Santo Domingo, RD.-Los tribunales ordinarios se dan banquete con las acciones ilegales de los partidos políticos dominicanos, cuyos candidatos reciben altas sumas de dinero proveniente del narcotráfico y de la corrupción administrativa, entre quienes se encuentra el actual presidente Luis Abinader, ya que uno de los imputados dice haberle donado 400 millones de pesos del caso Calamar.Nacionales
Las travesuras de los partidos políticos durante las campañas electorales con el uso de dinero de red de corrupción.
Santo Domingo, RD.-Los tribunales ordinarios se dan banquete con las acciones ilegales de los partidos políticos dominicanos, cuyos candidatos reciben altas sumas de dinero proveniente del narcotráfico y de la corrupción administrativa, entre quienes se encuentra el actual presidente Luis Abinader, ya que uno de los imputados dice haberle donado 400 millones de pesos del caso Calamar.El último caso judicial, presentado por el ministerio público tras el arresto de 20 personas mediante la operación Calamar, aporta un nuevo elemento al debate político-electoral, debido a que entre los delitos atribuidos a los exfuncionarios implicados, figura el financiamiento ilícito de la campaña política, sancionado por la ley 33-18 con una multa del doble del monto aceptado ilegalmente.
En la coyuntura política actual, esto representa un reto para los partidos, los candidatos y la propia JCE. Presiona a las organizaciones políticas, a sus dirigentes y aspirantes a puestos electivos a transparentar el manejo de los recursos económicos que usen en la campaña.
Obliga al órgano de administración electoral a ser riguroso con la supervisión de los informes financieros que presenten los partidos, a dar respuestas oportunas a las denuncias que reciba sobre irregularidades y violaciones a la ley de partido y electoral, y a imponer las medidas cautelares que establecen las legislaciones.
De entrada se percibe que el Pleno de la JCE se adelantó, al adoptar algunas medidas a pocos meses de asumir los actuales miembros. En noviembre del 2020, dispuso que la Unidad Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y movimientos políticos, que crea la ley 33-18, sea de carácter permanente, para que funcione no sólo en años electorales y preelectorales. Y le otorgó rango de dirección.
Según se explicó en un comunicado de prensa, la finalidad es “que el personal que la integre pueda llevar un control y seguimiento eficiente del régimen de financiamiento que se le otorga a los partidos, y además que pueda estar en condiciones de detectar a tiempo las posibles violaciones a la ley y poner en conocimiento oportuno al Pleno para que adopte las medidas y sanciones que correspondan.”
Nulidad de operaciones ilícitas
La ley 33-18 le da fuerza a la JCE, al otorgarle facultad “para regular y en caso necesario anular, cualquier operación ilícita de la cual sea apoderada o tenga conocimiento.”
Le confiere competencia para incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar respecto a un bien, o para hacer cesar de inmediato el uso indebido de los recursos y medios del Estado.
Podrá actuar a solicitud de parte interesada o por iniciativa propia y gestionar el auxilio de la fuerza pública.
Tope de gastos
La nueva ley de régimen electoral también asigna a la JCE la potestad para elaborar un procedimiento sancionador.
La ley 20-23 retuvo en la JCE la competencia para imponer sanciones administrativas, que ya contenía la derogada ley 15-19.
El exceso de gasto de campaña en un 5% del tope fijado, está sancionado en el artículo 221 de la ley electoral con una multa equivalente al triple del monto excedido.
Según lo prescrito en el artículo 219 de la norma legal, el límite de gastos para las entidades políticas será el equivalente a RD$1.75 por electores hábiles inscritos en el padrón.
Se establece en el artículo 220, un tope de gastos para los candidatos a cargos electivos. Para el presidencial es de RD$ 122.50 por electores hábiles; para senadores y diputados de RD$105,00; para alcaldes y directores de distritos municipales, de RD$87.50, y para regidores y vocales, de RD$43.00.
En el caso de directores de Distritos Municipales con menos de 5,000 electores, el tope es de RD$150.00.
Las contribuciones individuales a los candidatos no podrán ser superiores al 1% de los límites establecidos, según la ley, que dispone que los fondos sobrantes de las recaudaciones se destinen a los programas de formación política de sus miembros.
La nueva ley electoral llenó el vacío de la derogada 15-19 en cuanto al monto del financiamiento público. Establece en el artículo 224 que en el Presupuesto General del Estado se consignará una suma equivalente al 1/2% de los ingresos nacionales en los años de comicios generales y de un 1/4% en los no electorales.
Los partidos están obligados a depositar su presupuesto de ingresos y gastos en un plazo inferior a los 30 días después de publicada la resolución de la JCE que establece los topes de gastos de campaña.
La ley de partidos también impone un límite de gastos a los aspirantes a candidatos en el periodo de la precampaña.
En el nivel presidencial es de RD$70.00 por electores hábiles; en el congresual, de RD$60.00,; en el municipal, de RD$50.00 para alcaldes, y RD$25.00 para regidores, y en los distritos municipales de RD$100.00 para directores y RD25,00 para vocales.
Inicio oficial de la campaña interna
El 2 de julio arrancará oficialmente la precampaña política, período destinado para que los partidos, agrupaciones y movimientos escojan a los candidatos que postularán en las elecciones del 2024, mediante diversas modalidades que le permite la ley 33-18.
SANTO DOMINGO.- Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, confirmó este martes que fue amenazada vía WhatsApp por una persona que no identificó y que le advirtió de que podría mandar a matar a un hijo de la funcionaria si ésta «tocaba a su gente» en las cárceles.
En declaraciones a la prensa, Germán Brito explicó que una persona le envió un mensaje por la citada red indicándole que «si le tocaban a su gente en las cárceles eso se iba a resolver con sangre» y no era la de la magistrada.
«Yo le puedo mandar a matar a su hijo», dijo la persona, de acuerdo con lo declarado por la funcionaria.
Ya la semana pasada el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, informó de que las autoridades investigaban una supuesta amenaza a la procuradora general por parte de un presunto narcotraficante residente en España.
En sus declaraciones, el presidente de la DNCD dijo que «una amenaza» a la procuradora general «es una amenaza al Estado, al Gobierno y, de manera particular», a él mismo como responsable de la agencia antidrogas dominicana.
No obstante, «ninguna decisión ni ningún comentario del crimen organizado nos va a atemorizar», adviritó.
Sobre este tema también se pronunció la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, quien afirmó que la actual gestión del órgano persecutor ha realizado catorce operaciones contra el crimen organizado, lo que, «evidentemente, genera algún tipo de reacción en los sectores vinculados».
No obstante, afirmó, el Ministerio Público «no tiene temor».
Santo Domingo, E.D.-El video en el que se puede ver el momento en que el vicealmirante retirado Félix Alburquerque Comprés mata al comunidad Manuel Duncan será discutido en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La presidenta del tribunal Airlin Ventura Jiménez, mediante resolución núm. 249-05-2023-SADM-00021, admitió para hacer valer en juicio como prueba audiovisual y/o digital del Ministerio Público, un disco versátil digital (DVD-R), marca Leader, de color plateado de 4.7 GB como prueba 29 de la acusación en contra del imputado.
El tribunal señala que el Ministerio Público pretende probar con esta prueba que este es el mismo que contiene las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar donde resultó muerto la víctima Taveras Duncan como consecuencia del crimen cometido por el acusado Félix Alburquerque Comprés, así como las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, rechazó esa prueba como evidencia, cuando dictó auto de apertura a juicio en contra del imputado, a la vez que excluyó varios testigos.
La jueza consideró para excluir ese video que su obtención no se realizó “por un medio lícito ni con observancia de las formas y condiciones exigidas por las disposiciones procesales que rigen la materia”, citando los artículos 166 sobre la legalidad de las pruebas y el 167 sobre la exclusión probatoria.
El referido video muestra el momento en que la madrugada del 19 de agosto de 2022, a las 2:37 de la madrugada, Duncan huye y se esconde detrás de una banca de apuesta que se encontraba cerrada, mientras es perseguido por un individuo, supuestamente, el vicealmirante retirado. En esa situación Duncan trata de sorprenderlo, el agresor reacciona, le dispara, lo hiere y cuando Duncan está tendido en el piso, lo remata de un disparo.
Igualmente, el tribunal en cuanto al fondo, por los motivos expuestos en el cuerpo acogió en parte la solicitud de reconsideración formulada por el ministerio público, sobre la exclusión probatoria que realizara el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, mediante la resolución de auto de apertura a juicio número 058-2023- SPRE-00103 de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), a cargo del acusado Félix Alburquerque Comprés, por supuesta violación a las disposiciones de los artículos 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Taveras Duncan.
También admitió para hacer valer en juicio como pruebas testimoniales del ministerio público al raso, Isaac Abraham Rosado Marte, P.N. (Prueba 8 acusación), dominicano, miembro de la Policía Nacional, técnico digital del DICAT, con el cual pretende probar la legal colección de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en la escena donde resultó muerto la víctima como consecuencia del crimen cometido por Alburquerque Comprés.
Igualmente, al asimilado, José Hernández, P.N. (Prueba 9 acusación), dominicano, miembro de la Policía Nacional, técnico digital del DICAT, con el cual pretende probar: el análisis realizado a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar donde resultó muerto la víctima l Taveras Duncan como consecuencia del crimen cometido por el acusado Alburquerque Comprés, entre otros testigos.
Santo Domingo, E.D.-La resolución numero 14-2022 fue anulada por el Tribunal Constitucional “sobre adopción y armonización de medidas atinentes al mejoramiento del cumplimiento del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, emitida por el Ministerio de Trabajo el 25 de agosto de 2022 para regular el oficio de las trabajadoras domésticas.
El Constitucional acogió una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la resolución por el abogado Luis Vilchez Bournigal.
“ACOGER la acción de inconstitucionalidad anteriormente descrita y, en consecuencia, DECLARAR, no conforme con la Constitución, la Resolución núm. 14-2022, sobre adopción y armonización de medidas atinentes al mejoramiento del cumplimiento del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), emitida por el Ministerio de Trabajo del veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022), por los motivos expuestos.”, dispuso el TC en el dispositivo segundo de la sentencia.
Esta resolución, la 14-2022, establece que ambas partes (empleador y trabajadora) determinarán las horas en las que las trabajadoras domésticas presentaran sus servicios, quedando estipulado de manera clara en el contrato de trabajo, incluido los descansos dentro de la jornada que preste el trabajador en un mismo día.
Además de que los trabajadores y trabajadoras deberán tener un descanso de 36 horas a la semana, de acuerdo con los términos del contrato.
De igual forma, indica que el salario de los trabajadores domésticos sea preferiblemente pagado en efectivo, en la fecha acordada por las partes, en periodos que nunca serán mayor a un mes de labores. El pago podrá efectuarse a través de cualquier medio legal, siempre y cuando sea con el consentimiento del trabajador.
Además, que el trabajador y trabajadora doméstica gozará el derecho a un salario de Navidad, a más tardar el 20 de diciembre de cada año.
Asimismo, el Tribunal Constitucional, a través de esta medida, ordenó la comunicación de la sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, señor Luis Vilchez Bournigal; al Ministerio de Trabajo, al Congreso Nacional y a la Procuraduría General de la República.
El dispositivo de la decisión fue publicado este martes, en el comunicado 35-23, a través de la página web del TC, el cual no contiene las motivaciones del fallo. La decisión contiene votos particulares.
El TC declaró el procedimiento libre de costas, con base en las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley número 137- 11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.