Santo Domingo, RD.-Los tribunales ordinarios se dan banquete con las acciones ilegales de los partidos políticos dominicanos, cuyos candidatos reciben altas sumas de dinero proveniente del narcotráfico y de la corrupción administrativa, entre quienes se encuentra el actual presidente Luis Abinader, ya que uno de los imputados dice haberle donado 400 millones de pesos del caso Calamar.Nacionales
Las travesuras de los partidos políticos durante las campañas electorales con el uso de dinero de red de corrupción.
Santo Domingo, RD.-Los tribunales ordinarios se dan banquete con las acciones ilegales de los partidos políticos dominicanos, cuyos candidatos reciben altas sumas de dinero proveniente del narcotráfico y de la corrupción administrativa, entre quienes se encuentra el actual presidente Luis Abinader, ya que uno de los imputados dice haberle donado 400 millones de pesos del caso Calamar.El último caso judicial, presentado por el ministerio público tras el arresto de 20 personas mediante la operación Calamar, aporta un nuevo elemento al debate político-electoral, debido a que entre los delitos atribuidos a los exfuncionarios implicados, figura el financiamiento ilícito de la campaña política, sancionado por la ley 33-18 con una multa del doble del monto aceptado ilegalmente.
En la coyuntura política actual, esto representa un reto para los partidos, los candidatos y la propia JCE. Presiona a las organizaciones políticas, a sus dirigentes y aspirantes a puestos electivos a transparentar el manejo de los recursos económicos que usen en la campaña.
Obliga al órgano de administración electoral a ser riguroso con la supervisión de los informes financieros que presenten los partidos, a dar respuestas oportunas a las denuncias que reciba sobre irregularidades y violaciones a la ley de partido y electoral, y a imponer las medidas cautelares que establecen las legislaciones.
De entrada se percibe que el Pleno de la JCE se adelantó, al adoptar algunas medidas a pocos meses de asumir los actuales miembros. En noviembre del 2020, dispuso que la Unidad Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y movimientos políticos, que crea la ley 33-18, sea de carácter permanente, para que funcione no sólo en años electorales y preelectorales. Y le otorgó rango de dirección.
Según se explicó en un comunicado de prensa, la finalidad es “que el personal que la integre pueda llevar un control y seguimiento eficiente del régimen de financiamiento que se le otorga a los partidos, y además que pueda estar en condiciones de detectar a tiempo las posibles violaciones a la ley y poner en conocimiento oportuno al Pleno para que adopte las medidas y sanciones que correspondan.”
Nulidad de operaciones ilícitas
La ley 33-18 le da fuerza a la JCE, al otorgarle facultad “para regular y en caso necesario anular, cualquier operación ilícita de la cual sea apoderada o tenga conocimiento.”
Le confiere competencia para incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar respecto a un bien, o para hacer cesar de inmediato el uso indebido de los recursos y medios del Estado.
Podrá actuar a solicitud de parte interesada o por iniciativa propia y gestionar el auxilio de la fuerza pública.
Tope de gastos
La nueva ley de régimen electoral también asigna a la JCE la potestad para elaborar un procedimiento sancionador.
La ley 20-23 retuvo en la JCE la competencia para imponer sanciones administrativas, que ya contenía la derogada ley 15-19.
El exceso de gasto de campaña en un 5% del tope fijado, está sancionado en el artículo 221 de la ley electoral con una multa equivalente al triple del monto excedido.
Según lo prescrito en el artículo 219 de la norma legal, el límite de gastos para las entidades políticas será el equivalente a RD$1.75 por electores hábiles inscritos en el padrón.
Se establece en el artículo 220, un tope de gastos para los candidatos a cargos electivos. Para el presidencial es de RD$ 122.50 por electores hábiles; para senadores y diputados de RD$105,00; para alcaldes y directores de distritos municipales, de RD$87.50, y para regidores y vocales, de RD$43.00.
En el caso de directores de Distritos Municipales con menos de 5,000 electores, el tope es de RD$150.00.
Las contribuciones individuales a los candidatos no podrán ser superiores al 1% de los límites establecidos, según la ley, que dispone que los fondos sobrantes de las recaudaciones se destinen a los programas de formación política de sus miembros.
La nueva ley electoral llenó el vacío de la derogada 15-19 en cuanto al monto del financiamiento público. Establece en el artículo 224 que en el Presupuesto General del Estado se consignará una suma equivalente al 1/2% de los ingresos nacionales en los años de comicios generales y de un 1/4% en los no electorales.
Los partidos están obligados a depositar su presupuesto de ingresos y gastos en un plazo inferior a los 30 días después de publicada la resolución de la JCE que establece los topes de gastos de campaña.
La ley de partidos también impone un límite de gastos a los aspirantes a candidatos en el periodo de la precampaña.
En el nivel presidencial es de RD$70.00 por electores hábiles; en el congresual, de RD$60.00,; en el municipal, de RD$50.00 para alcaldes, y RD$25.00 para regidores, y en los distritos municipales de RD$100.00 para directores y RD25,00 para vocales.
Inicio oficial de la campaña interna
El 2 de julio arrancará oficialmente la precampaña política, período destinado para que los partidos, agrupaciones y movimientos escojan a los candidatos que postularán en las elecciones del 2024, mediante diversas modalidades que le permite la ley 33-18.
Santo Domingo.- Viajará esta semana a la ciudad de Washington el presidente Abinader para recibir el premio Chairman’s Award for Leadership in the Americas y además interverndrá como orador en la 54 Conferencia Anual de Washington sobre las Américas.
El premio es otorgado por el Consejo de las Américas, el cual afirmó que el líder dominicano ha trabajado para promover la seguridad regional, apoyar la democracia y luchar contra la corrupción desde que asumió la presidencia en 2020.
El acto tendrá lugar este miércoles 8 de mayo en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA.
El mandatario viajará acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje; los ministros, de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; de Hacienda, José Manuel Vicente; de Economía, Pavel Isa; sus asistentes, Eilyn Beltrán y Lourdes Herrera, el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), Jimmy Arias; Julio Eduardo Díaz Sosa.
También, se unirá a la delegación la embajadora dominicana en Washington, Sonia Guzmán; y el director de prensa del Presidente, Daniel García Archibald.
Este reconocimiento se otorga a funcionarios elegidos democráticamente que hayan demostrado un compromiso excepcional con el Hemisferio Oeste.
El Chairman’s Award for Leadership in the Americas se ha entregado en el pasado a otros líderes de la región, entre ellos Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos en 2022; Bill Cassidy, Senador de Estados Unidos en 2021; y Marco Rubio, Senador de Estados Unidos en 2019.
La Conferencia Anual de Washington sobre las Américas es el principal evento sobre la región, en la que cada año funcionarios del más alto nivel hablan sobre temas críticos como el comercio, la democracia, la energía y más. También ofrece a los participantes la oportunidad de interactuar con líderes empresariales y políticos, miembros de la comunidad diplomática e invitados especiales de todo el hemisferio.
Sánchez Ramírez, RD.- Una solicitud de medida de coerción fue depositada este lunes por el Ministerio Público, consistente en prisión preventiva en contra de un empleado de la Fiscalía de Cotuí, a quien le imputa la sustracción de evidencia.
La solicitud de medida de coerción fue depositada ante la Oficina de Atención Permanente de Sánchez Ramírez, por la fiscal titular de esta jurisdicción, Juana María Hernández Tavarez, en contra de Enmanuel Antonio Suarez Álvarez.
La investigación del Ministerio Público inició cuando un imputado, que fue absuelto por el Tribunal Colegiado de este distrito judicial de la acusación que pesaba en su contra, solicitó al órgano persecutor la devolución la suma de US 1,200.00 dólares americanos y RD$53,950.00 pesos en efectivo, los cuales le habían sido retenidos el día de su arresto.
Tras la reclamación de los fondos a la institución bancaria donde se depositaron dichos fondos, la misma manifestó que ese dinero no se depositó, y que los recibos de la supuesta transacción se falsificaron y montaron en el expediente como realizados, y que por eso no se visualiza dicho depósito ante la procuraduría General de la República.
Al ser cuestionado sobre lo ocurrido, Suarez Álvarez, quien fue el encargado de hacer dicho depósito, explicó que fue a realizar la transacción al banco en la cuenta de la Procuraduría General de la República, y que cuando estaba en la fila para dicho depósito, se le presentó una situación y dejó a una supuesta persona de su confianza, que se encontraba en el banco, haciendo el depósito y salió del lugar, y dos días después recibió de esa persona los recibos de depósito y lo agregó al expediente, sin notar ninguna supuesta irregularidad.
Luego de esto, indicó que desde Procuraduría, a través de las vías correspondientes, llamó a la Fiscalía de Cotuí y les informó que el expediente se lo habían devuelto de tesorería, porque verificaron los estados de cuenta y ese dinero no aparecía depositado en la cuenta de la institución persecutora del delito, por lo que al enterarse, procedió a llamar a su amigo, quien supuestamente había hecho el depósito del dinero, y este le dijo que había tenido un problema muy grave y se vio en la necesidad de utilizar el dinero y alterar los recibos.
El imputado, también precisó en su declaración, que al escuchar eso y, además, tratándose de una persona de su confianza, se asustó y se alteró, manifestándole que, si él no sabía la magnitud del problema en que lo había metido, ya que ese expediente había sido enviado a la Procuraduría para proceder a la devolución, ahí esa persona viendo la preocupación del imputado, decidió buscarle el dinero, el cual dijo entregó a su dueño, para quitárselo de arriba, debido a que “el ruido que se había creado le podría traer problemas en la Fiscalía”
Ante los hechos, el Ministerio Público le ha otorgado de manera provisional calificación jurídica que castiga los artículos 147, 148, 379 y 386-3, del Código Penal Dominicano, por falsificación, robo y fraude.
Santo Domingo, R.D,-Los funcionarios del Gobierno de Luis Abinader fueron llamados por la Junta Central Electoral (JCE) a suspender la entrega de bonos económicos, «publicidad que promueven candidatos directa o indirectamente» y cualquier beneficio especial a la población en los 13 días que faltan para la realización de las Elecciones Presidenciales y Congresuales.
Esta prohibición solo es un recordatorio por parte de la Junta para el gobierno central, al indicar este lunes en un comunicado que la Constitución en su artículo 211, la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 20-23 (art. 210 y 211) y la Resolución No. 38-2023 de fecha 15 de agosto de 2023 regula la participación de funcionarios públicos en el periodo de la campaña electoral y le ordena la suspensión de actividades tales como la ejecución de planes de apoyo social o comunitario extraordinarios a cargo de las instituciones públicas.
Además, no pueden otorgar bonos económicos, la tarjetas y beneficios especiales en favor de personas bajo cualquier modalidad, tampoco pensiones.
Las instituciones gubernamentales no pueden aumentar su nómina en este proceso, tampoco colocar publicidad que contenga elementos que promuevan directa o indirectamente a candidatos que estén compitiendo en los niveles de elección que se disputarán en las elecciones.
Está prohibida cualquier tipo de propaganda política en los edificios gubernamentales.
El órgano electoral indicó que estas medidas buscan garantizar la equidad en la contienda electoral y procurar que todos los candidatos, sin importar su bandería política, puedan competir con iguales condiciones.
Campaña electoral
La campaña electoral para las Elecciones Presidenciales y Congresuales comenzó oficialmente el pasado 8 de marzo y culmina el 15 de mayo.
El próximo domingo 19 de mayo los dominicanos hábiles para votar elegirán a un presidente, un vicepresidente, 32 senadores y 190 diputados, que incluyen a siete de ultramar y a cinco diputados nacionales. También se elegirán 20 diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).