Santo Domingo, RD.-Faride Raful, senadora por el Distrito Nacional, sostuvo que hay que purgar toda la clase política nacional, incluyendo al Partido Revolucionario Moderno (PRM)Nacionales
“hay que purgar la clase política nacional que lo que da es vergüenza,”dice Faride Rafaul
Santo Domingo, RD.-Faride Raful, senadora por el Distrito Nacional, sostuvo que hay que purgar toda la clase política nacional, incluyendo al Partido Revolucionario Moderno (PRM)Raful, en un tono molesto, sostuvo que “lo que da es vergüenza”, que algunas personas señalen “gente seria” en casos de corrupción, como el que sigue el Ministerio Público en contra de un supuesto entramado en el que los principales imputados son exfuncionarios de la pasada gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), porque son unos “desvergonzados”.
Sobre el particular de “Operación Calamar”, apuntó sentirse indignada al ver los expedientes elaborados por el Ministerio Público en los que a través de instituciones gubernamentales se sustrajeron fondos de manera ilícita en perjuicio del Estado.
“Y que muchas de estas personas descaradas salgan en las redes sociales y a la calle a señalar a gente serie de este país porque son unos desvergonzados. Deberían bajar la cabeza y pedir perdón”, dijo.
La senadora por el Distrito Nacional, manifestó que en vez de bajar la cabeza, los dirigentes del PLD “salen dan la cara y le dicen a este país, esto es persecución, ¿persecución, persecución? Pero estamos hablado de prueba que están llevando a los tribunales”.
Invitó a los dirigentes del partido morado a dejar que la Procuraduría trabaje, aunque sostuvo, “ella sabe que ellos saben poco de eso, de cómo los tribunales trabajan, sin formar parte del poder político”.
Asimismo, denunció que esos “corruptos, ladrones, sin vergüenza” dejaron el país con una deuda social acumulada, por la cual existe una “pobreza extrema, por eso tenemos marginalidad, por eso tenemos hospitales sin equipamientos, por eso tenemos deudas a suplidores que cumplieron con su trabajo, por esto tenemos suplidores quebrados (…) niños sin educación con planteles sin terminar”.
La senadora por el PRM denunció además que el partido morado que hasta hace dos años era el partido oficialista duró “20 años llevándose a este país con raras excepciones, porque no me gusta generalizar en todos los lugares hay gente seria. Pero los desvergonzados se han metido este país en el bolsillo”.
Expresó sentirse incomoda por las expresiones de la exvicepresidenta Margarita Cedeño, a las cuales respondió con anterioridad mediante su cuenta de Twitter diciéndole que el procurador ya no es Jean Alain y el “MP debe continuar su proceso acusatorio, garantizar defensa de imputados y a los jueces que decidan”.
Al respecto expresó en el hemiciclo que “aquí no queremos más impunidad, aquí estamos abogando por la transparencia, por organismos de control independiente, aquí queremos instituciones fuertes que le garanticen el derecho a la gente”.
Agregó que los corruptos conocen a las personas serias y “cuando lo ven se alarman” y quieren ensuciarlos para que se salgan, advirtiendo que “no nos vamos a salir, ni nos vamos a dejar distraer”.
La senadora finalizó su participación invitando a los actuales funcionarios, incluyendo sus compañeros de partido a “ver el espejo porque los que tenemos un compromiso con este país de decencia, no vamos a permitir que esto vaya para atrás, faltan muchos, no son todos los que están ojala que caigan todos los que tengan que caer”, agregando que “lo que estamos viendo ahora es la podredumbre la asquerosidad, la bajeza, tanto dinero robado a este pueblo para terminar asustados como rata en los pasillos del poder judicial”.
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Mientras que Paredes Elizondo enfrenta cargos por violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de República; artículos 123, 124, 171 y 172 del Código Penal. Además, por coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la ley contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Su caso ahora pasa a la Procuraduría General de la República para que la solicitud sea tramitada y ejecutada, de conformidad con los términos de la Constitución y las leyes dominicanas para luego ser firmada por el presidente Luis Abinader y se emita el decreto que autoriza su entrega a las autoridades estadounidenses.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Además de los años de prisión, el Departamento de Justicia indica que el grupo de acusados podría enfrentar una multa máxima de 250,000 dólares por cada cargo de fraude postal y electrónico y una multa máxima de 500,000 dólares por cada cargo de lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.