Santo Domingo, RD.-En el caso de corrupción identificado como Calamar no sólo están involucrados ministros del pasado gobierno de Danilo Medina, sino que también aparece en el expediente el director de Titulación de Tierras de la actual administración, Mérido Torres de Jesús Espinal.Nacionales
Involucrado en corrupción actual director Titulación de Terrenos del Estado.
Santo Domingo, RD.-En el caso de corrupción identificado como Calamar no sólo están involucrados ministros del pasado gobierno de Danilo Medina, sino que también aparece en el expediente el director de Titulación de Tierras de la actual administración, Mérido Torres de Jesús Espinal.De acuerdo al documento, De Jesús Espinal recibió del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, RD$32,065,992.00 por el pago de unos terrenos que supuestamente eran de su propiedad.
Explican que el desembolso se hace en los libramientos 51 y 52 del 24 de enero del 2020; por el pago a Marcial Reyes y compartes, “sucesores” de Generosa Reyes O Ben, Florencia Reyes, Agustina Reyes, Evarista Pérez Reyes, Pablo Reyes, Oliverto Reyes Lora, Domingo Reyes Mosquea y Moisés Reyes O Ben.
Dicen que Donald Guerrero, en su calidad de Ministro de Hacienda, el 13 de enero del 2020, mediante la comunicación núm. MH-2020-001380, le requirió al entonces director de Bienes Nacionales, Emilio César Rivas Rodríguez, la remisión del expediente a nombre del señor Marcial Reyes, correspondiente a la declaratoria de utilidad pública que hiciera el Estado dominicano, sobre una porción de terreno de 67,586.40 m2 dentro del ámbito de la parcela núm. 613, del Distrito Catastral núm. 32, del Distrito Nacional (actual municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo).
En ese momento, de acuerdo al Ministerio Público, no existía ningún requerimiento, ni acuerdo transaccional, entre el Estado dominicano, representado por la Dirección General de Bienes Nacionales y los supuestos sucesores de estas personas.
El nombre de Mérido de Jesús Torres Espinal se hace presente por ser uno de los supuestos propietarios de la parcela 613, amparada en el Certificado de Título núm. 46572, con una extensión superficial de 168,966.00 m2, expropiada mediante el decreto núm. 1159, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año 1955.
Al día siguiente de la orden dada por el exministro de Hacienda (14 de enero), Emilio César Rivas Rodríguez, firmó un acuerdo transaccional con los sucesores de Generosa Reyes O Ben y demás propietarios, en el que también se menciona al abogado Ángel Gilberto Lockward Mella.
Por estos terrenos se acordó pagar RD$1,288,365,750.00, con el fin de que “dejaran sin efectos jurídicos todas las litis judiciales en curso y por venir, que enfrentaran a las partes suscribientes”.
“Como patrón recurrente del maniobrar fraudulento se destaca también en este acuerdo que, Emilio César Rivas Rodríguez, en su condición de director de Bienes Nacionales, consintió la emisión de un primer pago ascendente a la suma de mil treinta millones seiscientos noventa y dos mil seiscientos pesos dominicanos (DOP 1,030,692,600.00), equivalentes al 80% del precio acordado, sin que los supuestos sucesores acreditaran su calidad de legítimos sucesores, ni los requisitos obligatorios que demandaba el expediente de expropiación”, dice el Ministerio Público.
El Ministerio Público establece que Merido de Jesús Torres Espinal recibió por sus terrenos RD$32,065,992.00; Ángel Gilberto Lockward Mella recibió a título personal RD$70,203,268.00.
Más adelante dicen que Ángel Gilberto Lockward Mella recibió más de RD$150,000,000.00, pagados a título personal y mediante interpósitas personas, “como la razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Joar Emil Ortiz Hernández, y Mérido de Jesús Torres Espinal”.
Dentro de las pruebas documentales que posee el expediente, el Ministerio Público indica la copia de documento titulada “Entrada de Diario de Transacciones” (Libramientos) número y versión 52-1 de fecha 24/01/2020 concepto: “Pago deuda de BN con Marcial Reyes y compartes. Abono del 80% de la expropiación de terreno de 168,966 MTS2 parcela 613 del Distrito Catastral 32 en Santo Domingo. Sentencia Núm. 0030-03-2019 SSEN-00484 fecha 05/12/2019 beneficiarios: Ángel Lockward Mella, Mérido de Jesús Torres Espinal, Joar Emil Ortiz Hernández, Prominex Multiservicios SRL, Rediux Consulting SRL, por un monto de DOP 463,811,670.00”.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
Mientras, un equipo técnico de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), encabezada por su presidente Pedro Alberto Piña se trasladó hacia el lugar del incidente para realizar las investigaciones de lugar
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
Las autoridades señalan como cabecillas a Carlos José Parra Languar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.
Otros detenidos son: Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Laguar, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.
A pesar del sometimiento, los abogados de los imputados denuncian que no han sido notificados formalmente de la instancia depositada. Se quejan además de que no tienen acceso completo a sus representados para preparar la defensa.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
El Tribunal de Atención Permanente de Santiago deberá fijar en las próximas horas la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción.