Santo Domingo, RD.-En el caso de corrupción identificado como Calamar no sólo están involucrados ministros del pasado gobierno de Danilo Medina, sino que también aparece en el expediente el director de Titulación de Tierras de la actual administración, Mérido Torres de Jesús Espinal.Nacionales
Involucrado en corrupción actual director Titulación de Terrenos del Estado.
Santo Domingo, RD.-En el caso de corrupción identificado como Calamar no sólo están involucrados ministros del pasado gobierno de Danilo Medina, sino que también aparece en el expediente el director de Titulación de Tierras de la actual administración, Mérido Torres de Jesús Espinal.De acuerdo al documento, De Jesús Espinal recibió del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, RD$32,065,992.00 por el pago de unos terrenos que supuestamente eran de su propiedad.
Explican que el desembolso se hace en los libramientos 51 y 52 del 24 de enero del 2020; por el pago a Marcial Reyes y compartes, “sucesores” de Generosa Reyes O Ben, Florencia Reyes, Agustina Reyes, Evarista Pérez Reyes, Pablo Reyes, Oliverto Reyes Lora, Domingo Reyes Mosquea y Moisés Reyes O Ben.
Dicen que Donald Guerrero, en su calidad de Ministro de Hacienda, el 13 de enero del 2020, mediante la comunicación núm. MH-2020-001380, le requirió al entonces director de Bienes Nacionales, Emilio César Rivas Rodríguez, la remisión del expediente a nombre del señor Marcial Reyes, correspondiente a la declaratoria de utilidad pública que hiciera el Estado dominicano, sobre una porción de terreno de 67,586.40 m2 dentro del ámbito de la parcela núm. 613, del Distrito Catastral núm. 32, del Distrito Nacional (actual municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo).
En ese momento, de acuerdo al Ministerio Público, no existía ningún requerimiento, ni acuerdo transaccional, entre el Estado dominicano, representado por la Dirección General de Bienes Nacionales y los supuestos sucesores de estas personas.
El nombre de Mérido de Jesús Torres Espinal se hace presente por ser uno de los supuestos propietarios de la parcela 613, amparada en el Certificado de Título núm. 46572, con una extensión superficial de 168,966.00 m2, expropiada mediante el decreto núm. 1159, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año 1955.
Al día siguiente de la orden dada por el exministro de Hacienda (14 de enero), Emilio César Rivas Rodríguez, firmó un acuerdo transaccional con los sucesores de Generosa Reyes O Ben y demás propietarios, en el que también se menciona al abogado Ángel Gilberto Lockward Mella.
Por estos terrenos se acordó pagar RD$1,288,365,750.00, con el fin de que “dejaran sin efectos jurídicos todas las litis judiciales en curso y por venir, que enfrentaran a las partes suscribientes”.
“Como patrón recurrente del maniobrar fraudulento se destaca también en este acuerdo que, Emilio César Rivas Rodríguez, en su condición de director de Bienes Nacionales, consintió la emisión de un primer pago ascendente a la suma de mil treinta millones seiscientos noventa y dos mil seiscientos pesos dominicanos (DOP 1,030,692,600.00), equivalentes al 80% del precio acordado, sin que los supuestos sucesores acreditaran su calidad de legítimos sucesores, ni los requisitos obligatorios que demandaba el expediente de expropiación”, dice el Ministerio Público.
El Ministerio Público establece que Merido de Jesús Torres Espinal recibió por sus terrenos RD$32,065,992.00; Ángel Gilberto Lockward Mella recibió a título personal RD$70,203,268.00.
Más adelante dicen que Ángel Gilberto Lockward Mella recibió más de RD$150,000,000.00, pagados a título personal y mediante interpósitas personas, “como la razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Joar Emil Ortiz Hernández, y Mérido de Jesús Torres Espinal”.
Dentro de las pruebas documentales que posee el expediente, el Ministerio Público indica la copia de documento titulada “Entrada de Diario de Transacciones” (Libramientos) número y versión 52-1 de fecha 24/01/2020 concepto: “Pago deuda de BN con Marcial Reyes y compartes. Abono del 80% de la expropiación de terreno de 168,966 MTS2 parcela 613 del Distrito Catastral 32 en Santo Domingo. Sentencia Núm. 0030-03-2019 SSEN-00484 fecha 05/12/2019 beneficiarios: Ángel Lockward Mella, Mérido de Jesús Torres Espinal, Joar Emil Ortiz Hernández, Prominex Multiservicios SRL, Rediux Consulting SRL, por un monto de DOP 463,811,670.00”.
SANTO DOMINGO.- Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, confirmó este martes que fue amenazada vía WhatsApp por una persona que no identificó y que le advirtió de que podría mandar a matar a un hijo de la funcionaria si ésta «tocaba a su gente» en las cárceles.
En declaraciones a la prensa, Germán Brito explicó que una persona le envió un mensaje por la citada red indicándole que «si le tocaban a su gente en las cárceles eso se iba a resolver con sangre» y no era la de la magistrada.
«Yo le puedo mandar a matar a su hijo», dijo la persona, de acuerdo con lo declarado por la funcionaria.
Ya la semana pasada el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, informó de que las autoridades investigaban una supuesta amenaza a la procuradora general por parte de un presunto narcotraficante residente en España.
En sus declaraciones, el presidente de la DNCD dijo que «una amenaza» a la procuradora general «es una amenaza al Estado, al Gobierno y, de manera particular», a él mismo como responsable de la agencia antidrogas dominicana.
No obstante, «ninguna decisión ni ningún comentario del crimen organizado nos va a atemorizar», adviritó.
Sobre este tema también se pronunció la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, quien afirmó que la actual gestión del órgano persecutor ha realizado catorce operaciones contra el crimen organizado, lo que, «evidentemente, genera algún tipo de reacción en los sectores vinculados».
No obstante, afirmó, el Ministerio Público «no tiene temor».
Santo Domingo, E.D.-El video en el que se puede ver el momento en que el vicealmirante retirado Félix Alburquerque Comprés mata al comunidad Manuel Duncan será discutido en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La presidenta del tribunal Airlin Ventura Jiménez, mediante resolución núm. 249-05-2023-SADM-00021, admitió para hacer valer en juicio como prueba audiovisual y/o digital del Ministerio Público, un disco versátil digital (DVD-R), marca Leader, de color plateado de 4.7 GB como prueba 29 de la acusación en contra del imputado.
El tribunal señala que el Ministerio Público pretende probar con esta prueba que este es el mismo que contiene las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar donde resultó muerto la víctima Taveras Duncan como consecuencia del crimen cometido por el acusado Félix Alburquerque Comprés, así como las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, rechazó esa prueba como evidencia, cuando dictó auto de apertura a juicio en contra del imputado, a la vez que excluyó varios testigos.
La jueza consideró para excluir ese video que su obtención no se realizó “por un medio lícito ni con observancia de las formas y condiciones exigidas por las disposiciones procesales que rigen la materia”, citando los artículos 166 sobre la legalidad de las pruebas y el 167 sobre la exclusión probatoria.
El referido video muestra el momento en que la madrugada del 19 de agosto de 2022, a las 2:37 de la madrugada, Duncan huye y se esconde detrás de una banca de apuesta que se encontraba cerrada, mientras es perseguido por un individuo, supuestamente, el vicealmirante retirado. En esa situación Duncan trata de sorprenderlo, el agresor reacciona, le dispara, lo hiere y cuando Duncan está tendido en el piso, lo remata de un disparo.
Igualmente, el tribunal en cuanto al fondo, por los motivos expuestos en el cuerpo acogió en parte la solicitud de reconsideración formulada por el ministerio público, sobre la exclusión probatoria que realizara el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, mediante la resolución de auto de apertura a juicio número 058-2023- SPRE-00103 de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), a cargo del acusado Félix Alburquerque Comprés, por supuesta violación a las disposiciones de los artículos 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Taveras Duncan.
También admitió para hacer valer en juicio como pruebas testimoniales del ministerio público al raso, Isaac Abraham Rosado Marte, P.N. (Prueba 8 acusación), dominicano, miembro de la Policía Nacional, técnico digital del DICAT, con el cual pretende probar la legal colección de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en la escena donde resultó muerto la víctima como consecuencia del crimen cometido por Alburquerque Comprés.
Igualmente, al asimilado, José Hernández, P.N. (Prueba 9 acusación), dominicano, miembro de la Policía Nacional, técnico digital del DICAT, con el cual pretende probar: el análisis realizado a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar donde resultó muerto la víctima l Taveras Duncan como consecuencia del crimen cometido por el acusado Alburquerque Comprés, entre otros testigos.
Santo Domingo, E.D.-La resolución numero 14-2022 fue anulada por el Tribunal Constitucional “sobre adopción y armonización de medidas atinentes al mejoramiento del cumplimiento del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, emitida por el Ministerio de Trabajo el 25 de agosto de 2022 para regular el oficio de las trabajadoras domésticas.
El Constitucional acogió una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la resolución por el abogado Luis Vilchez Bournigal.
“ACOGER la acción de inconstitucionalidad anteriormente descrita y, en consecuencia, DECLARAR, no conforme con la Constitución, la Resolución núm. 14-2022, sobre adopción y armonización de medidas atinentes al mejoramiento del cumplimiento del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), emitida por el Ministerio de Trabajo del veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022), por los motivos expuestos.”, dispuso el TC en el dispositivo segundo de la sentencia.
Esta resolución, la 14-2022, establece que ambas partes (empleador y trabajadora) determinarán las horas en las que las trabajadoras domésticas presentaran sus servicios, quedando estipulado de manera clara en el contrato de trabajo, incluido los descansos dentro de la jornada que preste el trabajador en un mismo día.
Además de que los trabajadores y trabajadoras deberán tener un descanso de 36 horas a la semana, de acuerdo con los términos del contrato.
De igual forma, indica que el salario de los trabajadores domésticos sea preferiblemente pagado en efectivo, en la fecha acordada por las partes, en periodos que nunca serán mayor a un mes de labores. El pago podrá efectuarse a través de cualquier medio legal, siempre y cuando sea con el consentimiento del trabajador.
Además, que el trabajador y trabajadora doméstica gozará el derecho a un salario de Navidad, a más tardar el 20 de diciembre de cada año.
Asimismo, el Tribunal Constitucional, a través de esta medida, ordenó la comunicación de la sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, señor Luis Vilchez Bournigal; al Ministerio de Trabajo, al Congreso Nacional y a la Procuraduría General de la República.
El dispositivo de la decisión fue publicado este martes, en el comunicado 35-23, a través de la página web del TC, el cual no contiene las motivaciones del fallo. La decisión contiene votos particulares.
El TC declaró el procedimiento libre de costas, con base en las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley número 137- 11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.