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Muchas quejas de vecinos de la Ciudad Colonial por ruido.
Santo Domingo.- La Ciudad Colonial es beneficiaria de de ciclo de charlas sobre contaminación sónica que realiza la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales bajo la coordinación de comunitarios del referido sector.
La presencia del procurador titular Francisco Contreras y otras dos procuradoras permitió expresarles sus quejas por el ruido que arrebata su tranquilidad en la Ciudad Colonial.
Raquel Casares, presidenta de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Colonial (Aprecc), convidó a sus vecinos a asistir a la charla para juntos encontrar una solución al problema que los aqueja.
“No estamos en contra de los negocios de la Zona Colonial, pero entendemos que todos debemos llegar a un punto de equilibrio donde ambos podamos realizar nuestras actividades sin afectar la paz de los residentes”, expresó.
El fiscal Contreras, que junto a las procuradoras Carmen Núñez y Sonia Vargas, disertó por casi dos horas sobre aspectos generales de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 90-19 referente a la contaminación ambiental y sónica, pero luego se encontró con un aluvión de quejas y preguntas de los asistentes, quienes expresaron su larga lucha contra vecinos y propietarios de negocios que alteran su paz y la inoperancia de las autoridades llamadas a hacer cumplir lo que indica la legislación dominicana sobre altos decibeles.
Formalizar denucias
Al escuchar las quejas, los fiscales invitaron a los vecinos a formalizar sus denuncias ante la Procuraduría de Medio Ambiente.
Igualmente, Contreras admitió que muchos de los casos de contaminación sónica pueden ser resueltos en una acción conjunta con otras instituciones, para regular, en el caso de la Alcaldía, de a qué tipo de negocios se le permite establecerse en una zona específica y del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Servicio de Tránsito Terrestre (Digesett) sobre la circulación de vehículos con grandes bocinas, “la ley no prohíbe comprar bocinas, solo establece cuando los decibeles son inadecuados”.
En la actividad también estuvo presente una representante de la Alcaldía del Distrito Nacional, entidad que, según el colectivo Vecinos Contra el Ruido, coordinado por Andiel Galván, ha dejado solos a los capitalinos con este problema al otorgar permisos a empresarios para que establezcan negocios en lugares incompatibles con la sana convivencia de las familias.
Diana Martínez, directora de Patrimonio Cultural e Inmueble del Centro Histórico de Santo Domingo de la Alcaldía, expresó que está consciente de los problemas del ruido en la Ciudad Colonial y que en lo adelante la Alcaldía se aboca a realizar un levantamiento de los lugares más afectados por la contaminación sónica.
“El problema de algunos negocios es que solicitan un permiso para montar un restaurante y luego terminan montando una discoteca, la gente no respeta la normativa y se debe notificar”, expresó.
Mapa de ruido
En la actividad llevada a cabo en el edificio Saviñón de la Ciudad Colonial hizo uso de la palabra el profesor investigador de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (Unphu), Moisés Alvárez, quien presentó un proyecto que consiste en la creación de un mapa de ruido a través de la medición de los decibeles con aplicaciones gratuitas de internet. La finalidad es que cualquier ciudadano pueda cooperar con la creación de una base de datos y enviarle reportes de alto nivel de ruido a la Procuraduría de Medio Ambiente en tiempo real.
«Los resultados permitirán ver cuáles son los puntos más importantes en la zona y tomar las medidas de lugar», expresó.
Sobre esta propuesta, el fiscal Contreras indicó que de implementarse, ayudaría bastante con esta problemática ya que por cada denuncia de alto volumen, los técnicos de la Procuraduría deben trasladarse para medir los decibeles y en ocasiones, al llegar al lugar de los hechos, los infractores ya han bajado el volumen de sus radios, por ejemplo.
SANTO DOMINGO.- Parte de los imputados en el sonado caso SENASA han admitido ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional su participación en una supuesta trama para desfalcar a esa institución con miles de millones de pesos.
Durante la primera audiencia de medida de coerción, los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo señalaron a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución, como el cabecilla del presunto entramado, lo que complica la situación legal del exfuncionario.
El abogado Martín Rubiera, representante de otra imputada, confirmó que “ellos han manifestado todos lo mismo: que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado. De 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que han confesado parte de la acusación y han manifestado una participación en la que afecta bastantemente a Hazim”.
De su lado, Surun Hernández, abogado de Read Estrella, dijo su defendido declaró ante el tribunal haber entregado mil millones de pesos a Hazim.
Según el Ministerio Público, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, Read Estrella recibió pagos que ascienden a más de RD$7,110 millones por contratos y adendas con SENASA.
Surun Hernández calificó el entramado como un “hecho de lesa humanidad cruel” y aseguró que el proceso cuenta con “abundancia de elementos probatorios, como pagos, transferencias y actuaciones de lavado de activos debidamente comprobadas».
ABOGADOS DE HAZIM SOLICITAN HABLAR DE ULTIMO
Tras los señalamientos directos que vinculan a Hazim con la recepción de sobornos, uno de sus abogados dijo que la defensa solicitó hablar de último ante el juez.
“La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado ‘el gordo’ eran que recibían sobornos,” declaró el abogado Marcos Valentín Contreras, uno de los abogados del exfuncionario.
Durante la audiencia, el Ministerio Público identificó a José Pablo Ortiz Giráldez (el Gordo) como la “mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a las empresas contratistas de SeNaSa.
HAZIM TENDRA SU TURNO ESTE VIERNES
Hazim tendrá este viernes su turno para defenderse ante el tribunal.
«Nosotros vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonado en otro expediente e involucrada en este caso, y eso obviamente tendremos que discutirlo», manifestó Miguel Valerio, otro de los abogados del exfuncionario.
Dijo que se demostró ante el tribunal que su cliente no guarda ninguna relación con Rafael Domínguez Hazim, otro de los implicados.
«A los empresarios los extorsionaron, pero ellos continuaron trabajando con Senasa. Esa es la extorsión más rara, porque al que extorsionan tienen que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca; incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Lo que nadie puede decir ahí es que el señor Hazim recibió ningún pago indebido», declaró.
jt-am
Santo Domingo, R.D.-La esposa del movimiento Ola, que apoyo durante la campaña electoral a Luis Abinader, Heidi Mariela Pineda Perdomo, ha sido vinculada al caso SENASA, aunque el Ministerio Público establece que la persona que controlaba la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L era Manuel Enrique Ovalle Tapia, “conocido dentro de la organización por su activa participación y aportes económicos.
El órgano persecutor sostiene que a través de esta empresa Ovalle Tapia compró un reloj marca Rolex Daytona, valorado en USD$83,000.00, destinado al imputado Santiago Hazim.
Su esposa, Heidi Mariela Pineda Perdomo, admitió la noche del jueves su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En el expediente de solicitud de medida de coerción a los implicados en este caso, se dice que su programa fue incorporado, a través del programa “Senasa Cuida de Ti”, en el que se le ofrecería complementos nutricionales para niños de 5 a 15 años y adultos en edad de 35 a 64 años.
Este programa “Nutrisalud” tenía un alcance de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495.00. El mismo terminó ofreciendo servicios, supuestamente, a un total de 350,545 afiliados de diferentes regímenes.
El Ministerio Público establece que la empresa firmó el contrato con Senasa el 22 de julio de 2021. Este se firmó bajo la prestación farmacéutica para los servicios de emergencia, atención primaria. Esta empresa no contaba con licencia de servicio de consultoría de primer nivel de atención, además de que recibió del Ministerio de Salud Pública el “Certificado De Registro de Distribuidora”, un mes antes de la firma con Senasa.
De acuerdo al expediente a Falvorheart Food Parts S.R.L., se le pagó un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), indicó en sus informes que el producto nutricional suministrado era importado desde Europa, sin evidencia completa de registro sanitario nacional y que no existen estudios o evaluaciones que midan los resultados e impacto del programa, lo que impide comprobar su efectividad sobre la salud de los afiliados.
A esta empresa también Senasa le pagó la suma de RD$3,307,577.06, “bajo el concepto de «NO DEFINIDO», lo que sugiere que dichos pagos no fueron vinculados a ningún régimen”.
Santo Domingo, R.D.-Casi diez horas no fueron suficientes para que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, pudiera concluir este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó en el seguro estatal de salud para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.
El magistrado recesó la audiencia y convocó para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando continuarán las exposiciones de las defensas y posteriormente la réplica del Ministerio Público.
La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados (sin revelar sus nombres) admitieron su participación y han colaborado con el Ministerio Público.
Dijo que el monto de los supuestos sobornos pagados asciende a unos 2,000 millones de pesos.
Ortiz, en representación del Ministerio Público, informó que la acusación presentada este jueves incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas pruebas periciales.
Aseguró que existen múltiples razones para que el caso sea declarado complejo. «Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que cubre a más de siete millones de dominicanos» señaló.
De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que en la audiencia se hicieron «pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que, en dado caso, eran coautores o autores de soborno».
Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía.
«Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente, y que eso deberá discutir», dijo.
Agregó que Hazim aclaró en la audiencia que el imputado Martínez Hazim no es su familiar.
«Eso era importante porque se utilizó ese argumento para insinuar que había colocado a un sobrino en la institución, y no existe ningún vínculo familiar», indicó.
La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.
Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.