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Muchas quejas de vecinos de la Ciudad Colonial por ruido.
Santo Domingo.- La Ciudad Colonial es beneficiaria de de ciclo de charlas sobre contaminación sónica que realiza la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales bajo la coordinación de comunitarios del referido sector.
La presencia del procurador titular Francisco Contreras y otras dos procuradoras permitió expresarles sus quejas por el ruido que arrebata su tranquilidad en la Ciudad Colonial.
Raquel Casares, presidenta de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Colonial (Aprecc), convidó a sus vecinos a asistir a la charla para juntos encontrar una solución al problema que los aqueja.
“No estamos en contra de los negocios de la Zona Colonial, pero entendemos que todos debemos llegar a un punto de equilibrio donde ambos podamos realizar nuestras actividades sin afectar la paz de los residentes”, expresó.
El fiscal Contreras, que junto a las procuradoras Carmen Núñez y Sonia Vargas, disertó por casi dos horas sobre aspectos generales de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 90-19 referente a la contaminación ambiental y sónica, pero luego se encontró con un aluvión de quejas y preguntas de los asistentes, quienes expresaron su larga lucha contra vecinos y propietarios de negocios que alteran su paz y la inoperancia de las autoridades llamadas a hacer cumplir lo que indica la legislación dominicana sobre altos decibeles.
Formalizar denucias
Al escuchar las quejas, los fiscales invitaron a los vecinos a formalizar sus denuncias ante la Procuraduría de Medio Ambiente.
Igualmente, Contreras admitió que muchos de los casos de contaminación sónica pueden ser resueltos en una acción conjunta con otras instituciones, para regular, en el caso de la Alcaldía, de a qué tipo de negocios se le permite establecerse en una zona específica y del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Servicio de Tránsito Terrestre (Digesett) sobre la circulación de vehículos con grandes bocinas, “la ley no prohíbe comprar bocinas, solo establece cuando los decibeles son inadecuados”.
En la actividad también estuvo presente una representante de la Alcaldía del Distrito Nacional, entidad que, según el colectivo Vecinos Contra el Ruido, coordinado por Andiel Galván, ha dejado solos a los capitalinos con este problema al otorgar permisos a empresarios para que establezcan negocios en lugares incompatibles con la sana convivencia de las familias.
Diana Martínez, directora de Patrimonio Cultural e Inmueble del Centro Histórico de Santo Domingo de la Alcaldía, expresó que está consciente de los problemas del ruido en la Ciudad Colonial y que en lo adelante la Alcaldía se aboca a realizar un levantamiento de los lugares más afectados por la contaminación sónica.
“El problema de algunos negocios es que solicitan un permiso para montar un restaurante y luego terminan montando una discoteca, la gente no respeta la normativa y se debe notificar”, expresó.
Mapa de ruido
En la actividad llevada a cabo en el edificio Saviñón de la Ciudad Colonial hizo uso de la palabra el profesor investigador de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (Unphu), Moisés Alvárez, quien presentó un proyecto que consiste en la creación de un mapa de ruido a través de la medición de los decibeles con aplicaciones gratuitas de internet. La finalidad es que cualquier ciudadano pueda cooperar con la creación de una base de datos y enviarle reportes de alto nivel de ruido a la Procuraduría de Medio Ambiente en tiempo real.
«Los resultados permitirán ver cuáles son los puntos más importantes en la zona y tomar las medidas de lugar», expresó.
Sobre esta propuesta, el fiscal Contreras indicó que de implementarse, ayudaría bastante con esta problemática ya que por cada denuncia de alto volumen, los técnicos de la Procuraduría deben trasladarse para medir los decibeles y en ocasiones, al llegar al lugar de los hechos, los infractores ya han bajado el volumen de sus radios, por ejemplo.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.