Nacionales
Gobierno busca cerrar brecha del salario mínimo y la canasta familiar.
Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, dijo este lunes que las autoridades del Gobierno han visto que existe una brecha importante entre el salario mínimo más alto, correspondiente al sector privado no sectorizado de las grandes empresas, y la canasta básica familiar más baja del primer quintil, razón por la que entiende que República Dominicana debe abocarse a un pacto social por salarios reales dignos y trabajo decente.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7:00 AM a 9:00 AM, por el canal 37, el funcionario reconoció que el salario mínimo históricamente ha estado por debajo del costo de la canasta básica familiar del primer quintil.
Asimismo, refirió que desde el año pasado vienen proponiendo un pacto social por salarios dignos y trabajo decente, que establezca un mecanismo periódico donde se pueda aumentar de forma sostenible y constante los sueldos mínimos de los ciudadanos. “Serían reajustes salariales preacordados, tal vez no exactamente porcentuales, pero sí en los criterios objetivos, que permita cerrar la brecha en un período de tiempo relativamente corto”, añadió.
El ministro de Trabajo dijo que también están proponiendo reducir la cantidad de salarios mínimos que existen en el sector privado de la economía nacional, ya que tal vez algunos de ellos en la actualidad no se justifican.
Destaca aumentos salariales
Luis Miguel de Camps destacó que en menos de tres años el gobierno que preside Luis Abinader ha producido 18 aumentos a salarios mínimos en las 17 tarifas salariales existentes.
“En estos dos años y medio hemos producido 18 aumentos salariales, es decir, se produjeron los aumentos de los 16 que había, la generación del 17 (el doméstico) y se volvió a incrementar el que ya se había aumentado en verano del 2021, que es el no sectorizado y que, a su vez, es el que implica la mayor cantidad de personas en el sector privado”, expuso.
El funcionario destacó que todos los aumentos salariales en la gestión de Abinader, que implican 1.1 millones de personas aproximadamente, se han hecho por encima de la inflación acumulada, ya que es una política del Gobierno la mejora del salario real de los trabajadores.
“La mejora del salario real de los trabajadores significa, no simplemente ajustar la inflación perdida, o poder adquisitivo perdido por la inflación en los últimos dos años para que las cosas se queden como están, implica también recoger el poder adquisitivo perdido por la inflación, pero también agregar poder adquisitivo”, detalló.
Convocatoria adelantada por inflación
Resaltó que la convocatoria del Comité Nacional de Salarios se hizo antes del tiempo límite que establece la ley, ya que antes se hacía cada dos años, aunque reconoció que el propio Código de Trabajo permite que después de un año de haberse cumplido la resolución de salarios, se convoque nuevamente si las condiciones lo requieren. “Y eso fue lo que sucedió este año”, añadió.
Argumentó que esa convocatoria se adelantó porque con la inflación producto de la guerra europea, todos los países del mundo han tenido efectos inflacionarios extraordinarios.
“Por eso, para no perder la mejora salarial que se produjo en 2021se hizo la convocatoria en el primer día laborable del 2023, que fue el 3 de enero”, añadió. Indicó que de enero a febrero se habían producido cinco reuniones, la sexta exactamente el Día Internacional de la Mujer.
Explicó que cuando se suma nominalmente el aumento del 2021 y en producido en 2023, en menos de 3 años el aumento sería alrededor de un 40%. Cuando se agrega esto a la inflación, el aumento real es considerable. Sin embargo, reconoce que aún persiste la brecha ente el salario mínimo y el precio de la canasta básica familiar.
Los pensionados ganan miseria
Al ser cuestionado por el bajo salario o monto que perciben los pensionados, respondió que uno de los principales problemas que tiene República Dominicana es la informalidad laboral y salarios bajos, al señalar que las pensiones de alguna manera son producto de las cotizaciones, y las cotizaciones, a su vez, se alimentan por la cantidad del salario nominal y por la formalidad laboral.
No obstante, recordó que el 3 de enero de 2022 el presidente Luis Abinader anunció un aumento de las pensiones públicas para que el mínimo sea de RD$10.000. “Es decir, era menos de eso, pero se dispuso que se fije en 10 mil pesos todas las que estaban por debajo de ese monto”, comentó.
Sin embargo, consideró que se debe seguir mejorando la cantidad de recursos a través de la formalización del empleo y mejores cotizaciones a la Seguridad Social, para que los trabajadores se retiren con mejores pensiones.
Indicó que, aunque no tiene el dato preciso, durante la administración de Luis Abinader se han entregado más de 70 mil pensiones, sobre todo pensiones solidarias y pensiones especiales.
No han llegado a la meta
El funcionario sostuvo que no obstante a la alta cantidad de nuevos pensionados, todavía no han superado la meta que se trazaron en esta materia. “La meta es reducir la informalidad, mejorar los salarios, aumentar el monto de las pensiones y la cantidad de personas que las reciben”, señaló.
De Camps aclaró que el Ministerio de Trabajo tiene bajo su competencia las relaciones laborales del sector privado, no así la del sector público. No obstante, reiteró que uno de los objetivos es lograr mejorar las pensiones y salarios en todos los sectores.
Sostuvo que para resolver el problema no se requiere de una reforma a la ley, sino un acuerdo tripartito. En este sentido, indicó que el Comité Nacional de Salarios tiene la competencia legal de crear la cantidad de salarios que entiendan los miembros de ese organismo, razón por la que los salarios sectorizados se han ido creando en diferentes etapas.
Gobierno quiere reducir cantidad de salarios mínimos
El ministro de Trabajo dijo, además, que el Comité Nacional de Salarios tiene la capacidad de reducir la cantidad de salarios mínimos, para lo que se requiere un proceso de diálogo y acuerdo con los sectores que lo conforman.
“El sector gubernamental entiende que la cantidad de salarios sectorizado debe ser reducida. Repito, parte de la propuesta que lanzamos a finales del año pasado de un pacto social por salarios dignos y trabajo decente, pueda incluir un programa de confluencia entre los salarios no sectorizados y algunos sectorizados, para que, de manera ordenada, podamos ir reduciendo la cantidad de salarios”, expuso.
Precisó que corresponde a los demás miembros del Comité Nacional de Salarios que forman el diálogo tripartito expresar su acuerdo o no con el criterio del Gobierno.
“Son demasiados salarios mínimos, eran 16 y con el trabajo doméstico subió a 17. Pero sucede que dentro de algunos de ellos, como el no sectorizado está dividido en cuatro según el tamaño de la empresa. El Turismo está divido en tres, el Construcción con más de 400 tipos de tarifas”, argumentó.
Subrayo que entre tarifas y salarios hay cerca de 500 salarios mínimos, siendo el de construcción el más complejo debido a que las tarifas se fijan de acuerdo a la función que realice el trabajador.
Por otra parte, el funcionario recalcó que en menos de tres años han logrado 18 aumentos salariales, todos de consenso, y señaló que cuando se analiza el comportamiento del empleo en lo que va de gobierno, se observa que en agosto de 2020, en medio de la pandemia cuando Abinader asumió el gobierno, había 400 mil trabajadores con contratos de trabajo suspendidos y otros habían perdido sus empleos.
Sin embargo, resaltó que ya en 2022 se había logrado, no solo recuperar los empleos perdidos y suspendidos, sino que se crearon 125 mil nuevos empleos formales en el sector privado. “Solamente en 2022 se crearon aproximadamente 89 empleos formales en el sector privado”, añadió.
Nacionales
Abinader llama a personas con órdenes de arresto a entregarse y advierte que serán perseguidas
Por redacción
Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader exhortó este lunes a las personas que tienen órdenes de arresto pendientes a entregarse ante las autoridades y aseguró que los organismos de seguridad continuarán su búsqueda para evitar la comisión de nuevos hechos delictivos.
El mandatario hizo el planteamiento durante LA Agenda Semanal, encuentro encabezado por el Gobierno y dedicado en esta ocasión a las acciones implementadas frente a la criminalidad y la seguridad ciudadana.
“A esos que tienen órdenes de arresto, que se entreguen, porque si no, se van a ir a buscar antes de que cometan otro crimen”, declaró Abinader durante su intervención.
El jefe de Estado manifestó que las autoridades no pretenden esperar a que una persona requerida judicialmente vuelva a involucrarse en un hecho violento para ejecutar una orden de captura.
Gobierno reforzará búsqueda de personas requeridas
Abinader explicó que las autoridades cuentan con registros de personas sobre las cuales pesan una o varias órdenes de arresto y sostuvo que la Policía Nacional mantendrá activa su localización.
Según señaló, algunos de los individuos requeridos acumulan varias órdenes pendientes y continúan circulando libremente.
El mandatario afirmó que el objetivo de las autoridades es actuar de forma preventiva y reducir la posibilidad de que personas vinculadas previamente a hechos delictivos vuelvan a afectar a ciudadanos.
La Presidencia informó por separado que Abinader reafirmó que quienes cometan actos criminales serán perseguidos y capturados mediante el fortalecimiento de la capacidad tecnológica y operativa de las instituciones de seguridad.
Cuestiona exhibición de armas en redes sociales
Durante su exposición, Abinader también manifestó preocupación por personas requeridas por las autoridades que aparecen en plataformas digitales exhibiendo armas de fuego o realizando disparos.
El gobernante sostuvo que este tipo de comportamiento constituye, desde su perspectiva, un desafío a la autoridad que no debe ser tolerado.
Mientras realizaba esas declaraciones, golpeó la mesa con la mano para enfatizar su posición.
Según el mandatario, las propias publicaciones en redes sociales pueden convertirse en un elemento utilizado por las autoridades para localizar a personas buscadas.
Policía también exhorta a entregarse
Las declaraciones presidenciales se producen el mismo día en que el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, exhortó a quienes tengan asuntos pendientes con la justicia a entregarse voluntariamente.
Rodríguez García afirmó que las personas que no lo hagan continuarán siendo perseguidas por los agentes y aseguró que existe una lista de individuos requeridos desde hace años por diferentes hechos.
La Policía informó además que 85 personas se entregaron voluntariamente durante septiembre, según declaraciones de su director.
Debate por actuaciones policiales
El pronunciamiento de las autoridades coincide con un período de cuestionamientos sobre las muertes ocurridas durante actuaciones policiales reportadas oficialmente como intercambios de disparos.
Un recuento publicado este 28 de septiembre registra 37 personas fallecidas durante septiembre en hechos de ese tipo. La Policía ha informado en diferentes casos que los fallecidos eran buscados por órdenes judiciales, denuncias o presunta vinculación con delitos.
El tema también ha provocado llamados de distintos sectores para que las actuaciones policiales se mantengan dentro del debido proceso y del respeto a los derechos fundamentales.
Abinader, por su parte, sostuvo durante LA Agenda Semanal que la seguridad ciudadana continúa siendo una preocupación del Gobierno y aseguró que las autoridades seguirán adoptando acciones destinadas a enfrentar la criminalidad.
Por redacción
Santo Domingo.– El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, hizo este lunes un llamado a los médicos a no facilitar sus códigos profesionales para la facturación o tramitación de servicios de salud, al señalar que esa práctica puede comprometerlos penalmente.
La advertencia fue formulada tras conocerse las medidas de coerción impuestas por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, contra los imputados en el denominado caso SeNaSa 2.0, investigación vinculada a presuntas irregularidades en perjuicio del Seguro Nacional de Salud y de sus afiliados.
Camacho sostuvo que el proceso debe servir de experiencia para el sector médico y consideró necesario promover una campaña preventiva que oriente a los profesionales sobre las consecuencias de ceder sus credenciales a terceros.
“Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal”, manifestó el funcionario, quien afirmó que 22 médicos fueron procesados dentro de esta etapa de la investigación.
Según explicó, el Ministerio Público entiende que el uso de códigos profesionales cedidos a terceros constituye uno de los elementos que deben ser tomados en cuenta para evitar que otros médicos puedan verse involucrados en investigaciones similares.
Investigación continuará
Camacho también dejó establecido que las medidas de coerción conocidas por el tribunal no significan el cierre de las pesquisas relacionadas con SeNaSa.
El titular de Persecución consideró razonable la decisión adoptada por el juez y afirmó que, desde la perspectiva del Ministerio Público, el fallo reconoce la investigación presentada ante el tribunal.
No obstante, señaló que las indagatorias seguirán abiertas.
“La investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta investigación, y vamos a ir por más”, declaró Camacho.
Ocho imputados cumplirán prisión preventiva
El juez Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho de los procesados.
Los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Mientras, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
Arresto domiciliario para otros procesados
El tribunal dispuso arresto domiciliario para las exempleadas de SeNaSa Heidy Coronado Paulino y Lucreisy Polanco Núñez, así como para los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo y Víctor Felipe Rodríguez García.
A otro grupo de imputados se les impuso, además del arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantías económicas.
Para Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Keila Beatriz Acosta Leonardo, la garantía económica fue fijada en RD$2 millones, a través de una compañía aseguradora.
En el caso de Martha María Saldaña, el tribunal estableció una garantía económica de RD$3 millones, además de arresto domiciliario e impedimento de salida del territorio nacional.
Garantías de un millón de pesos
El juez también impuso garantía económica de RD$1 millón a los médicos José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocairis Antonia Méndez Beltré.
Estos imputados deberán, además, cumplir con presentación periódica e impedimento de salida del país.
El tribunal concedió un plazo de siete días para hacer efectivas las garantías económicas. De no cumplir con ese requisito, los afectados podrían ser trasladados a los centros penitenciarios correspondientes, conforme a la decisión judicial.
Ministerio Público atribuye varios delitos
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público vincula a los procesados de la denominada Operación Cobra 2.0-A con presuntos delitos de asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología, acceso ilícito, utilización indebida de códigos y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
El órgano acusador sostiene que la investigación guarda relación con supuestas maniobras fraudulentas vinculadas a servicios y autorizaciones médicas en el Seguro Nacional de Salud.
El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados y pidió, además, que el expediente fuera declarado de tramitación compleja.
Durante la audiencia, los fiscales presentaron numerosos elementos de prueba para sustentar sus imputaciones.
Los arrestos fueron realizados durante allanamientos ejecutados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Caso fue declarado complejo
Además de decidir sobre las medidas de coerción, el juez Rigoberto Sena declaró el proceso de tramitación compleja, lo que permitirá que la investigación continúe bajo las reglas procesales previstas para expedientes que involucran múltiples imputados, hechos y elementos probatorios.
El Ministerio Público ha señalado que esta investigación forma parte de una nueva etapa de las pesquisas relacionadas con las presuntas irregularidades cometidas en el Seguro Nacional de Salud.
Nacionales
Rodríguez García pone la persecución de prófugos entre las prioridades de la Policía Nacional
El director policial afirma que busca cambiar la percepción de inseguridad y sostiene que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia deben entregarse; insiste en que la actuación policial debe respetar los derechos ciudadanos
Por Alberto Rodríguez
SANTO DOMINGO.– El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, colocó la persecución de personas prófugas entre las prioridades de su gestión y aseguró que la institución intensificará las acciones para localizar a quienes tienen órdenes de arresto pendientes por homicidios, robos, agresiones y otros hechos delictivos.
Rodríguez García sostuvo este lunes que procura revertir una realidad que, a su juicio, afecta la tranquilidad de la población: que sean los ciudadanos quienes sientan temor frente a la delincuencia. Su planteamiento es que la autoridad debe garantizar condiciones para que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas con mayor seguridad. El Día
El mayor general asumió la Dirección General de la Policía Nacional en agosto pasado y durante sus primeras semanas ha desarrollado recorridos, cambios operativos y encuentros con diferentes estructuras de la institución. La Policía ha presentado esa agenda como parte de un esfuerzo dirigido a fortalecer su presencia territorial, supervisión y capacidad de respuesta. Policía Nacional Dominicana
Una lista de prófugos bajo seguimiento
Durante sus declaraciones, Rodríguez García reveló que mantiene en su despacho una relación de personas que llevan años prófugas de la justicia y aseguró que el personal policial tiene instrucciones de trabajar en su localización.
Según explicó, entre los buscados figuran personas señaladas por homicidios, robos y agresiones, incluyendo hechos cometidos contra menores y otras personas vulnerables.
La propia Policía Nacional mantiene públicamente un listado de prófugos buscados por las autoridades, que incluye personas requeridas por distintos procesos. Policía Nacional Dominicana
El director policial exhortó a quienes tengan órdenes de arresto pendientes a entregarse voluntariamente y aseguró que serán recibidos y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.
Actuación policial y derechos humanos
Las declaraciones se producen en momentos en que las actuaciones de agentes durante determinados operativos han provocado cuestionamientos, particularmente en casos reportados como intercambios de disparos.
Interrogado sobre esas críticas, Rodríguez García defendió el derecho de los policías a proteger sus vidas cuando sean atacados, pero afirmó al mismo tiempo que la institución debe actuar respetando los derechos humanos. El Día
Esa posición coincide con orientaciones ofrecidas recientemente por el propio director a miembros de la Dirección Regional Noreste, donde pidió a los agentes preservar vidas, actuar con prudencia y mantener un trato digno hacia la ciudadanía, sin renunciar a la firmeza frente al delito. También insistió en que el uso de la fuerza debe ajustarse a la Constitución, las leyes y los protocolos establecidos. Policía Nacional Dominicana
Agentes suspendidos por incidente en Villa Vásquez
Rodríguez García se refirió además a un video divulgado sobre una intervención policial en Villa Vásquez, en el que se observa a un hombre detenerse y levantar las manos durante una actuación de agentes.
El director informó que los policías involucrados fueron suspendidos y que el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, órgano al que corresponde establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con el hecho. El Día
El jefe policial señaló que cualquier ciudadano que considere haber sido víctima de una actuación irregular de agentes puede recurrir al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.
Seguridad sin apartarse de la legalidad
El discurso de Rodríguez García plantea dos líneas que deberán coexistir durante su gestión: incrementar la capacidad de persecución contra personas requeridas por la justicia y, simultáneamente, procurar que las intervenciones policiales se mantengan dentro de los límites legales.
La institución atraviesa además un proceso de reforma que incluye cambios en formación, tecnología y despliegue territorial. El Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial informó el 24 de septiembre que se han incorporado 11,001 nuevos agentes, instalado más de 8,000 cámaras corporales y ampliado de tres meses a un año el período de formación de los nuevos policías. Policía Nacional Dominicana
El desafío será que el fortalecimiento operativo produzca mayor seguridad ciudadana sin debilitar las garantías que corresponden a toda persona sometida a una investigación o persecución penal.
La persecución del delito y el respeto al debido proceso no constituyen objetivos incompatibles: forman parte de las responsabilidades que debe asumir una institución policial en un Estado de derecho.
Rodríguez García reiteró que la función de la Policía es proteger a la sociedad, preservar la paz y llevar ante las autoridades competentes a quienes tengan cuentas pendientes con la justicia.