Nacionales
Muchas quejas de vecinos de la Ciudad Colonial por ruido.
Santo Domingo.- La Ciudad Colonial es beneficiaria de de ciclo de charlas sobre contaminación sónica que realiza la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales bajo la coordinación de comunitarios del referido sector.
La presencia del procurador titular Francisco Contreras y otras dos procuradoras permitió expresarles sus quejas por el ruido que arrebata su tranquilidad en la Ciudad Colonial.
Raquel Casares, presidenta de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Colonial (Aprecc), convidó a sus vecinos a asistir a la charla para juntos encontrar una solución al problema que los aqueja.
“No estamos en contra de los negocios de la Zona Colonial, pero entendemos que todos debemos llegar a un punto de equilibrio donde ambos podamos realizar nuestras actividades sin afectar la paz de los residentes”, expresó.
El fiscal Contreras, que junto a las procuradoras Carmen Núñez y Sonia Vargas, disertó por casi dos horas sobre aspectos generales de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 90-19 referente a la contaminación ambiental y sónica, pero luego se encontró con un aluvión de quejas y preguntas de los asistentes, quienes expresaron su larga lucha contra vecinos y propietarios de negocios que alteran su paz y la inoperancia de las autoridades llamadas a hacer cumplir lo que indica la legislación dominicana sobre altos decibeles.
Formalizar denucias
Al escuchar las quejas, los fiscales invitaron a los vecinos a formalizar sus denuncias ante la Procuraduría de Medio Ambiente.
Igualmente, Contreras admitió que muchos de los casos de contaminación sónica pueden ser resueltos en una acción conjunta con otras instituciones, para regular, en el caso de la Alcaldía, de a qué tipo de negocios se le permite establecerse en una zona específica y del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Servicio de Tránsito Terrestre (Digesett) sobre la circulación de vehículos con grandes bocinas, “la ley no prohíbe comprar bocinas, solo establece cuando los decibeles son inadecuados”.
En la actividad también estuvo presente una representante de la Alcaldía del Distrito Nacional, entidad que, según el colectivo Vecinos Contra el Ruido, coordinado por Andiel Galván, ha dejado solos a los capitalinos con este problema al otorgar permisos a empresarios para que establezcan negocios en lugares incompatibles con la sana convivencia de las familias.
Diana Martínez, directora de Patrimonio Cultural e Inmueble del Centro Histórico de Santo Domingo de la Alcaldía, expresó que está consciente de los problemas del ruido en la Ciudad Colonial y que en lo adelante la Alcaldía se aboca a realizar un levantamiento de los lugares más afectados por la contaminación sónica.
“El problema de algunos negocios es que solicitan un permiso para montar un restaurante y luego terminan montando una discoteca, la gente no respeta la normativa y se debe notificar”, expresó.
Mapa de ruido
En la actividad llevada a cabo en el edificio Saviñón de la Ciudad Colonial hizo uso de la palabra el profesor investigador de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (Unphu), Moisés Alvárez, quien presentó un proyecto que consiste en la creación de un mapa de ruido a través de la medición de los decibeles con aplicaciones gratuitas de internet. La finalidad es que cualquier ciudadano pueda cooperar con la creación de una base de datos y enviarle reportes de alto nivel de ruido a la Procuraduría de Medio Ambiente en tiempo real.
«Los resultados permitirán ver cuáles son los puntos más importantes en la zona y tomar las medidas de lugar», expresó.
Sobre esta propuesta, el fiscal Contreras indicó que de implementarse, ayudaría bastante con esta problemática ya que por cada denuncia de alto volumen, los técnicos de la Procuraduría deben trasladarse para medir los decibeles y en ocasiones, al llegar al lugar de los hechos, los infractores ya han bajado el volumen de sus radios, por ejemplo.
Nacionales
Senado aprueba ley de liberación de impuestos la importación de cámaras para sistemas de seguridad
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobada en primera lectura en el Senado un proyecto de ley que libera de impuestos la importación de cámaras digitales utilizadas en los sistemas de seguridad del país para combatir la delincuencia.
La pieza, que contó con 22 votos a favor y uno en contra, busca exonerar durante 10 años, partiendo de su promulgación, los pagos tributarios que deben realizar quienes importen cámaras grabadoras destinadas a contribuir con la seguridad y protección.
De acuerdo a los considerando presentados en el documento, los sistemas de videovigilancia son una de las herramientas «preventivas y disuasorias» que aportan a la lucha contra la inseguridad.
Las residencias, empresas, propiedades campestres, condominios, colmados, supermercados, hoteles, bares, restaurantes, escuelas, colegios, clínicas, hospitales y otros sectores relacionados son quienes serán exentos, a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), de los pagos tributarios requeridos en la adquisición de este tipo de videocámaras.
TIPOS DE CÁMARAS
La pieza legislativa delibera las cámaras tipo balas, domos, box y “PTZ”, que se pueden instalar en ambos ambientes, interior y exterior, para grabaciones de video de 720p, 1080p y 4K.
Además, los videograbadores con capacidad de grabación y audio no mayor de 32 canales con entradas tipo analógico, digital y de red (IP).
Esta ley modificaría el capítulo 85 de la Ley 146-00 sobre Reforma Arancelaria y Compensación Fiscal, que hace referencia a las cámaras digitales de seguridad y sus componentes.
Asimismo, reformará cualquier otra disposición legal que le sea contraria a este proyecto de ley, según lo dicta el quinto artículo denominado “Modificación”.
El 16 de julio del año 2012, el Congreso de la República Dominicana creó la Ley 171-12, que tuvo como objeto facilitar la adquisición de cámaras de videovigilancia, a través de la exoneración del pago de todo tipo de impuestos de importación, por un periodo de 10 años.
Este plazo finalizó en 2022 y género en consecuencia que estos equipos tecnológicos no sean beneficiados, en la actualidad, con ningún incentivo fiscal.
Santo Domingo, R.D.-Tres millones de pesos habría pagado Daneri Antonia Pérez Espinal habría para que le dieran muerte a su esposo, según lo informo el Ministerio Publico.
Así lo establece el expediente acusatorio instrumentado por el Ministerio Público en contra de la señora, imputada por la muerte a tiros de Julio César Rodríguez Paula, de 68 años de edad, durante un hecho ocurrido el 18 de septiembre del año 2020. La mujer pasó de víctima a cómplice del crimen el mes pasado cuando apresada en el Palacio de Justicia de Santiago donde se conoce el caso, luego de que el Minsterio Público, durante la investigación, descubriera que la presunta implicación de la señora en la muerte de su esposo.
El dispositivo indica que la señora, de 68 años, descubrió el adulterio luego de darle seguimiento a su esposo durante varios días.
Relata que, tras comprobar la relación extramarital de su pareja sentimental, la imputada Daneri Antonia Pérez Espinal instruyó a su sobrino, Fabricio Antonio Báez Pérez, para darle muerte a Rodríguez Paula.
El expediente indica que la señora le proporcionó a su pariente los medios económicos para materializar la acción criminal.
Depositó tres millones de pesos
El Ministerio Público señala que Pérez Espinal depositó en una cuenta de banco de su familiar tres millones doscientos treinta mil pesos.
De dicho monto, Fabricio le habría pagado RD$250 mil a Joan Giancarlos Acosta, conocido como «Café», para cometer el hecho.
Las autoridades identificaron al presunto pistolero al darle seguimiento, mediante las cámaras de seguridad que están instaladas en los alrededores de la escena del crimen, en Tamboril, hasta la zona Sur de Santiago, lugar donde se dirigió después del ataque a tiros.
Apresamiento de la acusada
El arresto de Daneri Antonia Pérez Espinal se produjo el 11 de abril pasado al salir del Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, donde era presentado el presunto sicario que mató a su esposo. Varios días después, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente dispuso en su contra arresto domiciliario.
Mientras que Fabricio Antonio Pérez cumple prisión preventiva por el caso.
Pruebas del Ministerio Público
El Ministerio Público asegura que cuenta con suficientes pruebas documentales y testimoniales que comprometen penalmente a los tres imputados.
En el documento acusatorio señala que tienen el comprobante del depósito millonario que hizo Daneri Antonia Pérez Espinal a su familiar.
Además, cuenta con las declaraciones del sobrino en que supuestamente confiesa la participación de cada uno de los tres procesados.
A «Café» le ocuparon una motocicleta marca Gato, modelo CG-200, chasis LRPRPLV04KA201035, color rojo, la cual utilizó para desplazarse cuando alegadamente ejecutó el acto.
Calificación jurídicaEl Ministerio Publico otorgó la calificación jurídica provisional por violación de los tipos penales descritos en los artículos 265, 266,295, 296, 297 y 302 del Código Penal, consistente en asociación de malhechores y asesinato en perjuicio de la víctima Julio César Rodríguez Paula.
El hecho
El hoy fallecido Julio César Rodríguez Paula y su esposa fueron atacados a tiros por un hombre desde una motocicleta, cuando la pareja viajaba a bordo de una yipeta Honda CRV, blanca, por la calle Palmar de Canca La Piedra, en el municipio Tamboril, de la provincia Santiago. La hoy imputada resultó herida de bala durante el ataque.
Santo Domingo, R.D.-Una supuesta red criminal que se dedicaba a ingresar al país a través de la franja norte de la frontera a haitianos que pagaban entre 8 y 17 mil pesos para esos fines fue desmantelada en Santiago por las autoridades.
Así lo establece la acusación presentada en contra de nueve personas vinculadas a la alegada estructura, integrada por José Andrés Cabrera Francisco (Jairo), Enmanuel Jiménez González (Jhon Manuel), Carlos Bladimir Cuevas Peña (Carlos Pistola), Ricardo Francisco Martínez González (Ricardito), Freddy Esmeraldo Gómez, Ramona Salvadora Tapia Flores, Jeffrey Alberto Felipe Acevedo, Olga Acevedo Capellán, y Griselvis Miguelina Parra Hernández.
Contra el grupo la fiscalía y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas solicita a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago que imponga prisión preventiva y que declare de tramitación compleja el proceso.
El órgano acusador establece que esta organización transnacional traficaba, especialmente con ciudadanos haitianos, para lo cual utilizaban las vías terrestres a través de la frontera Norte del país con la vecina nación.
Apresan en República Dominicana a miembro de una de las bandas más peligrosas de Haití
Indica que asentaban a los indocumentados en diferentes puntos de la provincia Santiago.
Durante la investigación las autoridades identificaron la ruta que la red utilizaba para emplearse en el trasiego de personas en condición de irregularidad.
Detalla, la solicitud de medidas de coerción, que la organización empleaba distintas maniobras para cruzar, vía terrestre, desde Haití hasta Dajabón, a personas indocumentadas. Indica que, más tarde, trasladaban a estos indocumentados hasta Valverde y sus diferentes distritos «para luego continuar hacia el municipio de Navarrete, en Santiago, siendo recibidos los extranjeros en condición migratoria irregular, por la estructura, para luego sus integrantes encargarse de colocarlos en sus centros de acopios, tales como: casas, cuarterías y terrenos baldíos».
Contra Cuevas Peña se presentaron cargos por violentar los artículos 2, 47, letras C, D, E y H, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; artículo 2, numeral 11; 3, letras A, B y C, de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.