Santo Domingo, RD.-En el caso de corrupción identificado como Calamar no sólo están involucrados ministros del pasado gobierno de Danilo Medina, sino que también aparece en el expediente el director de Titulación de Tierras de la actual administración, Mérido Torres de Jesús Espinal.Nacionales
Involucrado en corrupción actual director Titulación de Terrenos del Estado.
Santo Domingo, RD.-En el caso de corrupción identificado como Calamar no sólo están involucrados ministros del pasado gobierno de Danilo Medina, sino que también aparece en el expediente el director de Titulación de Tierras de la actual administración, Mérido Torres de Jesús Espinal.De acuerdo al documento, De Jesús Espinal recibió del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, RD$32,065,992.00 por el pago de unos terrenos que supuestamente eran de su propiedad.
Explican que el desembolso se hace en los libramientos 51 y 52 del 24 de enero del 2020; por el pago a Marcial Reyes y compartes, “sucesores” de Generosa Reyes O Ben, Florencia Reyes, Agustina Reyes, Evarista Pérez Reyes, Pablo Reyes, Oliverto Reyes Lora, Domingo Reyes Mosquea y Moisés Reyes O Ben.
Dicen que Donald Guerrero, en su calidad de Ministro de Hacienda, el 13 de enero del 2020, mediante la comunicación núm. MH-2020-001380, le requirió al entonces director de Bienes Nacionales, Emilio César Rivas Rodríguez, la remisión del expediente a nombre del señor Marcial Reyes, correspondiente a la declaratoria de utilidad pública que hiciera el Estado dominicano, sobre una porción de terreno de 67,586.40 m2 dentro del ámbito de la parcela núm. 613, del Distrito Catastral núm. 32, del Distrito Nacional (actual municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo).
En ese momento, de acuerdo al Ministerio Público, no existía ningún requerimiento, ni acuerdo transaccional, entre el Estado dominicano, representado por la Dirección General de Bienes Nacionales y los supuestos sucesores de estas personas.
El nombre de Mérido de Jesús Torres Espinal se hace presente por ser uno de los supuestos propietarios de la parcela 613, amparada en el Certificado de Título núm. 46572, con una extensión superficial de 168,966.00 m2, expropiada mediante el decreto núm. 1159, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año 1955.
Al día siguiente de la orden dada por el exministro de Hacienda (14 de enero), Emilio César Rivas Rodríguez, firmó un acuerdo transaccional con los sucesores de Generosa Reyes O Ben y demás propietarios, en el que también se menciona al abogado Ángel Gilberto Lockward Mella.
Por estos terrenos se acordó pagar RD$1,288,365,750.00, con el fin de que “dejaran sin efectos jurídicos todas las litis judiciales en curso y por venir, que enfrentaran a las partes suscribientes”.
“Como patrón recurrente del maniobrar fraudulento se destaca también en este acuerdo que, Emilio César Rivas Rodríguez, en su condición de director de Bienes Nacionales, consintió la emisión de un primer pago ascendente a la suma de mil treinta millones seiscientos noventa y dos mil seiscientos pesos dominicanos (DOP 1,030,692,600.00), equivalentes al 80% del precio acordado, sin que los supuestos sucesores acreditaran su calidad de legítimos sucesores, ni los requisitos obligatorios que demandaba el expediente de expropiación”, dice el Ministerio Público.
El Ministerio Público establece que Merido de Jesús Torres Espinal recibió por sus terrenos RD$32,065,992.00; Ángel Gilberto Lockward Mella recibió a título personal RD$70,203,268.00.
Más adelante dicen que Ángel Gilberto Lockward Mella recibió más de RD$150,000,000.00, pagados a título personal y mediante interpósitas personas, “como la razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Joar Emil Ortiz Hernández, y Mérido de Jesús Torres Espinal”.
Dentro de las pruebas documentales que posee el expediente, el Ministerio Público indica la copia de documento titulada “Entrada de Diario de Transacciones” (Libramientos) número y versión 52-1 de fecha 24/01/2020 concepto: “Pago deuda de BN con Marcial Reyes y compartes. Abono del 80% de la expropiación de terreno de 168,966 MTS2 parcela 613 del Distrito Catastral 32 en Santo Domingo. Sentencia Núm. 0030-03-2019 SSEN-00484 fecha 05/12/2019 beneficiarios: Ángel Lockward Mella, Mérido de Jesús Torres Espinal, Joar Emil Ortiz Hernández, Prominex Multiservicios SRL, Rediux Consulting SRL, por un monto de DOP 463,811,670.00”.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.