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Gobierno busca cerrar brecha del salario mínimo y la canasta familiar.
Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, dijo este lunes que las autoridades del Gobierno han visto que existe una brecha importante entre el salario mínimo más alto, correspondiente al sector privado no sectorizado de las grandes empresas, y la canasta básica familiar más baja del primer quintil, razón por la que entiende que República Dominicana debe abocarse a un pacto social por salarios reales dignos y trabajo decente.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7:00 AM a 9:00 AM, por el canal 37, el funcionario reconoció que el salario mínimo históricamente ha estado por debajo del costo de la canasta básica familiar del primer quintil.
Asimismo, refirió que desde el año pasado vienen proponiendo un pacto social por salarios dignos y trabajo decente, que establezca un mecanismo periódico donde se pueda aumentar de forma sostenible y constante los sueldos mínimos de los ciudadanos. “Serían reajustes salariales preacordados, tal vez no exactamente porcentuales, pero sí en los criterios objetivos, que permita cerrar la brecha en un período de tiempo relativamente corto”, añadió.
El ministro de Trabajo dijo que también están proponiendo reducir la cantidad de salarios mínimos que existen en el sector privado de la economía nacional, ya que tal vez algunos de ellos en la actualidad no se justifican.
Destaca aumentos salariales
Luis Miguel de Camps destacó que en menos de tres años el gobierno que preside Luis Abinader ha producido 18 aumentos a salarios mínimos en las 17 tarifas salariales existentes.
“En estos dos años y medio hemos producido 18 aumentos salariales, es decir, se produjeron los aumentos de los 16 que había, la generación del 17 (el doméstico) y se volvió a incrementar el que ya se había aumentado en verano del 2021, que es el no sectorizado y que, a su vez, es el que implica la mayor cantidad de personas en el sector privado”, expuso.
El funcionario destacó que todos los aumentos salariales en la gestión de Abinader, que implican 1.1 millones de personas aproximadamente, se han hecho por encima de la inflación acumulada, ya que es una política del Gobierno la mejora del salario real de los trabajadores.
“La mejora del salario real de los trabajadores significa, no simplemente ajustar la inflación perdida, o poder adquisitivo perdido por la inflación en los últimos dos años para que las cosas se queden como están, implica también recoger el poder adquisitivo perdido por la inflación, pero también agregar poder adquisitivo”, detalló.
Convocatoria adelantada por inflación
Resaltó que la convocatoria del Comité Nacional de Salarios se hizo antes del tiempo límite que establece la ley, ya que antes se hacía cada dos años, aunque reconoció que el propio Código de Trabajo permite que después de un año de haberse cumplido la resolución de salarios, se convoque nuevamente si las condiciones lo requieren. “Y eso fue lo que sucedió este año”, añadió.
Argumentó que esa convocatoria se adelantó porque con la inflación producto de la guerra europea, todos los países del mundo han tenido efectos inflacionarios extraordinarios.
“Por eso, para no perder la mejora salarial que se produjo en 2021se hizo la convocatoria en el primer día laborable del 2023, que fue el 3 de enero”, añadió. Indicó que de enero a febrero se habían producido cinco reuniones, la sexta exactamente el Día Internacional de la Mujer.
Explicó que cuando se suma nominalmente el aumento del 2021 y en producido en 2023, en menos de 3 años el aumento sería alrededor de un 40%. Cuando se agrega esto a la inflación, el aumento real es considerable. Sin embargo, reconoce que aún persiste la brecha ente el salario mínimo y el precio de la canasta básica familiar.
Los pensionados ganan miseria
Al ser cuestionado por el bajo salario o monto que perciben los pensionados, respondió que uno de los principales problemas que tiene República Dominicana es la informalidad laboral y salarios bajos, al señalar que las pensiones de alguna manera son producto de las cotizaciones, y las cotizaciones, a su vez, se alimentan por la cantidad del salario nominal y por la formalidad laboral.
No obstante, recordó que el 3 de enero de 2022 el presidente Luis Abinader anunció un aumento de las pensiones públicas para que el mínimo sea de RD$10.000. “Es decir, era menos de eso, pero se dispuso que se fije en 10 mil pesos todas las que estaban por debajo de ese monto”, comentó.
Sin embargo, consideró que se debe seguir mejorando la cantidad de recursos a través de la formalización del empleo y mejores cotizaciones a la Seguridad Social, para que los trabajadores se retiren con mejores pensiones.
Indicó que, aunque no tiene el dato preciso, durante la administración de Luis Abinader se han entregado más de 70 mil pensiones, sobre todo pensiones solidarias y pensiones especiales.
No han llegado a la meta
El funcionario sostuvo que no obstante a la alta cantidad de nuevos pensionados, todavía no han superado la meta que se trazaron en esta materia. “La meta es reducir la informalidad, mejorar los salarios, aumentar el monto de las pensiones y la cantidad de personas que las reciben”, señaló.
De Camps aclaró que el Ministerio de Trabajo tiene bajo su competencia las relaciones laborales del sector privado, no así la del sector público. No obstante, reiteró que uno de los objetivos es lograr mejorar las pensiones y salarios en todos los sectores.
Sostuvo que para resolver el problema no se requiere de una reforma a la ley, sino un acuerdo tripartito. En este sentido, indicó que el Comité Nacional de Salarios tiene la competencia legal de crear la cantidad de salarios que entiendan los miembros de ese organismo, razón por la que los salarios sectorizados se han ido creando en diferentes etapas.
Gobierno quiere reducir cantidad de salarios mínimos
El ministro de Trabajo dijo, además, que el Comité Nacional de Salarios tiene la capacidad de reducir la cantidad de salarios mínimos, para lo que se requiere un proceso de diálogo y acuerdo con los sectores que lo conforman.
“El sector gubernamental entiende que la cantidad de salarios sectorizado debe ser reducida. Repito, parte de la propuesta que lanzamos a finales del año pasado de un pacto social por salarios dignos y trabajo decente, pueda incluir un programa de confluencia entre los salarios no sectorizados y algunos sectorizados, para que, de manera ordenada, podamos ir reduciendo la cantidad de salarios”, expuso.
Precisó que corresponde a los demás miembros del Comité Nacional de Salarios que forman el diálogo tripartito expresar su acuerdo o no con el criterio del Gobierno.
“Son demasiados salarios mínimos, eran 16 y con el trabajo doméstico subió a 17. Pero sucede que dentro de algunos de ellos, como el no sectorizado está dividido en cuatro según el tamaño de la empresa. El Turismo está divido en tres, el Construcción con más de 400 tipos de tarifas”, argumentó.
Subrayo que entre tarifas y salarios hay cerca de 500 salarios mínimos, siendo el de construcción el más complejo debido a que las tarifas se fijan de acuerdo a la función que realice el trabajador.
Por otra parte, el funcionario recalcó que en menos de tres años han logrado 18 aumentos salariales, todos de consenso, y señaló que cuando se analiza el comportamiento del empleo en lo que va de gobierno, se observa que en agosto de 2020, en medio de la pandemia cuando Abinader asumió el gobierno, había 400 mil trabajadores con contratos de trabajo suspendidos y otros habían perdido sus empleos.
Sin embargo, resaltó que ya en 2022 se había logrado, no solo recuperar los empleos perdidos y suspendidos, sino que se crearon 125 mil nuevos empleos formales en el sector privado. “Solamente en 2022 se crearon aproximadamente 89 empleos formales en el sector privado”, añadió.
Santo Domingo, R.D.-Los obispos de la Republica Dominicana en una eucaristía celebrada en la Catedral Primada de América dedicaron la misa de este domingo al pueblo de Venezuela, donde más de mil personas han fallecido a causa de dos terremotos.
Al iniciar la eucaristía, monseñor Piergiorgio Bertoldi hizo eco de las palabras del Santo Padre pronunciadas al finalizar el ángelus de este domingo, refiriéndose al reciente terremoto ocurrido en Venezuela: «Ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia».
Explicó que cuando esta convicción guía el actuar de los miembros de la Iglesia, los gobernantes y magistrados, “el derecho se convierte en amparo y garantía de todos”.
Al reflexionar sobre la defensa de la vida, señaló que “la grandeza moral de una nación no se mide por su crecimiento económico sino por su capacidad de proteger a los más débiles”.
Además, motivó a las autoridades públicas a ejercer un liderazgo que promueva el diálogo y que respete la conciencia y libertad religiosa de los ciudadanos, al afirmar que, la autonomía del Estado nunca “debe interpretarse como hostilidad” hacia la fe, puesto que “la conciencia cristiana es la que ha enseñado históricamente a nuestros pueblos que los pobres pertenecen plenamente a la comunidad y que la vida humana jamás puede ser tratada como una mercancía”.
La celebración eucarística fue transmitida por diversos medios de comunicación y contó con la participación de diplomáticos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos.
Desde el domingo 28 de junio hasta el viernes tres de julio los obispos están reunidos en Asamblea Plenaria. Es el conjunto de los obispos de la CED, quienes sostienen un encuentro anual para tratar una temática específica: elección de la nueva directiva, informar sobre las diócesis, conocer el trabajo de las comisiones, y temas varios de interés para la institución.
Santo Domingo, R.D.-Se ha reabierto en el pais la discusion sobre los límetes entre la proteccion del honor y la libertad de expresion ante la inminencia de la entrada en vigor en agosto de este año del nuevo Código Penal, cuyas disposiciones sobre injuria y difamación no solo actualizan figuras jurídicas existentes, sino que extienden su alcance al entorno digital, un aspecto que ha generado interrogantes entre juristas, periodistas y defensores de la libertad de prensa.
Entre quienes han analizado los cambios se encuentra el fiscal adscrito a la Procuraduría General de la República, Jonathan Pérez Fulcar, quien considera que la principal novedad de la Ley 74-25 radica en la ampliación de estas conductas al ciberespacio. Mientras la legislación anterior, sustentada principalmente en la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, estaba enfocada en medios tradicionales como la prensa escrita, la radio y la televisión, los artículos 208 al 212 del nuevo Código incluyen expresamente las redes sociales, plataformas de streaming, medios electrónicos y servicios de mensajería.
La reforma también incorpora nuevas figuras, entre ellas la denominada «difamación extorsiva» (artículo 209), que sanciona la utilización de imputaciones como mecanismo de presión. Asimismo, el artículo 212 contempla la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a personas jurídicas, una disposición que podría alcanzar a empresas y medios de comunicación, además de los individuos involucrados.
Uno de los aspectos que más debate ha generado es la forma en que estas disposiciones podrían afectar el trabajo periodístico, particularmente las investigaciones sobre asuntos de interés público.
Pérez Fulcar advierte que, bajo el nuevo esquema, podrían surgir controversias cuando una investigación publicada por un periodista sea objeto de cuestionamiento judicial. Según explica, la regulación sobre difamación no establece expresamente una excepción basada en la veracidad de la información ni condiciona su configuración a la existencia de mala fe, elementos que suelen formar parte de las discusiones sobre libertad de expresión en otras jurisdicciones.
La preocupación también se extiende a la valoración de las pruebas dentro de estos procesos. De acuerdo con el fiscal, en la práctica podría generarse un escenario en el que el comunicador deba demostrar la veracidad de lo publicado, lo que podría incrementar la carga procesal para quienes realizan investigaciones periodísticas.
La discusión no se limita a los medios de comunicación. Las disposiciones también alcanzan a los usuarios que participan diariamente en plataformas digitales.
El artículo 210 sanciona la injuria, entendida como una expresión ofensiva o despreciativa que no implique necesariamente la atribución de un hecho concreto. Sin embargo, la aplicación práctica de esta figura plantea desafíos relacionados con la interpretación de determinadas expresiones.
Para Pérez Fulcar, una de las dificultades radica en definir dónde termina la crítica legítima y dónde comienza una conducta sancionable. A modo de ejemplo, señala que una publicación en redes sociales podría ser interpretada de distintas maneras dependiendo del contexto y de la valoración realizada por los tribunales.
El debate también ha puesto sobre la mesa la relación entre las nuevas disposiciones y las garantías constitucionales sobre libertad de expresión.
El artículo 49 de la Constitución dominicana reconoce el derecho a expresar libremente pensamientos e informaciones, protege la libertad de prensa y prohíbe la censura previa. A partir de ese marco, diversos sectores han examinado cómo las nuevas figuras penales podrían interactuar con precedentes establecidos por el Tribunal Constitucional.
Pérez Fulcar cita tres decisiones que considera especialmente relevantes. La sentencia TC/0075/16 estableció que la prisión por difamación contra funcionarios públicos vulnera el núcleo esencial de la libertad de expresión; la TC/0437/16 reconoció que internet y las redes sociales merecen la misma protección constitucional que otros medios de comunicación; y la TC/0092/19 consideró desproporcionado imponer sanciones más severas únicamente por el uso de plataformas digitales.
A juicio del fiscal, algunos aspectos de la Ley 74-25 podrían generar futuras discusiones constitucionales debido a que reincorporan sanciones privativas de libertad y contemplan agravantes vinculadas a medios digitales.
La controversia refleja una tensión permanente entre dos derechos fundamentales. Quienes respaldan las nuevas disposiciones sostienen que el alcance de las redes sociales ha multiplicado la difusión de acusaciones falsas y ataques a la reputación, por lo que consideran necesario fortalecer los mecanismos de protección del honor.
Por otro lado, sectores vinculados a la libertad de prensa entienden que cualquier regulación debe evitar generar efectos que limiten la investigación periodística o el debate público sobre asuntos de interés colectivo.
Para Pérez Fulcar, más allá de la eventual decisión de los tribunales, una de las principales preocupaciones radica en los costos personales, económicos y profesionales que implica enfrentar una querella penal. En ese contexto, considera que el verdadero desafío será encontrar un equilibrio que permita proteger la reputación de las personas sin desalentar la circulación de informaciones de interés público.
La discusión, en definitiva, trasciende el ámbito penal. Lo que está en juego es cómo armonizar la defensa del honor con la libertad de expresión en una sociedad cada vez más digitalizada, donde la información circula con rapidez y donde las decisiones que adopten los tribunales podrían definir el alcance de ambos derechos durante los próximos años.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.