y parámetros para esas candidaturas.
“Esta sentencia podría convertirse en un atentado mortal contra el sistema de partidos y la estabilidad política, social y democrática del país”, argumentó.
El dictamen del Tribunal Constitucional emitido el pasado lunes, también permite que agrupaciones cívicas o sociales propongan candidaturas independientes sin necesidad de inscripción previa, siempre que lo declaren ante la Junta Central Electoral (JCE) al menos 75 días antes de las elecciones.
Santo Domingo.- Sigmund Freud Mena, delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la Junta Central Electoral (JCE), anunció que los principales partidos políticos han adoptado una posición conjunta en rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales los artículos 157 y 158 de la Ley Electoral.
Esta decisión permite la inscripción de candidaturas independientes ante el órgano electoral.
“Hay una postura unificada entre los partidos con los que hemos dialogado en torno a la preocupación generada por esta decisión. Permitir candidaturas independientes sin una mínima regulación es peligroso, ya que los partidos políticos están estrictamente regulados, desde el financiamiento hasta su conformación y su participación electoral”, expresó Freud Mena.
El dirigente político señaló que la sentencia plantea serios desafíos técnicos y jurídicos, ya que, según explicó, interfiere con las facultades del Congreso Nacional.
“El Tribunal Constitucional detalló cómo debía redactarse la ley respecto a las agrupaciones sociales, ahora denominadas así, lo que entendemos como una invasión a competencias exclusivas del poder legislativo. Esto sienta un precedente alarmante”, afirmó.
Freud Mena recordó que los partidos políticos están consagrados en la Constitución como los principales vehículos de representación ciudadana para acceder a posiciones electivas.
Tribunal Constitucional
Según el artículo 216 de la Carta Magna, esta función es exclusiva de los partidos, y la creación de nuevas figuras atenta contra el sistema político establecido.
Preocupaciones y acciones conjuntas
Ante esta situación, los dirigentes de los principales partidos han iniciado conversaciones con la JCE y han acordado tomar acciones conjuntas.
Freud Mena explicó que, si bien respetan la institucionalidad del Tribunal Constitucional, como actores políticos directamente afectados, están en la obligación de plantear soluciones para regular esta nueva figura de candidaturas independientes.
“Existen dos alternativas: que el Congreso Nacional modifique la Ley Electoral para incluir estas disposiciones y establecer las regulaciones necesarias, o que la Junta Central Electoral emita reglamentos en caso de que el Congreso no actúe. Es crucial garantizar el control de esta nueva posibilidad, ya que no existe una vía jurídica para revisar una decisión definitiva del Tribunal Constitucional”, precisó.
Impacto político
Freud Mena también advirtió sobre las posibles divisiones internas que la sentencia podría generar en los partidos.
“Cualquier persona en desacuerdo con las decisiones internas de un partido podría optar por postularse como independiente, lo que fragmentaría aún más a las organizaciones políticas”, alertó.
Finalmente, el delegado del PRM reiteró la necesidad de establecer normativas claras para evitar el desbalance en el sistema político.
“La apertura a las candidaturas independientes debe contar con regulaciones mínimas que aseguren la estabilidad del sistema partidario y político del país. No podemos permitir que esta nueva realidad desestabilice el orden político nacional”, concluyó.
Santo Domingo, R.D.-El principal diario impreso y digital de la República Dominicana, el Listín Diario, trajo en su portada este domingo un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional, número TC-0788-24, la cual declara inconstitucional los artículos 156 y 157 de la ley 20-23, de Régimen Electoral, que tratan sobre las candidaturas políticas independientes por entender que hay una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados porque se condicionaba la posibilidad de participar en esa condición a la creación de una organización política.
Esos artículos manifestaban que para sustentar una candidatura independiente a la Presidencia de la República, se requiere una organización de cuadros directivos igual a la de los partidos políticos en todo el país, además de un programa de gobierno definido; la 20-23 igual señala que para los cargos de senadores y diputados al Congreso Nacional deberán ser sustentadas por la misma organización de cuadros directivos fijos para los partidos, agrupaciones o movimientos políticos, pero limitada a la demarcación electoral respectiva; mientras que el nivel de alcaldías y regidurías, estos tienen que presentar una organización municipal que los abale.
El párrafo tres del articulo 157 reseña que “serán aplicables a las candidaturas independientes y a las organizaciones que las sustenten, las demás disposiciones que establece esta ley, en lo que se refiere a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos y a las candidaturas sustentadas por estos, con las adaptaciones a que hubiere lugar y de acuerdo con las disposiciones de la Junta Central Electoral (JCE).
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», señala el dispositivo de la sentencia.
Una “amenaza” al sistema de partidos
Tras la sentencia, que se produjo a raíz de un recurso interpuesto por Roberto Fiallo, el tema se ha mantenido en el escaparate público en los últimos días; tanto que varios dirigentes de partidos han indicado que la sentencia sería una “amenaza” al sistema político.
“Imaginas que ahora todo el que sienta que puede ser candidato vaya y se inscriba, porque eso es lo que están diciendo. O sea, no habrá ningún requisito previo. ¿Cómo se van a contar los votos o repartir los fondos cuando hayan 200 candidaturas?», cuestionó Freund al conversar con representantes de los medios de comunicación.
Sin respuesta de la JCE
Con el pasar de los días, el pleno de la JCE aún no ha dado a conocer su posición sobre el tema ni los nuevos lineamientos que se estarían implementando a raíz de la sentencia de la alta corte.
La sentencia prepara el camino para que la ley 20-23, de Régimen Electoral, tenga que ser modificada para eliminar los artículos declarados inconstitucionales. Sería la tercera vez desde el 2018 que las leyes que rigen el sistema partidos y democracia de República Dominicana tengan que ser cambiados.
Precisamente en 2018 fue promulgada la ley 33-18 sobre Partidos Políticos tras varios años de debate en el Congreso Nacional; luego fue aprobada la 15-19, de Régimen Electoral; ambos textos legislativos sustituían a la antigua “Ley Electoral” que regía en el país desde 1997.
Tras las elecciones de 2020 y varias sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior Electoral (TSE) recriminando la ambigüedad de la ley con relación a varios temas, se hizo imperiosa la necesidad de modificar la misma.
«El Congreso Nacional debe aprovechar esta situación para evaluar todas las cuestiones que han sido declaradas inconstitucionales», exclamó Freund.